POLITICA
Un grupo de mapuches impide que se lleven a cabo obras clave en el cerro Chapelco antes del inicio de la temporada

En el marco del proceso de mejoramiento que se lleva a cabo en el centro de esquí Chapelco en la localidad de San Martín de los Andes, las comunidades mapuches Vera y Curruhuinca plantearon objeciones a la ejecución de obras de infraestructura impulsadas por el gobierno de Neuquén. Ambos grupos participaron previamente en instancias del proceso oficial, expresando ahora reparos principalmente por el impacto ambiental de algunos trabajos previstos.
En la elaboración del pliego licitatorio, que desembocó en la adjudicación al grupo empresarial Vía Bariloche, una de las principales compañías de transporte y turismo de la región, la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez incluyó la consulta a estos actores. Posteriormente, el actual mandatario provincial, Rolando Figueroa, ratificó el acuerdo. Cada comunidad recibió un monto cercano a los $198 millones en concepto de canon, reconociendo su preexistencia en el territorio.

Sin embargo, surgieron diferencias recientes entre las comunidades y la empresa concesionaria Don Otto, perteneciente al grupo empresarial mencionado anteriormente, respecto a obras proyectadas de cara a la temporada invernal. Entre los puntos de conflicto está la construcción de un estacionamiento en la base del cerro y la pavimentación de la Ruta Provincial 19, que enlaza con la Ruta Nacional 40 y constituye el principal acceso al centro de esquí.
Desde el gobierno provincial señalaron que la obra vial es “clave para optimizar la circulación, reducir riesgos y acompañar el crecimiento turístico” del destino. Las comunidades, en cambio, sostienen que los trabajos comenzaron sin la debida consulta y manifestaron preocupación por los posibles efectos ambientales.
La lonko del lof Curruhuinca, Virginia Colipán, informó que encargaron un estudio de impacto ambiental. A la vez, la empresa concesionaria solicitó un informe similar a otra consultora especializada en gestión ambiental. Ante este escenario, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, dispuso la suspensión temporal de los movimientos de suelo hasta que se concluyan y analicen ambos informes.

Desde las comunidades también advirtieron sobre posibles afectaciones en la calidad del agua utilizada por unas 300 familias, quienes reportaron episodios de turbidez tras el inicio de las obras y la presunta detección de una bacteria por parte del personal del hospital Ramón Carrillo. De acuerdo con referentes comunitarios, la presencia bacteriana podría estar vinculada al movimiento de suelos y alteraciones hidrológicas provocadas por la obra.
Además, solicitaron la conformación de una mesa ambiental para evaluar el impacto de las obras y definir los pasos a seguir.
Desde la concesión obtenida por la familia Trappa, la empresa inició el proceso de renovación de medios de elevación e infraestructura en el centro invernal, que es el tercero en la Patagonia, junto al Catedral de Bariloche y La Hoya en Esquel. Sin embargo, este plan ha enfrentado retrasos y controversias a raíz de las objeciones y demandas de intervención por parte de las comunidades mapuche asentadas en la región.
Advierten sobre conflictos territoriales mapuches sin resolver en la Patagonia y el surgimiento de nuevas disputas
La mayoría de los conflictos territoriales con comunidades mapuches en la Patagonia se mantienen activos e incluso denuncian el surgimiento de nuevos episodios, a partir del “oportunismo” de quienes, bajo el argumento de falsas reivindicaciones territoriales ancestrales, se apropian de valiosas propiedades.
La Asociación Civil Consenso Patagonia advierte que en los últimos años no sólo no se resolvieron los conflictos que estaban activos, sino que además surgieron nuevos casos y los que estaban siguen convulsionados.
El director ejecutivo de la entidad, Juan Trebino, aseguró que en la provincia de Neuquén existen varias causas judiciales con sentencia firme de desalojo pero el gobierno ignora las mandas judiciales. En Villa la Angostura, varios magistrados comprobaron la permanencia ilegal de mapuches en distintos territorios y ordenaron la restitución a sus propietarios, tanto privados como estatales, aunque el gobierno de Rolando Figueroa ignora los fallos judiciales.
