POLITICA
Revés para uno de los investigados en el caso de Oil Combustibles

Fabián de Sousa, exsocio del empresario Cristóbal López en el Grupo Indalo, intentó sin éxito cerrar el caso Oil Combustibles, en el que aún está siendo investigado. Su pedido de prescripción por el paso del tiempo fue rechazado por el tribunal oral que lo juzgó.
De Sousa y Cristóbal López están absueltos en esta causa en la que se investiga la retención del impuesto a los combustibles de la petrolera, pero ese fallo fue recurrido a la Corte Suprema, que pidió a la Cámara de Casación dictar una nueva sentencia. Es decir, tienen su absolución en revisión.
La Casación insistió con la absolución y el caso volvió a la Corte, que otra vez debe ahora fallar. Si mantiene su criterio de revocar la absolución, el asunto se dirimirá en Casación.
En tanto, Ricardo Echegaray fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión. Ese fallo sí quedó firme. Se lo encontró culpable de haber favorecido a Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles. Los jueces de la Sala I, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, rechazaron por unanimidad el recurso de la defensa.
Echegaray fue exonerado de su cargo en la ARCA tras quedar firme la posibilidad de ejecutar la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
López y De Sousa resultaron absueltos en este mismo expediente porque la Casación interpretó que Echegaray cometió delito al dar un plan de pagos especiales, pero los empresarios que los solicitaron no lo cometieron.
Ahora, De Sousa, mientras se definen estas cuestiones, fue ante el tribunal oral que lo absolvió para pedir la prescripción del caso por el paso del tiempo. Esto implicaría que la causa se cierre a su respecto.
Pero los jueces del Tribunal Oral Federal 3 rechazaron su pedido por unanimidad, aunque cada uno con sus argumentos.
El Tribunal Oral Federal 3 resolvió que la acción penal contra Fabián de Sousa sigue vigente porque Ricardo Echegaray continuaba -en el momento en que se formuló el pedido- revistando en ARCA, cargo que ocupó hasta el mes pasado.
Dos de los tres jueces avalaron el argumento de fondo; el tercero directamente dijo que no puede declararse el caso prescripto cuando el asunto está en manos de la Corte y la absolución “no es cosa juzgada”.
La defensa de Sousa dijo que desde la citación a juicio del 28 de junio de 2018 —último acto que interrumpe el plazo- pasaron más de seis años, el máximo previsto para el delito de defraudación contra la administración pública.
Pero el Código Penal dice que la prescripción se suspende mientras cualquiera de los imputados por el mismo hecho continúe en ejercicio de un cargo público. Y Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, seguía en su cargo hasta hace un mes atrás, cuando fue exonerado tras quedar firme su condena a cuatro años y ocho meses de prisión.
La defensa dijo que debe analizarse el cargo del funcionario y si puede entorpecer la causa, pero los jueces rechazaron este argumento, pues dijeron que la ley solo menciona que la suspensión de la prescripción se da por el carácter de funcionario, no por la naturaleza de su función.
El juez Fernando Machado Pelloni sostuvo que ninguna interpretación puede habilitar la prescripción cuando hay de por medio un funcionario, porque eso forma parte de una “verdad jurídica objetiva” ligada a la reserva de ley y al artículo 36 de la Constitución, que sanciona los delitos contra el Estado.
Machado Pelloni también desmontó uno de los argumentos centrales de la defensa: la idea de que la absolución original de De Sousa se basó en una mera interpretación teórica del tipo penal y que, por lo tanto, el proceso ya estaba, en los hechos, agotado.
El juez Andrés Fabián Basso dijo que De Sousa ya fue absuelto dos veces en este expediente —la primera vez confirmada por Casación y luego revocada por la Corte Suprema, que ordenó un nuevo fallo que también resultó absolutorio por mayoría—, y que esa absolución sigue vigente como “situación jurídica actual del imputado”, aunque no esté firme.
El tercer voto, del juez Javier Feliciano Ríos, señaló que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y esta dice que el carácter de funcionario interrumpe la prescripción.
Ríos citó además un antecedente muy reciente y de peso: el voto del juez Gustavo Hornos en la causa Ruckauf, resuelta por la Sala IV de Casación apenas un mes antes, el 14 de mayo de 2026, donde se sostuvo que la norma busca imponer “un trato penal más riguroso” a quienes ejercen función pública, como contracara de la confianza que la sociedad deposita en ellos.
Así, el planteo de De Sousa fue rechazado y la última palabra aún la tienen la Corte y la Cámara de Casación.
Hernán Cappiello,Cristóbal López,Conforme a,Cristóbal López,,Cuadernos. Empresarios ligados al kirchnerismo negaron pagos y apuntaron contra la familia Eskenazi,,Impunidad selectiva,,Acusado por presuntas amenazas. La Casación confirmó el sobreseimiento de Pepín Rodríguez Simón, el exasesor judicial de Macri
POLITICA
El Gobierno post Mundial: cambio de jugadores con la misma estrategia

