Cabot Argentina comunicó formalmente el cierre definitivo de su planta ubicada sobre la avenida Larrabure, en Campana, provincia de Buenos Aires. La decisión implica el inicio de las tareas de desmantelamiento de la infraestructura y pone fin a una presencia industrial de más de seis décadas en el país.

El impacto laboral directo alcanza a 90 empleados de planta. A ellos se suman 60 trabajadores indirectos vinculados a servicios de vigilancia, comedor, lavadero y mantenimiento, lo que eleva a 150 el total de puestos afectados por la medida.

Ante el anuncio, el Sindicato de Trabajadores del Negro de Humo (SUTNH) se manifestó en los portones de la fábrica. Desde la organización gremial realizaron contactos con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y confirmaron que el próximo miércoles se realizará una audiencia en La Plata para discutir el futuro de los trabajadores afectados y los términos de la salida de la empresa del territorio argentino.

La Federación Argentina de la Industria del Caucho (FAIC) expresó su “profunda preocupación” por el cierre de la planta.

“La decisión no constituye un hecho aislado ni puede ser interpretada solamente como el cierre de una unidad productiva. Representa una señal de alerta para toda la cadena de valor del caucho, dado que el negro de humo es un insumo esencial para la fabricación de neumáticos, piezas técnicas, artículos industriales y diversos productos del sector. Por ello, la salida de un actor relevante del mercado local impacta no solo en los trabajadores directamente afectados y en la comunidad de Campana, sino también en el conjunto de empresas de la industria argentina del caucho, muchas de ellas pymes que dependen de proveedores críticos, abastecimiento confiable, escala industrial y previsibilidad para competir, producir y sostener el empleo”, dijo FAIC.

En el mismo documento, la federación señaló que “cada cierre de una planta proveedora implica pérdida de conocimiento técnico, empleo calificado, integración productiva nacional y autonomía industrial”, y reclamó a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que analicen “con urgencia” el impacto de la medida sobre el abastecimiento local y la continuidad productiva del sector.

La FAIC también instó a abrir “una instancia de análisis y diálogo” y reiteró la necesidad de contar con una política industrial “que favorezca la permanencia, modernización y desarrollo de proveedores estratégicos, evitando que la industria nacional quede crecientemente expuesta a mayores costos, dependencia externa o interrupciones en el suministro de insumos críticos”.

La unidad productiva de Campana no era una instalación menor dentro de la historia corporativa de Cabot. Inaugurada el 14 de julio de 1962, fue la primera planta que la multinacional estadounidense instaló en toda América Latina. En sus primeros años de funcionamiento, contaba con una capacidad de 12.700 toneladas anuales y una dotación de 83 empleados.

Con el paso de las décadas, la planta fue creciendo hasta alcanzar una producción de 85.000 toneladas anuales de negro de humo, un insumo utilizado en la fabricación de neumáticos y productos de caucho y plástico.

Su proceso productivo se integraba con recursos nacionales: la materia prima principal era el aceite decantado proveniente de la refinería de YPF en Ensenada, complementado con gas natural local. En los últimos años, la empresa también había avanzado en proyectos de autoabastecimiento eléctrico.

El negro de humo es un insumo estratégico para diversas ramas industriales. Se utiliza principalmente en la producción de neumáticos, pero también en piezas técnicas, artículos industriales y otros productos del sector del caucho. Cabot Argentina era la única empresa que lo producía en el país, lo que le otorgaba un rol singular dentro de la cadena de valor industrial nacional.

Con su cierre, las empresas que hasta ahora se abastecían localmente deberán recurrir a proveedores externos, con el impacto que eso implica en costos, logística y previsibilidad de suministro. Esta situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas del sector, que dependen de proveedores críticos para sostener su producción.

Al pelear en varios frentes al mismo tiempo, Toto Caputo corre el riesgo de enviar mensajes contradictorios, porque a cada auditorio debe darle argumentos diferentes. Fue lo que le ocurrió cuando, después de haber agitado durante meses el fantasma del «riesgo kuka», salió a argumentar que no hay ninguna posibilidad de que Axel Kicillof llegue a presidente.

