POLITICA
Se tensa una definición por las reelecciones indefinidas y buscan que lo resuelva la Corte bonaerense
La modificación a ley que limita las reelecciones de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires podría encontrar un camino: que sea la Suprema Corte de Justicia bonaerense la que resuelva finalmente sobre su aplicación. Ante la falta de votos y el costo político que tiene un cambio a la normativa, de cara a la elección del año que viene, en la Legislatura provincial ponen las expectativas sobre el máximo tribunal.
Hacia afuera, las posiciones respecto a un cambio en la normativa son más o menos conocidas. En el peronismo hay posturas distintas: los intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof están en contra de la actual normativa que les deja a los intendentes la posibilidad de ser electos e ir solamente por una reelección, sin posibilidad de disputar un tercer mandato de manera consecutiva. En el Frente Renovador de Sergio Massa, están en contra de hacer cambios a la norma vigente, ya que el espacio fue uno de los impulsores en 2016 sellando un acuerdo con la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal. El PRO y el radicalismo sostienen estar en contra de cambiar lo votado años atrás, al igual que La Libertad Avanza. Pero, puertas adentro de los despachos y en reuniones informales del sistema político bonaerense, la percepción es otra.
El radicalismo tiene 17 de sus 27 intendentes que, de no haber modificación a la ley 14.386, no podrán ir por un nuevo mandato en 2027. “Hay muchos intendentes del radicalismo que dicen una cosa, pero piensan otra”, asegura un jefe comunal del peronismo que está en contra la actual ley. El PRO tampoco quiere acompañar una discusión de este estilo, pero en 2021 cuando se hizo la modificación para que no se considere como primer período el mandato 2015-2019, hubo algunos legisladores que votaron cambios a la ley o bien habilitaron el quórum.
En el kirchnerismo, Máximo Kirchner ha manifestado tiempo atrás que no se podía restringir la voluntad del elector. Sin embargo, esperan que, de haber una discusión de ese estilo, sea el gobernador bonaerense quien eleve un proyecto de ley. Tanto en el Senado como en Diputados miran a la Corte. El peronismo es primera minoría en Diputados y tiene quórum propio en el Senado. Pero a la falta de certezas de un respaldo opositor se le suman las diferencias puertas adentro del bloque.
Hoy, la foto de acompañamientos y acuerdos es difusa. Cierto es que son pocos los legisladores que están dispuestos a pagar un costo político ante lo que narrativamente se puede leer como la perpetuidad en los cargos. El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, -que forma parte del MDF que comanda Axel Kicillof- fue el único que planteó en público y tiempo atrás, la posibilidad de que la discusión se resuelva vía judicial.
Los distintos bloques políticos no ven mal esa alternativa, para un año en el que se espera se discuta una reforma política en la provincia de Buenos Aires, que incluye la aplicación de la Boleta Única de Papel para la elección provincial y otros ítems como desdoblamiento electoral por ley; tal como lo propuso recientemente el bloque UCR Cambio Federal, a partir de un proyecto de ley del diputado Matías Civale.
Recientemente la Corte tuvo un fallo favorable al Ejecutivo. Algunos intendentes ven un terreno fértil. Sucede que los supremos de la provincia de Buenos Aires rechazaron los recursos presentados por empresas de reparto como Rappi Argentina y Repartos Ya, y validaron tanto las sanciones económicas impuestas por el Ministerio de Trabajo bonaerense como el criterio que reconoce a los repartidores como empleados en relación de dependencia. El fallo se basó en inspecciones que detectaron irregularidades laborales, como la falta de registración de trabajadores, ausencia de pagos de salarios mínimos y deficiencias en la seguridad social. Las empresas argumentaron que los repartidores eran trabajadores autónomos, pero la Corte consideró que existían los elementos de una relación laboral y que la denominación formal del vínculo no era determinante. El tribunal ratificó multas millonarias, entre ellas una de más de 16 millones de pesos a Rappi Argentina, y confirmó la existencia de relación laboral para la mayoría de los repartidores. Solo en ocho casos de Repartos Ya, donde se discutió la existencia misma de la prestación de servicios, la Corte ordenó una revisión específica.
