En una carta abierta a los legisladores nacionales, la Iglesia planteó fuertes críticas al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que se encuentra en tratamiento en el Senado. Cuestionó que se dejen sin efecto las limitaciones que en la actualidad existen para la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en casos de reservas de agua y otros bienes naturales, entre otras observaciones formuladas a la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo.

Además, los obispos pidieron que se favorezca el acceso a la vivienda a familias vulnerables, mediante “un marco jurídico razonable” para los alquileres”.

A través de un pronunciamiento de Cáritas, del Área de Ecología Integral de la Comisión de Pastoral Social y de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, la Iglesia pidió a los legisladores nacionales que “guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad”.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada es impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para “eliminar restricciones que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad” y fortalecer la seguridad jurídica. Propone cambios en el régimen de expropiaciones y en los procesos de desalojos, además de reformas en otras legislaciones, como la de tierras rurales y la de manejo del fuego.

Los cuestionamientos

“Este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”, dice el pronunciamiento de los organismos del Episcopado.

En sus críticas, la Iglesia cita fragmentos de la reciente encíclica Magnifica humanitas, del papa León XIV, y de Laudato si, presentada en 2015 por su antecesor Francisco. La declaración episcopal se titula “La tierra: madre, hermana y bien común” y advierte que “resultan alarmantes los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido”.

En la cita a la encíclica de León XIV, cuya visita al país espera concretar el presidente Javier Milei, la declaración de los organismos episcopales expresa que “el principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra -el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales- han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes”.

Transmite, así, la inquietud de la Iglesia por el proyecto, por cuanto “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.

“Nuestra preocupación se fundamenta en que este proyecto, entre otras cosas, deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros -personas físicas o empresas- y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales”.

“También resultan alarmantes los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido”, advierte el Episcopado.

La Iglesia considera que el proyecto oficial “debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.

“La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico. Como nos recuerda el papa Francisco en Laudato si, la tierra es nuestra hermana y nuestra madre, porque nos sostiene, nos alimenta y nos cobija”

Frente a las promesas del crecimiento económico financiero, la Iglesia recuerda un pensamiento de León XIV en su reciente encíclica: “El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes, y cuando se refiere también a los pueblos, no solo a los individuos”. Y expresa que “la justicia exige el reconocimiento de los derechos sociales y de los derechos de los pueblos, e incluye la responsabilidad hacia los que vendrán después de nosotros”.

La declaración episcopal vincula el proyecto que se encuentra en el Senado con el problema de la vivienda. Y expresa: “Muchos no poseen vivienda propia y tienen que alquilar. Es importante favorecer el acceso a la vivienda, como necesidad primaria para tantas familias, dando un marco jurídico razonable a los alquileres que sea justo tanto para propietarios como para inquilinos”.

La Casa Rosada, inmersa en un dilema grave con Manuel Adorni, debió activar a sus espadas políticas para negociar con sus aliados históricos que no abandonen a esta gestión y eviten acompañar el pedido de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, propuesto por las bancadas opositoras en el Congreso.

confirmó a través de distintas fuentes de Balcarce 50 y legislativas que por estas horas trabajan a destajo para contener la escalada en el Senado la jefa de bloque, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En Diputados se mueve Martín Menem, pese a que estuvo los últimos días de visita en Israel. Los primos riojanos son los máximos discípulos de la secretaria general, Karina Milei. Bullrich es la principal detractora interna de Adorni, pero no es su intención prestarse a la estrategia opositora.

El primer objetivo de la Casa Rosada es que se caiga la sesión que se espera para este jueves en la Cámara alta y que debería terminar de ultimarse mañana por la tarde en la reunión de labor parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, una ferviente crítica de Adorni. En el Senado, la interpelación y la moción de censura están movilizadas por el kirchnerismo.

Según pudo saber , los articuladores del gobierno libertario apelaron a una estrategia de presión política sobre sus socios, con el argumento de que no pueden avalar una movida como esta, que no ocurrió nunca en la historia del país. En la Argentina, esta herramienta fue incorporada a la Constitución en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem.

La línea oficial

“Nunca, en 32 años desde la reforma del 94, un jefe de Gabinete fue removido por el Congreso. Y sería para los aliados muy fuerte apoyar algo así”: esa es la línea que se plantea desde Balcarce 50. Les dicen que no pueden dejar este “precedente” y que acá se pone en juego la «institucionalidad».

En la entrevista en LN+ con José del Rio la semana pasada, el jefe de Gabinete admitió haber cometido un delito que podría configurarse como omisión maliciosa, cuando dijo que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos US$500.000, según él provenientes de una inversión en bitcoins. Esto también cuando frente a la Cámara de Diputados había afirmado, en abril, que “nunca existió ocultación alguna” en los documentos que presentó ante la Oficina Anticorrupción.

En el Gobierno aseguran que la discusión con los aliados está estrictamente vinculada al tema Adorni y que, en este caso, no hay sobre la mesa obras u otros pedidos de parte de los jefes provinciales para el toma y daca. “Esto es político, no va por ahí”, resumió una de las fuentes libertarias.

Juega a favor de la Casa Rosada que finalmente Adorni va a ir a presentar su informe de gestión a la Cámara alta el próximo 2 de julio. Por protocolo, el jefe de Gabinete responde preguntas por escrito que le envían -en este caso los senadores- y también se expone al cuerpo con cuestionamientos cara a cara durante una sesión especial. Con este argumento también trabajan desde Balcarce 50 para desalentar el intento opositor de interpelarlo por sus problemas judiciales.

En el Senado, la arremetida contra Adorni está impulsada por el kirchnerismo. En la principal bancada de la oposición quieren ir a sesión para insistir y presionar no solo con la interpelación, sino también con la moción de censura. “A ver cuántos se animan a levantar la mano para ratificarlo en el cargo, más allá de los 21 libertarios”, se jactaban este martes en la bancada K.

Para Balcarce 50 el foco está puesto en Pro y en los legisladores que responden a gobernadores, sobre todo radicales, que suelen acoplarse a proyectos de la Casa Rosada, como Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Desde que arrancó la semana, los bloques aliados al Gobierno convocaron en el Senado a una concatenación de reuniones para intentar fijar postura.

Socios del Gobierno como Pro y el radicalismo están en una encrucijada porque no se muestran dispuestos a subirse al pedido del kirchnerismo, ya que consideran una “hipocresía” de esa bancada señalar a un funcionario por corrupción cuando -alegan- Cristina Kirchner está presa por ese delito; a la vez que tampoco pretenden quedar ante la opinión pública como defensores de Adorni. Más que nada con los bajísimos niveles de imagen que tiene el jefe de Gabinete tras meses de escándalo sin resolver y mientras el Presidente lo mantiene en el cargo.

En esos espacios florece la creatividad para ver de qué manera se despegan de Adorni sin plegarse a la movida K. De mínima, la posición más cómoda sería directamente evitar ir a una sesión el jueves. Podrían intentar algo más.

Si el Gobierno logra sortear el Senado, deberá enfrentar -ya con una a favor- la interpelación y la moción de censura pero de Diputados. En ese caso, el pedido no solo fue hecho por el kirchnerismo, sino también por un variopinto universo de bancadas opositoras, que solicitaron una sesión para el próximo 23 de junio con el fin de girar ambas cuestiones a comisión, aprobarlas, y así después llevarlas a recinto y solo precisar mayoría simple.