POLITICA
Súper RIGI: advertencias y dudas por las concesiones del nuevo régimen de inversiones
Con media sanción en Diputados, el Súper RIGI abrió un debate que excede largamente la discusión parlamentaria. Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta para atraer industrias que hoy no existen en la Argentina, economistas, industriales e inversores discrepan sobre una pregunta de fondo: cuánto debe ceder el Estado para atraer inversiones y qué debería exigir a cambio.
El proyecto fue presentado como una segunda edición del RIGI original, que vence en julio del próximo año. El último miércoles, obtuvo media sanción en Diputados por una mayoría ajustada: 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Fue girado al Senado para su revisión final.
El régimen establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias -frente al 25% del RIGI y del 35% general- estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Durante el debate, La Libertad Avanza (LLA) defendió la iniciativa como un régimen orientado a atraer inversiones en sectores que todavía no existen en el país. La oposición, en cambio, denunció un esquema de excepción diseñado para un puñado de grandes proyectos y cuestionó el costo fiscal de los beneficios. Esa misma tensión se replica fuera del Congreso.
Desde la óptica de los mercados financieros, JP Morgan considera que el Súper RIGI es un “instrumento de política bien diseñado, estructuralmente superior al RIGI original”. El banco destaca que el régimen se apoya en la idea de “adicionalidad”: busca atraer inversiones en sectores totalmente nuevos y, al mismo tiempo, evitar que empresas ya existentes migren al nuevo esquema para capturar beneficios fiscales sin generar valor adicional.
También relativiza las críticas por el impacto en la recaudación. Según su análisis, “los costos fiscales probablemente sean menores de lo que sugieren los críticos”, porque el régimen apunta a sectores donde la Argentina hoy tiene “poca o ninguna base imponible”. Desde esa perspectiva, el Estado no resigna ingresos existentes, sino que intenta crear nuevas fuentes de recaudación a partir de inversiones que hoy no ocurren.
El contrapunto aparece en el análisis del Centro de Economía Política Argentina. El CEPA pone el foco en otra variable: cuánto dejará de recaudar el Estado si esos proyectos efectivamente se concretan. Tomando como antecedente los emprendimientos ya aprobados bajo el RIGI, estima que, una vez alcanzada la plena producción, el costo fiscal anual superará los US$1800 millones.
Según el informe, la mayor parte de esa renuncia tributaria proviene de la eliminación de retenciones a las exportaciones, por US$851 millones anuales, y de la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, que implicaría otros US$545 millones por año. Precisamente este último beneficio se profundiza en el Súper RIGI, que reduce la tasa al 15%.
En otras palabras, mientras JP Morgan sostiene que el costo fiscal será acotado porque el régimen generará actividades inexistentes hasta ahora, el CEPA advierte que, una vez que esas inversiones entren en producción, la magnitud de los beneficios tributarios implicará una renuncia recaudatoria significativa.
Desde Fundar -una organización destinada al análisis y diseño de políticas públicas para el desarrollo- , la crítica apunta menos al incentivo en sí que a las condiciones exigidas a cambio. La fundación sostiene que el régimen “desperdicia una oportunidad de desarrollo” y advierte que “dar garantías no es lo mismo que dar concesiones ilimitadas”.
Guido Zack, director de Economía de Fundar, lo resume así: “Estamos dando más concesiones de lo que las empresas piden y estamos pidiendo a cambio menos cosas de las que las empresas estarían dispuestas a dar. Argentina tiene activos muy interesantes para estas empresas”.
El principal riesgo, según Fundar, es que el régimen derive en una economía de enclave: grandes inversiones que operen en el territorio, utilicen recursos estratégicos como energía y agua, pero sin integrarse al entramado productivo local. Zack lo define como “un subespacio que funciona con sus propias reglas y no deja nada a la economía en su conjunto”.
Para la fundación, el resultado podría ser una inversión que “no deje impuestos, no aporte divisas y tampoco genere proveedores”. De allí surge su consigna: “Inversión sí; enclave no”.
Preocupación de la UIA
La Unión Industrial Argentina (UIA) comparte parte de esa preocupación, aunque desde otro ángulo. La entidad que preside Martín Rappallini advierte que el Súper RIGI puede consolidar dos marcos regulatorios distintos: uno excepcional para proyectos nuevos y otro mucho más gravoso para la industria que ya produce en el país.
La UIA cuestionó que el proyecto original excluyera las ampliaciones de plantas existentes y eliminara el compromiso de contratación local previsto en el RIGI. Durante el debate en comisiones, parte de esas observaciones fueron incorporadas al dictamen que obtuvo media sanción. El texto girado al Senado obliga a los proyectos a presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, suma incentivos para inversiones en investigación y desarrollo, amplía los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y crea un registro público de los emprendimientos aprobados.
