Ana Belén lloró su orfandad sin saber que no se había quedado huérfana.

Lloró con cada disparo de nostalgia que le daba de lleno en el pecho aquel octubre de 2017, mientras iba abriendo cajas y separaba recuerdos y fotos de los papeles que ya no valía la pena conservar.

En eso estaba cuando dio con un certificado y unas radiografías de su madre que le aflojaron las piernas y jaquearon su propia existencia.

Petra Torres, la mujer a la que Ana Belén había llamado “mamá” desde que tenía memoria, había muerto en 2014. Pero a los 31, cuando llevaba ya ocho años de casada con el dueño de la Panadería Manuel Pintado sin lograr un embarazo, se había hecho estudios que habían confirmado su imposibilidad de tener bebés.

El informe que sentenciaba la esterilidad de Petra está fechado seis años antes de que Ana Belén Pintado abriera los ojos a este mundo por primera vez. Qué raro, ¿no?

Siguió revolviendo en otra caja y dio con su propio certificado de nacimiento: le habían arrancado algunos trozos. Sí figuraba que la beba, de “buen aspecto y vitalidad y buena coloración”, había nacido el 10 de julio de 1973 en la maternidad Santa Cristina de Madrid, un relato que, hasta ahí, Ana Belén había escuchado miles de veces. El certificado revelaba, además, que la mujer que la había dado a luz había estado internada en la habitación 22.

Ana Belén recordó entonces que cuando su padre murió, en 2010, el abogado que ordenaba el papeleo de la herencia apareció con un documento en el que ella figuraba con otro apellido. Su madre, hecha una furia, se lo arrebató de las manos. Y aunque el resto de la sucesión se tramitó sin sobresaltos, ni el abogado ni su madre ni ella volvieron a mencionar el tema.

Hasta entonces, el robo de bebés en España era, para Ana Belén Pintado, una desgracia ajena, lejana. Una crueldad más con la que el franquismo había arrebatado maternidades. Como en los ’70 reproducirían los militares de la dictadura argentina.

Para ella, esas atrocidades no sucedían en Campo de Criptana, en Castilla-La Mancha, donde se había criado. ¿Quién podría haber querido robar un bebé allí, un pueblo conocido por haber sido la cuna de Sara Montiel y de los molinos de viento del Quijote de Cervantes?

A regañadientes, una vecina le confesó recordar el día en el que sus padres la trajeron de la clínica y el secreto que el panadero Manuel Pintado selló en la boca de todo el pueblo: Ana Belén nunca debía saber que había sido adoptada.

Sin embargo de a poco, a los 44 años, ella fue consiguiendo piezas de su propio rompecabezas: una copia de su certificado del registro civil donde figuraba su apellido verdadero, el contacto con la organización SOS Bebés Robados, una gira por programas de televisión que, no con poco morbo, dedicaban horas de aire a contar las penurias de gente que buscaba gente.

Rastreó en la guía sus apellidos verdaderos -Pardo y López- y envió cientos de cartas a personas con esos nombres presentándose y contando que buscaba a su familia de origen.

Hasta que una llamada anónima le pasó un número de teléfono: “Llamala. Puede ser tu madre”.

Ana Belén le hizo caso al desconocido. “Mira, soy bebé robada, estoy buscando a mi madre biológica, y una persona anónima me ha dicho que tú puedes ser mi madre”, le dijo a la mujer que la atendió.

Del otro lado de la línea, Pilar se quedó muda. Le dijo que volvería a llamarla en breve. Y colgó. “Me temblaban las piernas. No supe qué decir”, confesará Pilar a Clarín.

Luego hubo decenas de charlas telefónicas en las que intercambiaron datos, fechas. Todo encajaba: la beba que, con dos kilos ochocientos, Pilar había dado a luz a las 13.45 en la habitación 22 de la Clínica Santa Cristina de Madrid era Ana Belén. El test de ADN lo confirmó.

Tres meses después, en septiembre de 2018, se vieron por primera vez.

“Perdóname, perdóname”, fue lo único que pudo decir Pilar frente a su hija. “Nos dijeron que habías muerto”.

El robo de bebés en España no fue sólo un capítulo más del ideario siniestro de la dictadura de Francisco Franco (1936-1975) que pretendía criar a los hijos de los “rojos” lejos de las ideas republicanas de sus padres.

Fue, además, un mecanismo aceitado de compra-venta de recién nacidos que se prolongó ya en democracia y duró hasta principios de los ’90.

Con la complicidad de obstetras, enfermeras y monjas que asistían a las parturientas, apuntaban a mamás jovencitas o de pocos recursos a las que, horas después de haber dado a luz, abordaban siempre con el mismo libreto: que el bebé había muerto, que para no acrecentar el dolor era mejor no verlo, que la clínica se encargaría de los gastos y del entierro.

