La situación judicial de Facundo Leal, el expresidente de Arsat y Orsna a quien se le encontraron drogas y millones de dólares en su poder, continúa agravándose. La Justicia le dictó la prisión preventiva, sin posibilidad de beneficiarse con la domiciliaria, en la causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y, además, la fiscalía solicitó ahora también su detención por las presuntas maniobras de corrupción durante su paso por la empresa estatal de satélites Arsat.

Fue un día de idas y vueltas en el caso de Leal.

Por la mañana, el juez Lino Mirabelli, sin haber resuelto la situación del expresidente de Arsat, se declaró incompetente en la investigación sobre los estupefacientes y envió la causa a Comodoro Py para que investigue la justicia federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Las drogas habían sido encontradas en su departamento de Palermo.

La causa cayó en el juzgado que subroga Daniel Rafecas. Al encontrarse de licencia, Julián Ercolini firmó el rechazo y la causa volvió a ser enviada al juzgado de Mirabelli en San Isidro. Una vez devuelta, el juez le dictó la prisión preventiva a Leal.

Al mismo tiempo, se formuló un pedido del fiscal federal de San Isidro junto con el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, para que el juez dicte también la prisión preventiva por la causa que lo investiga por corrupción.

Domínguez y Rodríguez insistieron en que existen elementos suficientes para avanzar con la convocatoria a declaración indagatoria de una decena de personas físicas y jurídicas, entre ellas exfuncionarios de ARSAT, directivos de la firma Argentina Logistic Services S.A. (ALS) y la propia empresa.

Estos son: Gerardo Boschin (expresidente de Trenes Argentinos y exgerente de compras de Arsat), Pablo Pagani (funcionario de Arsat), Juan Navarro (Arsat), Juan Antonio Álvarez (Arsat), Fernando Diego Paredes (ALS), Diego Maximiliano Padilla (ALS), Gastón Walter Padilla (ALS), Sofía Varela Vizgarra (ALS) y Santiago Pando, investigado por ser intermediario en el negocio que concretaron la empresa pública y el depósito.

Además, se pidió la preventiva en el caso de corrupción. El Ministerio Público argumentó que existen indicadores concretos tanto de peligro de fuga como de riesgo de entorpecimiento de la investigación. Según los fiscales, el extitular de ARSAT cuenta con recursos económicos líquidos y con capacidad operativa para evadir controles mediante la utilización de herramientas técnicas.

Asimismo, señalaron que su desempeño previo y actual en organismos estatales considerados sensibles le habría otorgado una estructura y conocimientos que podrían ser utilizados para interferir en la recolección de pruebas, como sospechan que trataron de hacer su hija y su novia al ingresar a su domicilio 90 minutos antes de que la policía arribe al lugar, cuando Leal ya estaba incomunicado. Fueron captadas por las cámaras retirando valijas de la casa y la fiscalía sospecha que se llevaron elementos de interés para la causa.

La presentación fiscal también menciona la disponibilidad de medios suficientes para sustraerse de la acción de la Justicia, al hacer referencia a la utilización de canales de movilidad no ordinarios, como un avión privado.

En el expediente se investigan posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Ambas causas seguirán a cargo de Mirabelli, quien finalmente resolvió citar a indagatoria a Leal y a otros 10 involucrados por los delitos de fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Además, el magistrado dispuso una batería de medidas cautelares y probatorias para profundizar la pesquisa. Entre ellas figuran la prohibición de salida del país para todos los imputados, el embargo y la inhibición general de bienes, el levantamiento del secreto fiscal y bancario y el requerimiento de información al Banco Central de la República Argentina y a la Oficina Anticorrupción con el objetivo de analizar las declaraciones juradas de los acusados.

En paralelo, otra investigación fue abierta para analizar presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

En ese expediente, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, la fiscalía de Ramiro González ya pidió las primeras medidas de prueba, entre ellas informes patrimoniales y el requerimiento de los legajos correspondientes a las obras adjudicadas durante su administración.

La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entra en una nueva etapa de análisis debido a las nuevas declaraciones juradas que presentó el funcionario, que incluyen rectificaciones a lo que había informado hasta ahora.