Para la entidad, sin embargo, esas modificaciones no alcanzan. Sostiene que, mientras los nuevos proyectos acceden a beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios, la industria instalada continúa enfrentando una sobrecarga tributaria, altos costos de financiamiento y tasas municipales que afectan especialmente a las pymes.
La UIA sugiere, entonces, la adopción de esquemas de integración progresiva que permitan ampliar la participación de la oferta local a medida que los proyectos avancen en sus etapas de inversión y operación. Y propone que se incluyan mecanismos para verificar la existencia de proveedores locales disponibles y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad.
Restricciones municipales y arbitraje internacional
La discusión también se extiende al plano jurídico. JP Morgan sostiene que los principales riesgos del proyecto son políticos, no económicos, por la resistencia que podrían generar las restricciones tributarias a provincias y municipios y las cláusulas de arbitraje internacional.
En ese punto, el texto aprobado habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales -como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje- en caso de controversias con el Estado argentino. Además, considera a los derechos otorgados por el régimen como “inversiones protegidas” en el marco de los tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos si futuras modificaciones regulatorias afectan esos beneficios.
También establece que las provincias adheridas deberán mantener la alícuota de Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminar el impuesto de Sellos y otros tributos locales aplicables a los proyectos alcanzados.
Para JP Morgan, estas disposiciones fortalecen la seguridad jurídica del régimen. En particular, considera que el acceso directo al arbitraje internacional refuerza la credibilidad del esquema para los inversores.
Fundar, en cambio, ve allí una cesión de soberanía. Según su análisis, el arbitraje internacional debilita la capacidad del Estado para hacer cumplir las propias condicionalidades que eventualmente se pacten, porque cualquier controversia quedaría bajo estándares externos y no necesariamente bajo la legislación nacional.
Súper RIGI,media sanción,pic.twitter.com/ZLvbDkERqk,May 29, 2026,June 24, 2026,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,¿Empresas sin personas y helados de un solo sabor?,,¿Quién protege a la Constitución de los malos políticos?,,“Revolución agroindustrial”. El fenómeno en el mundo que, según un líder de la exportación, debería ser una nueva ley en el país
POLITICA
Murió Patricia Walsh, histórica dirigente de la izquierda y una de las impulsoras de los juicios por los crímenes de la dictadura
La histórica dirigente política de izquierda Patricia Walsh falleció hoy a los 74 años tras una larga enfermedad.
Fue diputada nacional (2001-2005), legisladora porteña (2007-2010) y dos veces candidata a presidenta de la Nación. Trabajó como periodista, siguiendo el legado de su padre, Rodolfo Walsh, autor de Operación Masacre y desaparecido durante la última dictadura militar. Fue una incansable luchadora por los derechos humanos y una de las impulsoras de los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura militar.
Fue candidata a presidenta por Izquierda Unida en 1999. Asumió luego como diputada nacional e impulsó las nulidades de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas finalmente en 2003. Actualmente, era querellante en el juicio por la “Masacre de la Calle Corro”. Una de las víctimas era su hermana María Victoria.
Como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, integró las comisiones de Educación, Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Entre los proyectos que presentó se destacaron: Nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la Convocatoria a Elecciones para una Convención Constituyente Libre y Soberana.
En las elecciones porteñas de 2007, obtuvo cerca del 4% de los votos, consiguiendo una banca como legisladora. Fue su último cargo público.
Walsh inició su militancia política como estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, de donde se recibió como psicóloga social. Activista y militante, se sumó en 1972 a la izquierda peronista.
Trabajó como periodista y fue delegada gremial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Fue despedida por la última dictadura militar en 1976, pero fue reincorporada en 1984, tras el regreso de la democracia.
En 1984 denunció ante la Conadep la desaparición de su padre, el escritor y autor de Operación Masacre, la primera novela de no ficción periodística que reveló el asesinato de prisioneros el 9 de junio de 1956, conocidos como los “fusilamientos de José León Suárez”, cometidos durante la dictadura que se autodenominó “Revolución Libertadora”.
Patricia Walsh fue, además, una de las denunciantes en la causa por las muertes y torturas en la ESMA y formaba parte de la agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Como querellante de la causa ESMA, hizo en 2025 una presentación judicial en conjunto con Myriam Bregman exigiendo la preservación de los archivos de la Armada ante la posibilidad de “depurar” y “triturar” papeles por una mudanza que planificaba la gestión de Javier Milei. “Esa documentación es imprescindible para la búsqueda de verdad y justicia”, señaló en ese momento.
