POLITICA
Se hizo añicos el triángulo de hierro

Todo el país está recordando a una figura central de la cultura argentina: Luis ‘Beto’ Brandoni. Se lo admira tanto por su genialidad como actor como por su temprano compromiso con la política, desde el mundo sindical y partidario. Fue un hombre clave para Raúl Alfonsín, con quien mantuvo una intensa amistad. En sus últimos años se alineó con Cambiemos, junto a Mauricio Macri, quien durante el velatorio en la Legislatura porteña evocó su compromiso con la libertad, la república y la democracia.
La política está agitada, sobre todo en el Gobierno. La administración Milei parece ser el único sujeto político que ocupa la escena. Parecería que aquello que se llamó el triángulo de hierro, cuyos vértices encarnaban Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, hoy está hecho añicos. Podría incluso decirse que la relación entre la hermana del Presidente y el “Mago del Kremlin” está terminada.
La manifestación más intensa de esta ruptura se da en el ambiente en el que se mueve La Libertad Avanza. Ningún grupo político de la Argentina navegó con las redes sociales como lo hace el oficialismo. No solo hace un uso instrumental de las plataformas. Son su hábitat. Allí se está desatando un conflicto que escaló esta semana. No es el único problema ni el más importante, pero sí el más visible y dañino para sus protagonistas.
Todo empezó por una denuncia que realizó Sebastián Pareja, diputado nacional y mano derecha de Karina Milei, en la organización de la fuerza política en la provincia de Buenos Aires. Harto de agresiones de tuiteros identificados con Caputo, optó por la vía penal. A raíz de ese avance judicial, 11 usuarios ligados con el asesor presidencial fueron convocados a prestar declaración indagatoria. La fiscal a cargo de la causa es Celsa Ramírez, a quien los tuiteros identifican con Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia subordinado a la secretaría general de la Presidencia. Por ende, infieren que es la hermana del Presidente quien los llama a indagatoria. Puede tratarse de una interpretación errónea. Si bien es verdad que estuvo subordinada a Mahiques, quien sigue siendo fiscal general en uso de licencia, Ramírez se mantiene independiente, y hasta arbitraria, cuando de causas judiciales se trata. Aun cuando pudo haber tenido un vínculo de identificación con Daniel Angelici, figura central para el mundo judicial de la Capital Federal, todos esos lazos hoy parecen estar rotos.
Ha habido una crítica fuerte por parte de los tuiteros de Caputo, y centralmente de Daniel Parisini -también conocido como el Gordo Dan-, por la denuncia. Del otro lado, Lilia Lemoine, diputada nacional identificada con los hermanos Milei, salió a contestar. Ello originó una trifulca agresiva que llevó a un usuario de X a graficar la escena con un posteo gracioso. “Los libertarios se están tirando con todo en Twitter. Están en su Ezeiza virtual”, escribió Mariano D’Arrigo. Coronó con la famosa foto del palco de Ezeiza y en el centro de la escena, un personaje que, en vez de levantar un FAL, alza el teclado de una computadora, arma de esta guerra.
De aquí deriva una segunda polémica, vinculada a declaraciones hechas por Lemoine en La Cornisa (LN+), programa conducido por Luis Majul. La legisladora se quejó de que periodistas convoquen a Nicolás Márquez, biógrafo de Milei y militante partidario sin cargo, respecto de la idea de que Manuel Adorni debe renunciar, ya que es una carga para el Gobierno. La queja de Lemoine llegó a oídos de Milei, quien tomó sus dichos y redactó un mensaje en X que comienza con la siguiente oración: “Lilia tiene razón”.
Infinidad de usuarios ligados a Caputo, el Gordo Dan y las “Fuerzas del Cielo” le contestaron al mandatario. Toman la intervención del jefe de Estado como una inclinación hacia el lado de la diputada en la pelea con Parisini. Gente que dice adherir al Presidente no dudó en lanzar cataratas de insultos hacia su persona. Es más: ellos creen que son responsables de su llegada al poder.
Es una crisis de La Libertad Avanza que, para entenderla en toda su dimensión, es necesario adentrarse en el mundo de las redes. Es una ruptura que se produce dentro de su hábitat, de su elemento. Este punto de quiebre forma parte de una interna más grande, que excede el mundo virtual. Existen fuertes enfrentamientos en el esquema de poder del Gobierno, con la misma agresividad que aplican para apuntar contra otros. Podrían hasta sustituir el eslogan: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, por “No nos odiamos lo suficiente entre nosotros”.
