Tokio, 18 abr (.).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, reiteró su compromiso de adoptar «todas las medidas posibles al alcance» de Japón, después de que Londres anunciara la creación de una misión multinacional defensiva para contribuir al tráfico marítimo del estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones por la guerra en Irán.

«Japón continuará trabajando estrechamente con la comunidad internacional, incluidos los países y organizaciones internacionales pertinentes, y mantiene su compromiso de adoptar todas las medidas posibles dentro de su alcance», según un mensaje de Takaichi para la reunión virtual de líderes sobre la navegación en Ormuz, organizada por Francia y Reino Unido y celebrada en la jornada del viernes.

Takaichi expresó su reconocimiento por las iniciativas emprendidas por París y Londres, enfatizando que «es fundamental» que se restablezca la estabilidad en el estratégico paso «lo antes posible» y que se garantice la libertad y seguridad de navegación para los buques de todos los países. «Sigue siendo una prioridad urgente», añadió.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo nipón destacó que en las últimas semanas ha realizado esfuerzos diplomáticos en este sentido, incluida la propuesta de fomentar el establecimiento de corredores marítimos seguros.

En cuanto a las consecuencias en el sector energético, recordó que Tokio anunció 10.000 millones de dólares en cooperación financiera para facilitar compras conjuntas de productos derivados del petróleo entre países asiáticos.

La aclaración de Takaichi está relacionada con las limitaciones legales del país asiático, cuya Constitución consagra el pacifismo y exige la renuncia total a la guerra, a la hora de enviar activos militares a una zona en conflicto.

No obstante, a mediados de marzo, cuando el debate sobre el envío de activos militares a Ormuz estaba en primera línea por las constantes peticiones del presidente estadounidense, Donald Trump, en este sentido, Takaichi llegó a plantear la posibilidad de desplegar buques japoneses en la zona en el caso de que se implementara un alto el fuego.

Seúl, «papel responsable»

Por su parte, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, explicó tras participar en la cumbre virtual que su país desempeñará «un papel responsable para garantizar la libertad de navegación en el estrecho, basado en el Derecho Internacional».

Así, sostuvo que Seúl participará «activamente en los esfuerzos de la comunidad internacional para contribuir a los principios de libertad de navegación y la estabilidad de las cadenas de suministro globales».

«Además, planeamos buscar activamente maneras de fortalecer la cooperación diplomática y militar de cara a futuros cambios en la situación», indicó el jefe de Estado de Corea del Sur en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Con todo, Lee enfatizó que Corea del Sur depende de Ormuz para aproximadamente el 70 % de sus importaciones de petróleo, por lo que «garantizar la estabilidad en esta vía marítima y la libertad de navegación es una cuestión fundamental directamente vinculada» a la economía surcoreana y a la vida de su población.

El ministro de Economía, Luis Caputo, regresa al país luego de estar desde el miércoles en Washington D.C., en donde participó de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con logros concretados y otros que están por verse, ya que, si bien se conoció el acuerdo a nivel técnico con el staff del FMI, que destraba el desembolso de USD 1.000 millones, falta que lo apruebe el directorio. Lo mismo sucede con la garantía que negocia con el Banco Mundial para el próximo vencimiento de deuda de julio por 4.300 millones de dólares.

En el primer día que Caputo llegó a Washington D.C., y luego de un breve intercambio con Kristalina Georgieva, el staff del FMI comunicó: “El personal del Fondo y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa EFF (Acuerdo de Facilidades Extendidas), lo que abre la posibilidad de acceder a unos USD 1.000 millones”. Aunque la decisión final depende del Directorio Ejecutivo del FMI, en el Ministerio de Economía esperan que el desembolso se refleje en las reservas del Banco Central en mayo.

Si bien todos los focos están en el desembolso, el equipo económico logró un importante recorte de la meta fiscal para este año en un contexto en donde la recaudación cae hace nueve meses y hay reclamos de diferentes sectores a Economía por deudas pendientes, como por ejemplo las empresas de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o los proveedores del PAMI. Ahora, durante el 2026, el Gobierno se comprometió a conseguir un superávit primario de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en lugar de 2,2% del PBI.

La directora de la consultora C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, analizó el cambio en la meta fiscal y dijo que el 2,2% del PBI acordado en la primera revisión del programa siempre resultó llamativo. “El Presupuesto es acorde con la nueva meta de 1,4% de PBI de superávit primario; es lógico, tiene sentido en un contexto en donde estás bajando impuestos. Incrementar el superávit primario a 2,2% era excesivo y muy complicado de sostener”, destacó en diálogo con Infobae.

No obstante, hay quienes consideran que, aun con el recorte, la meta sigue siendo ambiciosa. “1,4% hoy luce desafiante también; el año pasado se logró creciendo al 4,4%, este año el mismo FMI bajó el crecimiento a 3,5%. Hay que bajar más los subsidios. ¿Cómo lo puede hacer el equipo económico con la inflación arriba del 2,5% y el mercado interno por el piso?”, planteó un analista en off the record.

Es que luego de que la inflación se ubicara en 3,4% en marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que a partir de abril se vienen “los mejores 18 meses de las últimas dos décadas”, con una desaceleración de la inflación y un repunte de la actividad económica.

Respecto a ese objetivo, en la última semana se dio a conocer el resultado fiscal de marzo y, si bien nuevamente el Gobierno volvió a tener superávit gemelos (fiscal y comercial) y en lo que va del año acumula un resultado primario de 0,5% del PBI y financiero de 0,2% del PBI, tiene frentes de tormenta abiertos en la Justicia que podrían golpear el resultado de la caja del Estado. Uno de ellos es el cumplimiento del fallo de la Ley de Financiamiento Universitario, que se calcula en 2,5 billones de pesos.

En paralelo, durante la estadía en Washington, tras la reunión de Caputo con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, se conoció que se negocia una garantía por USD 2.000 millones “para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”.

Lo que busca el equipo económico es que el Banco Mundial actúe como un respaldo del Gobierno ante las negociaciones con bancos internacionales, quienes en lugar de considerar el índice de riesgo país para definir la tasa de interés del préstamo tomarían la solvencia del organismo internacional, que en este caso tiene una calificación crediticia AAA. Con una garantía de USD 2.000 millones, se proyecta que Argentina podría acceder a financiamiento de al menos USD 4.000 millones de dólares.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado», dijo Caputo a Infobae.

Durante su última jornada en Estados Unidos, y ante las versiones sobre un posible aporte adicional de USD 1.000 millones en garantías por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Luis Caputo se reunió con el presidente del BID, Ilan Goldfajn. Tras el encuentro, Caputo publicó en la red social X: “Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID”.

En Economía confían en que con los mecanismos de financiamiento que ya identificó el ministro de Economía, con los dólares que se consigan con los Bonar 2027 y 2028, con los que en la última semana obtuvo USD 500 millones, y con la venta de activos, los vencimientos de capital de julio y de enero y julio del 2027 están cubiertos.

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