Claro, eran dos momentos y dos públicos distintos. Cuando envió el primer mensaje, estaba justificando por qué el mercado le cobra tasas de interés tan altas cuando pide crédito en dólares. Y su argumento es que, en realidad, ese alto diferencial entre la tasa argentina y la que se paga en el resto de la región -el «riesgo país»- no se debía al temor de que el gobierno entrara en crisis, sino a que en 2027 pudiera ganar el peronismo y declarar un default de la deuda.

Era un argumento potente desde el punto de vista político y, además, Caputo encontró una forma de «demostrar» que lo del «riesgo kuka» no era una mera chicana sino que era un factor de análisis concreto de los inversores a la hora de prestarle dinero a Argentina.

La primera vez que Caputo se refirió a este tema fue en plena campaña electoral por las legislativas. En una autocrítica, admitió que se había equivocado al proyectar que el índice de riesgo país que mide el JP Morgan iba a situar en 400 puntos el riesgo argentino. El ministro argumentaba que la mejora en los indicadores económicos era incuestionable pero que el temor a una victoria kirchnerista en las urnas había puesto en duda que fuera sostenible el equilibrio fiscal.

Lejos de los 400 puntos que esperaba el ministro, el riesgo país saltó por encima de los 1.200 puntos, y Caputo dijo que todo se explicaba por la seguidilla de proyectos de ley que expandían el gasto público sin garantizar financiamiento.

Pero no todos estaban de acuerdo con ese argumento. Varios economistas de línea ortodoxa dijeron que si los argentinos habían huido a refugiarse en el dólar hasta el punto de convertir la mitad de la base monetaria no era tanto por culpa del peronismo sino por errores propios en el manejo de la liquidez bancaria y por generar una extrema volatilidad de las tasas de interés.

La profecía en la tasa de interés

Pero este año, Caputo encontró un argumento que parece irrefutable. Emitió dos bonos en dólares, destinados al público doméstico. Uno de ellos tiene vencimiento a fines de 2027 -es decir, aún dentro del mandato de Javier Milei– mientras que el segundo pagará el capital a fines de 2028.

Salvo por las fechas de vencimiento, las demás características del bono son idénticas: incluye el pago de un cupón mensual, lo cual lo torna atractivo para un pequeño ahorrista que quiera obtener una renta dolarizada. Y, en los dos casos, el Tesoro indica una tasa de referencia, pero la tasa real a pagar es determinada por el mercado, dependiendo de si la demanda por este título es alta o baja.

El resultado fue llamativo y, desde el punto de vista de Caputo, resultó una confirmación de su postura política: el «riesgo kuka» no es una invención política sino una realidad concreta que hasta se puede cuantificar. Ocurre que el bono con vencimiento en 2027 un rendimiento efectivo anual de 5,12%, mientras que el que vence en 2028 tiene una tasa de 8,51%.

Con ese argumento, el «riesgo país Milei» está en torno de 120 puntos básicos. Ese es el número que surge de restarle a la tasa del bono AO27 el costo de la tasa de referencia mundial, que ronda el 3,8%. Para el gobierno, esa tasa es baja porque lleva implícito un riesgo país muy inferior al que mide el índice de JP Morgan a nivel mundial estuvo, hasta hace pocas semanas, encima de 600 puntos.

En contraste, el riesgo país a octubre de 2028 es calculado por Caputo en 440 puntos. Y la «tasa forward» -como se denomina en la jerga financiera a la diferencia de interés entre dos momentos futuros, en este caso octubre de 2028 versus octubre de 2027- equivale a una tasa nominal anual de 14%.

Las encuestas y el riesgo país

Pero la estrategia de Caputo tiene un punto débil: detrás de la chicana al kirchnerismo, hay un reconocimiento de que el mercado sigue viendo una probabilidad relativamente alta de un quiebre de rumbo económico y de un cambio de signo político tras las elecciones del año próximo.

Es algo que le han advertido los analistas del mercado en las últimas licitaciones del Tesoro. Así lo planteó la consultora Outlier: «El argumento del ‘riesgo kuka’ para explicar esa situación es un arma de doble filo, porque implica reconocer que el mercado asigna una probabilidad significativa no solo a la no continuidad de la actual administración, sino a un quiebre y reversión abrupta del enfoque por la misma impulsado».