Terminó el mundial y la política vuelve a salir a la superficie. Atentos a este nuevo escenario, detenido por los 39 días que duró la competencia, en el Gobierno circula la idea de acelerar con reformas que puedan ser la imagen de una campaña permanente hasta las elecciones del 2027. La discusión central se basa en quienes ponen reparos y piden cambios en la gestión y quienes consideran que plantear eso es ir contra la idea que tienen los hermanos Milei.
Más allá de la amistad y los abrazos públicos, en el primer grupo están el asesor Santiago Caputo y su entorno. Por eso es que, más allá de las fotos que se sacaron en Casa Rosada los nueve integrantes de la “mesa política”, las disputas por el poder de determinadas áreas de gestión y cajas clave se reproducen. Por estas horas, la tensión se trasladó hacia la estratégica Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Allí espera que lo echen, de un momento a otro, Darío Genua, quien reporta directamente a Santiago Caputo. Su salida sería para que ingrese un hombre que responda a Karina Milei.
El otro ruido que suena cada vez más fuerte está en toda la estructura de salud. El vocero presidencial, Adrián Ravier, tuvo que desmentir que el ministro de Salud, Mario Lugones, vaya a dejar su cargo. Hace meses que el ministro, padre de Rodrigo Lugones (este, exsocio de Caputo), está en la cuerda floja. Según pudo saber Infobae, en los últimos días esa tensión creció, sobre todo tras la abrupta salida de Guido Giana. “Algo va a pasar, porque están sacando a segundas líneas sin explicación. Es lo que suele suceder cuando toda una estructura está a punto de desaparecer. Algo similar ocurre en PAMI”, relató un funcionario nacional al tanto de los movimientos ante este medio. Si se va Lugones, todo indicaría que su reemplazo podría aterrizar desde alguna provincia del norte argentino.

