Hugo Passalacqua presentó este lunes ante la Justicia Electoral Nacional su renuncia como afiliado de Encuentro Misionero (EM). El partido era una creación de su ahora archienemigo y ex aliado, Carlos Rovira. El gobernador de la provincia de Misiones primero se quitó el lastre de haber sido designado vicepresidente del espacio. Ahora se fue con un portazo.

Rovira había sepultado hace unos meses el Frente Renovador de la Concordia (FRC). Esta alianza de peronistas, radicales, sindicalistas y pequeños productores había sido forjada por él, Passalacqua y otro ex gobernador, Maurice Closs, a principios de siglo. El objetivo era doble: gambetear el “que se vayan todos” y romper con la conducción férrea de Ramón Puerta.

Para reemplazar el FRC, creó el EM. Pero se olvidó de avisarles a sus socios. Closs había quedado al margen hacía años. En cambio, Passalacqua fue electo con ese sello en 2023.

La decisión del caudillo precipitó la ruptura. El gobernador se rodeó de intendentes que habían sido ninguneados por Rovira. Recuperó a Closs e hizo su propia mesa política. En el mientras tanto, corrió de su gabinete a quienes no le juraron lealtad.

La dimisión de EM era algo que se veía venir. Las proyecciones indicaban que Passalacqua lo haría después del acto del 17 de agosto. Pero el pedido del gobernador a los diputados para que definan en qué vereda quedan precipitó el anuncio realizado a través de un posteo en X.

“Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, al que me afilié oportunamente)”, fue el escueto mensaje que publicó. El tuit incluía una captura de la nota remitida a la Justicia Electoral Nacional.

Mientras, la Legislatura unicameral de Misiones es el escenario de una peregrinación. El FRC tenía 21 representantes sobre un total de 40. Ahora, unos 16 se reacomodaron en el espacio del gobernador que tiene el nombre provisorio de “Movimiento por lo que viene”. El resto, los últimos leales, se sentarán junto a Rovira el próximo jueves 13 cuando el cuerpo reinicie la actividad.

Cómo impacta en el poroteo en el Congreso

La Casa Rosada está siempre muy ajustada en las votaciones de leyes. Hasta el momento, la administración de Javier Milei podía contar con los dos senadores y un par de diputados del oficialismo misionero.

La crisis entre Passalacqua y Rovira quebró ese acuerdo que el Poder Ejecutivo había sellado con el caudillo y con el gobernador convidado de piedra.

El capítulo de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sirvió para modificar el status quo. Misiones tiene un 90% de sus fronteras con Brasil y Paraguay. Abrir la posibilidad de que los extranjeros puedan comprar tanta tierra como quisieran encendió todas las luces rojas.

En ese contexto, Passalacqua pidió a los senadores de su espacio Carlos Arce y Sonia Rojas Decut que rechacen la norma. Los legisladores quedaron entre la espada y la pared. Es que Rovira había comprometido a la Rosada sus votos.

La idea, hasta el momento, es que den quórum, aprueben en general el proyecto y se abstengan o rechacen el capítulo de tierras. Un día después de la sesión en la Cámara Alta, se espera que Rojas Decut rompa y conforme un monobloque.

Si los cambios al texto de último momento antes de la sesión del jueves 6 logran su objetivo de desenredar la situación, la iniciativa debería ir a Diputados. El oficialismo también tiene que porotear ahí. Desde el vamos tendrá un voto menos de los que hubiera tenido tiempo atrás. Se trata del exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad.

“Votar esta ley sería ir en contra de las economías regionales y de la política del Gobierno provincial de cuidado del ambiente y del sistema productivo”, afirmó el ex mandatario provincial. “Misiones tiene una realidad propia. Nuestra tierra significa producción, familia, ambiente, arraigo y soberanía. Y eso es lo que tenemos que defender”, agregó.

Desde el espacio de Passalacqua ya cuentan a Herrera Ahuad como propio. Incluso lo imaginan candidato a intendente de Posadas. En su entorno lo descartan. Pero deslizan que siempre hubo buen diálogo con el gobernador y que esperaba definiciones del mandatario en estos días para terminar de deshojar la margarita.

Herrera Ahuad tenía la idea de cumplir el pacto electoral y completar el mandato de cuatro años como diputado nacional para el que fue electo en 2025. Pero ahora el escenario es distinto. “Es todo muy dinámico”, deslizaron en su despacho.