“Siempre hay una excusa para no aportar personal policial, pero en realidad hay una decisión política de no pagar el costo y evitar involucrarse en esos conflictos”, advirtió Trebino.
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POLITICA
Condenaron a un delegado camionero por bloqueos y amenazas, pero absolvieron al jefe regional del sindicato

Una jueza de San Nicolás condenó a cuatro años de prisión a un delegado del sindicato de camioneros que participó de los bloqueos a la empresa Rey Distribución SRL, de San Pedro, encabezados por Maximiliano Cabaleyro, jefe del gremio en la región, quien hace un mes fue absuelto por los mismos hechos. El delegado hallado culpable de los delitos de turbación de la posesión y amenazas coactivas es Fernando Espíndola, quien recibió el viernes pasado la pena en el marco de un juicio abreviado en el que había acordado una condena máxima de seis años.
La jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás, condenó a Espíndola por turbación de la posesión en concurso ideal con amenazas coactivas en tentativa, en concurso ideal con amenazas coactivas, según se lee en el fallo, al que tuvo acceso . Por el contrario, el delegado gremial no fue condenado por la acusación de extorsión, que también pesaba sobre él. Los hechos por los que se lo consideró culpable fueron los bloqueos a Rey Distribución del 15 de enero de 2021, y del 22 de febrero del mismo año (bloqueo que se extendió hasta el 25 de febrero).
Espíndola no irá preso. Pasó ya detenido más de cuatro años (fue apresado el 8 de abril de 2022, luego recibió prisión domiciliaria, y la jueza ya le había concedido la excarcelación en octubre).
El fallo que condenó a Espíndola se dictó un mes después del que absolvió a Cabaleyro. El 14 de octubre, el jefe del sindicato de camioneros en San Nicolás, San Pedro y Ramallo fue absuelto por el juez Alejandro López, del mismo tribunal que la jueza Baquedano. En el fallo absolutorio, López sostuvo que se había ejercido el legítimo derecho de huelga y declaro inocente al sindicalista acusado de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas. La decisión judicial generó múltiples rechazos de asociaciones de empresarios y de profesionales del derecho.
A Espíndola (chofer, 56 años) se lo acusó de actuar en hechos junto a Cabaleyro. El primero de ellos, por el que se lo condenó, el 15 de enero de 2021, fue cuando los manifestantes “se presentaron en la distribuidora razón social Rey Distribución SRL, ubicada en calle Bonorino 175 de San Pedro, y de forma intimidatoria, violenta y amenazante, se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial”, según consta en el expediente.
El segundo hecho por el que se condenó a Espíndola fue el bloqueo que se extendió entre el 22 y el 25 de febrero de 2021. En la causa, se describe que los camioneros “colocaron un colectivo/motorhome perteneciente al sindicato que lideran en el portón de la empresa, impidiendo la entrada y salida de vehículos de la firma, siendo las victimas intimidadas por el accionar agresivo de estos, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial, turbando con ello la posesión del inmueble a sus dueños”.
También fue hallado culpable de un tercer hecho, en el que la víctima fue el contador de la distribuidora de alimentos y bebidas, Víctor Grabovieski, ocurrido el 20 de abril de 2021. Según consta en el expediente, el contador, fue “intimidado y coaccionado” por Espíndola y Cabaleyro en la sede del sindicato. “Le refirieron que ‘si no arreglan, vamos a volver a paralizar la empresa con un bloqueo total”, por lo que con la anuencia de Gustavo y Ariel Rey, propietarios de Rey Distribución, y ante el temor a volver al bloqueo total de la empresa con las consecuentes pérdidas económicas que ello acarrearía, es que fue obligado a suscribir firmando un convenio de pago con el sindicato de choferes de camiones, por una supuesta deuda de diferencia salarial de aportes y obra social, la cual devendría una suma de $805.383,03, los que finalmente fueron percibidos por Fernando Espíndola, en nombre del sindicato de camioneros en dos cuotas», se resumió en la causa.
