POLITICA
Causa SIRA: la Justicia pone la lupa en las cuentas de inversión de los acusados para reconstruir la ruta de los dólares
En medio de la investigación por las presuntas maniobras irregulares vinculadas al acceso a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández, la Justicia comenzó a analizar la posible existencia de cuentas comitentes y billeteras frías que podrían haber sido utilizadas para canalizar parte de los fondos retirados en efectivo por casas de cambio involucradas en la causa.
La hipótesis surge en medio de los interrogantes sobre el destino de unos US$607 millones cuya trazabilidad aún no está clara para los investigadores. En ese contexto, la fiscalía puso la lupa sobre María Valeria Fernández, exauditora externa del Banco Central (BCRA), quien se encuentra bajo investigación por su presunta participación en la operatoria.
Fernández tenía entre sus funciones el control de distintos actores que aparecen mencionados en el expediente, entre ellos Francisco Hauque, Elías Piccirillo, Martín Migueles y Juan Agra. Ahora, la Justicia investiga su posible vinculación con la casa de cambio Mega Latina, una de las firmas que aparece en la causa.
Según pudo saber TN, Mega Latina habría retirado en efectivo unos US$237 millones. La principal pregunta de los investigadores es dónde terminó ese dinero. Entre las posibilidades que se evalúan figura que parte de esos fondos hayan sido derivados a cuentas comitentes y posteriormente a billeteras frías vinculadas a criptomonedas.
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En ese marco, el fiscal federal Franco Picardi solicitó información sobre supuestas cuentas comitentes asociadas a Fernández. La documentación requerida todavía no llegó a la fiscalía. También habrían sido solicitados datos sobre posibles cuentas comitentes de Hauque, Migueles, Piccirillo y Juan Napoli, vinculado al Banco de Valores.
Qué son las cuentas comitentes y las billeteras frías
Las cuentas comitentes son cuentas especiales utilizadas exclusivamente para operar en el mercado de capitales. Permiten comprar, vender y mantener instrumentos financieros como bonos, Cedears (acciones o fondos) y fondos comunes de inversión. A diferencia de una caja de ahorro tradicional, registran tanto saldos en dinero como posiciones en títulos y otros activos financieros.
La línea investigativa apunta a reconstruir el recorrido que habrían seguido los dólares obtenidos mediante las autorizaciones de importación otorgadas a través del sistema SIRA. La hipótesis que analizan los investigadores sostiene que el circuito comenzaba con el retiro de millones de dólares en efectivo por ventanilla.
Posteriormente, esos fondos habrían sido derivados a cuentas comitentes para operar en los mercados financieros. Desde allí, según la reconstrucción que analiza la Justicia, los dólares pasaban a operaciones de dólar MEP y contado con liquidación (CCL).
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Siempre según esa hipótesis, parte de los fondos terminaba en el mercado informal de cambios y luego regresaba al circuito financiero mediante proveedores de servicios de pago (PSP), que permitían reingresar pesos para adquirir más divisas. Los dólares excedentes, en tanto, habrían sido colocados en billeteras frías y en activos digitales como bitcoin.
La investigación se desarrolla mientras Hauque busca convertirse en imputado colaborador. Su abogado, Carlos Pousa, anunció la intención de acogerse al régimen del arrepentido en caso de que su defendido sea convocado a declaración indagatoria.
En los últimos días, Hauque realizó además una serie de declaraciones públicas vinculadas a la causa. Entre otras afirmaciones, aseguró que el expresidente Alberto Fernández estaba al tanto de las maniobras investigadas y señaló también a la exauditora María Valeria Fernández.
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Según sostuvo el financista en declaraciones televisivas, Fernández habría acercado el supuesto “modelo de negocio” a Juan Pablo Biondi, exsecretario de Comunicación y Prensa, quien posteriormente lo habría trasladado a Miguel Ángel Pesce, entonces presidente del Banco Central. También afirmó que Alberto Fernández conocía el funcionamiento de la operatoria.
