POLITICA
Un grupo de mapuches impide que se lleven a cabo obras clave en el cerro Chapelco antes del inicio de la temporada
En el marco del proceso de mejoramiento que se lleva a cabo en el centro de esquí Chapelco en la localidad de San Martín de los Andes, las comunidades mapuches Vera y Curruhuinca plantearon objeciones a la ejecución de obras de infraestructura impulsadas por el gobierno de Neuquén. Ambos grupos participaron previamente en instancias del proceso oficial, expresando ahora reparos principalmente por el impacto ambiental de algunos trabajos previstos.
En la elaboración del pliego licitatorio, que desembocó en la adjudicación al grupo empresarial Vía Bariloche, una de las principales compañías de transporte y turismo de la región, la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez incluyó la consulta a estos actores. Posteriormente, el actual mandatario provincial, Rolando Figueroa, ratificó el acuerdo. Cada comunidad recibió un monto cercano a los $198 millones en concepto de canon, reconociendo su preexistencia en el territorio.
Sin embargo, surgieron diferencias recientes entre las comunidades y la empresa concesionaria Don Otto, perteneciente al grupo empresarial mencionado anteriormente, respecto a obras proyectadas de cara a la temporada invernal. Entre los puntos de conflicto está la construcción de un estacionamiento en la base del cerro y la pavimentación de la Ruta Provincial 19, que enlaza con la Ruta Nacional 40 y constituye el principal acceso al centro de esquí.
Desde el gobierno provincial señalaron que la obra vial es “clave para optimizar la circulación, reducir riesgos y acompañar el crecimiento turístico” del destino. Las comunidades, en cambio, sostienen que los trabajos comenzaron sin la debida consulta y manifestaron preocupación por los posibles efectos ambientales.
La lonko del lof Curruhuinca, Virginia Colipán, informó que encargaron un estudio de impacto ambiental. A la vez, la empresa concesionaria solicitó un informe similar a otra consultora especializada en gestión ambiental. Ante este escenario, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, dispuso la suspensión temporal de los movimientos de suelo hasta que se concluyan y analicen ambos informes.
Desde las comunidades también advirtieron sobre posibles afectaciones en la calidad del agua utilizada por unas 300 familias, quienes reportaron episodios de turbidez tras el inicio de las obras y la presunta detección de una bacteria por parte del personal del hospital Ramón Carrillo. De acuerdo con referentes comunitarios, la presencia bacteriana podría estar vinculada al movimiento de suelos y alteraciones hidrológicas provocadas por la obra.
Además, solicitaron la conformación de una mesa ambiental para evaluar el impacto de las obras y definir los pasos a seguir.
Desde la concesión obtenida por la familia Trappa, la empresa inició el proceso de renovación de medios de elevación e infraestructura en el centro invernal, que es el tercero en la Patagonia, junto al Catedral de Bariloche y La Hoya en Esquel. Sin embargo, este plan ha enfrentado retrasos y controversias a raíz de las objeciones y demandas de intervención por parte de las comunidades mapuche asentadas en la región.
Advierten sobre conflictos territoriales mapuches sin resolver en la Patagonia y el surgimiento de nuevas disputas
La mayoría de los conflictos territoriales con comunidades mapuches en la Patagonia se mantienen activos e incluso denuncian el surgimiento de nuevos episodios, a partir del “oportunismo” de quienes, bajo el argumento de falsas reivindicaciones territoriales ancestrales, se apropian de valiosas propiedades.
La Asociación Civil Consenso Patagonia advierte que en los últimos años no sólo no se resolvieron los conflictos que estaban activos, sino que además surgieron nuevos casos y los que estaban siguen convulsionados.
El director ejecutivo de la entidad, Juan Trebino, aseguró que en la provincia de Neuquén existen varias causas judiciales con sentencia firme de desalojo pero el gobierno ignora las mandas judiciales. En Villa la Angostura, varios magistrados comprobaron la permanencia ilegal de mapuches en distintos territorios y ordenaron la restitución a sus propietarios, tanto privados como estatales, aunque el gobierno de Rolando Figueroa ignora los fallos judiciales.