En cambio, Espíndola no fue condenado por la acusación de “actos reiterados de extorsión contra Gustavo y Ariel Rey”. El delegado sindical apelará la sentencia, adelantó a uno de sus abogados, Mauricio Gugger (quien también representó a Cabaleyro en el juicio del que salió absuelto).
“Las conductas endilgadas en la presente causa surgieron como consecuencia de reclamos laborales. Si bien la Constitución Nacional contiene la garantía para los trabajadores, también se encuentran los límites”, escribió la jueza Baquedano en el fallo del juicio abreviado contra Espíndola. Añadió que, “en nuestro ordenamiento jurídico, más allá del texto constitucional, encontramos regulación en las leyes”.
Y precisó: “El artículo 5º, inciso d), de la ley 23.551, que pone al derecho de huelga en cabeza de las asociaciones sindicales sin distinciones, es decir, con independencia de que posean personería o inscripción gremial, y el inciso g) del art. 24 de la ley 25.877, que regula el derecho de huelga respetándolo como libertad sindical y compatibilizando su garantía constitucional con el goce de otros derechos fundamentales de los ciudadanos”.
El fallo contra Espíndola fue bien recibido por los dueños de la distribuidora Rey. “Estamos muy contentos con este fallo. Sabemos que vamos a encontrar la condena en alguna de las instancias, porque las pruebas son contundentes. Este es el juicio abreviado, que lo condena en dos de los hechos. La fiscalía va a apelar porque consideramos que tenemos pruebas para demostrar la extorsión. Lo importante es que se condena. Espíndola no tiene la posibilidad de recurrir porque ya recurrió al juicio abreviado”, afirmó Ariel Rey, uno de los dueños de la empresa, a .
“Venimos también de encontrarnos con Verónica Razzini [diputada nacional libertaria, duela de un corralón de materiales], con un caso similar al nuestro, en la Justicia de Santa Fe, en el que condenaron a tres imputados por una causa similar. Entendemos que bloquear es delito y es algo que se tiene que terminar. El derecho a a huelga, que lo contemplamos y celebramos, no puede ser justificación de turbación de la propiedad, coacción o extorsión”, agregó Rey, que es concejal en San Pedro (ganó las elecciones de 2025 al frente de la boleta de La Libertad Avanza, pero ahora integra el bloque San Pedro Puede).
Espíndola llegó al juicio abreviado en libertad condicional. Se encontraba en prisión domiciliaria (lo detuvieron el 8 de abril de 2022), pero fue excarcelado por la jueza Baquedano, que el viernes lo condenó a cuatro años.
Como periodista político, estoy presente en desde el año 2015, con la sección Política como eje de mi actividad. Pasé por diversas áreas de cobertura, desde la conflictividad callejera a las internas políticas. Actualmente, la política bonaerense es mi principal foco de trabajo en .
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Salta también desdobla las elecciones y votará gobernador el 16 de mayo

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, oficializó este lunes el desdoblamiento de las elecciones provinciales y convocó a votar el 16 de mayo de 2027, más de cinco meses antes de las presidenciales del 24 de octubre. La decisión suma otra provincia al grupo de distritos que buscan separar la competencia por sus gobernaciones de la disputa nacional y que obligarán a las fuerzas políticas a desplegar sus estrategias electorales a lo largo del año.
La convocatoria quedó establecida mediante el decreto 762, que fija la renovación de gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales. Los comicios se realizarán mediante el sistema de Boleta Única Electrónica, sin elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
Además de la fórmula gubernamental, estarán en juego 11 bancas del Senado provincial y 30 de la Cámara de Diputados, junto con 60 intendencias y 222 cargos de concejales. En Rivadavia Banda Sur también se elegirán convencionales constituyentes municipales para redactar una nueva Carta Orgánica.
La decisión de Sáenz se enmarca en la tendencia que gana fuerza entre los mandatarios provinciales: concentrar la discusión electoral en sus gestiones y evitar que la competencia presidencial condicione los resultados locales. Para La Libertad Avanza y los partidos opositores, la separación de los comicios supone el desafío de definir alianzas y candidaturas en escenarios políticos diferentes.