Consultado por este medio, un hombre cercano al Presidente describió un escenario natural: “Ustedes exageran las internas. Siempre sucedieron. Es el poder. Algunos reciben premios y otros castigos. No se entiende que se escandalicen. Acá lo importante es que tenemos un solo jefe y se llama Javier Milei, a diferencia de cuando gobernaban los peronistas, que tenías una jefa, como Cristina, un súbdito como Massa y un títere peligroso como Alberto”, sentenció.
En ese pragmatismo, el Gobierno supo aprovechar al máximo la negociación de vacantes en el Poder Judicial. Algunos ejemplos. Se designó a Ana María Cristina Juan como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham. ¿Quién es? Es la esposa del juez federal de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgi. Es quien lleva adelante la causa $LIBRA, mediante la cual se investiga al presidente y a su hermana, la secretaria general de la presidencia.
Ayer nomás, el martes, le extendieron por 5 años su cargo a Víctor Pesino, el juez que ayudó a avalar la reforma laboral. De yapa, intervino la Unión Obrera Metalúrgica. Ahora continuará cinco años más en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT). Antes, el premio le había llegado al hijo del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Se llama Emilio Rosatti. En junio, el Gobierno oficializó su designación como juez del Tribunal Federal de Juicio de la ciudad de Santa Fe.
Menos desapercibido pasó el premio obtenido por Javier Lanari, ex mano derecha de Manuel Adorni. Es que al periodista le entregaron un cargo como director del Banco Nación. Corrió una suerte distinta a la de su jefe.
La agenda legislativa volverá a ponerse en marcha con la llegada de agosto. Para ese entonces, además de la rosca por pliegos judiciales, Patricia Bullrich deberá conseguir los votos para aprobar la Ley de Tierras. El equipo de Federico Sturzenegger, a cargo de la redacción central del proyecto, insiste en que no se realicen más modificaciones. Bullrich no la tendrá fácil. Tras su enfrentamiento, amplificado por su equipo junto a denuncias penales, con la vicepresidenta Victoria Villarruel, la senadora necesita un nuevo triunfo que calme los nervios de Casa Rosada, desde donde la miran con desconfianza por sus abiertas críticas y aspiraciones electorales del 2027.
“Para criticarnos ya tenemos a los peronistas y a ustedes (por los periodistas)”, reiteran en Balcarce 50. Con o sin buen resultado, el “coloso desregulador” ultima detalles para un nuevo paquete que busca modificar cuestiones centrales de temas como el sistema de venta de medicamentos, el mercado inmobiliario y hasta la navegación fluvial. También prevé cambios en los arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el mercado del libro, el régimen de garrafas, el sistema financiero, los traductores públicos y las cooperativas.
Las intenciones avanzan a una velocidad y las negociaciones a otra. Los senadores no sobran, sino que faltan. Cayó como un baldazo de agua fría lo que sucede en Misiones. Allí el gobernador Hugo Passalacqua rompió su alianza con el jefe político, Carlos Rovira. Al punto tal que le quitó áreas sensibles que manejaba, así como las cajas de recaudación más importantes. Ese quiebre va a generar movimientos que aún no se vislumbran en el Senado. “Es algo que tenemos que analizar ahora con esto”, reconoció un senador que trabaja con Bullrich para lograr aprobar las leyes del oficialismo.
“La campaña son las reformas, las reformas son la campaña”, insistía Santiago Caputo el sábado en el cual la suerte de Adorni llegó a su fin. Se observa una necesidad de acelerar con proyectos de cada ministerio. Hoy habrá una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. Allí Luis Caputo presentará los cambios de Inocencia Fiscal. Un día más tarde será la presentación en el Parlamento.
El Presidente tampoco descuidará la agenda internacional. Fiel a su estilo, no esperará resultados para apoyar a un candidato afín. El viernes despegará rumbo a San Pablo y el sábado estará para la oficialización de Flavio Bolsonaro como candidato a presidente para enfrentar a Lula Da Silva, que va por su cuarto mandato. El 4 de octubre será la elección más importante para la región. Las encuestas marcan, por ahora, un triunfo del oficialismo. La intromisión del mandatario argentino cayó pésimo en el país vecino.

Milei luego estará con su par de Ecuador y viajará, en las próximas semanas, a las asunciones de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia. Los ojos de la cancillería argentina, no obstante, están puestos en los Estados Unidos. Las elecciones de medio término serán el martes 5 de noviembre. Donald Trump, principal sostén para que Milei haya llegado sin crisis financiera en la elección del 2025, enfrenta una batalla durísima. Más allá de que se espere una derrota republicana, la tensión está puesta en qué tipo de derrota obtendrá. El mayor temor allí está en perder el control del Senado, lo que frenaría la gestión y lo dejaría a Trump a tiro de un impeachment (juicio político).
Además, una amplia diferencia demócrata aceleraría la interna republicana, ahondando en la ya célebre frase de “pato rengo”, ya que sería un presidente de salida. La elección argentina será con un Trump en retirada. Falta saber a qué velocidad.
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POLITICA
Pese al alivio logrado para la caja sindical, la CGT comienza un plan de lucha con movilizaciones y un paro general aún sin fecha

A través de negociaciones reservadas con el Gobierno, la CGT logró que se corrigieran las restricciones a la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, pero el gesto libertario no dará lugar a una tregua: este miércoles, a las 15, comenzará el nuevo plan de lucha cegetista con una movilización al Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados.
Los sindicatos agrupados en la CGT organizaron la serie de protestas contra Javier Milei junto con las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y diversas organizaciones sociales, pero, a pesar de que habían amagado con replicar el esquema que se utilizó contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, en 2023, basado en movilizaciones y paros sectoriales y rotativos que se prolongaron durante semanas, finalmente se aplicará una versión light de ese modelo.
La explicación del giro fue expuesta sin rodeos ante Infobae por un jefe gremial: “No hay clima. En las empresas la gente estaba con la cabeza en el Mundial y después tampoco tendremos muchas garantías de que acaten los paros que van a afectar su bolsillo o que puedan poner en riesgo su fuente de trabajo”.

