POLITICA
El Gobierno rechazó ser responsable del recorte de los programas alimenticios en la provincia de Buenos Aires

Este lunes por la noche, el Ministerio de Capital Humano difundió un texto en redes sociales en donde descartó estar relacionado con los rumores que circularon en los últimos días sobre una posible suspensión que el Gobierno bonaerense planea realizar sobre los programas de asistencia alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad y a estudiantes de escuelas públicas.
Con el objetivo de aclarar la postura del Ejecutivo, la ministra Sandra Pettovello compartió el comunicado oficial en su cuenta de X en donde aseguran que “el Ministerio de Capital Humano no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) y Servicio Alimentario Escolar (SAE)”.
De acuerdo con lo señalado en el texto, el SAE «es un programa de gestión y responsabilidad provincial» para el cual la administración nacional “realiza un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares de la Provincia de Buenos Aires, siendo el 80% restante obligación provincial”.
Además, aseguran que “el Gobierno nacional no mantiene deuda alguna con la Provincia de Buenos Aires”, en respuesta a versiones sobre supuestas transferencias pendientes. La cartera que conduce Capital Humano remarcó: “se rechaza el intento de la Provincia de Buenos Aires de adjudicar a esta cartera ministerial responsabilidad por la propia decisión provincial de desfinanciar sus programas”.
En otro pasaje, detallaron que incrementó en un 72% el presupuesto destinado a mejorar la calidad educativa. “El Ministerio de Capital Humano ha incrementado significativamente el gasto destinado a mejorar la calidad educativa mediante la implementación del Plan Nacional de Alfabetización, Plan Nacional de Matemática y Jornada Extendida, incrementando su presupuesto en un 72%, pasando de $345.319 millones en 2025 a $594.841 millones en 2026, lo que refleja el compromiso de esta cartera con el desarrollo del capital humano de niños y adolescentes», sostiene el comunicado.


La respuesta surgió por un reclamo del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires a la adminsitración nacional sobre una presunta deuda que mantienen con la Provincia, respecto de MESA y SAE. El titular de la cartera provincial había defendido los fondos para su ministerio, pero según se supo, el gobierno de Axel Kicillof evalúa una “reestructuración del modelo de asistencia social” que implicaría la eliminación del primero de los programas -un mecanismo en el que más de 2 millones de personas retiran todos los meses de la escuela de sus hijos una caja de alimentos de entre 9 y 15 productos y que le cuesta a la Provincia unos $31 mil millones al mes-.
En contraposición, analizan la posibilidad de aumentar el presupuesto para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que alcanza a más de 2.400.000 chicos y hoy implica un presupuesto de $40 mil millones. “El MESA era un programa de complementación alimentaria que mantuvimos después de la pandemia, ahora ya no alcanza con complementar, hay emergencia”, indicaron desde Provincia.

En el plano nacional, el Gobierno otorga a las familias que perciben asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo para Protección Social, un refuerzo económico mendiante la Tarjeta Alimentar.
Lo hace cada mes y el monto asignado depende de criterios como la cantidad de hijos y la prestación principal que recibe cada titular. Para abril , el monto asignado es de $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos y $108.062 para familias con tres o más hijos. El beneficio se da mediante ANSES, e incluye a las titulares de la Asignación por Embarazo, quienes cobran el mismo importe que corresponde a una familia con un hijo.
El objetivo de la Tarjeta Alimentar es garantizar elacceso a una alimentación básicapara las familias con niños y niñas en edades tempranas, cubriendo parte de los gastos mensuales en productos de primera necesidad.
POLITICA
La Iglesia cuestionó la reforma migratoria y los operativos de control en la frontera

