POLITICA
Rematarán los bienes en Uruguay del ex sindicalista Marcelo Balcedo, condenado por lavado de dinero
El ex secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), Marcelo Balcedo, se verá despojado de sus preciados bienes en Uruguay por un remate público de su fastuosa propiedad ubicada en Cerro de los Burros por una demanda que realizaron trece ex empleados del sindicalista y de su esposa Paola Fiege en un juicio laboral. El también ex empresario de medios de comunicación y su pareja y socia en algunos negocios, ya fue condenado en el país vecino por los delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas.
La justicia argentina ya pidió la extradición de él y de su pareja, pero el trámite se demora. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, que a 8 años de iniciadas las actuaciones no pudo indagarlo ni por videoconferencia, ya elevó a juicio la causa que lleva adelante por los presuntos delitos de asociación ilícita:
• Se lo acusó de integrar y liderar una organización destinada a cometer delitos.
• La hipótesis judicial sostiene que el sindicato que conducía funcionaba como base de esa estructura.
Lavado de activos:
Se investigó el blanqueo de dinero de origen ilícito. Incluía:
Uso de empresas, movimientos financieros, adquisición de bienes (autos, propiedades, etc.).Según la extensa investigación de Kreplak, parte del dinero habría provenido del desvío de fondos del sindicato. Administración fraudulenta vinculada al manejo del SOEME. Se lo acusó de desviar fondos sindicales y utilizarlos en beneficio propio. En su resolución, el magistrado sostuvo que existían indicios de:
Una estructura organizada. Uso sistemático de recursos del sindicato. Maniobras para ocultar el origen del dinero.
El ex pope sindical solicitó a la justicia argentina no ser detenido si regresaba al país. El pasado 26 de marzo, la Cámara Federal de Casación de La Plata rechazó su pedido.
En la causa ya fueron condenados varios colaboradores de Marcelo Balcedo. El 18 de diciembre de 2024 el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata condenó a su mano derecha Mauricio Yebra, y a varios ex empleados del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad por haber desviado más de 2500 millones de los afiliados. Además, se decomisaron decenas de inmuebles y vehículos fueron entregados al mismo gremio.
Yebra entró al directorio del SOEME en 2012 y se convirtió, según la justicia, en testaferro de Balcedo y su mujer. Tenía un poder de administración y era una de las personas que cruzaba con frecuencia a Uruguay para reunirse con Balcedo en su chacra “El gran chaparral”: hizo 18 vuelos privados hacia ese país, durante 2014, en los que se podría haber trasladado dinero en efectivo.
Marcelo Balcedo supo construir una figura de alto perfil dentro del sindicalismo vernáculo, combinando poder gremial y relaciones políticas, con negocios en medios de comunicación. Las aceitadas vinculaciones con el peronismo bonaerense, y la presión que supo ejercer sobre quienes lo denunciaban desde su periódico y radio, no fueron suficientes para cubrir lo que desde hacía años vociferaba la oposición interna del sindicato: supuestos desvíos de dinero del SOEME para beneficios privados, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero.
En 2017 quedó en el centro de una serie de investigaciones judiciales por lavado de dinero, asociación ilícita y administración fraudulenta, que derivaron en su detención en Uruguay en enero de 2018 y en causas paralelas en la Argentina, ya mencionadas.
El remate de sus bienes
En ese contexto, su situación actual en Uruguay suma un nuevo capítulo. El próximo viernes 8 de mayo a las 14, el martillero Gabriel Etcheverry rematará la casa y las demás infraestructuras que integran la propiedad del cuestionado representante gremial en el paraje Cerro de los Burros, Playa Hermosa.
La subasta fue ordenada por el Juzgado Letrado de Maldonado de 7° Turno en los autos “Camacho, Luis y otros c/ Balcedo, Marcelo y otros – Ejecución de Sentencia”, a partir de una acción impulsada por el abogado Guillermo Ahlers en representación de trece ex empleados de Balcedo y Paola Fiege, quienes buscan cobrar deudas laborales.