Ese diagnóstico empujó una salida pragmática. La prioridad pasó a ser la calle, con acciones de menor riesgo para los trabajadores y con la mira puesta en sumar adhesión de otros sectores sociales, especialmente de la clase media, para crear las condiciones de un futuro paro general contra la administración de Javier Milei.
Según lo acordado por las 3 centrales obreras y las confederaciones sindicales, luego de la marcha de este miércoles se realizará el 7 de agosto una movilización por el Día de San Cayetano y se seguirá, en fechas por definir, con una concentración ante el Ministerio de Economía en rechazo del endeudamiento familiar, la participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria (el 2 de septiembre), una acción para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina, en noviembre próximo y otra marcha cuando se realice la próxima convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Esta agenda de medidas, según lo resuelto, será el “camino” que llevará a una gran protesta nacional, como un paro general de 24 o 36 horas, con la incorporación de otros sectores de la sociedad para darle más fuerza.

La jugada más audaz será la apuesta de “capitalizar” la visita del Papa al país en busca de alguna señal que se interprete como un respaldo a los reclamos del sindicalismo. Una de las ideas es tratar de que la recorrida de León XIV por la ciudad de Buenos Aires se acerque lo máximo posible al edificio de la CGT, donde lo esperarían las columnas de dirigentes y trabajadores.
Además de priorizarse la presencia en la calle, el plan de lucha incluye la realización de asambleas en los lugares de trabajo y “acciones disruptivas” como la entrega de folletos explicativos de los reclamos en estaciones de trenes y aeropuertos en todo el país.
A este esquema de protestas se sumará el paro nacional docente que se impulsa desde la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, conducida por Sergio Romero (UDA), que se concretaría en agosto y al que se sumarán CTERA y otros sindicatos del sector.

La CGT también resolvió abrir contactos con entidades empresariales del interior para consensuar acciones comunes, bajo la idea de que tanto empresarios como trabajadores son “víctimas del modelo Milei”. A la vez, se decidió que entre 15 y 20 dirigentes por gremio acompañen conflictos puntuales en empresas del AMBA y del interior, además de reforzar el trabajo con las delegaciones regionales cegetistas.
La CGT iniciará su nuevo plan de lucha, curiosamente, la misma semana en que salieron a la luz las negociaciones reservadas con el Gobierno que mantuvieron sus líderes dialoguistas, como anticipó Infobae, y que terminaron con el decreto para corregir la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que había perjudicado a los sindicatos en dos puntos clave para su financiamiento.
Por un lado, se utilizaba el salario básico convencional como base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo, una fórmula que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.

Por otro lado, el tope del 2% de los salarios fijado en la reforma laboral para las cuotas solidarias había sido interpretado de manera tan amplia que también alcanzaba a los aportes empresariales que, vía convenio colectivo, son destinados a mutuales, seguros de vida, seguros de sepelio o mejoras en la obra social.
En ambos casos, la rectificación del Gobierno que, gracias a la negociación la CGT, puso a salvo esos dos ítems cruciales de la caja sindical llegó con el decreto 612 que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. Aun así, la CGT ratificó su plan de lucha que comienza este miércoles, por más que se haya abierto un interrogante: ¿habrá una convocatoria libertaria al diálogo para evitar que se profundicen las protestas?
Hoy nadie lo cree posible, sobre todo porque también arrancó informalmente la campaña electoral, pero también parecía imposible que la Casa Rosada corrigiera la reglamentación de la reforma laboral en favor del poder sindical. Las próximas semanas serán decisivas para medir la temperatura del conflicto Gobierno-CGT.
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POLITICA
El Gobierno define los cambios en el BCRA como “el proyecto del semestre” y Milei prepara su presentación