La posibilidad de dar rienda suelta al insulto probablemente se base en una ilusión de eternidad: la suposición de que van a estar siempre en el poder. Es una fantasía verosímil si se entiende que hay pocos competidores en situación de disputarle el lugar al Gobierno. Pero también es peligrosa. Hay un momento en el que el poder se agota. Si lo manejan como lo hacen en este momento las fuerzas del oficialismo, el agotamiento será prematuro.
Dentro del universo de enfrentamientos materiales y tangibles, sobresale el desplazamiento de la gente de Caputo, con Sebastián Amerio a la cabeza, del manejo de la cartera de Justicia. Por otro lado, Pareja acaba de asumir como presidente de la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia. Es un detalle consignado por Lemoine en X, quien reparó: “Ahora Pareja controla los fondos reservados de la SIDE”. La Secretaría de Inteligencia es un área que Milei confió al “Mago del Kremlin”. De hecho, su jefe es Cristian Auguadra, el contador de la familia Caputo. Acá reside un nuevo punto de tensión.
La interna también se proyecta sobre la Justicia. El Gobierno tal vez cometió un error: comprarse la interna de una corporación como la judicial. Son cuerpos con lógica propia y conflictos cifrados, que sólo los entienden quienes participan. Responden a historias que van más allá de este momento histórico o de este ejercicio del gobierno que le corresponde a Milei y a su grupo. El oficialismo bendijo al sector que puede identificarse con Mahiques, quien a su vez quiere ser Procurador General de la Nación. Mientras tanto, otra figura del mundo judicial, Ariel Lijo, busca lo mismo. Lijo tiene conexión con otro sector del poder judicial federal. Esa corriente pasa por la Cámara de Casación en la figura de Mariano Borinsky y termina en la Corte Suprema, con Ricardo Lorenzetti. Cuenta con un anclaje en los servicios de inteligencia con el tenebroso Antonio Stiuso.
Como contó Jorge Liotti en su última columna en el domingo, la facción liderada por Lijo realizó una comida en el llamativo departamento del juez federal en la avenida Alvear. Probablemente se lo alquile al exembajador en España Carlos Bettini. Participaron del encuentro el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, el jefe provincial tucumano Osvaldo Jaldo, el secretario personal de Stiuso, Lucas Nejamkis, y un hombre que estuvo ligado a Cristóbal López y Alberto Fernández, Julián Leunda. La excusa era festejar el cumpleaños del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. La intención de Lijo sin embargo es formar una mayoría en el Senado que le permita ser procurador, números que no consiguió para su designación como juez de la Corte.
Falta mencionar a una persona de relevancia que participó de la comida: el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Tiene entre sus manos la causa $LIBRA, vinculada a negocios con criptomonedas, que no deja dormir ni al Presidente ni a su hermana. Por su parte, el mismo Lijo lleva las causas de Adorni, a quien vapulean diariamente con nuevos detalles sobre su patrimonio, y de la Agencia Nacional de Discapacidad, sobre presuntas coimas en el manejo de prestaciones y medicamentos. Mientras que el Gobierno se ve preocupado por estos tres frentes de batalla, Mahiques tiene otras cuestiones que atender. Está intranquilo por la investigación que puso bajo la lupa a la AFA, y por ende a sus amigos Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La Cámara de Casación todavía no ha determinado quién debe ser el juez definitivo de la causa, un detalle escandaloso para una pesquisa con semejante repercusión. El fiscal de Casación, Mario Villar, nominó a Daniel Rafecas, a quien le sacaron el expediente en un comienzo. Es quien ordenó el allanamiento a la casa que se supone es de Toviggino y encontró allí bienes —autos, un helipuerto, un casino— valuados en US$20 millones. De volver a Rafecas la causa, se convertiría en un dolor de cabeza para Mahiques, quien le ha puesto los abogados a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Es clave el papel de Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma en la Casación para el destino de una causa que preocupa mucho al ministro de Justicia por razones personales.
