POLITICA
«Sí, le mienten», la cruda frase de un exaliado sobre el Presidente en medio de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo
Por unanimidad, el plenario del Consejo de la Magistratura aprobó la realización del juicio político para su remoción del juez federal de Rosario Gastón Salmain, que está procesado y con prisión preventiva, por firmar fallos a cambio de coimas y se ordenó la inmediata suspensión en su cargo.
Desde diciembre pasado, el titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario se encuentra procesado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.
En esta causa, junto al financista Fernando Whpei y el lobista judicial Santiago Busaniche, está acusado de manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024, durante la vigencia del cepo cambiario, a cambio de una coima de 200.000 dólares.
Al magistrado se le dictó la prisión preventiva, pero la detención no se concretó por su inmunidad de arresto. El fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal.
Además, fue acusado de haber mentido en su currículum cuando omitió informar en el concurso que lo consagró juez que había sido echado del Poder Judicial en 2002, donde trabajaba como empleado del fuero de la seguridad social, por haber ofrecido una coima para manipular un sorteo.
En su exposición, Salmain se excusó diciendo que no lo dijo porque no le preguntaron y que se trataba de un hecho viejo.
Hace dos semanas, la Comisión de Acusación había aprobado por unanimidad el dictamen proponiendo la remoción de Salmain por mal desempeño. “Este hombre no puede ser juez federal”, había dicho en esa reunión el senador de Pro Luis Juez.
Hoy, nuevamente por unanimidad, el plenario del Consejo votó la apertura del procedimiento de remoción.
Salmain quedó inmediatamente suspendido y un jurado de Enjuiciamiento –con consejeros actuando de fiscales– resolverá antes de fin de año si lo condena por mal desempeño.
Otros jueces denunciados
Además, el plenario del Consejo de la Magistratura frenó el cierre de una denuncia contra el juez federal de Mendoza Pablo Salinas, denunciado por violencia machista por parte de cuatro colegas, Paula Marisi, Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereira, luego de un pedido expreso de las juezas para ser oídas por la Comisión de Disciplina, antes de resolver.
El plenario también resolvió archivar la denuncia contra el juez Hernán Diego Papa, que había sido presentada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) de Julio Piumato. Se lo acusaba de supuestos episodios de destrato, gritos e insultos hacia los empleados de su juzgado.
No alcanzaron los dos tercios de los votos (y por lo tanto, no prosperaron) los dictámenes que proponían multarlo con el 30% de su salario o el 10% de su salario. Tampoco juntó voluntades el dictamen para desestimar la denuncia. Pero el caso terminó archivado dado que es inminente que se cumpla el plazo de tres años sin tomar una decisión al respecto.
Asimismo, el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, comunicó que sus colegas quieren participar en la redacción del Código de Ética de Magistrados, por lo que se pospuso su discusión para que puedan intervenir los altos magistrados.
La Cámara Federal porteña
También se decidió elevar al Poder Ejecutivo la terna de los candidatos propuestos para ocupar dos cargos en la Sala I de la Cámara Federal porteña, para reemplazar allí a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Es el primer paso la refundación de este estratégico tribunal, cuya integración pretende cambiar el Gobierno.
La terna que fue aprobada por mayoría incluye en la primera lista a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola; y en la segunda, a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Bertuzzi, que volvió a concursar para su cargo.
Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola y el propio Bertuzzi, pero esta decisión es del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del presidente Javier Milei.
Hernán Cappiello,Consejo de la Magistratura,Justicia Federal,Conforme a,Consejo de la Magistratura,,Consejo. Aprobaron las ternas para reemplazar a dos jueces de la Cámara Federal porteña, clave en los casos de corrupción,,Coimas. El Consejo de la Magistratura dejó a un paso del juicio político al juez Gastón Salmain,,¡Los dólares o le corto un dedo! Trabajaban en el Consejo de la Magistratura e integraban una banda de secuestradores
POLITICA
El proyecto de reforma constitucional pro mercado de Chaco se estancó a poco de entrar a la Legislatura
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, no logra el avance de la reforma constitucional que presentó en la Legislatura provincial. En la enmienda propuesta por el mandatario, figuran medidas pensadas para proteger a inversores de aumentos impositivos.