Fue lo que le dijeron a Pilar el 10 de julio de 1973 en la maternidad Santa Cristina de Madrid. Y ella, que tenía apenas 23 años y ya era mamá de dos varones, se lo creyó. Volvió a su casa con las manos vacías y el corazón hecho añicos.

Años después, cuando la monja María Gómez Valbuena fue acusada de vender bebés y de forzar adopciones que las mamás no querían, Ana Belén recordó ese nombre, que ya había leído en alguna tarjeta navideña que su madre adoptiva conservaba. Recordó también haberla acompañado a visitar a la monja, a la que su mamá le dejaba sobres con dinero.

Sor María murió en 2013 sin recibir castigo terrenal.

Quien sí fue condenado, aunque nunca entró en prisión, fue el doctor Eduardo Vela, quien entre 1961 y 1981 dirigió una clínica, la San Ramón de Madrid, señalada como cuna de las transacciones con bebés.

En 2018, un año antes de que el doctor Vela falleciera a los 86, la Audiencia Provincial de Madrid lo consideró responsable de quitar recién nacidos a sus madres para venderlos. Pero nunca fue a la cárcel porque su delito había prescrito.

Según la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, el 15 por ciento de las adopciones fechadas en España entre 1965 y 1990 se realizaron sin el “sí” de los padres biológicos de esos bebés.

La cifra definitiva, sin embargo, sigue siendo un interrogante.

En 2008, el por entonces juez Baltasar Garzón señaló en un auto de la Audiencia Nacional que “30.960 niños y niñas fueron apartados de sus progenitores entre los años 1944 y 1954 y pasaron a ser tutelados por el Estado”.

En 2010, el diario El Mundo publicó una estimación del abogado de la asociación de víctimas de adopciones irregulares, Enrique Vila, según la cual entre 200 y 300 mil bebés habían sido apropiados.

Pero el mes pasado, un ex director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses puso en duda esa cantidad. “El tema de los 300.000 bebés robados no está basado en ningún dato fiable”, dijo el genetista Antonio Alonso.

“Las madres que seguimos buscando a nuestros hijos e hijas desaparecidos al nacer, junto a nuestras familias biológicas, manifestamos públicamente nuestro profundo rechazo al informe emitido por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, organismo dependiente del Ministerio de Justicia”, fue el descargo de la asociación SOS Bebés Robados.

“Resulta ofensivo que, a partir del estudio de una muestra absolutamente insuficiente -128 casos en total, de los cuales sólo se han podido analizar 90 restos óseos y realizar 81 identificaciones- se pretenda construir un relato general sobre lo ocurrido en toda España y, desde ahí, sostener implícita o explícitamente que no existió un fenómeno sistemático de sustracción de recién nacidos”, lamentaron desde la asociación.

Fue el 31 de octubre del año pasado, cuando el gobierno de España recordó “a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura”. Ese día, apenas pudo, Ana Belén se aferró al brazo del presidente Pedro Sánchez y le susurró al oído: “Por favor, abra los archivos de la Iglesia sobre los bebés robados”. Sánchez asintió con la cabeza y siguió saludando sobre el escenario a los homenajeados, entre los que estaban Ana Belén y Pilar.

En 2024, algunos grupos parlamentarios volvieron a insistir con una proposición de ley -la tercera en los últimos años- que reconozca y ampare a quienes fueron bebés robados y a sus familias.

Impulsada por la asociación CEAQUIA ( Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo), la proposición cuenta con el aval de partidos como Podemos, Sumar, Esquerra Republicana, EH Bildu, Junts per Catalunya y el Bloque Nacionalista Gallero (BNG). Pero aún no lograron que sea aceptada para su tratamiento en el Congreso.

“Soy bebé robada. Encontré a mi madre, Pilar, a mi padre y a mis hermanos. Me moví muchísimo y emprendí un proceso judicial en el que me van poniendo muchas trabas”, dijo Ana Belén a un grupo de diputados que la recibieron en el Parlamento de Madrid a fines de marzo.

“Los jueces no quieren investigar y archivan las causas”, afirma Ana Belén a Clarín.

“En mi caso, la Audiencia Provincial lo ha reabierto dos veces. Y aquí sigo. He solicitado mi expediente de adopción y me han dado otro. Hemos escrito al Consejo General del Poder Judicial y nos dicen que es un tema que debe resolver el juzgado”, cuenta, con decepción.

“Nos estamos gastando un dineral. Pido que el Estado investigue”, insiste Ana Belén.

“La ley tiene que salir -repite-. Sánchez, en su último programa electoral, ponía que iba a sacar adelante la ley de bebés robados. Mientras se pueda hacer, pido abrir los archivos de la Iglesia, de las clínicas y que se vaya haciendo un banco de ADN público y gratuito.”

Urgente y desesperado, el lamento de Ana Belén evoca a las desapariciones y el robo de bebés durante la dictadura militar en Argentina: “Las madres se están muriendo. Es una pena -dice ella-. Muchas no van a conocer a sus hijos si el Estado no se ocupa de investigar dónde están los bebés que fueron robados”.