La causa investiga una presunta estructura integrada por empresarios, financistas, intermediarios y funcionarios o personas con llegada a organismos públicos que habrían facilitado el acceso a dólares oficiales mediante autorizaciones de importación. Los investigadores intentan determinar si existió un esquema de pagos irregulares para agilizar permisos SIRA y obtener ganancias a través de la diferencia entre las cotizaciones oficiales y paralelas.
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POLITICA
La Justicia rechazó el pedido de la CGT para frenar la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno
La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo al reclamo de la CGT de suspender la aplicación de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral por supuesta inconstitucionalidad: el fallo sostiene que no se cumplen los requisitos legales para dictar esa medida provisional.
La sentencia, firmada por los jueces Rogelio Vincenti y Jorge Eduardo Morán, representa otro duro revés de la CGT en la Justicia y permitirá que la ley permanezca en vigencia mientras continúe la demanda colectiva.
Una jueza de primera instancia había dejado sin efecto la suspensión temporaria de los artículos, al considerar que los pedidos de la CGT superan lo que puede analizarse en una medida urgente. La Cámara Contencioso Administrativo Federal ahora respaldó este criterio.
Según el fallo, la complejidad del caso exige un debate más amplio, con análisis de pruebas y argumentos que sólo pueden resolverse cuando se estudie el fondo de la cuestión. Por ejemplo, la CGT cuestiona la afectación de derechos como el de huelga, la negociación colectiva y la protección de los representantes sindicales, así como el cambio en licencias, vacaciones y salarios.
El tribunal explicó que un incidente cautelar —es decir, una medida pedida para proteger derechos provisoriamente mientras sigue el juicio— no es el ámbito para debatir si la ley es inconstitucional o no.
Los camaristas también remarcaron que la ley impugnada fue sancionada por el Congreso Nacional bajo los procedimientos previstos en la Constitución Nacional por lo que “examinar el pedido de inconstitucionalidad para decidir una suspensión provisional significaría adelantar una decisión sobre el fondo del asunto”.
En el fallo se subraya: “Otorgar una medida como la solicitada por la CGT sólo corresponde cuando existen indicios serios y graves sobre la ilegitimidad de una norma. En este caso, tales indicios no se pudieron demostrar en esta etapa preliminar”.
Uno de los focos centrales en la disputa judicial entre el Gobierno y la CGT fue el llamado “peligro en la demora”, es decir, si esperar hasta la sentencia definitiva podría producir daños irreparables a trabajadores o sindicatos.
La presentación cegetista planteó que la aplicación inmediata de los cambios causa perjuicios “graves e irreversibles” y afirmó que se vulneran derechos básicos, desde la huelga hasta la estabilidad y la protección salarial, por lo que esos daños “no podrán ser reparados por la sentencia definitiva” si se continúa aplicando la ley. También sostuvo que, en cambio, “la suspensión provisional no genera efectos jurídicos irreversibles”, ya que sería sólo hasta que haya una resolución final.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal entendió otro criterio: tras citar los plazos breves que rigen para este tipo de juicios, señaló que la inmediatez de la sentencia reduce el riesgo de daño actual. “La razonable proximidad del dictado de la sentencia definitiva evidencia la falta de configuración del requisito de peligro en la demora”, afirma el fallo de la Sala IV.
De todas formas, enfatizó que aquellos trabajadores que consideren afectados sus derechos pueden iniciar acciones individuales durante el proceso colectivo.
El Estado Nacional, junto con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Sociedad Rural pidieron rechazar el recurso de la CGT, al sostener que convertir la discusión provisional en un fallo sobre el fondo sería adelantar la decisión final antes del debido debate judicial.
Otra objeción fue que la demanda busca controlar si la ley es constitucional en abstracto, algo que los tribunales sólo admiten en casos concretos y no de manera general.
En el fallo, el tribunal mencionó: “La parte recurrente no logra rebatir los fundamentos expuestos en la resolución apelada, cuyos términos impiden desplazar la carga de inercia del status quo que el legislador ha puesto en cabeza de quien pretenda desvirtuar la presunción de legitimidad de una ley del Congreso”.