“Siempre hay una excusa para no aportar personal policial, pero en realidad hay una decisión política de no pagar el costo y evitar involucrarse en esos conflictos”, advirtió Trebino.
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POLITICA
ARA San Juan: la fiscalía solicitó penas de hasta cinco años de prisión para cuatro exoficiales de la Armada
EL CALAFATE.- El Ministerio Público Fiscal solicitó entre cinco y tres años y medio de prisión para los cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina juzgados por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, que costó la vida a sus 44 tripulantes.
La acusación recayó sobre el contralmirante (re) Luis Enrique López Mazzeo, con cinco años; el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide, también con cinco años; el capitán de navío (re) Héctor Aníbal Alonso, con cuatro años; y el capitán de fragata (re) Hugo Miguel Correa, tres años y seis meses.
Los fiscales Julio Zárate, Gastón Franco Pruzán y Lucas Colla, junto a la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), María Garmendia, pidieron además de la prisión, la inhabilitación especial perpetua, accesorios legales y las costas del proceso por considerar a los cuatro marinos autores penalmente responsables del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso ideal con delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de los 44 tripulantes del submarino.
Con el alegato fiscal se inició así el tramo final del juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal Criminal de Río Gallegos presidido por Mario Reynaldi y que en la jornada de hoy se extendió entre las 9 y las 19.
El equipo del MPF afirmó que el submarino ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata para cumplir la orden de operaciones “en condiciones técnico-operativas deficientes de las cuales los cuatro imputados estaban en conocimiento que no se había dado cumplimiento a los ciclos de mantenimiento correctivo programados y establecidos en la reglamentación, ni atendido a los informes técnicos de inspección y pedidos que recibieron”, según detalló el fiscal Gastón Prozán.
La acusación fiscal sostiene que lo sucedido con el submarino el 15 de noviembre “no fue un hecho instantáneo, fortuito, imprevisible, sino que hubiera podido ser evitado por parte de los cuatro imputados, quienes tenían una especial situación de garantía en función de sus cargos con específicas funciones de seguridad, alistamiento, adiestramiento y sostén de los medios del poder naval”.
El juicio, que comenzó el 3 de marzo de 2026, reconstruyó con precisión el derrotero del ARA San Juan desde que ingresó en 2007 a la reparación de media vida que estuvo a cargo del Proyecto Submarino hasta el 2015, momento en que salió del dique seco y acumuló desperfectos técnicos documentados por los distintos comandantes del buque que fueron expuestos en las audiencias.
Como quedó documentado en las audiencias, al iniciar su última travesía, el submarino había excedido largamente el intervalo reglamentario establecido entre puestas en seco para las tareas de mantenimiento planificado previstas por su empresa fabricante.
Para los fiscales, cuando el 25 de octubre de 2017 la nave zarpó desde la Base Naval Mar del Plata con destino a la Base Naval Ushuaia lo hizo «en condiciones técnico operativas deficientes para realizar las tareas encomendadas», según el requerimiento de elevación a juicio leído en la apertura del debate, sobre los cuales hoy los fiscales construyeron su imputación.
El 11 de noviembre de 2017, el ARA San Juan zarpó desde la Base Naval Ushuaia hacia el área de patrulla asignada. Tres días después, entre las 22.35 y las 23.42 del 14 de noviembre, se produjo un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el tanque de baterías N° 3, lo que ocasionó un cortocircuito y un principio de incendio. Al día siguiente, el 15 de noviembre a las 10.51, se produjo la pérdida de plano y la posterior implosión de la unidad al superar la profundidad de colapso. Los 44 tripulantes murieron.