Lo cierto es que hay muchos analistas que coinciden en que la licitación de estos bonos no es buena para el gobierno, y no necesariamente por los montos de las tasas, sino por el mensaje tácito que devuelve el mercado. Básicamente, que la confianza sobre la estabilidad del modelo económico es de corto plazo.

Y las encuestas confirman esas advertencias: al tiempo que la intención de voto para Milei va en caída, se observó una llamativa mejora para las chances de Axel Kicillof ,quien le saca una diferencia de 12 puntos al presidente en un sondeo de la consultora Zuban Córdoba.

La pauta de que en el gobierno se toman en serio esa amenaza la dio el ministro de economía, Toto Caputo, en el foro Llao Llao, durante el pasado fin de semana largo. El ministro intentó transmitir su optimismo por los dólares que aportarán los sectores emergentes, como el petróleo y la minería, pero no pudo eludir el tema que sobrevolaba las mesas del «círculo rojo». 

Y agregó un comentario sugestivo: dijo que el empresario que estuviera encargando encuestas para medir la intención de voto del gobernador bonaerense «está tirando la plata». Según el ministro, es imposible que el kirchnerista Kicillof tenga chances de disputarle la presidencia a Milei.

¿De quién es la culpa?

El comentario de Caputo dejó en evidencia que las rispideces entre Milei y altos dirigentes industriales -como Paolo Rocca, de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, de Aluar- han dejado heridas. De hecho, la comidilla del Foro Llao Llao fue, justamente, la de que entre empresarios de primera línea se especula respecto de una figura alternativa a Milei, que mantenga ciertos lineamientos en lo que respecta al plan de estabilidad económica, pero que no profundizara el atraso del tipo de cambio ni dejara a la industria local sin defensa frente a la competencia asiática.

La seguridad que intentó transmitir el ministro respecto de la reelección de Milei encuentra, paradójicamente, un escollo en el argumento que él mismo fomentó: si en el mercado se pensara que Kicillof no tiene chances, entonces los bonos con vencimiento en 2028 no estarían pagando una tasa por encima del 8%, sino que caerían por debajo del 6%.

En los últimos días, la cotización de los bonos de deuda soberana mejoró, gracias a un «ascenso» en la nota que la agencia Fitch Ratings le puso al riesgo crediticio argentino. Economistas cercanos al gobierno están defendiendo el argumento de que el mercado ve una victoria de Milei. Y algunos le pusieron cifras concretas, como Agustín Etchebarne: calculó que, por la diferencia de tasas, hay un 85% de posibilidades de una reelección y un 15% de que triunfe el kirchnerismo.

Lo irónico es que ese argumento termina contradiciendo la tesis principal de Caputo. Porque si Kicillof ya no es un peligro, ¿entonces a quién hay que atribuir el alto riesgo país y el «salto» de la tasa a partir de 2028?

No por casualidad, generó tanto enojo en el gobierno el comentario del siempre influyente Domingo Cavallo, para quien los problemas de Argentina para acceder al crédito internacional son generados por el propio Caputo, que se resiste a un levantamiento total del cepo cambiario.

Después de veinte años de presencia en el país, Dr. Ahorro concretó el cierre total de sus sucursales en la Argentina. La cadena, que ingresó en concurso preventivo y no consiguió vender su operación local, bajó la persiana de 33 locales, incluidos puntos históricos de la Ciudad de Buenos Aires y sucursales en provincias como Córdoba, Salta y Mendoza. Según informó el portal especializado Pharmabiz, la empresa comunicó a sus empleados que los locales quedarían cerrados hasta nuevo aviso y solo pagaría un porcentaje de los salarios.

El desembarco de Dr. Ahorro en la Argentina ocurrió en 2002. De origen mexicano, la firma adoptó un modelo de negocios enfocado en la venta de medicamentos genéricos y de bajo costo, con el objetivo de captar a consumidores sin cobertura médica. Desde el comienzo, la cadena optó por no trabajar con obras sociales ni prepagas, una decisión que la diferenció del resto de las farmacias del país. El auge de los medicamentos genéricos y la demanda de alternativas accesibles favorecieron el rápido crecimiento de la marca en los primeros años.