El inmueble a subastar consiste en una fracción de campo con mejoras, ubicada en la quinta sección catastral y judicial de Maldonado, en zona rural del paraje Cerro de los Burros, con una superficie de 6 hectáreas y 514 metros cuadrados, desarrollada desde la cumbre del cerro por su ladera. El remate se realizará en el local “La Casa Rosada”, en calle Dodera 869, en el centro de Maldonado, bajo la presidencia de la alguacil subrogante.
“Medio millón de dólares en efectivo”
El 4 de enero de 2018, Balcedo fue detenido en la chacra de lujo en Maldonado, Uruguay, en un operativo coordinado entre la justicia argentina y uruguaya. Durante el allanamiento se secuestraron:
• 500.000 dólares en efectivo.
• Cerca de 4,5 millones de pesos argentinos, además de euros.
• Armas largas y cortas, con municiones.
• Una flota de vehículos de alta gama (Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, entre otros).
• Bienes de lujo y animales exóticos.
La fiscalía uruguaya calificó el procedimiento como la mayor incautación de dinero en efectivo registrada en ese país.
La fiscalía solicitó 11 años de prisión para el acusado. Pero en un juicio abreviado, homologado por la Justicia penal de Maldonado, a partir de un entendimiento entre la Fiscalía y la defensa, Balcedo y su pareja admitieron la responsabilidad de los hechos que se le imputaban por lavado de activos y tráfico ilegal de armas: fusiles, incluyendo rifles de repetición y semiautomáticos; carabinas; pistolas, semiautomáticas, revólveres y gran cantidad de municiones para las armas encontradas.
El punto más relevante del acuerdo fue económico, se decomisaron parte de sus bienes, el dinero en efectivo incautado, vehículos de alta gama y otros activos.
Sin embargo, el 6 de febrero de 2021, y por un pedido de la defensa de Balcedo, la jueza especializada en Crimen Organizado de Uruguay, María Helena Mainard, decidió liberar los USD 2.635.335 que se secuestraron en su mansión
El juez federal Ernesto Kreplak había solicitado que el pedido sea denegado y que ese dinero sea devuelto a la Argentina. No fue escuchado.
En ese momento, la expresión que se escuchó en los tribunales platenses fue: “Devolverle plata al autor confeso de lavado, es como devolverle el arma al homicida; ese dinero es el medio por el cual se cometió el delito”.
POLITICA
Denuncian 220 despidos en una empresa de transporte en la que el hijo menor de Hugo Moyano era delegado gremial
Express Beer, una empresa de transporte y logística vinculada a la distribución para la cervecería Quilmes, entró en cesación de pagos y cerró sus puertas. Por este motivo, el Sindicato de Camioneros se declaró en estado de alerta y movilización y advirtió sobre 220 despidos, entre ellos, el de Jerónimo Moyano, hijo menor del jefe camionero y quien oficiaba de delegado gremial en la compañía con un sueldo mensual de 2,2 millones de pesos a noviembre del año pasado.
El dueño de Express Beer es Juan Aguilar, una de las máximas autoridades de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), la más poderosa de las tres cámaras empresarias con las que Hugo Moyano negocia salarios y condiciones laborales. En cada paritaria, es un clásico el apretón de manos entre ellos. Aguilar no respondió a la consulta de , pero desde su entorno confirmaron que la empresa ingresó en cesación de pagos.
La empresa no habría podido hacer frente al último incremento salarial y adeudaría también el pago del medio aguinaldo, según informaron fuentes gremiales. El último acuerdo salarial sellado del Sindicato de los Camioneros con las tres cámaras empresarias del sector fue de 10,1% en seis tramos mensuales: marzo, 2%; abril, 1,8%; mayo, 1,7%; junio, 1,6%; julio, 1,5%, y agosto, 1,5%. Además, en marzo se abonó una suma fija extraordinaria de $53.000.
El Sindicato de Camioneros denunció que la firma cerró sus puertas sin brindar respuestas y advirtió que impulsará medidas gremiales y legales para defender los puestos de trabajo. Según informó el sindicato en un comunicado, los empleados despedidos tienen una antigüedad promedio de 26 años de servicio. Durante décadas realizaron tareas para Express Beer en la prestación de servicios para Quilmes.