Una Corte corta
Hoy el tribunal supremo de Justicia provincial está compuesto por Hilda Koga en la presidencia; Sergio Torres como vicepresidente y Daniel Soria como ministro. Hay cuatro lugares vacantes que, al igual que sucede con la ley de reelecciones indefinidas, no encuentran consenso para suplir su vacancia.
Semanas atrás Kicillof inauguró el Polo Judicial en Olavarría. Hasta allí fueron los integrantes de la Suprema Corte. Al gobernador se le consultó por los lugares vacantes. “Necesitamos los votos en la Legislatura y ya vieron lo que nos costó sacar el Presupuesto, cómo es la situación con fuerzas de la oposición cambiantes y dispersas. Estamos viendo cómo reunir los consensos. Si no se consiguen las voluntades no se puede hacer”, dijo para enfriar una demanda que surge, incluso, del propio Poder Judicial bonaerense.
“Que lo resuelva la Corte no está mal. El gobernador quiere modificarlo, pero no manda ningún proyecto de ley. Quiere que nosotros paguemos el costo, pero a él más que a nadie le sirve que los intendentes tengan reelección”, admite un diputado opositor. El gobernador le había adelantado en enero de este año a sus propios intendentes que la actual normativa le facilitaba el camino a la fuerza de Milei ya que dejaba al peronismo a “los mejores candidatos”, es decir los propios intendentes y que había que cambiarlo. Resta conocer quién hará una presentación judicial para que el máximo tribunal resuelva.
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POLITICA
La respuesta de Jésica Cirio frente a la difusión de videos privados: “Estoy a disposición de la Justicia”
La conductora Jésica Cirio se refirió este sábado a la difusión de videos en los que aparece con fajos de dólares y denunció un intento de extorsión sostenido desde hace más de un año y remarcó que la causa ya tramita en la Justicia.
“Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, explicó a través de un comunicado.
La exconductora de Telefé agregó que ya está en trámite una causa judicial por ese tema: “Ello, como corresponde, fue oportunamente puesto en conocimiento de la Justicia con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58 de esta ciudad, lo cual dio inicio a la formación de la causa CCC 36588/2025 caratulada ‘CIRIO, Jessica s/d extorsión’”.
La conductora destacó que hizo la denuncia antes de que la situación se hiciera pública. “Con ello se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo”, afirmó.
Respecto a las imágenes, Cirio puntualizó que «se tratan de una secuencia de videos” e insistió en que “en las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”.
Los videos, que habrían sido grabados en 2023, muestran a Cirio en un vestidor junto a fajos de dólares envueltos en plástico transparente, guardados en cajones y estantes del domicilio que compartía con Martín Insaurralde en Fincas de San Vicente.
En su descargo, la conductora también abordó su situación fiscal: “Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas”. Cerró su mensaje ratificando su postura: “Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia”.
Fuentes del estudio de abogados que representa a Cirio señalaron que “desde hace un año y medio que la extorsionan con ese video” y que el acceso al contenido se habría producido de forma ilegítima, ya que ella no compartía sus claves. Los abogados también mencionaron la existencia de un acta en una escribanía para dar fecha cierta al inicio de las maniobras denunciadas.
En cuanto a los dólares mostrados en los videos, los representantes legales explicaron que “perfectamente pueden ser dólares de su propiedad” y recordaron que, al momento de la separación con Insaurralde, Cirio le entregó a su exesposo USD 250.000, dato que, según el estudio, ya se encuentra acreditado en el expediente judicial.
POLITICA
El Gobierno apura los cambios en la estratégica Cámara Federal, que decide sobre las causas de corrupción
El Gobierno apura los trámites para cambiar a dos de los jueces de la Cámara Federal porteña, estratégico tribunal que debe decidir en las causas de corrupción, incluido el expediente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus bienes;el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el que aparece mencionada Karina Milei, y la causa $LIBRA, contra Javier Milei.
El nuevo decreto 467/2026, firmado el martes último por el presidente Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, permite publicar en el Boletín Oficial los nombres de los candidatos al tribunal por tres días y enviarlos al Senado. Antes se preveía un proceso de impugnación de la ciudadanía y de la sociedad civil, que llevaba 15 días, y luego repetirlo en el Senado. Ahora se hace una sola vez.