Al concluir un encuentro nacional de tres días en Luján, la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes expresó su preocupación por “el aumento del rechazo infundado y arbitrario hacia las personas migrantes en la frontera, como así también los supuestos operativos de control migratorio, que parecieran responder más a una estrategia de comunicación política que a la acción de un estado garante de derechos”.
El organismo episcopal, que preside el arzobispo de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain, expresó que la “dura realidad de la población se complejiza en el caso de las personas migrantes y cuestionó el decreto 366/2025, que endurece los requisitos para obtener la ciudadanía argentina.
“A partir de los cambios en la legislación, muchos migrantes enfrentan una situación de vulnerabilidad generada por los cambios en la normativa migratoria. La incertidumbre en los procesos de regularización y el cambio de categorías generan un temor constante a la expulsión, obstaculizando el acceso a derechos fundamentales como el documento de identidad, la salud, la educación y el trabajo digno”, señala la comisión episcopal.
Los obispos de la comisión advierten, también, que “en una realidad cada vez más compleja, el acceso a un trabajo digno se vuelve difícil de alcanzar para las grandes mayorías”, a lo que se suma “la creciente dificultad de acceder a un servicio de salud de calidad para las familias, situación que resulta aún más desesperante para las personas con discapacidad”.
La Iglesia observa un desplazamiento de personas que se trasladan a la zona de explotación de hidrocarburo no convencional, así como en la búsqueda de trabajo en el sector portuario; con la ilusión de un empleo rápido. Pero advierte que “se encuentran con un escenario hostil y muchas veces expuestos a abusos de todo tipo”.
“Esto nos urge a redoblar esfuerzos en el acompañamiento con cercanía, orientación clara y una profunda responsabilidad pastoral”, concluyen los obispos.
Ante esta dura realidad, la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes asume el compromiso de seguir caminando juntos en la construcción de planes para la atención pastoral de las familias migrantes. Soñamos y trabajamos para que nuestras comunidades no sean lugares de acogida asistencial, sino espacios integrales que protejan la dignidad humana y fomenten la “cultura del encuentro” frente a la del descarte”.
La declaración añade que ello implica “reconocer al migrante, no como una carga, sino como una persona con dones que enriquece a la comunidad”.
“Nuestra misión –concluye el pronunciamiento- es trabajar para garantizar sus derechos, su identidad y su participación activa, propiciando espacios en los que pueda celebrar su fe. Los migrantes y refugiados pueden convertirse hoy en misioneros de esperanza”, en sintonía con el mensaje del papa León XIV para la 111ª. Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, celebrada en octubre pasado.
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POLITICA
El Gobierno analiza suspender el desfile militar por el Día de la Independencia

El Gobierno de Javier Milei baraja la posibilidad de suspender el desfile militar por el 9 de julio, Día de la Independencia. La razón de la posible cancelación del evento radica en el ajuste que tiene lugar en el Ministerio de Defensa.
Fuentes oficiales aseguraron a TN que no hubo ninguna indicación para preparar el operativo y entre los militares advierten que no están dadas las condiciones materiales (no hay presupuesto) ni de clima interno en las Fuerzas Armadas.
En la Casa Rosada aún evitan pronunciarse públicamente sobre la cuestión, pero admiten que el evento no figura en la agenda operativa. Desde las FF.AA. dijeron al mismo medio que “entendemos que no va a haber desfile por el recorte presupuestario”.
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La lectura general es que, en medio del ajuste en Defensa, marcado por el malestar salarial en el sector castrense, resulta una tarea complicada organizar una movilización nacional de tropas, vehículos, aviones, seguridad, combustible, viáticos y logística.
Cabe destacar que el año pasado tampoco se realizó el desfile militar por el Día de la Independencia debido a las mismas razones: falta de fondos. El mismo se redujo a una demostración en el campo de polo de Palermo.
El último evento en alusión a la efeméride fue en 2024. En ese día participaron el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en una de las pocas ocasiones en las que se los vio juntos. También formaron parte de la actividad unos 9900 militares.
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9 de Julio,ajuste,DESFILE MILITAR,Gobierno,Ministerio de Defensa
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