Las provincias que ya confirmaron sus elecciones
Neuquén abrirá el calendario electoral el 14 de febrero, según estableció el gobernador Rolando Figueroa mediante el decreto 1860. Además de elegir gobernador, los neuquinos renovarán las 35 bancas de la Legislatura y autoridades municipales. Será la primera prueba electoral de 2027 para el espacio que conduce Javier Milei.
Tucumán votará el 9 de mayo, una semana antes que Salta. Osvaldo Jaldo convocó a los comicios provinciales y municipales, aunque sostuvo que la fecha responde a la tradición electoral tucumana y no representa un adelantamiento.
En Santa Fe, Maximiliano Pullaro analiza realizar las PASO el 18 de abril y las generales el 13 de junio, pero todavía debe oficializar el cronograma. En cambio, Catamarca mantendrá sus elecciones junto con las presidenciales, según confirmó Raúl Jalil.
Los gobernadores que todavía deben definir el calendario
Misiones evalúa votar entre abril y mayo, mientras Córdoba analiza alternativas dentro de ese mismo período, desde marzo. Chubut, Río Negro y Chaco también anticiparon que separarán sus elecciones de las nacionales, aunque todavía no establecieron fechas.
Mendoza y Jujuy se encaminan hacia calendarios propios. En tanto, Axel Kicillof debe resolver si repetirá el desdoblamiento bonaerense de 2025, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires gana terreno la posibilidad de unificar los comicios con los presidenciales, una decisión que Jorge Macri tampoco confirmó todavía.
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POLITICA
La defensa de Adorni que aceptó el fiscal abre interrogantes sobre el futuro del delito de enriquecimiento ilícito

Si el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, alegara hoy ante la Justicia que su patrimonio es el resultado de una exitosa apuesta por las criptomonedas, la explicación llegaría tarde, sería contradictoria con declaraciones suyas previas y resultaría, sobre todo, poco creíble. Pero quizás su defensa sería tan difícil de refutar como la que ensayó Manuel Adorni y lo dejó con un pie afuera de una causa por corrupción.
Baratta podría replicar la estrategia del exjefe de Gabinete para justificar al menos la parte del crecimiento patrimonial que se le atribuye desde 2013, año en el que el Bitcoin comenzó a despegar.
Lo mismo podrían hacer los funcionarios que en el futuro sean acusados de enriquecimiento ilícito. Por eso, el caso Adorni dejó flotando una pregunta: ¿su defensa se convirtió en un manual de instrucciones que entreabre una puerta de salida para los acusados de enriquecimiento ilícito?
“En el caso Adorni, la excusa de las viejas billeteras olvidadas de criptomonedas es sin duda un nuevo argumento en el repertorio de explicaciones para justificar un patrimonio en los casos de enriquecimiento ilícito”, señala Delia Ferreira Rubio, abogada, doctora en Derecho y expresidenta de Transparencia Internacional (2017-2023).
“Obviamente -agrega la experta- la solidez y credibilidad de la justificación son apreciadas por la Justicia. El tiempo dirá si, a partir de este caso, se consolida una jurisprudencia según la cual la simple excusa de las viejas billeteras cripto se transforma en justificación suficiente”, completa.
Con ella coincide Manuel Garrido, extitular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada en corrupción. “Es evidente que, así como [Adorni] obtuvo éxito en este caso, las defensas probablemente van a echar mano de este tipo de planteos en casos análogos”, apunta. Pero advierte: “Habrá que ver qué terminan resolviendo los tribunales”. Garrido aclara que “un dictamen de un fiscal no hace jurisprudencia” y que, por el momento, en este caso no hubo “una decisión de la Cámara ni de la Corte Suprema, sino un dictamen de un fiscal con un evidente ánimo beneficiante en la valoración probatoria”.
Garrido considera que el caso, incluso, podría motivar una instrucción de la Procuración General de la Nación en cuanto a cómo valorar las pruebas en casos parecidos. “Acá hay un tema de interpretación del delito, pero sobre todo de valoración probatoria que podría ser objeto de una instrucción de la Procuración”, señaló.