La situación cambió de manera drástica en el último año. El portal especializado detalló que la cadena acumuló deudas por unos USD 10 millones en contingencias laborales, cerca de USD 5 millones por cargas sociales impagas y alrededor de USD 4 millones con proveedores y laboratorios. Este escenario financiero generó problemas de abastecimiento y vaciamiento progresivo de las góndolas. Trabajadores denunciaron despidos masivos, pago fragmentado de salarios y la falta de aportes previsionales durante este proceso.

El deterioro financiero se reflejó en un comunicado interno de Dr. Ahorro dirigido a empleados de casa central y sucursales, en el que la empresa admitió que atravesaba un proceso concursal y que esto limitaba su capacidad de cumplir con las obligaciones salariales. La compañía intentó vender la operación completa, pero las negociaciones no prosperaron. Como alternativa, la firma presentó propuestas ante la sindicatura judicial para vender sucursales de manera individual y destinar esos fondos al pago de salarios adeudados.

El cierre no solo afectó a la Ciudad de Buenos Aires. Locales emblemáticos como Corrientes y Larrea, Constitución, Puente Saavedra y Villa Devoto dejaron de funcionar. En el interior del país, las sucursales de Córdoba, Salta y Mendoza también finalizaron sus actividades. La crisis de la empresa se tradujo en góndolas vacías y en la interrupción del abastecimiento habitual de medicamentos, según consignó Pharmabiz.

La empresa mexicana conservó algunos activos en la Argentina, entre ellos una droguería situada en el barrio de Chacarita y las habilitaciones de varios locales. A pesar de esto, el futuro de la operación local permanece incierto y se multiplicaron las versiones sobre una posible salida definitiva de la marca del país.

Dr. Ahorro pertenece al empresario mexicano Xavier González Zirión, quien en México es dueño de la cadena de farmacias El Fénix. Su principal competidor, Dr. Simi, es una cadena fundada por Víctor González Torres, tío del propietario de Dr. Ahorro. La rivalidad familiar tuvo un capítulo argentino cuando Dr. Simi intentó instalarse en el país en 2006 con un plan de expansión que incluyó la apertura de 40 farmacias en pocos meses. Dos años después, la cadena Dr. Simi se retiró del mercado argentino, atribuyendo su salida a las regulaciones locales, como la norma que prohíbe abrir una farmacia a menos de 300 metros de otra existente en la provincia de Buenos Aires.

El modelo de Dr. Ahorro generó impacto en el mercado farmacéutico argentino. La apuesta por los medicamentos económicos orientados a consumidores sin cobertura médica representó una alternativa ante el encarecimiento de productos y la dificultad de acceso. La crisis interna de la empresa y la imposibilidad de encontrar un comprador para la operación local agudizaron la incertidumbre sobre el futuro de la marca en la Argentina.

El comunicado interno enviado a los empleados de Dr. Ahorro reconoció que la empresa solo podía abonar una parte del salario correspondiente y que los locales permanecerían cerrados hasta nuevo aviso. La firma también admitió el fracaso de las negociaciones para vender la totalidad del negocio y planteó la alternativa de vender sucursales individuales para saldar deudas con el personal.

Tras el cierre de las sucursales, la empresa aún mantenía la droguería de Chacarita y algunas habilitaciones, aunque la continuidad de estos activos quedó en suspenso.

La historia de Dr. Ahorro en el país concluyó en un contexto de crisis financiera, caída de ventas y denuncias de trabajadores por despidos y falta de pagos. El caso de Dr. Simi, su principal rival y también de origen mexicano, ofreció un antecedente similar: tras una expansión veloz, la cadena abandonó el mercado local por las dificultades regulatorias.

La firma de Xavier González Zirión no logró revertir la crisis ni concretar la venta de la operación argentina, pese a los intentos de alcanzar acuerdos con potenciales compradores. El futuro de los activos restantes y la situación de los empleados afectados permanece bajo análisis judicial.