Por orden expresa del presidente Javier Milei, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, avanza con el achicamiento de la estructura estatal, con especial foco en los organismos descentralizados, a través de un esquema de retiros voluntarios que evalúan extender también a la administración central, según confirmaron dos fuentes a Infobae.

Desde el inicio de la gestión, la “motosierra” se transformó en uno de los símbolos distintivos del oficialismo que se esfuerza por potenciar día a día. En ese marco, la cartera que lidera Sturzenegger trabaja en la reducción del Estado apoyada, entre otras herramientas, en acuerdos de desvinculación voluntaria que fueron implementados en distintos organismos y que podrían ampliar su alcance en las próximas semanas.

Como contó este medio, en marzo de este año el Poder Ejecutivo calculaba una reducción de al menos 5000 puestos de trabajo para el primer trimestre de este 2026. Según confirmó un funcionario involucrado en el proceso, hasta ahora más de 2.300 personas adhirieron a los retiros voluntarios, aunque en el Gobierno aseguran que el impacto de las nuevas etapas incrementará significativamente esa cifra en los próximos meses.

“En cada retiro se proyecta un numero por un tema presupuestario, pero no hablamos de un objetivo general. Además hay retiros que surgen de los mismos organismos que los solicitan. Es algo completamente dinámico”, explicaron desde Casa Rosada.

Hasta entonces, los retiros voluntarios ya finalizaron en la Dirección Nacional de Vialidad, donde estiman que dejaron el organismo cerca de 1.000 empleados, y también en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con alrededor de 1.170 desvinculaciones. En el oficialismo destacan ambos procesos como “los más exitosos”, ya que representan aproximadamente el 10% de la dotación de cada organismo.

La política se implementó en la empresa Radio y Televisión Argentina (RTA), que combinado con los acuerdos voluntarios que se instrumentaron bajo la intervención de Carlos Curci, redujo la dotación en más de 252 empleados; en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Casa de la Moneda y en la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Logística (BCyL).

“Quienes adhieren no pueden volver a trabajar en el Estado hasta después de cinco años”, remarcan en la administración libertaria, que además se prepara para avanzar con un nuevo proceso en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En paralelo, el oficialismo prevé abrir nuevos retiros en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que cuenta con una planta cercana a los 11.000 empleados, además de otros cuatro organismos que mantienen bajo análisis, aunque evitan precisar cuáles son al considerar que se trata de un proceso “dinámico”.

El Gobierno defienden los acuerdos de desvinculación mutua, que contemplan el pago de alrededor del 90% del salario bruto por cada año trabajado, y sostienen que evita la escalada de conflictividad. “Es de mutuo acuerdo. Son voluntarios por lo cual tienen menor nivel de conflicto. A su vez, le permiten un ahorro al Estado: depende del retiro y la antigüedad de la persona, pero en muchos casos, en menos de un año, ya se generan ahorros”, precisaron por los pasillos de Balcarce 50.

En la cartera que conduce Sturzenegger consideran además que el retiro voluntario resulta “más económico que una indemnización”, y aseguran que en varios organismos son los propios trabajadores quienes solicitan acceder al esquema. Además, el Ejecutivo estudia extender el mecanismo a áreas de la administración central. “Es una posibilidad a analizar”, afirmaron.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente a marzo de 2026, la administración pública nacional y las empresas estatales suman 276.104 empleados, lo que representa una reducción interanual del 6,3% respecto de marzo de 2025. En Casa Rosada aseguran que, entre retiros voluntarios y contratos no renovados, desde el inicio de la gestión ya se redujeron más de 65.000 puestos en la estructura estatal.

,protestas por despidos en el inti,política,inti

El diputado nacional socialista Esteban Paulón —que integra Provincias Unidas— presentó en el Congreso un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en la Argentina bajo el nombre de “Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida”.

La iniciativa propone reconocer el derecho de toda persona a “solicitar y recibir asistencia médica para morir de manera voluntaria” en casos de enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos imposibilitantes que provoquen sufrimiento físico o psíquico “constante e intolerable”.

El texto establece dos modalidades: la eutanasia, entendida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud, y la muerte asistida, en la que el propio paciente se autoadministra la medicación provista por un médico.