El cambio en los plazos, explicaron fuentes oficiales, se relaciona con apurar estas designaciones y no con avanzar en completar la Corte Suprema de Justicia, donde permanecen dos vacantes. Alimentó esta especulación sobre el intento de cubrir los asientos vacíos en la Corte, la visita del juez Ricardo Lorenzetti alMilei, a quien le propuso designar allí al camarista Mariano Borinsky y a la jueza Karina Perilli.
Lorenzetti no llevó esta vez la carpeta del juez Ariel Lijo como postulante, como hizo el año pasado, lo que provocó algún malestar en el magistrado, dijeron dos fuentes de los tribunales. Lijo no abandona la idea de coronar su carrera en la Corte o en la Procuración General de la Nación. “Tiene una segunda chance”, dijeron funcionarios del Gobierno.
Pero el interés inmediato del Poder Ejecutivo está en la Cámara Federal. Por eso, el Gobierno está en condiciones de mandar la semana que viene dos nombres de la terna de jueces aprobada por el Consejo de la Magistratura para cubrir las vacantes de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Ambos fueron trasladados hace diez años por el entonces presidente Mauricio Macri desde otros tribunales a la estratégica Cámara Federal. La Corte anuló esos traslados y ordenó concursar los cargos. Las dos ternas que fueron aprobadas para ocupar esos puestos incluyen en la primera lista a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola; y en la segunda, a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Bertuzzi, quien volvió a concursar para su cargo.
Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola -allegado al ministro Mahiques- para un cargo y el propio Bertuzzi o la fiscal Incardona para la otra vocalía. Esta decisión corresponde al ministro de Justicia y al Presidente.
Bertuzzi es un nombre de los tribunales de Comodoro Py, donde fue secretario desde que el edificio reconvertido a sede judicial está en pie, e Incardona cuenta con el apoyo del kirchnerismo, que la votó en el Consejo de la Magistratura, y el apoyo adicional del juez Lijo, quien ponderó sus antecedentes.
El diseño de una nueva Cámara Federal se completa en los planes del Gobierno con la apertura de una tercera vacante, pues el juez Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio, en un mes, y su pliego no fue elevado por el Poder Ejecutivo al Senado para una reválida de su acuerdo.
El nuevo decreto, que acorta los tiempos, le da chance a Irurzun de que aún manden su pliego al Senado, pero por las dudas el camarista ya planteó un amparo en la justicia contra la limitación constitucional que lo obliga a jubilarse a los 75 años y da batalla. Los antecedentes no lo ayudan, pero el final está abierto.
Expedientes sensibles
Ya están en la Cámara Federal causas que preocupan al Gobierno y que un cambio le permitiría tener mas controladas: el caso ndis, en el que intervienen Irurzun y los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah. Y está en el tribunal la causa $LIBRA, donde intervienen Bruglia, Bertuzzi -los dos camaristas a renovar- y Mariano Llorens.
Boico fue nombrado a instancias del kirchnerismo y Llorens tiene buen diálogo con el Gobierno. Cualquier cambio en los nombres modificará el equilibrio en el tribunal, que quedará conformado según el diseño del la administración libertaria.
El interés del Gobierno por la integración de la Cámara Federal se entiende, además, porque allí aterrizará más temprano que tarde el caso de supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni, inamovible para Milei hasta que la Justicia diga que cometió delitos. Es el tribunal que debería revisar su eventual procesamiento. Aún no fue sorteada la sala que interviene en la causa.
Si bien en la Casa Rosada albergan la idea de que en el caso Adorni no se llegará a una citación para prestar declaración indagatoria, en los tribunales creen todo lo contrario.
El juez Lijo regresó el fin de semana de París, Adonde viajó con una comitiva oficial acompañando al ministro Mahiques, junto con su colega Sebastián Casanello. Fueron con Tomás Rodríguez Ponte, titular de la oficina de la Corte dedicada a los peritajes de causas complejas.