La fiscalía federal que investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero comenzó a analizar en profundidad el informe pericial patrimonial incorporado recientemente al expediente y evalúa ampliar el pedido de indagatoria contra el exintendente de Lomas de Zamora.

La decisión se analiza luego de detectar supuestas inconsistencias entre los ingresos declarados, los gastos relevados, la aparición de supuestos testaferros abonando viajes al exterior y distintos movimientos económicos que, según la Justicia, todavía no tendrían una explicación suficiente.

El fiscal Sergio Mola trabaja sobre la pericia contable y analiza sumar nuevos elementos a un eventual requerimiento ante el flamante juez Rodriguez Ponte, que reemplazará a Luis Armella. Entre los puntos bajo revisión aparecen pagos en efectivo, gastos en viajes y hoteles, operaciones patrimoniales y movimientos vinculados a la situación económica de Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici durante el período comprendido entre 2010 y 2023.

Según fuentes vinculadas al expediente, el informe presenta diferencias entre los ingresos declarados y los gastos detectados. También se mencionan pagos realizados en efectivo que, según la investigación, no contarían con documentación suficiente para reconstruir el origen del dinero utilizado.

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Entre las observaciones que analiza la fiscalía aparecen US$ 231.683 correspondientes a pasajes abonados por un tercero identificado como Armando J. Ríos. De acuerdo con la investigación, los funcionarios judiciales evalúan si esa persona pudo haber actuado como un supuesto testaferro de Insaurralde.

Otro de los puntos bajo análisis es el préstamo de US$ 250.000 que Jesica Cirio declaró haberle realizado a Insaurralde. Desde la Justicia cuestionan que ese monto pueda explicar la totalidad de los gastos observados y consideran que la operación podría formar parte de una maniobra destinada a justificar fondos cuya procedencia todavía se investiga.

La defensa del exfuncionario había pedido el cierre de la causa al sostener que ese préstamo permitía justificar los gastos cuestionados y que, al tratarse de un matrimonio, debían contemplarse los ingresos de ambos integrantes de la pareja.

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El informe contable incorporado al expediente determinó que Insaurralde declaró ingresos por $87.171.401 durante el período analizado, mientras que los egresos relevados alcanzaron los $99.975.141. La pericia consignó un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14 al comparar los ingresos declarados con los gastos y las aplicaciones patrimoniales detectadas.

La investigación también puso el foco en los viajes realizados durante esos años. Según la pericia, Insaurralde gastó US$121.000 en pasajes entre 2010 y 2023, además de $14.313.904 en ese mismo período. En el caso de Cirio, se registraron US$136.068 en pasajes y otros $7.635.046, mientras que también se relevaron $35.158.185,84 correspondientes a gastos del grupo familiar en viajes.

Para avanzar con el análisis, Mola se reunirá con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) con el objetivo de terminar de evaluar los números y definir los próximos pasos dentro del expediente.

La causa además cuenta con un nuevo juez a cargo: Luis Rodríguez Ponte, recientemente designado en el cargo durante el gobierno de Javier Milei.

La línea de investigación por los videos con dólares

En paralelo al análisis patrimonial, la Justicia continúa con otra línea de investigación vinculada a los videos en los que aparecen fajos de dólares en un vestidor. Los investigadores buscan determinar si el material es real, cuándo fue grabado, dónde se registró y quién era el dueño del dinero mostrado en las imágenes.

Según la información incorporada al expediente, los videos se habrían grabado en abril de 2023. La Justicia también confirmó que hubo modificaciones en la mansión ubicada en Fincas San Vicente y analiza si ese lugar fue donde se registraron las imágenes.

Durante las inspecciones oculares realizadas en el departamento de Jesica Cirio, en Las Cañitas, y en la propiedad de San Vicente, los investigadores detectaron diferencias entre los vestidores relevados y el ambiente que aparece en los videos difundidos.

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En la mansión de San Vicente, donde se ubicaba el vestidor, los investigadores encontraron “silloncitos y una mesa”, elementos que serán comparados con las imágenes para determinar si se trata del mismo lugar. La Justicia todavía debe establecer la tasación final de la propiedad.

El expediente también incorporó un estudio para determinar si los videos presentan algún tipo de manipulación. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) fue convocada para analizar la autenticidad del material.