El conflicto tuvo un nuevo capítulo este lunes en la planta de la empresa ubicada en el partido de La Matanza. Allí, los trabajadores denunciaron que entre el viernes y el sábado la empresa realizó un vaciamiento y retiró las unidades de la planta.
El comunicado gremial indicó que las empresas On Line, Río de las Vueltas, Special Truck, Levon y TDU, que también prestan servicios para Quilmes, expresaron su solidaridad con los trabajadores de Express Beer y acompañan el reclamo por los puestos de trabajo, en un contexto marcado por la falta de pago de sueldos y aguinaldo.
Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, exigió hoy a través de las redes sociales que la Cervecería y Maltería Quilmes “garantice el pago de las indemnizaciones correspondientes y disponga la inmediata reubicación de los trabajadores afectados en las empresas que continúan prestando servicios para la compañía”.
Jerónimo Moyano, de 27 años, fue contratado en 2023 en la empresa Express Beer. En paralelo a su tarea en la compañía como delegado gremial, el menor del clan hace de secretario privado de su padre, ocupa un cargo en la Federación Nacional de Camioneros por el que viaja por el país y además está contratado a sueldo en las empresas que tiene su madre, Liliana Zulet, y que prestan servicios al sindicato.
“Va a trabajar casi todos los días”, dijeron en la empresa en noviembre del año pasado, cuando dio detalles sobre los vínculos de Aguilar, el empleador, y el sindicato.
Jerónimo Moyano,Hugo Moyano,Conflicto gremial,Conforme a,Hugo Moyano,,En caída. Moyano auxilia con millones de pesos a su esposa para evitar la quiebra de la obra social de los camioneros,,Operación millonaria. Moyano le vendió un predio de 11 hectáreas al Club Tigre a partir de una gestión de Massa,,Deuda millonaria. Hugo Moyano convoca a una reunión por la crisis financiera de la obra social de los camioneros
POLITICA
Reforma de la Ley de Tierras: el Congreso debate el fin de las restricciones a la adquisición por parte de extranjeros
El Gobierno argentino presentó en el Congreso un proyecto de reforma para reemplazar la actual Ley de Tierras, con el objetivo de suprimir las restricciones a la adquisición de grandes extensiones rurales por parte de extranjeros. El debate gira en torno al alcance de la modificación, los motivos detrás de la propuesta y sus posibles consecuencias sobre la tenencia de tierras, los recursos naturales y los derechos de comunidades.
Diego Morales, director de litigio del CELS, explicó en Infobae A las Nueve que “la Ley de Tierras, sancionada durante el kirchnerismo, tampoco fue verdaderamente eficaz”, ya que existía la posibilidad de crear entramados societarios con argentinos actuando como intermediarios para inversores extranjeros.
Entre los aspectos principales de la reforma figuran la eliminación del tope del 15% en la compra de tierras por extranjeros, la supresión del cupo máximo por nacionalidad, y la quita del límite de superficie por región que hasta ahora era de mil hectáreas en la zona pampeana. También se habilitaría la adquisición de nacientes y ojos de agua, lo que hasta ahora estaba prohibido para compradores extranjeros.
El paquete legislativo incluye también la modificación de la Ley de Expropiaciones, lo que, según Morales, implicaría que el Estado deba pagar más por las tierras que eventualmente requiera expropiar para proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, amplía la capacidad de empresas y personas extranjeras para comprar tierras rurales, al eliminar los límites actuales.
Motivaciones, objeciones y debate en el Congreso
Morales sostuvo que no existe una demanda significativa de inversores extranjeros que justifique la reforma. “Nosotros entendemos que no, que no existen esas demandas y eventualmente el sistema argentino está preparado para eso”, afirmó. Y recordó que el registro creado por la Ley de Tierras nunca alcanzó el límite del 15% y que la norma establecía otros controles razonables.
