El Gobierno envió este martes otros dos proyectos de ley a la Cámara de Diputados y el oficialismo ya acumula alrededor de una decena de iniciativas de alto perfil que difícilmente lleguen a tratarse antes de que comience el Mundial de Fútbol.

Los libertarios no muestran demasiado interés en acelerar los debates en comisión y adelantaron que sólo irán al recinto cuando tengan los votos para su aprobación. Su objetivo principal es recuperar la iniciativa política y controlar la agenda parlamentaria tras las turbulencias del caso Adorni, quien quedó a salvo de una interpelación gracias a la reticencia de los gobernadores a enfrentarse con la Casa Rosada.

Tanto oficialistas como opositores descartan que una vez que comience la competencia futbolística la atención pública abandonará la política. Por eso los libertarios apuestan a controlar los tiempos legislativos hasta ese momento con una andanada de proyectos que reúnen muy dispares niveles de consenso.

En ese marco, este martes ingresó a Diputados el denominado Súper RIGI que buscará incentivar proyectos de inversión de más de $1000 millones dedicados exclusivamente para las “industrias del futuro”, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio.

Además, el Poder Ejecutivo también envió una iniciativa para regular de forma integral el lobby en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo nacional. Tomando elementos del sistema norteamericano, el proyecto propone establecer un régimen de inscripción obligatoria, registración pública de contactos y sanciones penales para quienes influyan en decisiones del Estado sin cumplir los requisitos de transparencia previstos en la iniciativa.

Según dejaron trascender, el Super Rigi será girado a las comisiones de Presupuesto, a la de Industria y -evalúan- sumar también la comisión de Ciencia y Tecnología. Todas controladas por libertarios o aliados, como Por Santa Cruz o el PRO. En tanto, la ley de Lobby deberá pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que conducen los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Ante la consulta de Infobae, fuentes de LLA señalaron que el debate en comisión de ambas iniciativas “probablemente” comience las semana que viene pero reconocieron que no tienen como objetivo llegar al recinto en las próximas semanas. “Veremos cómo está el recinto”, señalaron.

Por otro lado, a pesar de haber obtenido previamente el dictamen, el oficialismo no incluyó en la sesión de la semana pasada el Tratado de Cooperación de Patentes, que logró avanzar en comisión luego de que se aceptara -por presión de los laboratorios- dejar “en reserva” el Capítulo II de la normativa. Según explicaron fuentes al tanto de la negociación, Argentina puso un pie en el freno a la espera de que Estados Unidos cumpliera con algunos compromisos asumidos en el marco del acuerdo comercial entre ambos países.

A su vez, desde el Poder Ejecutivo filtraron que el ministro Federico Sturzenegger enviará en el corto plazo otro paquete con desregulaciones para la venta de medicamentos, para el transporte fluvial de buques extranjeros y para el mercado inmobiliario.

Del otro lado del Palacio, en el Senado, Patricia Bullrich busca apoyos para rectificar la Ley Hojarasca y la modificación del régimen de Zonas Frías, recientemente aprobadas en Diputados.

La Cámara alta tiene trabada desde hace varias semanas la reforma política debido a que los partidos aliados (PRO y la UCR) y algunas fuerzas provinciales rechazan la eliminación de las PASO y también exhiben dudas sobre los cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

Este semana el Gobierno envió a la Cámara alta la derogación de la ley de etiquetado frontal (los hexágonos negros con información nutricional) y una nueva ley de Ludopatía, mucho más laxa respecto a las publicidades de casas de apuestas que la normativa que obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2024.

También esperan en el Senado una nueva tanda de pliegos judiciales elaborada por el ministro Juan Bautista Mahiques, el acuerdo con los holdouts (que tuvo que volver a comisión por un error) el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la nueva ley de salud mental.

Hasta el momento, no se convocaron a reuniones de comisión para la semana que viene y tampoco existen fechas tentativas de sesión previstas durante la previa del Mundial.

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La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro total de actividades por 24 horas para este viernes, en medio de la escalada del conflicto con el Gobierno de Javier Milei por la falta de recursos.

“Reclamamos la urgente convocatoria a paritarias, la recomposición salarial y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario”, señaló la organización en un comunicado.

Según planteó el gremio, los docentes universitarios necesitan un aumento del 52,1% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

El conflicto escaló tras la toma de los colegios preuniversitarios

La convocatoria al paro se conoció poco después de que estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini resolvieran la toma de ambos establecimientos como parte de un plan de lucha en defensa de la educación pública.

La medida fue votada en asambleas estudiantiles y, según indicaron los alumnos, será por tiempo indeterminado. De todos modos, habrá reuniones diarias para definir si continúa al día siguiente.

El eje del reclamo también está vinculado con la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y con la situación salarial de los docentes de los colegios dependientes de la Universidad de Buenos Aires.

El presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, Francisco Pitrola, afirmó en declaraciones a Radio con Vos que los docentes de los establecimientos preuniversitarios “están cobrando un 30% menos que los docentes de las escuelas de la Ciudad”.