Fuentes con acceso a la investigación judicial relataron a que la Oficina Anticorrupción ya envió la nueva presentación (correspondiente a 2025) y las declaraciones rectificativas de las dos anteriores que hizo el jefe de Gabinete, pero que no pudo remitir el anexo reservado correspondiente a su esposa, Bettina Angeletti, debido a que todavía no fue presentado por el funcionario.

La ausencia del formulario reservado resulta especialmente sensible en un contexto en el que Adorni modificó aspectos centrales de sus declaraciones juradas. La falta del anexo correspondiente a su esposa impide contar con una fotografía completa del patrimonio familiar, cuya composición él rectificó para explicar sus gastos. La inexistencia de esa documentación puede alimentar interrogantes sobre la posibilidad de que se produzcan nuevas modificaciones o adecuaciones en la información declarada antes de que el cuadro patrimonial quede definitivamente consolidado y la Justicia pueda avanzar con un pedido para que Adorni justifique el origen de sus bienes.

Fuentes cercanas al jefe de Gabinete alegaron que tiene hasta el 31 de julio para presentar el anexo reservado, fecha en la que vence el plazo para entregar las declaraciones juradas a la OA. Sin embargo, Adorni dijo públicamente que estaba “a disposición de la Justicia en lo que requiera”.

No es la primera vez que Adorni demora la presentación del anexo correspondiente a los bienes de su esposa. Ya lo había hecho en su declaración anterior. Recién acompañó ese anexo, que debió haber entregado el año pasado, en abril de este año, con la causa por enriquecimiento ya avanzada en su contra. Sólo entonces dio cuenta de la compra de la casa en el country Indio Cua.

Ahora, lo que Adorni detalle en el formulario correspondiente a su mujer adquiere relevancia porque el propio funcionario atribuyó su nueva versión del patrimonio familiar, en buena parte, a los ingresos y bienes de su esposa. En la entrevista con José Del Río, en LN+, el funcionario sostuvo que la situación económica de la familia no podía analizarse únicamente sobre la base de sus ingresos personales, sino que debía contemplarse la trayectoria laboral de Bettina y los ahorros acumulados por ambos durante décadas.

De acuerdo con las explicaciones brindadas en esa entrevista por el jefe de Gabinete, su esposa desarrolló toda su carrera en el sector privado, con una trayectoria de entre 23 y 25 años de actividad laboral. Según indicó, durante aproximadamente quince años ocupó “cargos gerenciales”, percibiendo ingresos que formaron parte del “ingreso familiar” disponible.

Asimismo, enfatizó que Angeletti nunca ocupó cargos en la administración pública.

Adorni también aseguró que ambos decidieron unificar sus ahorros después de que se casaron y que durante 25 años mantuvieron parte de esos fondos fuera del sistema formal. En sus palabras, se trató de dinero ahorrado “en negro” que no declararon para resguardarse de la “vieja política”.

Adorni rectificó en su declaración jurada pública información sobre la casa en el country Indio Cuá. Según sostuvo, el inmueble no figuró en su declaración jurada original porque lo había informado como de exclusiva propiedad de su esposa. A raíz de las observaciones surgidas sobre su patrimonio, decidió rectificar la información y declarar ahora una titularidad compartida del cincuenta por ciento para cada uno.

Tanto Adorni como su esposa se inscribieron en los últimos días en el régimen simplificado de Ganancias previsto por la ley de Inocencia Fiscal.

Qué dice la reglamentación

El sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales prevé que la presentación se compone de dos formularios. El primero, el F-1245, contiene la información patrimonial, personal y laboral del funcionario y se presenta de manera electrónica. El segundo es el Formulario F-1246, denominado Anexo Reservado, que debe ser completado cuando el declarante está casado, convive con una pareja o tiene hijos menores.

Ese formulario reservado se presenta en formato papel y en sobre cerrado y forma parte de una única obligación legal. Es decir, no se trata de una declaración independiente ni de un trámite complementario optativo, sino de una pieza integrante de la misma presentación patrimonial. El formulario público fue rellenado el miércoles por la noche. Sin embargo, hasta el momento no se presentó el sobre físico del anexo de Angeletti, según la información disponible en los tribunales.