Lijo está en el centro de la escena por otra causa, importantísima y escandalosa. El fiscal Carlos Stornelli pidió al juez -y él lo concedió- la indagatoria de un conjunto de personas, entre las que se encuentran la exministra de Salud Carla Vizzotti y el empresario Hugo Sigman. Esto se debe a que Stornelli, con una cantidad de datos muy precisos que figuran en su pedido de indagatoria, sospecha que hay motivos para pensar que durante el gobierno de Alberto Fernández, en la gestión de Ginés González García y Vizzotti, se realizaron maniobras para impedir que se acepte la oferta de 13 millones de vacunas Pfizer. Los funcionarios se habían comprometido a postergar la decisión de cuáles eran las vacunas por las que se iba a optar para vacunar a la gente en la epidemia de COVID-19, de tal manera que sean Astrazeneca y Sinopharm, que tenían como socio local a Sigman.
Es decir, se habría expuesto la salud de los argentinos demorando la distribución de vacunas para que sean utilizadas aquellas que representaba en el país Sigman, en contra de Pfizer. Como Sigman no pudo proveerlas, se entregó el negocio a Rusia, con la vacuna Sputnik V, y un laboratorio local, también ligado al poder: Richmond, de Marcelo Figueiras. Esto es lo que investigó Stornelli con mucho detalle y le pidió a Lijo que realice indagatorias. Sigman se tiene que presentar el 19 de mayo y Vizzotti el 9 de junio.
Un detalle hipotético es que se comenta y sospecha que Sigman ya eligió abogado: sería Mariano Cúneo Libarona. Es interesante porque es también el abogado de Lijo que, cuando tuvo problemas judiciales grandes por temas de corrupción y enriquecimiento ilícito, eligió como abogado al ex ministro. Otra versión indica que el abogado es Hugo Wortman Jofre. Habrá que ver cómo sigue esta causa y, sobre todo, cuánto dura porque es de esas que Lijo suele tener abiertas durante décadas, no sabemos con qué intención.
Esto, en alguna medida, toca al Gobierno, donde hay una interna muy fuerte respecto a la política farmacéutica y el nivel de competencia de los laboratorios en la Argentina. Sigman parece estar ligado a Santiago Caputo. De hecho, un hijo de Sigman, Leandro, participó como panelista de la Semana de la Argentina en Nueva York en la sede de JP Morgan. Los laboratorios internacionales se reflejan más en las posiciones liberales y librecambistas de Federico Sturzenegger.
Esta causa que está en manos de Stornelli y Lijo probablemente también tenga alguna repercusión en el Poder Ejecutivo y en el esquema de poder que nos gobierna.
Todo este panorama, conflictivo, opaco, que genera mucha tensión, hace que las figuras del Gobierno estén muy distraídas en algo que los va a consumir políticamente: las pantallas de los teléfonos, para entrar a pelear en las redes sociales. Esto tiene preocupado al ministro de Economía -aunque él no lo asume en público- que ha planteado en el seno del gabinete, y a Milei en particular que, mientras haya este nivel de tensión y desorden, es difícil que el Gobierno, como agente, despierte la confianza que hay que obtener para que estén las inversiones que demanda el programa.
En este sentido, hay una especie de dicotomía, que cabe preguntarse si va a converger en un sólo fenómeno o va a seguir así. Es la clave de lo que va a pasar en la Argentina de acá a las elecciones del año que viene. Es la dicotomía entre la percepción optimista que tiene el Gobierno y algunos observadores de la política económica, como el FMI, que aplauden la receta de Milei, y la percepción del electorado, cuyas expectativas van declinando. Habrá que ver si este es un fenómeno momentáneo o una divergencia en la que va a jugarse la suerte del Gobierno. Es decir, la pregunta es si Milei va a conseguir que su nivel de celebración, por momentos de euforia respecto a la economía, se traslade a la gente. Es importantísimo porque la gente vota de acuerdo a cómo le va con la economía.
Motivos de alegría para el Gobierno son las consideraciones de Kristalina Georgieva respecto a la Argentina, que las describió con mucho detalle y casi emoción José Luis Daza, el viceministro de Economía. Un dato importantísimo -que ha pasado casi inadvertido respecto a su verdadera dimensión- es el acuerdo al que llegó Luis Caputo con las autoridades del Banco Mundial, y que se supone que va a ser extensivo a otros organismos multilaterales. Se trata de conseguir una masa de dinero como garantía para obtener un préstamo de bancos que le permita al Gobierno despejar la gran incógnita financiera del pago de la deuda, por lo menos de este año. Si eso sucediera -sumar alrededor de 4000 millones de dólares-, le permitiría a Caputo conseguir, con el respaldo de esas garantías de entidades más confiables que la Argentina y con una tasa más razonable, una suma de entre ocho y 10 mil millones de dólares, que serían destinados al pago de deuda de acá a las elecciones de 2027. Este año son 9 mil millones de dólares.