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Entre los próximos pasos de la causa figuran determinar si los videos son auténticos, establecer la cantidad total de dinero que aparece en las imágenes, precisar si fueron grabados en la mansión de San Vicente y definir quién era el verdadero dueño de los fondos exhibidos.

La investigación contra Insaurralde comenzó a tomar impulso tras la difusión del viaje que realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023 y luego incorporó nuevas líneas de análisis vinculadas tanto al patrimonio del exintendente como a los videos con dólares.

Martín Insaurralde

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, envió a la Legislatura provincial un proyecto para modificar la Ley de Tierras Fiscales y restringir la adjudicación de terrenos estatales exclusivamente a personas humanas o jurídicas de nacionalidad argentina. La iniciativa, difundida por el propio mandatario en sus redes sociales, establece que solo quienes tengan arraigo y vinculación efectiva con la provincia podrán acceder a esas tierras mediante compra o arrendamiento.

La propuesta llega en un momento en que el Congreso Nacional debate una reforma que apunta en sentido contrario: ampliar el porcentaje del territorio que puede ser adquirido por capitales extranjeros. Mientras el oficialismo nacional negocia elevar ese tope del 15% al 25%, el ejecutivo neuquino avanza con una norma que cierra esa puerta por completo a nivel provincial.

En efecto, mientras la senadora Patricia Bullrich prepara una conferencia de prensa para defender el texto que La Libertad Avanza (LLA) llevará al recinto, Figueroa publicó en sus redes el articulado de un proyecto que declara la tierra fiscal un instrumento de trabajo —y no un bien de renta— reservado para argentinos.

El contenido del proyecto neuquino

El texto que Figueroa remitió a la Legislatura modifica el artículo 1° de la Ley 263 de la provincia y redefine el objetivo central de la norma. Según el articulado difundido, el Poder Ejecutivo provincial deberá promover “el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal” a través de su arrendamiento y enajenación progresiva “a favor de los auténticos trabajadores del campo”.

La reforma declara como principio rector que “la tierra no debe constituir un bien de renta sino un instrumento de trabajo”. El foco, según el texto, estará en la protección del campesinado y en la reactivación productiva de los terrenos fiscales mediante proyectos vinculados a actividades ganaderas, agrícolas, forestales, turísticas, industriales o de agregado de valor.

La cláusula más determinante es la que establece que “solo podrán adjudicarse tierras fiscales en venta o arrendamiento a personas humanas o jurídicas argentinas”. Con esa redacción, el proyecto excluye de forma explícita a cualquier inversor, empresa o individuo de nacionalidad extranjera, sin excepciones ni porcentajes intermedios.

En el Senado de la Nación, en tanto, el oficialismo evidencia dificultades en su intento de reformar la legislación vigente sobre tierras rurales. El proyecto impulsado originalmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya atravesó 17 borradores y cinco intentos fallidos en el recinto.

La pretensión inicial de LLA era eliminar todo límite a la compra de tierra por parte de capitales del exterior, suprimiendo el techo del 15% del territorio nacional que fija la ley actual. Ante la falta de votos, el bloque libertario cedió posiciones y negoció una redacción que eleva ese umbral al 25%, sin eliminarlo por completo.

“La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia“, es el texto que circuló desde la presidencia del bloque libertario hacia los bloques aliados.

Hasta el fin de semana previo a la sesión prevista para el jueves, el recuento de Bullrich no superaba los 34 votos favorables, dos por debajo de los 36 necesarios para obtener la media sanción. Con el ajuste al 25%, el oficialismo aspira a cruzar ese umbral.

Figueroa enmarcó su iniciativa en términos de soberanía sobre los recursos naturales de la provincia. “La tierra de la provincia del Neuquén tiene que estar al servicio de los neuquinos, de nuestro desarrollo y de las próximas generaciones”, escribió al difundir el proyecto, según consta en su publicación en redes sociales.

El mandatario neuquino describió la tierra como “un recurso estratégico y finito” y justificó la reforma como una medida para ordenar el acceso a ese bien, priorizando a quienes tengan arraigo efectivo en el territorio provincial. Entre los objetivos declarados del proyecto figuran el impulso a la producción, el turismo, el empleo y el desarrollo sostenible.

La iniciativa deberá ser debatida y aprobada por la Legislatura de Neuquén para convertirse en ley provincial.

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