Siempre ligada a la izquierda, sus últimos movimientos políticos la acercaron a proyectos alternativos, como lo fue Proyecto Sur, de Pino Solanas, o Camino Popular, de Claudio Lozano.
Con mensajes de afecto, la despidieron hoy Bregman y Rubén Sobrero, entre otros, dirigentes de la izquierda.
pic.twitter.com/YFvvbkCDSx,November 5, 2026,November 5, 2026,Frente de izquierda y de los Trabajadores,Conforme a
POLITICA
Alejandro Gramajo detalló el documento que le entregó al papa León XIV sobre la crisis social argentina: “Hay un desprecio permanente hacia todos los sectores de la sociedad”
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, relató en una entrevista exclusiva en Infobae al Amanecer que entregó al papa León un informe social argentino y reclamó acuerdos frente a la pobreza y la informalidad
Gramajo contó que tomó sus encuentros con Francisco y León como parte de una representación colectiva. “Uno no va individualmente, sino que pertenece a un colectivo que representa o intenta representar y expresar algo”, afirmó.
El dirigente identificó a ese colectivo con una porción de la clase trabajadora que desarrolla sus tareas fuera del empleo registrado. “Son los informales, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, dijo sobre la UTEP.
Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Gramajo ubicó el vínculo con la Iglesia en los encuentros de movimientos populares promovidos desde el Vaticano.
“Quizás con la llegada del papa Francisco hubo un proceso de mayor acercamiento”, sostuvo. Según explicó, la convocatoria papal derivó en una plataforma internacional de articulación con organizaciones populares.
El secretario general de la UTEP señaló que esos espacios reúnen experiencias de distintos países. “Los movimientos populares no solo existimos en la Argentina, sino que también los movimientos se organizan en cada uno de los países”, expresó.
El informe de 74 páginas al papa León XIV
Gramajo precisó que entregó en mano un documento de 74 páginas durante un encuentro con representantes del empresariado, el sindicalismo, organismos internacionales y bancos de desarrollo.
“Se lo di en la mano en el marco de un encuentro que tuvimos con diferentes sectores empresariales, sindicalistas, organismos internacionales, banco de desarrollo”, relató sobre la reunión, que duró casi una hora.
El informe incluyó un apartado denominado “El odio como práctica de gobierno”. Al ser consultado sobre ese concepto, el dirigente cuestionó el impacto de las decisiones oficiales sobre la estructura productiva y las redes comunitarias.
“Creo que hay un desprecio permanente hacia todos los sectores de la sociedad”, afirmó. Luego vinculó esa evaluación con el deterioro de mecanismos de atención frente a problemas de consumo, salud mental, violencia y empleo.
También habló del endeudamiento en los barrios populares y de circuitos de crédito ajenos al sistema financiero formal. “No hay una medición y una estadística de lo que implica endeudarse en los barrios populares con los prestamistas, que en general están vinculados al crimen organizado y al narcomenudeo”, aseguró.
Gramajo sostuvo que el documento reunió aportes de actores que exceden a la economía popular. “Tratamos de que el informe exprese la realidad de forma integral y no solamente lo que viven los trabajadores de la economía popular”, explicó.
En ese repaso, mencionó al fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó herido durante una movilización. “Gracias a Dios hoy volvió a trabajar, pero casi pierde la vida en una movilización a partir de una represión salvaje”, dijo.
El diálogo entre sectores distintos
El entrevistado detalló que el encuentro formó parte del espacio Fratelli Tutti, donde confluyen empresarios, sindicalistas, organismos internacionales, bancos de desarrollo y organizaciones sociales.
“Él nos convocó a seguir el camino del encuentro”, contó Gramajo sobre el mensaje que recibieron del pontífice. La propuesta, según indicó, apunta a construir diagnósticos compartidos y medidas aplicables.
El dirigente mencionó iniciativas vinculadas al cuidado, la transición justa y la actividad minera. “Hicimos que empresarios y comunidades se encuentren y planifiquen cómo abordar un proceso de desarrollo minero que contemple las necesidades de las comunidades”, señaló.
Gramajo vinculó ese enfoque con el quinto encuentro de movimientos populares realizado en el Vaticano. “El papa León pretendía darle continuidad a ese proceso de articulación de la Iglesia con los movimientos populares”, afirmó.
El titular de la UTEP recordó que una trabajadora ambulante migrante mexicana, residente en Estados Unidos, leyó las conclusiones de aquella instancia ante León. “Le propusimos cerrar el encuentro en donde una compañera trabajadora del espacio público sea la que lea las conclusiones”, relató.
