POLITICA
Se tensa una definición por las reelecciones indefinidas y buscan que lo resuelva la Corte bonaerense

La modificación a ley que limita las reelecciones de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires podría encontrar un camino: que sea la Suprema Corte de Justicia bonaerense la que resuelva finalmente sobre su aplicación. Ante la falta de votos y el costo político que tiene un cambio a la normativa, de cara a la elección del año que viene, en la Legislatura provincial ponen las expectativas sobre el máximo tribunal.
Hacia afuera, las posiciones respecto a un cambio en la normativa son más o menos conocidas. En el peronismo hay posturas distintas: los intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof están en contra de la actual normativa que les deja a los intendentes la posibilidad de ser electos e ir solamente por una reelección, sin posibilidad de disputar un tercer mandato de manera consecutiva. En el Frente Renovador de Sergio Massa, están en contra de hacer cambios a la norma vigente, ya que el espacio fue uno de los impulsores en 2016 sellando un acuerdo con la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal. El PRO y el radicalismo sostienen estar en contra de cambiar lo votado años atrás, al igual que La Libertad Avanza. Pero, puertas adentro de los despachos y en reuniones informales del sistema político bonaerense, la percepción es otra.
El radicalismo tiene 17 de sus 27 intendentes que, de no haber modificación a la ley 14.386, no podrán ir por un nuevo mandato en 2027. “Hay muchos intendentes del radicalismo que dicen una cosa, pero piensan otra”, asegura un jefe comunal del peronismo que está en contra la actual ley. El PRO tampoco quiere acompañar una discusión de este estilo, pero en 2021 cuando se hizo la modificación para que no se considere como primer período el mandato 2015-2019, hubo algunos legisladores que votaron cambios a la ley o bien habilitaron el quórum.
En el kirchnerismo, Máximo Kirchner ha manifestado tiempo atrás que no se podía restringir la voluntad del elector. Sin embargo, esperan que, de haber una discusión de ese estilo, sea el gobernador bonaerense quien eleve un proyecto de ley. Tanto en el Senado como en Diputados miran a la Corte. El peronismo es primera minoría en Diputados y tiene quórum propio en el Senado. Pero a la falta de certezas de un respaldo opositor se le suman las diferencias puertas adentro del bloque.

Hoy, la foto de acompañamientos y acuerdos es difusa. Cierto es que son pocos los legisladores que están dispuestos a pagar un costo político ante lo que narrativamente se puede leer como la perpetuidad en los cargos. El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, -que forma parte del MDF que comanda Axel Kicillof- fue el único que planteó en público y tiempo atrás, la posibilidad de que la discusión se resuelva vía judicial.
Los distintos bloques políticos no ven mal esa alternativa, para un año en el que se espera se discuta una reforma política en la provincia de Buenos Aires, que incluye la aplicación de la Boleta Única de Papel para la elección provincial y otros ítems como desdoblamiento electoral por ley; tal como lo propuso recientemente el bloque UCR Cambio Federal, a partir de un proyecto de ley del diputado Matías Civale.
Recientemente la Corte tuvo un fallo favorable al Ejecutivo. Algunos intendentes ven un terreno fértil. Sucede que los supremos de la provincia de Buenos Aires rechazaron los recursos presentados por empresas de reparto como Rappi Argentina y Repartos Ya, y validaron tanto las sanciones económicas impuestas por el Ministerio de Trabajo bonaerense como el criterio que reconoce a los repartidores como empleados en relación de dependencia. El fallo se basó en inspecciones que detectaron irregularidades laborales, como la falta de registración de trabajadores, ausencia de pagos de salarios mínimos y deficiencias en la seguridad social. Las empresas argumentaron que los repartidores eran trabajadores autónomos, pero la Corte consideró que existían los elementos de una relación laboral y que la denominación formal del vínculo no era determinante. El tribunal ratificó multas millonarias, entre ellas una de más de 16 millones de pesos a Rappi Argentina, y confirmó la existencia de relación laboral para la mayoría de los repartidores. Solo en ocho casos de Repartos Ya, donde se discutió la existencia misma de la prestación de servicios, la Corte ordenó una revisión específica.
Una Corte corta
Hoy el tribunal supremo de Justicia provincial está compuesto por Hilda Koga en la presidencia; Sergio Torres como vicepresidente y Daniel Soria como ministro. Hay cuatro lugares vacantes que, al igual que sucede con la ley de reelecciones indefinidas, no encuentran consenso para suplir su vacancia.
Semanas atrás Kicillof inauguró el Polo Judicial en Olavarría. Hasta allí fueron los integrantes de la Suprema Corte. Al gobernador se le consultó por los lugares vacantes. “Necesitamos los votos en la Legislatura y ya vieron lo que nos costó sacar el Presupuesto, cómo es la situación con fuerzas de la oposición cambiantes y dispersas. Estamos viendo cómo reunir los consensos. Si no se consiguen las voluntades no se puede hacer”, dijo para enfriar una demanda que surge, incluso, del propio Poder Judicial bonaerense.