A su turno, el fiscal Lucas Colla, quien conoce la causa desde el principio ya que fue parte de la instrucción en Caleta Olivia, se explayó sobre las responsabilidad de Lopez Mazzeo, “la infracción del deber de cuidado aumentó el peligro en los submarinistas a partir de su zarpada el día 25 de octubre de 2017 y su ulterior pérdida, la emisión de ordenes operativas en las condiciones que se encontraba el submarino más la información que contaba Lopez Mazzeo luego de la navegación de julio constituye el eje central del quebrantamiento de los deberes que le reprochamos y explican prevalentemente el resultado imputado. Entendemos así, que era su deber y hubiera evitado el resultado si hubiere priorizado la seguridad por sus ambiciones personales y sus objetivos opertivos”.
Por su parte, la fiscal María Garmendia, del equipo de la PIA, tuvo a su cargo la exposición de la acusación de Villamide y según su alegato las defensas de los marinos intentaron durante el juicio orientar los interrogatorios de los testigos para responsabilizar al comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, de las decisiones tomadas en el buque.
“Lo que si vemos es un intento de poner en cabeza del comandante la responsabilidad sobre todos estos eventos para deshacerse de la responsabilidad. Pero el informe que dejó Fernandez reconociendo la maniobra que hizo, (en referencia a una prueba en la válvula E-19 durante la navegación de julio) no sabía que iba a ser la única voz en este juicio explicando que es lo que pasó y nosotros lo ponemos en valor. El MPF lo pone en valor porque no puede ser usado como un ausente útil para desligarse de responsabilidad”.
La fiscalía construyó su acusación sobre las funciones específicas que cada uno de los imputados ejercía en la cadena de mando y que, según el MPF, incumplieron de manera determinante.
A Claudio Javier Villamide, titular del Comando de la Fuerza de Submarinos entre febrero y noviembre de 2017, la fiscalía le atribuye haber permitido que el submarino participara de su última misión pese a conocer el vencimiento del mantenimiento, el pedido de ingreso a dique seco formulado por el comandante de la nave en marzo de 2017 y las graves deficiencias registradas en la navegación de julio de ese mismo año.
En tanto que a Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), tenía a su cargo fijar y supervisar el cumplimiento de las normas de alistamiento de todos los medios del Poder Naval. Según la acusación, no ejerció esa supervisión respecto del ARA San Juan pese a conocer la falta de mantenimiento programado, el deterioro del equipamiento y las anomalías registradas en navegaciones anteriores.
Por su parte, Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Oficial Evaluador del Alistamiento, suscribió la Orden de Operaciones COFS 04/17 en ausencia del titular del Comando; para la fiscalía, lo hizo sabiendo las dificultades que el submarino enfrentaría: las millas a navegar, los objetivos a cumplir y las condiciones hidrometeorológicas del Atlántico Sur en noviembre de ese año.
Finalmente, Hugo Miguel Correa, jefe de Comunicaciones y de la Central de Comunicaciones de Submarinos (Cencomsub), es acusado de no haber asegurado un servicio de comunicaciones rápido y seguro entre el ARA San Juan y el Comando de la Fuerza de Submarinos durante la última navegación. La fiscalía considera que participó activamente en la confección de la orden de operaciones que envió al submarino a su misión final.
Para los fiscales, cada uno de los cuatro imputados posibilitó, con sus conductas u omisiones, que se dieran las condiciones necesarias para elevar el riesgo permitido en la actividad submarina. “Hoy, señores jueces, nos encontramos aquí frente a un punto de inflexión y que nos interpela a todos, pero no solo la Armada Argentina, sino a todo el Estado nacional y los componentes que lo conforman con nosotros incluidos, el accionar imprudente de los cuatro imputados debe ser objeto de la condena solicitada por este Ministerio Público Fiscal, conforme la prueba expuesta”, sostuvo en las palabras finales el fiscal Pruzán.
Mariela Arias,Conforme a
POLITICA
El socialismo de placard: la historia del kirchnerismo que predicó la pobreza y se llenó de dólares
Había una vez un joven tímido, pero con muchas ambiciones. Se llamaba Martín y vivía en Lomas de Zamora. Su padre, Rodolfo, trabajaba en la Junta Nacional de Carnes. Su madre, Loreley, era docente.