“Presentaremos un proyecto de reforma constitucional para dar protección y seguridad jurídica” a las inversiones en Chaco, anunció Zdero el pasado 1° de marzo durante su mensaje a la Legislatura.
La intención era cuidar a inversores “de cualquier tipo de expropiación”. A su vez, vedaba ”la creación de nuevos impuestos provinciales y municipales que las afecten”.
Un mes y medio más tarde, la iniciativa tomaba estado parlamentario. Al tratarse de una enmienda, requiere unanimidad de votos en la Legislatura unicameral de la provincia. Ahí fue donde el peronismo, que responde a Jorge Capitanich, jugó su carta y puso reparos al proyecto.
La iniciativa quedó empantanada desde entonces.
“Está muy lento el tema, la verdad”, reconoció a Infobae con cierto fastidio uno de los principales alfiles de Zdero en el cuerpo legislativo. Que el proyecto avance, que se pueda discutir en el plenario y se concrete la sanción es algo “muy difícil”, agregó.
Chaco es una provincia aliada de la Casa Rosada. Zdero logró acuerdos electorales para los comicios provinciales y nacionales con La Libertad Avanza durante 2025. Así, logró vencer a Capitanich en ambas disputas. Fue uno de los primeros distritos en adherirse al RIGI. La reforma para proteger a inversiones va en ese mismo sentido.
La otra campana
Para aprobar una enmienda, la Constitución provincial de 1994 estableció el criterio de que se necesita la unanimidad de los 32 integrantes de la Legislatura chaqueña.
Llegar a ese número requiere la anuencia del bloque peronista con el proyecto. Pero la oposición no está dispuesta a darle esa carta a Zdero.
En la bancada del PJ explicaron a este medio que el oficialismo “sacó el tema de agenda”. “No lo están tratando ni charlando más”, manifestaron.
Además, evaluaron que el anuncio de una medida de esta naturaleza fue una movida pensada a fin de “tener algo qué decir”. “Lo tiran para tapar otras cosas”, cuestionaron desde el espacio.
En este sentido, desde allí se explicó que del proyecto “no se habló más”. “Ni siquiera insistieron”, destacaron.
“Nosotros tampoco planteamos nuestras iniciativas de reforma constitucional”, agregó la fuente consultada. Y expuso: “La verdad, se apagó”.
Por otro lado, marcó que la agenda legislativa del oficialismo, integrado por el radicalismo y La Libertad Avanza, está centrada ahora en una iniciativa de licencias gremiales.
¿Qué dice el proyecto?
El primer párrafo de la enmienda propuesta establece: “La Provincia del Chaco garantiza estabilidad y protección jurídica a la radicación, realización y desarrollo de inversiones productivas en su territorio, en especial aquellas comprendidas en regímenes nacionales o provinciales de promoción de inversiones”.
Asimismo, fija como mandato constitucional la promoción activa de inversiones productivas “garantizando previsibilidad normativa, seguridad jurídica, igualdad ante la ley y protección frente a medidas arbitrarias”.
Este esquema se desenvolverá “en un marco de desarrollo sostenible y respeto al interés público”. La propuesta reconoce a la inversión privada como “instrumento esencial para el desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación”.
En sintonía con estos ejes, el proyecto contempla una serie de prohibiciones. Entre ellas, “la creación de nuevos tributos provinciales o municipales”. En el mismo sentido, clausura la posibilidad de incrementar alícuotas o modificar de bases imponibles existentes. El impedimento alcanza a los gravámenes que recaigan de forma directa o indirecta “sobre las inversiones alcanzadas por esta cláusula”.
Sin embargo, hay algunas excepciones. Quedan fuera de esta veda “aquellos tributos cuya potestad tributaria sea delegada, transferida o restituida por la Nación a la Provincia con posterioridad a la vigencia de esta cláusula”. Pero para ello se requerirá ”que su aplicación no implique una duplicación de la carga tributaria preexistente sobre el mismo hecho imponible”.
Entre los fundamentos de la iniciativa, el Ejecutivo aclaró este punto. “Se establece expresamente que ante un eventual proceso de descentralización fiscal nacional, la Provincia del Chaco no renuncia a percibir tributos que la Nación le transfiera o restituya”.