Esto sería muy importante porque esos dólares que irían al pago de la deuda no saldrían del Banco Central, que podría seguir acumulando reservas, otro de los desafíos más importantes del Gobierno. Una de las críticas que hacen los economistas más ortodoxos al plan es que no acumuló suficientes reservas de tal manera que tampoco puede levantar definitivamente el cepo.
Hay quienes dicen que esto tampoco está muy bien, sino que sería mejor que salgan al mercado con un bono. Pero no pueden porque el mercado todavía no confía lo suficiente en el plan económico: en consecuencia, la tasa es muy alta. Por eso hay que alquilar credibilidad en estas instituciones multilaterales. Los mismos que ponen la lupa sobre esta operación dicen que, en realidad, esa plata que pone el Banco Mundial tendría que ir a proyectos de “desarrollo”, como infraestructura, en un momento en el que la economía está muy estancada. Es una discusión más sofisticada. Lo cierto es que en el Gobierno están muy contentos con la posibilidad de que se despeje -al menos temporalmente- la incógnita sobre el pago de la deuda.
Sigue habiendo problemas: la inflación fue alta, aunque es cierto también que va a bajar porque los factores que hicieron que sea de 3,4% en marzo son momentáneos. Pero, en el año, los economistas más objetivos dicen que va a haber una inflación de entre 28% y 30%, que sería superior a la que Cristina le dejó a Macri. Es demasiado alta para cualquier política económica.
Esa inflación alta produce algo que probablemente sea determinante para la percepción del público en este momento, por eso la gente no está tan contenta como lo está el equipo económico: el deterioro del salario.
Hay un gráfico de Fernando Marull que nos muestra que, si tomamos el salario de enero de 2023 como 100, hoy el formal privado sería de 93 y el público -que abarca a todo el sector, tanto nacional como provincial y municipal- sería de 78. Es decir, un deterioro muy grande. Si vamos a las últimas elecciones, en el caso de los trabajadores formales, el deterioro fue de 5,6%. La pregunta es: ¿esto se va a revertir con las próximas paritarias? Esto impacta sobre el consumo y sobre la percepción de la gente sobre el Gobierno. Normalmente, la sociedad evalúa al Gobierno con muchos criterios, pero el principal es el comportamiento del poder adquisitivo. Por eso es tan importante.
Esto es lo que explica el principal problema político que hoy tiene Milei. De acuerdo a un sondeo de Mora Jozami, tiene que ver con las expectativas y un factor muy importante: la esperanza. Milei llegó al poder impulsado, sobre todo, por un clima de gran desasosiego y optimismo, con la idea de que el año que viene va a ser peor que el que transitamos.
El gran desafío político de Milei es reponer la expectativa y la esperanza. Eso al comienzo lo lograba, pero está declinando. En noviembre era del 50% y del 45% en diciembre, mientras que hoy está en 35%. Esta declinación es muy importante como factor climático de la política; nos indica cuál es el ambiente. Esto es lo que tiene que revertir el Gobierno, que se puede trasladar a otros números que tienen que ver con las expectativas respecto de cómo va a estar el país dentro de un año.
Destaquemos que los que creen que va a estar peor son el 41%, después de subir desde el 28% desde noviembre. Los que creen que va a estar mejor van desde 41% en diciembre a 33%. Y hay un 3% que no sabe.
Es importante esto porque la política se ordena por este factor. Los dirigentes políticos adhieren o se despegan del Gobierno según las expectativas que ven en la gente. Es eso lo que marca, es eso lo que conduce el nivel de gobernabilidad, la visión del futuro.
El gráfico también tiene una aclaración muy importante: la organización de estos sentimientos por regiones. Imagen negativa del Gobierno: en el AMBA es 61% negativa y 39% positiva. Da una diferencia negativa de 25 puntos porcentuales. El interior, en cambio, mejora notoriamente: 6 puntos porcentuales. Quiere decir que Milei tiene 46% de imagen positiva y 52% de negativa en el interior. 54% negativo y 43% positivo en todo el país. Esto es un número que más o menos se repite en todas las encuestas. Es la situación del Gobierno. Hay que prestar atención a esto: 43% no está nada mal en este clima económico. Por supuesto habrá que ver si puede revertir esa tendencia de expectativas y esperanzas.