Integrantes de la comitiva uran que no hubo ni un café, ni copa de vino, a solas, a orillas del Sena, entre Lijo y Mahiques para hablar del caso Adorni. Ambos se conocen hace 20 años: el ministro fue secretario en el juzgado de Lijo, pero los viajeros consultados insisten en que el viaje fue protocolar.
Hubo reuniones con autoridades entrantes y salientes del GAFI y el organismo antilavado ponderó la presencia de los funcionarios judiciales. Mahiques expuso ante el pleno y se reunió con el procurador antiterrorismo, la Escuela de la Magistratura y la ministra de Género y Discriminación. Pero nada de charlas informales relativas a Adorni, afirmó uno de los viajeros.
Al margen de la Cámara Federal, el Gobierno está interesado, además, en apurar la cobertura de las vacantes para la mitad de los tribunales orales federales de Comodoro Py, los juzgados federales de Santa Fe, Corrientes y La Plata.
Uno de los juzgados en condiciones de ser cubierto ahora mismo es el N°10 del fuero penal económico, donde tramita la causa en la que se investiga a los verdaderos dueños de la quinta de Pilar, supuestamente en manos de testaferros del tesorero de la AFA Pablo Toviggino.
El juez que finalmente maneje esa causa se hará cargo de todas las que involucran a la AFA, incluida aquella en la que se denunció a la organización por administración fraudulenta. Los candidatos a ese juzgado propuestos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo son Ignacio Labadens, María Juliana Márquez, secretaria de una fiscalía federal, y Matías Alejandro Latino.
Pero para evitar suspicacias y que nadie diga que Mahiques busca favorecer a la AFA o que está colocando un juez a dedo para solucionar los problemas de Claudio “Chiqui” Tapia, el ministro resolvió que no enviará por ahora ningún nombre al Senado y dejará en el juzgado a la subrogante Verónica Straccia, que se hizo cargo del expediente, dijeron fuentes oficiales a .
Las designaciones de nuevos jueces que propuso el Gobierno avanzan en el Senado y el 30 de junio, por ejemplo, está prevista la audiencia pública que debe pasar Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario de Lijo, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).
Su pliego fue apoyado por Lijo y fue enviado para ocupar un juzgado federal de Lomas de Zamora, estratégico para la seguridad nacional, el contrabando y el narcotráfico por su jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza.
En el Consejo de la Magistratura, presidido por el titular de la Corte, Horacio Rosatti, se aprobaron en el plenario del 15 de abril 17 ternas para otros tantos juzgados, y en el plenario del 10 de junio se aprobaron 15 ternas para otras tantas vacantes. Los jueces están exultantes porque avanzan las designaciones. Son 32 vacantes cubiertas en este 2026.
En ese organismo están interesados en avanzar ahora con la cobertura de las vacantes, porque, entre otras razones, se renuevan en noviembre buena parte de sus integrantes.
El estamento que primereó es el de los consejeros académicos que designó a Diego Molea, histórico rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que ya fue consejero. El segundo representante académico se lo disputan el peronista Juan Manuel Olmos, uno de los influyentes en la justicia porteña, y el radical Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y otro polo de la gestión judicial.
Entre los jueces por la lista Bordó, Diego Barroetaveña busca su reelección y le pidió a la Justicia contencioso administrativa un fallo que deje fuera de dudas su habilitación; y, entre los abogados, el otro operador de la justicia local y federal, Daniel Angelici, busca colocar a dos consejeros.
Renovación
Las fuerzas en el Consejo de la Magistratura cambiarán a fin de año, y el Gobierno consolidará su presencia con consejeros propios y aliados, con los cuales negociará, y tendrá mas fuerza para la remoción y designación de jueces.
Además, el gobierno de Milei busca completar en Comodoro Py la implementación del sistema acusatorio que ya puso en marcha en la mayoría de las provincias el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
Por eso, Mahiques convocará este martes a una comisión de reforma del Código Procesal Penal Federal, para avanzar en los cambios que piden los jueces y fiscales federales y que frenaron la llegada del sistema acusatorio al corazón de la justicia federal.