Según el proyecto, el procedimiento pasaría a formar parte del sistema de salud con cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas, sin copagos.

Leé también: En plena tensión del PRO con Milei, Vidal remarcó: “No hay que poner palos en la rueda, pero tampoco callarse”

Qué requisitos establece el proyecto

La iniciativa fija una serie de condiciones para acceder a la práctica. Entre ellas, ser argentino o residente permanente desde hace al menos un año, tener más de 16 años y atravesar una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante certificado médicamente.

Además, la persona deberá manifestar su voluntad de manera “libre, voluntaria, consciente e informada”, sin presiones externas. El proyecto exige dos solicitudes separadas por al menos 15 días y contempla la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento.

El procedimiento incluiría la intervención de un médico responsable, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en psicología o psiquiatría, cuidados paliativos y bioética. También deberá intervenir una Comisión de Evaluación y Garantías antes de autorizar la práctica.

El texto aclara que la asistencia médica para morir “se integra como opción excepcional dentro del proceso de cuidados al final de la vida” y obliga al sistema sanitario a garantizar previamente el acceso efectivo a cuidados paliativos.

Objeción de conciencia y cambios en el Código Penal

Uno de los puntos centrales del proyecto es que reconoce la objeción de conciencia individual para médicos y profesionales de la salud, aunque prohíbe que las instituciones puedan negarse a realizar el procedimiento por motivos ideológicos o religiosos.

La iniciativa también modifica el Código Penal para establecer que no será punible el profesional de la salud que realice una eutanasia o muerte asistida cumpliendo con todos los requisitos previstos en la ley.

Además, incorpora cambios en la Ley de Derechos del Paciente y en el Código Civil y Comercial para incluir la posibilidad de dejar directivas anticipadas vinculadas a la asistencia médica para morir.

Los fundamentos del proyecto

En los fundamentos, Paulón sostiene que el objetivo es garantizar la autonomía de las personas sobre el final de su vida y evitar sufrimientos considerados incompatibles con la dignidad humana. “La obligación estatal de proteger la vida no puede transformarse en una imposición de continuarla contra la voluntad libre y reflexiva de quien la vive”, argumenta el texto.

El diputado también cita antecedentes internacionales y menciona legislaciones vigentes en países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España y Colombia.

Actualmente, en la Argentina existe el derecho al rechazo de tratamientos médicos y al acceso a cuidados paliativos, pero la eutanasia y el suicidio asistido continúan tipificados dentro de los delitos contemplados por el Código Penal.

Las posibilidades de avanzar en el Congreso

En diálogo con TN, Paulón indicó que cree que es posible que el proyecto alcance los consensos necesarios porque “hay votos en todos los bloques”. No obstante, reconoció que la Iglesia jugará un rol fuerte opositor a la iniciativa.

En los últimos años ingresaron al Congreso al menos cinco proyectos vinculados a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Las iniciativas fueron presentadas tanto en Diputados como en el Senado y llevan nombres como “Ley de Buena Muerte”, “Buena muerte médicamente asistida” y “Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida”.

Los proyectos fueron impulsados por legisladores de distintos espacios políticos y reflejan un debate transversal dentro del Congreso. Sin embargo, hasta el momento no hubo acuerdo entre las distintas propuestas para avanzar con un texto unificado que pueda llegar al recinto.

Hay proyectos presentados al respecto en varios bloques, incluso entre los aliados al gobierno de Javier Milei. En Provincias Unidas, Pablo Juliano (UCR) y Sergio Capozzi (PRO) también tienen un voto a favor de la reglamentación de la eutanasia.

El propio Alfredo Cornejo -hoy gobernador de Mendoza- presentó uno en 2021 junto a Mariana Juri. En junio de 2024 hizo lo propio el diputado peronista Miguel Ángel Pichetto

Lo mismo ocurre en el bloque de Unión por la Patria, donde hay una iniciativa la impulsada por la diputada Gabriela Estévez y otro texto conjunto firmado por legisladores como Carolina Gaillard y Blanca Osuna.

Eutanasia, Congreso, salud