La pregunta es la que hacemos siempre. Todo esto significa algo con oposición y significa otra cosa sin oposición. Es decir, ¿quién logra politizar esta negatividad? ¿Quién logra que esta negatividad se transforme en voto, en movilización popular? Todavía no aparece claro. Va a haber una reunión del peronismo el 1° de mayo, organizada sobre todo por Juan Manuel Olmos de la Capital Federal y Victoria Tolosa Paz de la provincia de Buenos Aires. Es un ensayo de intento de renovación dentro del peronismo. No es anti-kirchnerismo, pero tampoco es kirchnerismo. Es un primer paso para salir del clima en que quedó el peronismo después del gobierno de Alberto Fernández. Sergio Massa ya habla entre sus íntimos de que él es candidato a presidente y empieza a ‘pinzarle’ intendentes a Axel Kicillof, que, obviamente, ya es candidato a presidente, con mucha dificultad con Cristina. Viajó a una cumbre de líderes progresistas a Barcelona, y Cristina mandó a Wado de Pedro como para representarse de otra manera.
Pero apareció algo nuevo, importante y enigmático. Todavía hay que descifrarlo. Por distintos ángulos apareció la Iglesia. Del papa León XIV todavía se sabía muy poco en términos políticos. Muchos líderes dentro de la Iglesia Católica pensaban que iba a ser un Papa neutral políticamente, destinado a suturar las heridas que había dejado Bergoglio dentro de la Iglesia, por su firme y muy expresiva politización. Sin embargo, el Papa habló en voz alta y fue muy severo, nada menos que con Donald Trump, que lo provocó. Trump tuvo expresiones y publicaciones bastante agresivas para la comunidad católica de los Estados Unidos, sobre todo cuando apareció en esas imágenes de inteligencia artificial insólitamente disfrazado de Jesucristo. También dijo cosas muy duras del Papa, hablando de que está a favor del crimen, de que es indiferente a una destrucción nuclear provocada por Irán, y no se inquieta por el delito en las ciudades de EE.UU.. El Papa levantó la voz y con mucha firmeza le contestó a Trump en su idioma, en inglés americano, porque no hay que olvidarse de que es un Papa de los Estados Unidos.
La escena tiene varios significados. Primero aparece la voz de la Iglesia metida en política. Parece que este Papa empieza a politizarse y produjo una primera jugada en Europa muy importante, porque Giorgia Meloni, que es probablemente la líder más relevante de Europa hoy, que venía ligada a Trump, no sabemos si se ofendió con Trump por las agresiones al Papa o si, con extraordinaria astucia, aprovechó la pelea con el Papa para separarse de Trump, algo que a lo mejor venía esperando desde hace tiempo. Y algo más, probablemente lo más importante, hacia adentro de la Iglesia, este pronunciamiento político del Papa es como que si habilitara un nivel de politización que los obispos, a escala global, venían absteniéndose de tener.
Paralelamente con esto, en una especie de armonía misteriosa, aparece en Buenos Aires una gran movilización, sorprendente por lo multitudinaria, en Plaza de Mayo, el sábado, con un cura DJ. Todos hemos visto las imágenes: un portugués, Guilherme Peixoto, que realiza una fiesta electrónica ligada a mensajes religiosos, pero sobre todo a la figura del papa Francisco.

Esa fiesta es llamativa no solamente por su dimensión, sino porque fue gente de todas las edades y por la voz y la imagen de Francisco superpuesta con esta fiesta, que nace por el impulso de una sobrina de Bergoglio. En la fiesta apareció el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que anunció que probablemente el papa León XIV visite la Argentina este año, entre septiembre y octubre. Hay quienes dicen que esa visita ya está agendada, que se producirá.
Es un fenómeno de primera magnitud para Javier Milei tener al Papa en la Argentina, con un discurso ligado al de Bergoglio. Es un discurso respecto de lo económico, de lo social, de lo productivo, de la solidaridad y del estilo que debe tener la política muy distinto al del gobierno. Pero si miramos la Argentina desde fuera, Milei cambia de significado. Y es un líder populista de derecha extraordinariamente significativo. Es probablemente el presidente a escala global más ligado a Donald Trump y a sus políticas. Y si no, miremos su visita a Israel y su posición frente a la guerra de Medio Oriente. Quiere decir que el Papa elige no solamente un conflicto con Trump, sino aparecer en la ciudad de Bergoglio y en el país de Milei. Veremos si para un conflicto o solamente para una visita pastoral.