Los camaristas sostuvieron que la acción colectiva de la CGT, que pide una suspensión general de la ley con efecto sobre toda la población (erga omnes), impacta en la división de poderes y que anular una ley de manera provisoria requiere criterios “especialmente estrictos”, en línea con precedentes de la Corte Suprema.
En el fallo se enfatiza: “Debe existir una verosimilitud calificada para desplazar la presunción de legitimidad de una ley”. También remarca que la jueza no se pronunció aún sobre la inconstitucionalidad de la ley, sino sólo sobre la pertinencia de la medida provisoria solicitada.
La discusión de fondo sobre si la Ley 27.802 es constitucional continúa abierta. El juicio colectivo sigue y tendrá sentencia en plazos cortos, según remarca la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El tribunal dejó en claro que “la protección de los derechos puede canalizarse por acciones individuales mientras tanto”.
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POLITICA
Senado: el oficialismo acordó sesionar la semana próxima para aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada
Con la reforma política y la denominada ley de zonas frías todavía en el freezer legislativo por falta de votos, el oficialismo buscará sesionar la semana próxima para aprobar el polémico proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa que pretende levantar la prohibición que pesa sobre la venta de tierras rurales a personas físicas o capitales extranjeros.
El temario de la sesión, convocada para el jueves 16 a las 12, incluirá una treintena de pliegos judiciales que tienen dictamen desde hace varias semanas.
Entre ellos se encuentran el del camarista Víctor Pesino, que cumplirá 75 años el 27 de julio próximo y por quien el Poder Ejecutivo pidió darle un nuevo acuerdo por cinco años más.
También tiene dictamen y estará incluido su tratamiento el pliego que nomina a Juan Tomás Rodríguez Ponte , exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, para el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, tribunal que tiene a su cargo la causa por la que se investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio.
Si bien la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, se mostró confiada, lo cierto es que por lo bajo varios senadores le reconocieron a que todavía no está asegurado el número para abrir el recinto la semana próxima por la ausencia de varios legisladores.
El cronograma de funcionamiento del Senado para los próximos días se tomó este mediodía en una reunión de Labor parlamentaria en la que también se acordó una cita posterior para el 6 de agosto.
En esa sesión, se trataría la denominada ley hojarasca -proyecto que deroga leyes perimidas o en desuso y que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados-, y el controvertido proyecto que agrava penas por el delito de falsa denuncia.
La decisión de postergar hojarasca para una sesión posterior se explicó en la necesidad de evitar la dispersión de temas la semana próxima, en particular ante la previsión de que inviolabilidad de la propiedad privada demandará un extenso debate.
Esto es así porque el proyecto genera fuertes resistencias en diferentes sectores políticos y sociales. De hecho, fuentes legislativas contaron que la vicepresidenta Victoria Villarruel planteó su rechazo a la iniciativa durante el encuentro de los jefes de bloque.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo obtuvo dictamen de comisión el pasado 20 de mayo. Desde entonces, el despacho ha recibido sucesivas modificaciones. Tantas que el borrador con los cambios que se han ido introduciendo ya lleva 14 versiones.
El principal escollo y motivo de debate es la eliminación de la prohibición de la venta de tierras rurales a extranjeros.
Tal como informó , la última versión habilita la venta de tierras a extranjeros y sólo limita la adquisición por parte de empresas que cuente con la participación en su capital accionario de otros estados. En este caso, la operación deberá requerir la aprobación de la provincia en el que se encuentre el predio y la Nación.
Este capítulo del proyecto es el que más ajustado está en materia de votos y, por lo tanto, se erigirá en la vara que le servirá a Bullrich para ver si puede o no sesionar la semana próxima.
El texto también contempla cambios para facilitar y apurar los desalojos en caso de usurpación de tierras o viviendas, una nueva regulación para la expropiación por parte del Estado y cambios en la ley de manejo del fuego.