“Que lo resuelva la Corte no está mal. El gobernador quiere modificarlo, pero no manda ningún proyecto de ley. Quiere que nosotros paguemos el costo, pero a él más que a nadie le sirve que los intendentes tengan reelección”, admite un diputado opositor. El gobernador le había adelantado en enero de este año a sus propios intendentes que la actual normativa le facilitaba el camino a la fuerza de Milei ya que dejaba al peronismo a “los mejores candidatos”, es decir los propios intendentes y que había que cambiarlo. Resta conocer quién hará una presentación judicial para que el máximo tribunal resuelva.
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POLITICA
Causa Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 resolvió este viernes sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana Karina en la causa Libra, que investigaba una presunta megaestafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y promoción del activo digital. El juez Marcelo Martínez de Giorgi consideró que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal y aceptó el pedido del fiscal Eduardo Taiano. La decisión también alcanza a otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis.
La resolución tiene 60 páginas y se fundamenta en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, que establece el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito. El fallo todavía está sujeto a eventuales recursos y su alcance se limita a las actuaciones examinadas por ese juzgado.
La investigación se originó a partir de denuncias por presuntos hechos de corrupción y una posible estafa relacionada con el lanzamiento de $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero de 2025. Ese día, a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje que promocionaba el proyecto y difundía la dirección del contrato del criptoactivo. Según las denuncias reconstruidas en el fallo, su cotización pasó de aproximadamente US$0,01 a un valor cercano a US$5 y luego se desplomó. Los denunciantes estimaron que unas pocas billeteras retiraron alrededor de US$100 millones y que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas de valor.
El fiscal Taiano solicitó el sobreseimiento después de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. La investigación incluyó allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, estudios de trazabilidad de operaciones en la red Solana y pedidos de información a organismos públicos y empresas privadas. También se requirió cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y responsables de billeteras vinculadas con el lanzamiento del token.
Uno de los principales fundamentos fue que no se logró demostrar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. El juez sostuvo que la publicación presidencial pudo aumentar la visibilidad del proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero que esa circunstancia no acreditaba por sí sola una maniobra fraudulenta. Para el magistrado, tampoco alcanzaba con demostrar la suba inicial del precio, su posterior caída y las pérdidas económicas: era necesario probar una falsedad concreta que hubiera inducido a los inversores a comprar el activo.
Respecto de Javier Milei, la Justicia también descartó los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El fallo tomó en cuenta que la Oficina Anticorrupción había concluido que la publicación no constituyó un acto institucional ni implicó la utilización de recursos estatales. También señaló que no se encontraron actos administrativos vinculados con el lanzamiento de $LIBRA ni documentación oficial que acreditara un acuerdo confidencial entre el Presidente y Hayden Davis para prestar asesoramiento sobre criptomonedas.
En el caso de Karina Milei, el juez consideró que no se acreditó que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados con el proyecto. La investigación había examinado posibles hechos de tráfico de influencias y presuntos pagos por encuentros oficiales. Entre las pruebas figuraba una nota extraída del teléfono de Novelli que mencionaba un pago destinado a Javier y Karina Milei, pero las pericias no permitieron comprobar que esa propuesta hubiera sido comunicada o aceptada por terceros.
POLITICA
Bariloche: denunciaron a un candidato constituyente por mensajes que reivindican a Videla y al terrorismo de Estado

Adrián Marcelo Grau, candidato a convencional constituyente de la alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, fue denunciado por publicaciones atribuidas a su cuenta de Facebook que reivindican a Jorge Rafael Videla y el terrorismo de Estado.
El postulante ocupa el sexto lugar de la nómina que competirá el 1 de noviembre por los 15 cargos titulares encargados de reformar la Carta Orgánica Municipal.