“La condición de ‘no duplicación de la carga’ garantiza que el inversor no vea incrementada su erogación total. Se consagra así un principio de sustitución jurisdiccional: el Estado Chaqueño captura la renta fiscal que la Nación libera, manteniendo la estabilidad para el contribuyente”, agregó.
Garantías y nulidades
Una vez incorporados estos mandatos a la Constitución provincial, la creación de tributos que no respeten la regla será nula de pleno derecho. El nuevo artículo que se busca incorporar “obliga a la administración a la devolución inmediata de lo percibido” de forma indebida. Así, se elimina “la necesidad de largos procesos judiciales de repetición”. Y también se otorga “una herramienta de defensa sumaria al inversor”, explicó el Poder Ejecutivo en el mensaje a la Legislatura.
El último apartado del proyecto de reforma establece que las nuevas disposiciones deberán interpretarse “de manera armónica con la Constitución Nacional, los tratados internacionales vigentes y el régimen federal de distribución de competencias”.
En la fundamentación, el Gobierno aclaró que la iniciativa “reconoce la autonomía municipal”. Sin embargo, la subordina al orden constitucional superior ”en materia de promoción de inversiones”.
“Al prohibir que los gravámenes municipales afecten indirectamente las inversiones protegidas, se termina con la incertidumbre que generan las tasas locales sin contraprestación efectiva, alineando a toda la Provincia tras un único objetivo de crecimiento”, concluyó.
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La Justicia rechazó la pretensión del exsecretario kirchnerista de Obras Públicas José López de reducir la condena a 13 años de prisión que pesa en su contra por enriquecimiento ilícito, el arma que tenía consigo cuando trató de esconder ocho millones de dólares en un convento de Moreno y la causa Vialidad.
López presentó ante los jueces constancias de que realizó cursos de marketing intramuros, dentro de la cárcel, lo que le permite beneficios en el régimen penal progresivo, como una rebaja de cuatro meses en su condena.
Pero los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal rechazaron su pretensión. José López quería reducir su condena unificada de 13 años de prisión por la causa Vialidad y por enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de arma de uso civil.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró inadmisible, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de José Francisco López.
El acusado había cuestionado el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que rechazó su pedido de reducción de plazos por estímulo educativo.
López, exsecretario de Obras Públicas de la Nación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, está cumpliendo en prisión una condena en la causa Vialidad, en la que fue sentenciado junto a la expresidenta por el direccionamiento irregular de obra pública en Santa Cruz.
La condena a López en esa causa, de seis años de prisión por administración fraudulenta, quedó firme en junio de 2025 tras el rechazo de los recursos extraordinarios por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente, esa condena fue unificada con otras en la pena de 13 años de prisión, vinculadas con causas de enriquecimiento ilícito y portación ilegal de arma de fuego.
Durante la ejecución de esa pena, la defensa de López había solicitado al Tribunal Oral Federal 2 una reducción de cuatro meses en el avance del régimen de progresividad penitenciaria. Argumentó el mecanismo de estímulo educativo que prevé una reducción de pena si el preso realiza determinados estudios en prisión.
López fundó su pedido en que presenció y aprobó dos cursos de formación profesional, uno de “Auxiliar en marketing de Productos” y otro de “Auxiliar en marketing de Servicio”. Sostuvo que correspondía computar dos meses de reducción por cada uno de esos cursos.
El juez de ejecución del tribunal oral rechazó el planteo, criterio que compartió el fiscal Diego Luciani. Consideraron que los conocimientos adquiridos mediante esa actividad no resultaban suficientes para tener por demostrado que el condenado se hubiera capacitado como técnico en un área ocupacional determinada.
A la hora de determinar si los cursos podían equipararse a una formación profesional anual, el magistrado concluyó que las 80 horas de cada curso resultaban manifiestamente insuficientes.
Al resolver el recurso de casación, el juez Borinsky consideró que la defensa no logró demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, ya que se limitó a reiterar su propia perspectiva sobre la cuestión sin desarrollar una crítica concreta de los argumentos del tribunal de instancia. Barroetaveña adhirió a la postura de Borinsky.
En disidencia, el juez Hornos votó por declarar admisible el recurso. Pero el tribunal, por mayoría, confirmó el rechazo de la petición de López.
Hernán Cappiello,Conforme a
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