Por su parte, Juan Ignacio Liebana, obispo de Chascomús y miembro de la Pastoral Social Nacional, advirtió en el streaming de Infobae que la medida, “pone en riesgo, también, la biodiversidad, que está tan frágil y tan necesaria cuidarla”. Liebana planteó su preocupación por el acceso a fuentes de agua dulce y la posibilidad de que la reforma facilite proyectos extractivistas que no garanticen desarrollo local ni protección ambiental.
En tanto, Morales señaló que el Estado tiene “la necesidad de contar con tierras” para planificar proyectos económicos, pero advirtió que el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena está en la Constitución y que la Argentina carece de una ley específica que la regule. “Hay muchos temas asociados a vastos sectores de la población que no tienen una seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y en las que producen”, subrayó.
Control, antecedentes y legalidad de las operaciones
La aplicación de la Ley de Tierras permitió, en los hechos, la existencia de mecanismos para eludir las restricciones a través de sociedades formadas por argentinos que actuaban como intermediarios.
Morales confirmó: “Lo importante tal vez de la ley es que tenía un registro y en ese registro estaban identificadas a qué empresa pertenece cada una de esas tierras”. Explicó que algunas compras de grandes extensiones, como las de Benetton o Lewis, se concretaron antes de la vigencia de la ley, mientras que otras fueron posteriores y recurrieron a entramados jurídicos.
El debate sobre la transparencia de las operaciones persiste. Morales remarcó que el Estado puede investigar la titularidad real de la tierra utilizando el registro existente, aunque admitió la dificultad de detectar testaferros o beneficiarios finales en ciertos casos.
En relación a la gestión ambiental y el control sobre los recursos naturales, Liebana advirtió sobre la falta de claridad en la normativa propuesta respecto a la protección de áreas sensibles como nacientes y cursos de agua. Consideró que “hay que desarrollar otras capacidades” de control ambiental, y subrayó la preocupación por la reducción de recursos estatales para fiscalización y control de incendios.
Posiciones sociales, parlamentarias y posibles impactos
El oficialismo busca asegurarse los votos necesarios para aprobar la reforma, tras retirar algunos artículos polémicos vinculados a desalojos inmediatos, en respuesta a los reclamos de organizaciones sociales y eclesiásticas. Morales confirmó que el Gobierno modificó el proyecto para limitar la habilitación del juicio sumarísimo de desalojo, dejándolo restringido a casos de falta de pago y no a comunidades con ocupación histórica.
La discusión parlamentaria se desarrolla en un contexto de tensiones entre sectores que priorizan la inversión extranjera y quienes sostienen la necesidad de mantener el control estatal sobre los recursos estratégicos. Morales resumió la cuestión central: “No es un tema con los extranjeros, sino un asunto acerca de qué quiere planificar el Estado con relación a un bien como la tierra”.
El debate continuará en el Congreso, con la expectativa puesta en la sesión convocada para la semana del 13 de julio. Organizaciones sociales, representantes de la Iglesia y referentes parlamentarios mantienen posiciones críticas y reclaman un análisis más profundo sobre el impacto social, ambiental y económico de una reforma que podría modificar de manera sustancial el régimen de tenencia de tierras en Argentina.
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POLITICA
El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y reabre el debate sobre los octógonos negros
El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal que obliga a identificar el contenido de nutrientes críticos en los envases de alimentos. El debate enfrenta a sectores que rechazan la eliminación de los octógonos negros. El futuro del sistema de advertencia y las posibles nuevas regulaciones generan incertidumbre sobre cómo se informará a los consumidores, qué cambios podrían ocurrir en la industria y cuáles serán los próximos pasos a nivel legislativo y regional.
La presidenta de la Comisión Directiva de COPAL, Carla Martín, expuso la postura del sector empresarial durante una entrevista con Infobae en Vivo: “La industria de alimentos y bebidas nunca estuvo en contra del objetivo de la ley, sino de la herramienta que se eligió”.
Martín aclaró que la organización acompaña la iniciativa legislativa para derogar la norma vigente. Definió que el núcleo del reclamo radica en el modo de informar al consumidor y en los inconvenientes que, aseguran, genera el actual sistema de etiquetado.