La reunión de este mediodía no estuvo exenta de polémica. Los peronistas Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Fernando Salino (San Luis) le reprocharon en fuertes términos al oficialismo y sus aliados el haber roto el compromiso asumido en la Labor Parlamentaria de hace tres semanas atrás, cuando habían acordado debatir la interpelación del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Luego de que la Casa Rosada pusiera el grito en el cielo, Bullrich se vio obligada a convocar a una nueva reunión de jefes de bloque para cambiar las reglas de juego y endurecer las condiciones para habilitar la discusión de la interpelación de Adorni. Aquella sesión al final fracasó a la espera de una renuncia que llegó 48 horas después, para alivio del oficialismo en el Senado.
Gustavo Ybarra,Conforme a
POLITICA
Causa por los videos de los dólares: la Justicia abrió el celular de Jesica Cirio y comenzó a analizar su contenido
La Justicia logró abrir el teléfono celular de Jesica Cirio y ya comenzó a analizar su contenido en el marco de la causa en la que la modelo es investigada junto a su exesposo, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Fuentes judiciales confirmaron a TN que el dispositivo pudo ser desbloqueado y aclararon que recién ahora empezó el estudio de la información almacenada.
El acceso al celular representa una nueva medida de prueba. Entre otros puntos, los investigadores buscan determinar si en el teléfono se encuentra el video del vestidor en el que aparecen fajos de dólares y que dio un nuevo impulso al expediente.
El análisis del dispositivo quedó a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), que también tiene la tarea de peritar el video para establecer si es auténtico o presenta algún tipo de manipulación. Además, el organismo deberá intentar determinar cuándo fue grabado el material y si fue registrado en la vivienda que Cirio e Insaurralde compartían en el country Fincas de San Vicente.
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La investigación procura despejar varias incógnitas. Entre ellas, establecer la fecha de grabación del video, identificar el lugar dónde fue filmado el vestidor y determinar qué cantidad de dinero había en las bolsas herméticas que se observan en las imágenes.
En paralelo con el análisis del celular, el juez federal Luis Armella ordenó inspecciones oculares tanto en la casa de Insaurralde en Fincas de San Vicente como en el actual departamento de Cirio, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas. El objetivo de esos procedimientos fue tomar medidas, registrar imágenes y comparar ambos vestidores con el que aparece en el video.
Las primeras observaciones realizadas durante la inspección en el departamento de Cirio arrojaron un dato preliminar. Según un adelanto verbal de los peritos, el vestidor inspeccionado presenta diferencias respecto del que se observa en las imágenes difundidas, aunque todavía no existe un informe técnico que permita arribar a una conclusión definitiva.
El ambiente inspeccionado en Las Cañitas era el mismo que una testigo del allanamiento realizado el 21 de junio había identificado como el que aparecía en el video. Sin embargo, esa hipótesis quedó ahora bajo revisión.
Mientras avanzan las pericias, la defensa de Insaurralde pidió que el video no sea utilizado como prueba. Según pudo saber TN de fuentes judiciales, el exfuncionario sostiene que el material es de “origen ilícito”. Su planteo replica el presentado previamente por Cirio en el expediente.
Los abogados del exintendente argumentaron que el video se originó a partir de un hackeo y del desapoderamiento de los dispositivos personales de Cirio. También sostuvieron que existen sospechas de que las imágenes fueron editadas y alteradas después de esa sustracción, por lo que solicitaron que se aplique la regla de exclusión probatoria al considerar que no existe una cadena de custodia forense que permita certificar su autenticidad.
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La investigación integra el expediente por presunta corrupción que tiene como principal acusado a Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Axel Kicillof y exintendente de Lomas de Zamora. La causa tomó impulso tras la difusión del viaje que realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023.
En ese expediente, el fiscal Sergio Mola pidió la indagatoria de Insaurralde y de un grupo de presuntos testaferros y familiares, a la espera de un peritaje contable. También solicitó las detenciones de Insaurralde y Cirio, aunque el juez Armella rechazó ese planteo y dispuso la prohibición de salida del país para ambos.
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