La denuncia fue presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche ante el Ministerio Público Fiscal por presunta apología del delito, con las firmas de Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino. La presentación deberá determinar la autoría de los mensajes y si su contenido configura un delito.
Las capturas fueron difundidas durante el programa radial Nada Personal, de Voz Radio, y correspondían a un perfil identificado con el nombre de Grau. Entre los mensajes figuraban elogios a Videla, frases que relativizaban los crímenes de la dictadura y expresiones contra Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Una de las publicaciones afirmaba: “Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia”. En otra, el perfil lamentaba que el régimen militar “no terminó su trabajo” y reproducía la consigna: “No fueron 30.000, no fueron inocentes, no fueron suficientes”.
Los mensajes estaban fechados el 22 de marzo, en la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Tras su difusión pública, la cuenta de Facebook dejó de estar disponible.

La denuncia y el reclamo de apartar al candidato
La APDH sostuvo que las publicaciones atribuidas a Grau reivindican delitos de lesa humanidad y “ensucian la memoria de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”. La entidad recordó que esos organismos impulsaron la búsqueda de personas desaparecidas y la restitución de identidad de niños apropiados durante la dictadura.

El organismo recordó que se restituyeron identidades a 140 nietos y estimó que el número de personas apropiadas durante ese período se aproxima a 500. También pidió a los partidos políticos que revisen las expresiones públicas de sus candidatos y definan su posición frente a la defensa de los derechos humanos.
Alhue Gavuzzo y Jorge “Jure” Paulic, referentes de la lista Izquierda de los Trabajadores, integrada por el PTS y el MST, reclamaron el retiro de la candidatura. “No es libertad de expresión: es apología del terrorismo de Estado. Es inadmisible que quien reivindica a un genocida condenado por delitos de lesa humanidad quiera redactar la Carta Orgánica de Bariloche”, expresaron.

También repudiaron los mensajes Tomás Guevara, de Fuerza Bariloche; Osvaldo Nemirovsci, del Movimiento Vecinal por Bariloche; y Rodolfo Sánchez, del Frente de Izquierda por el Socialismo. El bloque Vamos con Todos anticipó, además, que promoverá un pronunciamiento de rechazo en la Legislatura de Río Negro.
La explicación de Cortés y la alianza oficialista
El intendente de Bariloche, Walter Cortés, afirmó que Grau le dijo que su cuenta había sido vulnerada. No se difundieron pruebas técnicas que permitan confirmar esa versión ni establecer de manera definitiva quién realizó las publicaciones.
El jefe comunal cuestionó que la oposición llevara el tema a la campaña y evitó referirse al contenido de los mensajes. “Me tiene sin cuidado, yo sigo con las obras”, respondió al ser consultado sobre el caso.

Grau integra la lista encabezada por Yanina Sánchez de la alianza que reúne al Partido Unión y Libertad, vinculado a Cortés, y a Juntos Somos Río Negro, fuerza liderada por el gobernador Alberto Weretilneck.
Antes de incorporarse a Estamos Haciendo Bariloche, Grau ocupó el sexto puesto en la lista de candidatos a legisladores provinciales de Primero Río Negro durante las elecciones de abril de 2023. Esa fuerza era liderada por Ariel Rivero y estaba alineada entonces con Javier Milei.
La elección constituyente contará con 13 listas. Los representantes electos discutirán normas sobre la organización del gobierno local, la representación política, los mecanismos de participación vecinal y los controles sobre la administración pública.
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POLITICA
Renunció Julián Curi, un funcionario del Ministerio de Seguridad cercano a Patricia Bullrich

En las últimas horas se confirmó una nueva salida en el gobierno de Javier Milei. Se trata de Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios y dirigente cercano a Patricia Bullrich, quien presentó este viernes su renuncia indeclinable al cargo y solicitó que sea aceptada de manera inmediata.
En el escrito dirigido al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó la intervención de un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires en asuntos vinculados con decisiones de la Justicia federal. Según indicaron fuentes del ministerio a TN, todavía no hay un reemplazo para su salida.
Curi fue abogado de Bullrich y la acompañó durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad Nacional. En su presentación, vinculó su salida con el conflicto judicial que derivó en un apercibimiento en su contra por una presunta desobediencia y un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El funcionario sostuvo que su decisión responde a la defensa del carácter federal del Servicio Penitenciario Federal y cuestionó lo que consideró una intromisión de la jurisdicción porteña sobre resoluciones adoptadas por jueces federales.
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