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POLITICA
El Gobierno está en alerta por la suba del riesgo país y espera un repunte en los datos de la actividad económica

El Gobierno reconoce preocupación por la suba del riesgo país y espera una recuperación de la actividad económica en agosto, después de la fuerte caída que registró el último informe del INDEC. En la Casa Rosada admiten que el deterioro de los bonos argentinos se produjo antes de lo que proyectaban para el calendario electoral de 2027 y buscan evitar que la incertidumbre financiera se traslade a las expectativas sobre el programa económico. El Ejecutivo apuesta a una mejora de los indicadores durante los próximos meses y considera que el repunte de la actividad puede contribuir a estabilizar el escenario.
“Nos preocupa la suba del riesgo país porque esperábamos que sucediera eventualmente, pero no tan lejos de la elección”, reconocen en Nación. Admiten que existen factores domésticos que inciden sobre el indicador, aunque mantienen que el contexto internacional explica una parte importante de la presión reciente sobre los activos argentinos. La expectativa oficial es que las tensiones comiencen a reducirse después de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos y que el país atraviese un verano con menor volatilidad financiera.
El riesgo país superó este martes los 700 puntos básicos por primera vez en el año y llegó a tocar las 710 unidades, antes de retroceder hacia los 680 puntos. El índice elaborado por JP Morgan había alcanzado un mínimo cercano a los 402 puntos en julio y acumuló desde entonces un deterioro significativo. El movimiento refleja la caída del precio de los bonos soberanos en dólares y una mayor prima de riesgo exigida por los inversores para financiar al Estado argentino.
La explicación oficial combina el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, la incertidumbre electoral y las dudas sobre la continuidad del programa económico. El Gobierno pone el foco sobre el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos y los conflictos geopolíticos, especialmente en Medio Oriente. Sin embargo, reconoce que la dinámica política local también tiene consecuencias sobre la valuación de los bonos. En la Casa Rosada esperan que una reducción de las tensiones externas y un escenario electoral más ordenado permitan recuperar parte del terreno perdido.
La principal apuesta internacional del Ejecutivo es que las tasas estadounidenses comiencen a bajar después de las elecciones de noviembre, junto con una eventual normalización del conflicto en Medio Oriente. Esa expectativa enfrenta, por ahora, un escenario financiero adverso: la Reserva Federal elevó en septiembre su tasa de referencia al rango de 3,75% a 4% y los pronósticos de mercado siguen contemplando nuevos aumentos durante los próximos meses. Una reducción de los rendimientos internacionales no está garantizada y dependerá de la inflación y de las decisiones de la autoridad monetaria estadounidense.
La situación económica e internacional también formó parte de la reunión de la mesa política que encabezó Karina Milei este martes en la Casa Rosada. Según informó oficialmente el Gobierno, se analizaron el contexto político y económico externo, con especial atención a los conflictos sociales en Francia e Italia. Luis Caputo brindó además detalles de la cumbre con el Fondo Monetario Internacional realizada la semana pasada en Tailandia. En paralelo, dentro del oficialismo se viene discutiendo la necesidad de ordenar las negociaciones políticas y legislativas para reducir la incertidumbre de cara a 2027.
Milei también vincula parte del deterioro financiero con la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder, una interpretación que viene expresando mediante su referencia al “riesgo kuka”. En el Ejecutivo sostienen que las declaraciones de dirigentes opositores sobre eventuales modificaciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) alimentan las dudas de los inversores sobre la estabilidad de las reglas económicas. La Casa Rosada mantiene que cumplirá con los compromisos de deuda y que la incertidumbre política no modifica esa decisión.
POLITICA
Quién es la jueza argentina que integra el organismo que resolverá el reclamo por el petróleo de Malvinas

La jurista rosarina Frida María Armas Pfirter ocupa desde el 1 de octubre la vicepresidencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés), el órgano judicial con sede en Hamburgo que deberá decidir si frena la explotación petrolera británica en las aguas de Malvinas y que programó las audiencias orales sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina para el próximo 10 y 11 de noviembre.
Las vistas se celebrarán en la sala principal del tribunal, serán públicas y se transmitirán en vivo por la web del organismo. El caso, registrado con el número 37, plantea una controversia entre Argentina y el Reino Unido por actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sudoccidental, en un área vinculada con la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas.
La decisión llega una semana después de que el gobierno de Javier Milei formalizara, el 13 de octubre, su solicitud de medidas provisionales. El canciller Pablo Quirno presentó el pedido apoyado en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que habilita a solicitar medidas cautelares mientras se constituye el tribunal arbitral que tratará el fondo de la controversia.