“Es muy, muy importante para Milei en materia económica”, definió ante Infobae una fuente que integra la mesa política para graficar la reforma que ocupa las horas del presidente Javier Milei. Junto al equipo económico, el mandatario pasa sus días debatiendo los puntos del articulado que presentará la próxima semana para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El pasado martes, la mesa política definió que la exposición que protagonizará el libertario tendrá lugar al regreso de su viaje a Lima, Perú, previsto para el 28 de julio. Tras el compromiso internacional de asistir a la asunción presidencial de Keiko Fujimori, Milei brindará algunos detalles del proyecto que lo obsesiona y en el que trabaja junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), además del titular del organismo, Santiago Bausili.
Según supo este medio de fuentes al tanto de las conversaciones, el formato de la presentación aún está en discusión, aunque en Casa Rosada hablan de la posibilidad de que sea transmitida por cadena nacional, como ocurrió con el megadecreto de necesidad y urgencia 70/2023, que apuntó a desregular la economía.
“Que le expliquen a los argentinos que los quieren seguir estafando”, argumentó el mandatario para respaldar la necesidad de implementar cambios en la Carta Orgánica, sancionada en 2012 durante la gestión de la entonces titular de la entidad, Mercedes Marcó del Pont.
Pese a que una de sus promesas en campaña fue cerrar el organismo, el libertario sostiene actualmente que deben eliminarse las múltiples misiones para concentrar su objetivo en la preservación del valor de la moneda.

En Balcarce 50 aseguran que el proyecto final todavía no está cerrado, por lo que evitan precisar una fecha para la exposición, que podría grabarse en la Casa Rosada con la presencia del equipo económico involucrado. La iniciativa va en línea con el nuevo paquete desregulatorio que prepara el Poder Ejecutivo y que contempla una reforma integral del Código Aduanero, cambios en el mercado inmobiliario y modificaciones en el régimen de cabotaje del transporte por agua entre puertos argentinos.
Con la mente puesta en el —todavía— borrador, el Presidente convocó el pasado lunes a la quinta de Olivos al equipo económico para debatir el tema. Participaron Caputo, Sturzenegger y el viceministro de Economía, José Luis Daza, además de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el asesor presidencial Santiago Caputo. El encuentro se produjo el día después de la final del Mundial 2026, en la que la Selección Argentina perdió 1 a 0 ante España. La cita comenzó a las 8 de la mañana y concluyó a las 14, luego de un extenso intercambio entre los presentes.
La idea es que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados y sea discutido durante el mes de agosto. El optimismo reina en el oficialismo que aspira a conseguir los votos para su sanción. De concretarse, le permitirá al Gobierno anotarse un triunfo de cara a la hoja de ruta de reformas que prepara para la segunda mitad del año.
Las cambios en los que trabaja el Ejecutivo
“El Banco Central es un proveedor de un servicio de liquidez a la economía y mientras sea parte del Estado es un ente de recaudación impositiva”, definió el mandatario en declaraciones a LN+.
Diputados y senadores de La Libertad Avanza conocen de antemano la necesidad de aprobar el proyecto, luego de haber recibido instrucciones directas del mandatario, quien dedicó más de una reunión en la Casa Rosada a explicar en detalle los cambios y su aplicación práctica.

La normativa contempla una serie de modificaciones con las que la administración libertaria busca dotar de mayor independencia al organismo. Estas aspiran a eliminar los cinco objetivos actuales para reemplazarlos por uno único: el de preservar el valor de la moneda.
Asimismo, apuestan a prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y trabajan para incluir el concepto de “shutdown”, un mecanismo que obligaría al Poder Ejecutivo a restringir el funcionamiento del Estado cuando se agoten las partidas previstas en el Presupuesto aprobado por el Congreso.
En función de los expuesto por el Presidente, las modificaciones apuestan a potenciar la independencia del organismo y endurecer las condiciones a la hora de cambiar al titular y al directorio. “Va a ser muy difícil removerlo. No va a venir alguien en un capricho y llevarse puesto una institución”, justificó en declaraciones televisivas.
Otro de los cambios gira en torno a la eliminación de las utilidades contables o “ficticias”, con excepción de circunstancias vinculadas a un escenario de deflación, y busca ponerle fin al esquema de letras intransferibles utilizado para asistir al Estado. El libertario detalló, además, la posibilidad de instrumentar un sistema de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía del organismo o habiliten la emisión monetaria para financiar el gasto público.
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