Entre los cambios, los fiscales quieren que se puedan hacer acuerdos con imputados que sean funcionarios públicos perseguidos por hechos de corrupción, lo que ahora está prohibido. Quieren facilitar las investigaciones de delitos complejos, más propias de Comodoro Py que de juzgados federales del interior, y pretenden dejar en claro que los auxiliares fiscales puedan participar de las audiencias.
Los jueces, por el contrario, no quieren perder el control de las causas y en algunas jurisdicciones se llega al extremo de que, a pesar de que las audiencias son todas públicas, el magistrado les hace adelantar por escrito a los fiscales lo que van a decir. Un asunto que no está zanjado y que va a generar debate.
El fondo del problema es que la mayoría de los jueces federales de Comodoro Py no quieren ceder el control de los expedientes a los fiscales y ser ellos quienes mantengan el poder. Cualquier negociación, aun de la disposición de la acción penal, quieren que pase por ellos.
Así, en tres meses, desde la llegada de Mahiques como ministro de Justicia, se precipitaron los cambios en el diseño del Poder Judicial, un área en la que el gobierno de La Libertad Avanza hasta ahora no había podido hacer pie.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos donde se ven fajos con millones de dólares en la casa de Martín Insaurralde
Luego de la difusión de los videos en los que aparece junto a fajos de dólares, Jesica Cirio emitió un comunicado en el que denunció haber sido víctima de una maniobra ilícita que accedió a sus archivos personales y aseguró que desde hace más de un año es objeto de intentos de extorsión.
En el texto, la conductora sostuvo que terceros accedieron sin su consentimiento a distintos soportes que contenían material audiovisual privado. Según indicó, esa situación derivó en amenazas vinculadas con la posible difusión de imágenes personales e íntimas.
Cirio afirmó que los hechos fueron denunciados oportunamente ante la Justicia y señaló que la causa tramita en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°58 bajo la carátula “Cirio, Jessica s/ extorsión”.
“La vulneración de mis archivos y los intentos de extorsión fueron puestos en conocimiento de la Justicia mucho antes de que esta situación comenzara a ser mencionada públicamente”, sostuvo.
Leé también: Fajos con millones de dólares en el placard: se conocieron videos que podrían complicar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio
Además, cuestionó la autenticidad del material difundido y aseguró que los videos presentan alteraciones. Según manifestó, las imágenes corresponden a distintas secuencias que contienen cortes y manipulaciones digitales.
Por otra parte, la conductora volvió a defender el origen de su patrimonio y remarcó que trabaja en la actividad privada desde los 18 años. En ese sentido, aseguró que todos sus ingresos fueron debidamente declarados ante los organismos fiscales y que nunca recibió observaciones o intimaciones vinculadas con inconsistencias patrimoniales.
Finalmente, Cirio ratificó que continuará colaborando con la investigación judicial. “Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia”, concluyó.
La causa judicial que investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero sumó un nuevo episodio este sábado tras la difusión de una serie de videos en los que aparecería Jesica Cirio en un vestidor junto a importantes cantidades de dólares.
Según publicó La Nación, se trata de siete grabaciones que habrían sido registradas en 2023 en una dependencia de la vivienda que el entonces matrimonio compartía en el barrio privado Fincas de San Vicente, en el sur del conurbano bonaerense.
En las imágenes se observarían fajos de dólares envueltos en bolsas plásticas transparentes y almacenados en cajones y estantes de un vestidor que, de acuerdo con distintas reconstrucciones, correspondería al sector de uso personal de Insaurralde dentro de la planta alta de la propiedad.
La casa, emplazada sobre un amplio lote, cuenta con varias habitaciones y baños, gimnasio, cocina, comedor diario, lavadero y dependencias de servicio. En el exterior posee pileta, quincho, cancha de fútbol y cocheras cubiertas, además de paneles solares instalados en el techo.
Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. La separación se produjo en noviembre de 2022 y el divorcio fue formalizado en julio de 2023. Meses después estalló el denominado “yategate”, luego de que se difundieran imágenes del dirigente peronista navegando junto a Sofía Clerici en un yate de lujo en Marbella, situación que derivó en denuncias y en una investigación judicial por la evolución de su patrimonio.
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