La jueza argentina en el tribunal
Armas Pfirter nació en Rosario, Santa Fe, el 30 de septiembre de 1957. Se recibió de abogada en la Universidad Católica Argentina en 1983 y obtuvo su doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1992. A lo largo de su carrera acumuló becas de posgrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en Ginebra y la Universidad de las Naciones Unidas.
Su nombre está ligado de manera inseparable a la plataforma continental argentina. Durante más de 25 años —entre 1997 y 2023— dirigió la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), el equipo interdisciplinario que logró extender un 35% los espacios marítimos del país. Ese trabajo, que combinó análisis jurídico, científico y técnico, fue reconocido como una política de Estado que trascendió gobiernos de distinto signo.
En 2023, fue declarada Personalidad Destacada de las Ciencias Jurídicas por el proyecto del diputado Claudio Romero (VJ), en la Legislatura porteña. “Para los que hemos dedicado nuestra vida al derecho, tomándolo con pasión y como vocación, esta distinción que me han otorgado es un honor pero también es una responsabilidad inmensa”, señaló Armas Pfirter en la entrega de diplomas.
Antes de llegar al tribunal, se desempeñó como conciliadora y árbitra de Argentina en el sistema de solución de controversias de la Convemar, como experta en el área de pesquerías bajo el Anexo VIII de la convención, y como miembro de la Comisión Jurídica y Técnica y del Comité de Finanzas de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Es profesora titular de Derecho Internacional Público en la UBA y en la Universidad Austral, y autora de tres libros y numerosos artículos especializados. Además, es miembro del Comité Ejecutivo del CARI.
En junio de 2023, durante la 33° Reunión de Estados Parte de la Convemar, fue elegida jueza del ITLOS con 154 votos para un mandato de nueve años (2023-2032). Asumió el 1 de octubre de ese año. Tres años después, el 1 de octubre de este año, sus pares la eligieron vicepresidenta del tribunal junto con Kamga como presidente, para el período 2026-2029.

Cómo está integrado el Tribunal del Mar
El ITLOS fue creado por la Convemar, firmada en 1982, como el órgano judicial independiente encargado de resolver controversias sobre la interpretación y aplicación del tratado. Tiene competencia en disputas sobre delimitación de zonas marítimas, navegación, conservación de recursos vivos, protección del medio marino e investigación científica.
Está compuesto por 21 jueces independientes elegidos por los Estados Parte de la Convemar entre personas de reconocida reputación por su imparcialidad, integridad y competencia en derecho del mar. Los miembros cumplen mandatos de nueve años y pueden ser reelegidos. La composición garantiza la representación de los principales sistemas jurídicos del mundo y una distribución geográfica equitativa: no puede haber dos jueces de un mismo país.
La composición actual del tribunal, tras la jura de cinco nuevos miembros el 1 de octubre de 2026, incluye jueces de Camerún, Argentina, Malta, Ucrania, Islandia, Rusia, Países Bajos, Chile, China, Jamaica, Italia, Japón, Sudáfrica, Corea del Sur, Sierra Leona, Polonia, Túnez, Ghana, India, Vietnam y Brasil.
El Reino Unido no cuenta con un juez propio en el tribunal. Mientras Argentina tiene a Armas Pfirter como vicepresidenta del organismo, Londres carece de representación directa en el cuerpo, aunque el Estatuto del tribunal le permite designar un juez ad hoc para intervenir en la controversia, una figura prevista para garantizar que ambas partes cuenten con representación en el cuerpo que resuelve el caso.

Qué pide Argentina y por qué eligió la vía ambiental
El escrito de 49 páginas presentado ante el ITLOS, firmado por el embajador Mario Oyarzábal como agente ante el tribunal, solicita cuatro medidas provisionales: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en la cuenca norte de Malvinas; que se abstenga de usar información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos; que cese de impedir el cumplimiento de obligaciones ambientales de Argentina; y que no otorgue nuevos permisos que puedan agravar la disputa.
La estrategia jurídica descansa sobre un eje ambiental que permite al tribunal actuar sin pronunciarse sobre la soberanía del archipiélago. La presentación cita el fallo del arbitraje del Mar del Sur de China para sostener que las obligaciones de protección del medio marino “se aplican a todos los Estados respecto del medio marino en todas las áreas marítimas” y que, por lo tanto, las cuestiones de soberanía son irrelevantes para la aplicación de esas normas.