“Eso denota un claro ataque directo a las universidades”, consideró. Además, opinó que “el gobierno de Javier Milei busca un eventual arancelamiento para ir deteriorando esa educación pública, que tanto nos costó conseguir”.

El reclamo por el financiamiento sigue abierto

El conflicto por el financiamiento universitario se mantiene desde 2024 y ya derivó en cuatro movilizaciones federales y varias jornadas de protesta impulsadas por estudiantes, docentes y trabajadores no docentes.

Este martes, la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó una nueva jornada de clases públicas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con un acto central frente al Palacio de Tribunales. La convocatoria fue organizada por gremios docentes y no docentes con la misma lista de reclamos.

La Ley de Financiamiento Universitario fue promulgada el 21 de octubre de 2025 después de que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, su ejecución quedó suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas correspondientes en el Presupuesto.

En paralelo, el expediente avanzó en la Justicia. Un fallo de primera instancia y su posterior confirmación en Cámara ordenaron la aplicación de artículos centrales de la ley vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento universitario. El Estado apeló esas decisiones y el caso continúa en discusión.

Mientras tanto, el oficialismo envió un nuevo proyecto al Congreso que modifica la ley vigente. La iniciativa no contempla una recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025 y fija para 2026 una actualización presupuestaria condicionada a que la inflación anual supere el 14,3%.

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Por orden expresa del presidente Javier Milei, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, avanza con el achicamiento de la estructura estatal, con especial foco en los organismos descentralizados, a través de un esquema de retiros voluntarios que evalúan extender también a la administración central, según confirmaron dos fuentes a Infobae.

Desde el inicio de la gestión, la “motosierra” se transformó en uno de los símbolos distintivos del oficialismo que se esfuerza por potenciar día a día. En ese marco, la cartera que lidera Sturzenegger trabaja en la reducción del Estado apoyada, entre otras herramientas, en acuerdos de desvinculación voluntaria que fueron implementados en distintos organismos y que podrían ampliar su alcance en las próximas semanas.

Como contó este medio, en marzo de este año el Poder Ejecutivo calculaba una reducción de al menos 5000 puestos de trabajo para el primer trimestre de este 2026. Según confirmó un funcionario involucrado en el proceso, hasta ahora más de 2.300 personas adhirieron a los retiros voluntarios, aunque en el Gobierno aseguran que el impacto de las nuevas etapas incrementará significativamente esa cifra en los próximos meses.

“En cada retiro se proyecta un numero por un tema presupuestario, pero no hablamos de un objetivo general. Además hay retiros que surgen de los mismos organismos que los solicitan. Es algo completamente dinámico”, explicaron desde Casa Rosada.

Hasta entonces, los retiros voluntarios ya finalizaron en la Dirección Nacional de Vialidad, donde estiman que dejaron el organismo cerca de 1.000 empleados, y también en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con alrededor de 1.170 desvinculaciones. En el oficialismo destacan ambos procesos como “los más exitosos”, ya que representan aproximadamente el 10% de la dotación de cada organismo.

La política se implementó en la empresa Radio y Televisión Argentina (RTA), que combinado con los acuerdos voluntarios que se instrumentaron bajo la intervención de Carlos Curci, redujo la dotación en más de 252 empleados; en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Casa de la Moneda y en la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Logística (BCyL).

“Quienes adhieren no pueden volver a trabajar en el Estado hasta después de cinco años”, remarcan en la administración libertaria, que además se prepara para avanzar con un nuevo proceso en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En paralelo, el oficialismo prevé abrir nuevos retiros en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que cuenta con una planta cercana a los 11.000 empleados, además de otros cuatro organismos que mantienen bajo análisis, aunque evitan precisar cuáles son al considerar que se trata de un proceso “dinámico”.

El Gobierno defienden los acuerdos de desvinculación mutua, que contemplan el pago de alrededor del 90% del salario bruto por cada año trabajado, y sostienen que evita la escalada de conflictividad. “Es de mutuo acuerdo. Son voluntarios por lo cual tienen menor nivel de conflicto. A su vez, le permiten un ahorro al Estado: depende del retiro y la antigüedad de la persona, pero en muchos casos, en menos de un año, ya se generan ahorros”, precisaron por los pasillos de Balcarce 50.

En la cartera que conduce Sturzenegger consideran además que el retiro voluntario resulta “más económico que una indemnización”, y aseguran que en varios organismos son los propios trabajadores quienes solicitan acceder al esquema. Además, el Ejecutivo estudia extender el mecanismo a áreas de la administración central. “Es una posibilidad a analizar”, afirmaron.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente a marzo de 2026, la administración pública nacional y las empresas estatales suman 276.104 empleados, lo que representa una reducción interanual del 6,3% respecto de marzo de 2025. En Casa Rosada aseguran que, entre retiros voluntarios y contratos no renovados, desde el inicio de la gestión ya se redujeron más de 65.000 puestos en la estructura estatal.