El joven Martín llegó en 2003 a ser concejal del municipio. En 2007 renunció a su banca para asumir como secretario privado del intendente. Ahí se transformó en la mano derecha del jefe comunal y comenzó a entender cómo funcionaba todo: el juego clandestino, La Salada, los trapitos, la barra de los Andes, la barra de Temperley, la barra de Banfield, la prostitución.
Y de pronto, en 2009, le llegó su momento.
No paró más. Un consultor de comunicación se acercó al joven Martín y le dijo: “Si querés triunfar, tenés que ser famoso. Y para ser famoso, tenés que salir con una famosa.” A partir de ahí, empezó a salir con Florencia Peña.
En el comando de campaña de Insaurralde, sin embargo, se dieron cuenta de que Florencia Peña no funcionaba. Entonces fueron a buscar a una todavía más popular, más famosa, más rimbombante. Y apareció Jesica Cirio.
Mal no les fue. Terminaron en una casa con doble lote de 6.000 metros cuadrados, con ocho ambientes, pileta climatizada, gimnasio privado, sauna y cancha de fútbol. Y en esa casa se les ocurrió guardar, en el vestidor del joven Martín, varios millones de dólares en efectivo.
Esto es el kirchnerismo. El socialismo de placard.
Odian Gucci, pero compran Gucci. Odian Tiffany, pero compran Tiffany. Odian Apple, pero todos se compran el iPhone 17. Odian las prepagas, pero todos tienen OSDE 410 y van al Otamendi. Odian Miami, pero todos tienen un piso en Miami. Odian Buenos Aires, pero viven en Recoleta y en Puerto Madero. Odian los dólares, pero todos tienen una millonada en dólares crocantes.
Florencia Peña tenía cinco millones de dólares en una caja de seguridad. El hijo de Lázaro Báez contaba millones en La Rosadita. El Chiqui Tapia y Toviggino contaban dólares en la oficina de Juan Pablo Beacon. José López escondía los dólares en un convento de General Rodríguez. Milagro Sala se guardaba los dólares en un banco de Jujuy. Y Martín Insaurralde guardaba millones de dólares en el vestidor de su casa de Lomas de Zamora.
Siempre lo dijimos: el kirchnerismo siempre fue, es y será una enorme contradicción moral y material. Tantos años hablando de redistribución del ingreso, pero era al revés: sacándole guita a los pobres para quedársela ellos.
Lomas de Zamora refleja tal vez mejor que nadie esa contradicción. Viven 800.000 personas. La mitad es pobre. Cinco de cada diez familias no tiene cloacas. Cuatro de cada diez familias no tiene red de gas.
Mientras tanto, el matrimonio Insaurralde-Cirio acumuló una mansión de 6.000 m², un Audi Q3, una Mercedes Benz GLC, un piso en Las Cañitas, un piso en Puerto Madero, y más de cien viajes alrededor del mundo.
Lo llamativo de estas cosas es que algunas mujeres nunca ven nada. Jelinek no vio nada de Faripa. Calabró no vio nada del Rossi. Fabiola no vio nada de Alberto. Lozano no vio nada del Corcho. Cirio no vio nada de Insaurralde. Wanda no vio nada de Migueles. Y de golpe apareció Jesica mostrando los dólares en los cajones.
Ahora bien: ¿por qué nadie toca a Martín Insaurralde? Básicamente porque integra el selecto club de los intocables. ¿Cómo se hace para ser un intocable en Argentina? Debiendo favores. El señor Insaurralde está blindado porque sus contactos le temen: el juego —Angelici, Mautone, etcétera—, los medios, la justicia, la policía bonaerense, La Salada, la política.
Hay que ver cómo la política fue protegiendo a Insaurralde con el correr de los años. Massa lo defendió. Y CFK dijo aquella hermosa frase: “Martín es un modelo de vida. Cuando tenés una buena vida privada, podés hacer una buena vida pública.”
