En una sesión que promete ser maratónica -aproximadamente 16 horas- el oficialismo buscará avanzar este miércoles en la Cámara de Diputados con la media sanción de dos proyectos centrales para afianzar la estabilidad económica. Después del duro revés que sufrió en el Senado, con el naufragio de las reformas de la leyes de tierras y de manejo del fuego, los libertarios optaron por abrir el temario a una docena de proyectos de la oposición dialoguista -la mayoría sin costo fiscal- para asegurarse el quórum. Sin embargo, los aliados vienen endurecido sus posturas y hasta las ausencias podrían jugar un rol determinante durante la jornada.

El proyecto más importante para la Casa Rosada, porque sería una clara señal para los mercados, es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Si esta ley se aprueba, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos. Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa que impulsa Javier Milei apunta a revertir la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el kirchnerismo en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos como promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Ahora el Gobierno pretende que sólo exista uno: preservar el valor de la moneda.

Por otro lado, el oficialismo también promueve un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en el Senado y la Cámara de Diputados. Una carta de negociación que, según reconocieron los libertarios, todavía está bajo análisis sería acceder al pedido de las provincias para “federalizar” el directorio del Banco Central a partir de la designación de algunos de sus integrantes “por regiones”.

El segundo punto del temario será la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, aprobado a fines del año pasado, para favorecer la formalización de ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema. Según los cálculos del Gobierno, actualmente hay USD 179 mil millones que podrían volcarse a la inversión para dinamizar la economía. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía consideraron que la versión original no había sido exitosa y, por lo tanto, decidieron impulsar una ampliación del universo de personas que puedan adherir y algunas aclaraciones técnicas para reformar la “seguridad jurídica”. Muchos de los cambios surgieron tras reuniones con estudios contables y expertos tributaristas.

La nueva versión del régimen ya no exigirá como requisito que los contribuyentes no superen ingresos anuales por $1.000 millones y que tengan como patrimonio menos de $10.000 millones. Es decir, quedará abierto para todas las personas humanas sin importar su nivel de ingresos o patrimonio. No obstante, la única excepción serán los Grandes Contribuyentes, que no accederán a las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios previstos por la ley. Además, por presión de los aliados tras es escándalo de Manuel Adorni, se incluirá una cláusula para que funcionarios de los tres poderes del Estado puedan adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RGM), pero no así a la exteriorización de los dólares del colchón o los fondos no declarados.

El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa” que le permite a ARCA rechazar la declaración de impuestos simplificada. Solo se considerará una discrepancia importante si la diferencia entre lo declarado y lo que detecta la ARCA supera el 15% del impuesto. Y además, si no alcanza el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria (actualmente $5 millones). A su vez, cuando ocurra una objeción, la persona contará con quince días para corregir la situación, pagar la diferencia y conservar los beneficios del régimen.

El tercer proyecto económico que impulsa el Gobierno será la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés), que permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. De esta forma, la solicitud presentada bajo el PCT surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera presentado una solicitud en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.

El punto álgido de la negociación había sido la resistencia de los laboratorios nacionales al Capítulo II del Tratado bajo el argumento de que facilitaría los monopolios extranjeros, encarecería los medicamentos y vulneraría la soberanía sanitaria del país. Finalmente el Gobierno accedió a dejarlo “en reserva” y pudo destrabar el dictamen.

Por último, el cuerpo pondrá en debate un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la República de Singapur. En este caso, dado que está involucrado el bloque regional, se espera lograr un amplio consenso.

Luego de los cuatro proyectos de interés para la Casa Rosada llegará el turno de una docena de iniciativas presentadas por los bloques aliados y dialoguistas. Entre ellos se destacan la rebaja del IVA a la fécula de Mandioca -un reclamo de los misioneros-, la declaración de San Juan como cuna de Sarmiento y capital nacional de la Educación, de la provincia de Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías y de Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo.

El temario también incluirá la declaración de San José de los Cerrillos (Salta) como Capital Nacional del Cerdo Negro, Caá Catí (Corrientes) como Capital Nacional de la Producción Bubalina y San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de Julio. Además se ampliarán las cámaras federales de apelaciones en Tucumán y Mar del Plata. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico o estratégico para los diputados provinciales a nivel local. Con estos gestos, el oficialismo espera sumar apoyos entre los bloques Argentina Federal (Misiones y Salta), Producción y Trabajo (San Juan), Por Santa Cruz, Independencia (Tucumán), Adelante Buenos Aires y Córdoba Federal.

Durante la tarde de este martes, el oficialismo informó una nueva ampliación del temario para sumar la denominada Ley Joaquín, por la trágica muerte de una niño de 12 años que fue aplastado por un arco de fútbol sin amarre en Junín de los Andes.

La iniciativa, que propone reforzar las medidas de seguridad en la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos deportivos de fútbol, hockey, handball, rugby, aros de básquet, postes de red de vóley y juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados, fue originalmente presentada por la diputada peronista Luciana Potenza (Unión por la Patria) y su dictamen fue firmado unánimemente.

“Vamos a ver qué hace el kirchnerismo”, ironizaron fuentes libertarias. En ese sentido, señalaron que la inclusión de este proyecto podría colaborar en el sostenimiento del quórum una vez iniciada la sesión.

En la previa de la sesión, la oposición evaluaba si convenía pedir una ampliación de temario o una moción para emplazar a las comisiones a tratar alguno de los 34 proyectos sobre la problemática del endeudamiento familiar. En caso de llegar a las 129 votos afirmativos, quedaría en evidencia que cuentan con los votos para convocar a una sesión especial en el futuro. Sin embargo, si el tablero muestra que están lejos del quórum, el Gobierno podría capitalizar una nueva señal de debilidad y descoordinación de la oposición.

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