Según el criterio que aplicó el fiscal Gerardo Pollicita al caso Adorni, para suprimir la acusación por enriquecimiento ilícito podría bastar con acreditar el control actual de billeteras virtuales con movimientos anteriores al ingreso a la función pública y sostener que las ganancias de esas operaciones explican el crecimiento patrimonial. Adorni no logró demostrar que fuera su titular cuando se realizaron las operaciones, pero la fiscalía dijo que ella tampoco pudo refutar su explicación.
Pollicita reconoció en su dictamen que la versión de Adorni, a priori, era “poco verosímil”. No obstante, basado en un informe de Cibercrimen de la Policía Federal, sostuvo que no había pruebas para derribarla y consideró que todo el caso debía investigarse como una posible evasión.
Para Pedro Biscay, abogado e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), no está claro qué consecuencias podría tener en el futuro que la Justicia acepte la explicación de Adorni. “No se si esto es una salida que podría replicarse en casos parecidos, como una suerte de regla general para hacerle trampa a los demás casos de enriquecimiento ilícito que hay en la Argentina”, señala.
En concreto, la defensa de Adorni sostuvo que gran parte de su patrimonio -descubierto en la investigación por las compras de inmuebles, las reformas y los viajes- provenía de ganancias obtenidas de inversiones en Bitcoin, en operaciones realizadas entre 2014 y 2018. Es decir, años antes de su llegada al Gobierno y durante un tiempo en el que los requisitos para abrir cuentas en plataformas digitales eran más laxos, lo que dificulta reconstruir quiénes realizaron aquellas operaciones.
Es que en 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo global que establece estándares internacionales para combatir el lavado, aprobó una normativa orientada a tornar más rigurosos los requisitos para abrir cuentas y progresivamente las plataformas comenzaron a exigir a sus clientes validar su identidad con nombre y apellido.
Adorni mostró que tenía el control actual de ocho billeteras virtuales que registraron 24 movimientos vinculados con plataformas de intercambio pero anteriores a aquella reforma. Otros 17 movimientos apuntados por Adorni no pudieron siquiera vincularse con ninguna plataforma centralizada.
Es decir, que alguien podría conseguir o comprar hoy las claves de una billetera con movimientos de aquellos años, acreditar que tiene su control y presentarla ante la Justicia como prueba.
En Comodoro Py son conscientes del problema. “El desafío es permanente, más ahora con el mundo cripto”, reconoció una fuente judicial que siguió el caso Adorni con atención. Admitió que la antigüedad de las operaciones representa una dificultad para la acusación, pero también, que es no fácil conseguir billeteras con operaciones viejas: “Hay que conseguirlas… no hay un mercado abierto”.
María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), no cree necesariamente que el caso Adorni siente un precedente y al igual que Biscay, considera que el problema estuvo en la investigación.
Ambos afirman que el fiscal no agotó las medidas de prueba. Talerico, además, cuestiona que Pollicita, ante la falta de certezas, haya abandonado la acusación de enriquecimiento ilícito.
“Para decidir que no avanzás en la etapa de instrucción, tenés que tener certeza negativa, certeza absoluta negativa. Si no, el fiscal tiene que avanzar”, afirma. “Ahora resulta que no tenemos certezas y la incertidumbre beneficia a los imputados. En esta etapa de procesos como éste, eso no existe”, afirma.
Biscay apunta que el análisis patrimonial de la investigación no sopesó bien los gastos del exfuncionario y critica especialmente que el fiscal aceptara como suficiente que Adorni tuviera solo el acceso a las billeteras.
“Tener la llave de la caja de seguridad, según esa tesis, te hace propietario del contenido de la caja de seguridad, lo cual es una falacia”, dice Biscay; una analogía que también utiliza Ferreira Rubio para explicar el problema.
“En este caso -señala la exdirectora de Transparencia Internacional- la excusa [de las criptmonedas] parece haber convencido al fiscal. Las dudas quedan. Ahora hay que esperar la decisión del juez”, completa, en alusión al juez federal Ariel Lijo, que debe resolver si convalida el criterio del fiscal y envía el caso al fuero penal económico.
la que ensayó,Federico González del Solar,Conforme a
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