Esto es el kirchnerismo. Y así gobiernan la provincia de Buenos Aires hace 40 años.
Vos te mojás y te inundás, pero Cristina tiene techito. Vos te morís de hambre, pero Insaurralde come langosta en Marbella. Vos no llegás a fin de mes, pero a Sofía Clerici le regalan un Rolex de 10.000 dólares. Vos vas al Hospital El Cruce de Florencio Varela, pero Mayra Mendoza se atiende en el Hospital Austral de Pilar.
No está mal que vivan bien. Lo que está mal es que hace 25 años viven castigando a la gente por querer vivir mejor. Lo que está mal es que hace 25 años nos bajan un discurso de pobrismo, de culpa, de miseria y de hambre.
Pero vamos al centro de la cuestión: ¿de dónde sacó los dólares Insaurralde? ¿Cómo hizo para guardar millones de dólares en ese vestidor? Toda su vida vivió del Estado: concejal por Lomas en 2003, secretario privado del intendente en 2007, intendente de Lomas de Zamora en 2009, diputado nacional en 2014, jefe de Gabinete de la Provincia en 2021. Veinte años viviendo del Estado. Cero sector privado. CUIL virgen.
Tal vez la explicación la dio alguna vez Jorge Castillo, el Rey de La Salada: “Insaurralde levantaba la guita del juego clandestino.” ¿Explicará esto un poco mejor el nivel de vida de Insaurralde?
Cuidado: sería un error enorme simplificar la matriz de corrupción kirchnerista en una sola persona. Insaurralde es la punta del iceberg de un sistema tremendamente corrupto: empresarios corruptos, sindicalistas corruptos, políticos corruptos, jueces corruptos, presentadores de la televisión funcionales, periodistas funcionales.
Queda nuevamente demostrado que la pobreza es funcional al kirchnerismo. Te quieren y te necesitan pobre, burro y sometido. Lomas de Zamora tiene 400 villas. Cuartel Quinto, Fiorito, Ingeniero Budge: todos funcionales al kirchnerismo. Cuanto más pobre y menos preparada esté la sociedad, mejor para ellos.
Peor que un corrupto es una sociedad dormida, callada, anestesiada, apática, que mira para otro lado ante la corrupción. Peor que un bandido es un ignorante al que no le importa que lo roben.
Opiniones libres, hechos sagrados.
Martín Insaurralde, Jesica Cirio, Kirchnerismo
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de junio de 2026 mostró un aumento de 3,9% respecto de mayo, marcando el primer repunte del año tras varios meses en caída. El indicador, elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella desde 2001, se ubicó en 2,07 puntos sobre una escala de cero a cinco, una cifra que, aunque supera los registros recientes, todavía implica una caída del 11,4% en la comparación interanual.
El dato inaugura un nuevo ciclo para la administración de Javier Milei. Aunque la confianza repunta levemente, la contracción acumulada desde fines del año pasado es del 16,1%. La serie de variaciones mensuales desde enero revela un clima de creciente escepticismo: las cifras mostraron bajas en enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%), antes del actual rebote.
En el contexto histórico, el índice también compara mes a mes a Milei con sus predecesores. En efecto, luego de treinta meses de gestión, su nivel de confianza (2,07) está apenas por encima del valor que obtuvo Mauricio Macri (2,04; +1,3%) en el mismo momento de su mandato, aunque sigue por debajo del registrado bajo Néstor Kirchner (2,42; -14,6%). El valor del libertario supera ampliamente los registros de las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner (1,70 y 1,61 en sus dos mandatos) y Alberto Fernández (1,40) en la misma instancia del mandato, lo que exhibe una brecha de hasta el 47,6% respecto de alguno de estos ciclos en el mes treinta de gestión.