El argumento se apoya en documentación de las propias empresas involucradas. El Plan de Contingencia para Derrame de Petróleo presentado por Premier Oil ante las autoridades de facto de las islas establece que “existe un 30% de probabilidad de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional hacia aguas argentinas después de 30 días”. Para un crudo más liviano, el mismo plan proyecta “una probabilidad del 100% de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional hacia aguas argentinas después de 14 días”.

El proyecto Sea Lion y las empresas sin experiencia offshore
El yacimiento en disputa se ubica a 107 millas náuticas (unos 198 kilómetros) al norte de Malvinas, sobre un área de 541,40 km² dentro de la licencia PL032. La operación está liderada por la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. El campo contiene un estimado de 1.700 millones de barriles de petróleo, según las evaluaciones de los operadores.
Ambas compañías tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y fijaron como meta el inicio de la producción en el primer trimestre de 2028. Según el reporte trimestral de Navitas del 24 de agosto de 2026, la campaña de perforación de la fase 1 “se espera que comience a principios de 2027”. El desarrollo completo contempla 23 pozos distribuidos en seis centros de producción, una unidad de perforación submarina y un buque de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).
En un pasaje poco habitual para una presentación ante un tribunal internacional, el escrito argentino dedica un capítulo a cuestionar la capacidad técnica de las operadoras: ni Navitas ni Rockhopper tienen experiencia previa como operadoras de un campo offshore en producción, lo que —según la argumentación— amplifica el riesgo de un incidente ambiental en una zona donde un derrame alcanzaría aguas argentinas en cuestión de días.
La respuesta británica y el antecedente de la fragata Libertad
El Reino Unido rechazó las pretensiones argentinas por múltiples vías. Ante la Cámara de los Comunes, la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que la solicitud ante el tribunal “no invalida las licencias emitidas por el gobierno de las islas, no altera la autoridad regulatoria de las islas, y no exige que las actividades legales de desarrollo de hidrocarburos cesen”. Sin embargo, confirmó que el Reino Unido participará del proceso y que, si el ITLOS dictara una orden, el país “cumple con sus obligaciones internacionales”.
En paralelo, Londres activó la legislación de Protección de Intereses Comerciales para blindar a empresas británicas de regulaciones extraterritoriales argentinas. El canciller Ed Miliband calificó de “inaceptables” los intentos argentinos de “intimidar a empresas e individuos”.
La arquitectura procesal elegida por Argentina tiene antecedentes en el propio tribunal. En la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, el ITLOS ordenó en 2015 que Ghana no realizara nuevas perforaciones en el área marítima disputada. Otro referente es el caso de la fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012: entre el pedido de medidas provisionales y la resolución del tribunal transcurrió aproximadamente un mes, y el ITLOS ordenó la liberación inmediata e incondicional del buque.
Con las audiencias fijadas para el 10 y 11 de noviembre, los 21 jueces del tribunal —entre ellos la vicepresidenta Armas Pfirter— deberán evaluar si tienen jurisdicción prima facie, si la urgencia justifica intervenir y si las medidas solicitadas son proporcionales. Una decisión favorable a Argentina sería de cumplimiento obligatorio para el Reino Unido.
Tribunal Internacional del Derecho del Mar,sala de audiencias,derecho del mar
POLITICA
El PRO condiciona un acuerdo electoral con Milei a una mayor articulación legislativa: “No puede ser solo para acompañar”

La negociación entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO para construir un eventual acuerdo electoral rumbo al 2027 tiene una condición previa para el partido de Mauricio Macri: mejorar la articulación legislativa antes de avanzar en un entendimiento político y electoral.
Luego de la reunión que mantuvieron este martes en la Casa Rosada, en el PRO destacaron el buen diálogo con el Gobierno, aunque plantearon que la relación entre ambos espacios necesita traducirse en una coordinación concreta en el Congreso. “No puede haber acuerdo electoral si antes no hay articulación legislativa”, advirtieron desde el partido.
En el PRO buscan que la alianza de hecho que se sostiene en el Congreso tenga un correlato en la labor parlamentaria. La intención es que exista una instancia previa de discusión con sus aliados parlamentarios y que no reciban los proyectos del oficialismo al mismo tiempo que la oposición dura, como el peronismo.
“Si somos los aliados y quieren que los defendamos, tiene que haber articulación legislativa previa”, es el planteo que transmiten desde el espacio.
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