SOCIEDAD
El Ingreso Mínimo Vital se queda corto: solo llega al 12,2% de los españoles que viven bajo el umbral de la pobreza
La cuantía media mensual del IMV por persona beneficiaria es de 164 euros y 492,4 euros por hogar.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) solo beneficia al 12,2% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España, lo que significa que de los ocho millones de personas que están en riesgo de pobreza, sólo un millón percibe la renta básica de subsistencia. Así, el pasado mes de abril, el IMV benefició a 589.948 hogares, con un total de 1.771.480 personas, según se desprende de un informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y publicado este lunes.
El Ingreso Mínimo Vital engloba tanto la renta básica de subsistencia, para familias con ingresos por debajo de la renta garantizada, como el complemento de ayuda para la infancia que permite completar las rentas inferiores a tres veces la renta garantizada. Ello hace que las familias que perciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera “renta garantizada” sean 392.902, esto es, 1.006.763 personas, el 2,1% de la población española, según recoge el informe.
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Un 46,2% de cobertura
La previsión inicial del Gobierno cuando implantó en 2020 el IMV era llegar a 850.000 hogares en situación de pobreza severa, el 17% de la población española, lo que supone 2,3 millones de personas. La realidad, según el informe, es que sólo se ha alcanzado el 46,2% de cobertura de la pobreza severa.
Si se toma como referencia el riesgo de pobreza, actualmente hay en España 8.260.000 de personas en esa situación, al estar por debajo del 60% de la mediana de ingresos. En consecuencia, el IMV sólo llega al 12,2% de las personas en riesgo de pobreza.
País Vasco, a la cabeza
Existen grandes diferencias en esta implantación entre Comunidades Autónomas. El IMV llega a más del 20% de la población bajo el umbral de pobreza en País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5) y Melilla (22,6%), pero no llega al 10% en Castilla La Mancha (8,7%), Cataluña (8,6%), Canarias (8,3%) y Baleares (5,9%).
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Para paliar esta situación, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, indica que “es necesario un impulso aún mayor para incorporar el IMV en la gestión a los servicios sociales de atención primaria”.
Argumentan que los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía independientemente del municipio en el que reside y de su situación personal y social. Sin embargo, “el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no ha establecido ninguna coordinación que, sin ninguna duda, hubiera ayudado a la implantación del IMV, mejorando los plazos en el acceso y la situación económica de muchas familias”.
Una ‘vacuna contra la pobreza’, poco eficaz
Los miembros de la asociación se quejan de que el “laberinto burocrático diseñado para acceder al IMV ha hecho, en la mayor crisis social de la historia, que miles de personas en situación de vulnerabilidad, pasen meses de su vida sufriendo momentos de gran precariedad”.
Inciden en que el Gobierno no ha cumplido con el objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 850.000 familias que “malviven en la pobreza extrema” en nuestro país, “mientras tanto, la persistencia de las “colas del hambre” deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la ‘vacuna contra la pobreza’, que es como calificaron el Ingreso Mínimo Vital”.
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