El sistema de octógonos negros, implementado para advertir sobre el exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías, se encuentra en el centro de la discusión. Martín argumentó que “es importante informar de forma clara y comprensible”, pero sostuvo que el mecanismo actual “genera muchísimos inconvenientes para tomar decisiones informadas” y no facilita una dieta variada y equilibrada.
Críticas de la industria alimenticia al etiquetado frontal
Para la entidad empresaria, los octógonos negros no logran diferenciar productos con distintos valores nutricionales dentro de una misma categoría. Martín ejemplificó: “Hay galletitas con una diferencia del 40% en grasas saturadas, pero el octógono es igual en ambos paquetes”. Sostuvo que el sistema no permite reflejar esas diferencias y que “no hay posibilidad de traducirlas al consumidor”.
Ante la pregunta sobre por qué no mejorar el sistema en vez de derogarlo, Martín explicó que “la ley ya establece la fórmula para calificar los nutrientes y no deja espacio para modificaciones”. Según su visión, la única alternativa viable es derogar la ley vigente para poder discutir una herramienta diferente que oriente mejor a la población.
Martín reconoció que la presencia de advertencias en las gaseosas, como la frase “no recomendada para niños”, cumple una función informativa. Sin embargo, enfatizó que “el problema de base es cómo se evalúan los nutrientes”, y que la herramienta no incentiva a la industria a mejorar las fórmulas de los productos porque los umbrales resultan demasiado altos.
Impacto sobre el consumo y percepciones sociales
La polémica por la ley incluye el análisis de su eficacia para modificar los hábitos de consumo. De acuerdo con Martin, “el 62% de las personas no toma sus decisiones en base al sistema de etiquetado”. Según la presidenta de COPAL, la herramienta actual “no sirve para orientar las decisiones de dieta ni para transformar los hábitos de consumo”.
La dirigente empresarial también destacó que “el primer driver que identifica la población para cambiar hábitos es la educación alimentaria y el segundo, el acceso económico”. Así, sostuvo que la etiqueta de precios tiene mayor peso en la elección de productos que los octógonos negros.
COPAL remarcó que, antes de la sanción de la ley, la industria ya venía trabajando en la reducción de nutrientes y en la autorregulación de la publicidad, en articulación con el Ministerio de Salud. Martín afirmó: “Esta industria ya estaba comprometida con la agenda de sobrepeso, obesidad, desnutrición y malnutrición, incluso antes del etiquetado frontal”.
Propuestas de la industria y alternativas regionales
COPAL impulsa una regulación armonizada en el Mercosur. Martín subrayó: “Para nosotros es importante aspirar a una herramienta superadora que oriente mejor al consumidor y permita proyectar una dieta equilibrada”. Destacó que el bloque regional es el principal destino de las exportaciones argentinas y que “no es lógico convivir con distintos sistemas que obligan a reetiquetar productos”.
La entidad mencionó el sistema brasileño como modelo alternativo. Martín valoró que “Brasil logró superar distorsiones del mercado y estableció una resolución después de años de construcción de evidencia”. Según COPAL, una convergencia regulatoria permitiría superar las dificultades que presenta la fórmula de cálculo del sistema argentino.
Martín reconoció que existen más de 60 modelos de etiquetado frontal en el mundo y que “no hay consenso internacional sobre cuál es la mejor herramienta”. Aclaró que, en el Mercosur, todos los países implementan sistemas de advertencia, aunque con diferencias sustanciales en la metodología.
Escenario legislativo y transición normativa
La discusión legislativa incluye proyectos en el Senado y en Diputados, mientras avanza una agenda de negociaciones en el Mercosur. Martín advirtió que “coexisten dos instancias: una discusión local y otra regional”, y consideró fundamental “coordinar los plazos para evitar un vacío regulatorio si se deroga la ley antes de tener una nueva norma”.
El Gobierno participa de negociaciones en el bloque sudamericano, donde recientemente se acordaron aspectos del rotulado nutricional, aunque el etiquetado frontal sigue pendiente de armonización. Martín expresó la expectativa de que la transición hacia un nuevo sistema “genere certezas y permita converger en una regulación clara”.
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