El promedio del ICG en la era Milei, sin embargo, descendió a 2,40 puntos, su registro más bajo. En la comparación contra los tramos equivalentes, Mauricio Macri tuvo un promedio de 2,52 y Alberto Fernández, de 1,93. Este promedio se robustece especialmente cuando se contrastan las tendencias de largo plazo y la volatilidad de la confianza durante los diferentes gobiernos.
Desglose de los componentes y los matices del repunte
El rebote del ICG se debió a aumentos en tres de sus cinco componentes. Eficiencia lideró el crecimiento, con un salto del 12,8% respecto del mes anterior hasta alcanzar los 2,12 puntos, una variación que representa el mayor diferencial dentro del índice. Capacidad también se incrementó y llegó a 2,46 (+4,3%), al igual que la dimensión Preocupación por el interés general, que marcó 1,63 puntos (+3,8%). En contraste, Honestidad permaneció estable en 2,46 y la Evaluación general del gobierno cayó levemente a 1,68 puntos (-0,5%).
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Esta dinámica sugiere que, más allá de un repunte global, persisten dudas sobre la gestión a nivel agregado, al mismo tiempo que ciertos aspectos técnicos y de percepción pública mejoran tras medio año de deterioro sostenido.
Género, edad, territorio: dónde recuperó apoyo el Gobierno
Los datos revelan matices en la composición del repunte del ICG. La brecha de género se mantuvo estable en 0,68 puntos respecto del mes anterior, lo que describe una grieta persistente en la percepción de la gestión. El índice entre mujeres aumentó hasta 1,70 puntos (+5,6%), mientras que entre los hombres subió a 2,37 (+3,7%).
Por edad, el rebote se concentró en el grupo de mayores de 50 años, que alcanzó 2,23 puntos (+4,3%), pero también en los jóvenes de 18 a 29 años, donde el ICG trepó levemente a 2,18 puntos (+1,4%). El segmento intermedio (30 a 49 años) subió a 1,76 (+2,4%). Esta dispersión sugiere una recuperación distribuida, aunque con distintas intensidades según el grupo etario.
Desde el punto de vista geográfico, el interior del país mantiene el mayor nivel de confianza (2,19 puntos; +0,9%). Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió a 2,03 (+6,3%), pero el mayor salto se dio en el Gran Buenos Aires, que trepó a 1,83 puntos (+11,1%).
Nivel educativo y victimización: sorpresas estadísticas del mes
El análisis por nivel de instrucción aporta uno de los datos únicos del informe. Si bien quienes tienen educación terciaria/universitaria sostienen la confianza más alta (2,20 puntos; +0,5%), el mayor incremento porcentual del mes fue para el segmento con primaria completa, que llegó a 1,72 puntos (+42,5%). Aquí se registra el rebote más inesperado, al retornar a valores similares a los de abril, tras haber mostrado ciertas fluctuaciones en los meses anteriores.
Otro dato singular surge de la variable victimización por delitos. Por primera vez en el año, el ICG fue superior entre quienes declararon haber sido víctimas de delitos (2,10; +14,6%) comparado con quienes no lo fueron (2,07; +1,6%), invirtiendo la lógica del ciclo previo y neutralizando la brecha que se había instaurado a lo largo de 2026.
Expectativas económicas: el factor determinante en la confianza
El componente más sensible aparece en la valoración sobre el futuro económico. Aquellos que confían en que la economía mejorará en un año registran un ICG de 4,08 puntos, aunque con una baja de 2,2%. El verdadero salto porcentual del mes vino de quienes creen que la situación se mantendrá igual, con una suba del 13,1% (2,45 puntos). Por el contrario, entre quienes esperan un empeoramiento, el ICG se estancó en 0,37, sin cambios respecto de mayo.
El dossier metodológico asegura que la encuesta —realizada por Poliarquía Consultores— abarcó 1.000 personas, mayores de 18 años en 39 ciudades de más de 10 mil habitantes, con un margen de error estándar de ±0,06 para el ICG total. El trabajo de campo se hizo entre el 2 y el 11 de junio de 2026.
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