Para Gramajo, el Papa retomó un debate sobre los efectos laborales de las transformaciones tecnológicas. “En esta etapa de revolución y transición tecnológica había que fortalecer también a los movimientos populares y acompañar a los movimientos populares”, sostuvo.
El dirigente comparó la realidad argentina con otros países de la región. “La informalidad llega al 50% en nuestro país, pero hay países de la región que están en el 60, en el 70 y casi en el 80% en algunos casos”, detalló.
Sobre una eventual visita de León a la Argentina, Gramajo expresó su deseo de que su mensaje alcance a quienes toman decisiones políticas. “Ojalá que les toque el corazón y los sensibilice para que hagan lo que tienen que hacer”, manifestó.
La autocrítica a las políticas anteriores
El secretario general de la UTEP también se refirió a los gobiernos de centroizquierda y progresistas de la Argentina y la región. Rechazó explicar el ascenso de Javier Milei por una sola candidatura o una maniobra electoral.
“Creo que tiene que ver con un proceso inconcluso, en donde no se resolvieron los problemas estructurales”, afirmó. Gramajo incluyó en esa revisión a las políticas sociales impulsadas en años anteriores.
“Somos autocríticos de parte de la política social que no resolvió los problemas centrales de nuestro país”, dijo. A la vez, pidió una discusión que incorpore a la clase política, el empresariado, el movimiento obrero, las organizaciones sociales y los medios.
El dirigente señaló que la pobreza, el trabajo y la planificación estratégica deberían formar parte de esa agenda. “La política en la Argentina lo que ha hecho fue generar parches a determinados problemas que terminaron siendo problemas estructurales”, sostuvo.
Gramajo citó la evolución de los indicadores sociales desde el retorno de la democracia. “Terminamos después de casi 40 años de democracia con un 42%, 43% de pobreza y con un nivel de pobreza estructural”, planteó.
También cuestionó que la discusión quede limitada a la competencia entre partidos. “Nuestro campo político y social se debe un debate de carácter estratégico y no solamente político-electoral”, afirmó.
El titular de la UTEP vinculó esa discusión con los cambios en el trabajo, la tecnología, la concentración económica y el sistema financiero. “Ha cambiado el mundo y se ha modificado la realidad”, concluyó.
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08 junio 2026,almudena,ambiente,catedral de la almudena,category_code_new,césar vallejo rodríguez,españa,león xiv,llegada,madrid,papa,papa león xiv
Elsa Pavón, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, murió hoy a los 90 años. Su historia marcó un antes y un después en la lucha por la identidad: fue la primera abuela en lograr la restitución de su nieta, secuestrada durante la última dictadura cívico militar.
La noticia fue confirmada este jueves por el medio platense 0221. Pavón era madre de Mónica Grinspon, quien fue secuestrada el 18 de mayo de 1978 junto a su pareja, Claudio Logares, y la hija de ambos, Paula, que tenía apenas 23 meses.
Con el regreso de la democracia, en 1984, Elsa Pavón logró reencontrarse con su nieta Paula. Este caso fue el primero en resolverse gracias al Índice de Abuelidad, una herramienta científica que permitió demostrar el vínculo genético entre nietos apropiados y sus abuelos y abuelas.
El método, que sigue vigente, fue fundamental para avanzar en la restitución de la identidad de cientos de hijos de desaparecidos.
La historia de Elsa Pavón se convirtió en símbolo de la búsqueda incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo. Su experiencia abrió el camino para que otras familias pudieran reencontrarse con sus nietos y nietas, víctimas del plan sistemático de apropiación durante la dictadura.
La organización que ayudó a fundar continúa trabajando para restituir la identidad de quienes aún faltan encontrar.
El secuestro de su hija y su nieta en Uruguay
El 18 de mayo de 1978, Mónica Grinspon y Claudio Logares fueron secuestrados junto a Paula en Montevideo, Uruguay, donde vivían. La pareja fue trasladada a la Argentina y permaneció detenida en distintos centros clandestinos, entre ellos la Brigada de Investigaciones de San Justo y el Pozo de Banfield. Ambos continúan desaparecidos.
Después del operativo, Paula quedó en manos del entonces subcomisario de la Policía Bonaerense Rubén Lavallén y su esposa, Raquel Leiro, quienes la inscribieron como hija propia. La niña tenía apenas 23 meses cuando fue separada de sus padres y privada de su identidad.
Elsa Pavón comenzó entonces una búsqueda incansable para encontrar a su nieta. A partir de una denuncia que llegó a Abuelas de Plaza de Mayo, Paula pudo ser localizada en Buenos Aires en julio de 1983. Sin embargo, todavía faltaba demostrar legalmente el vínculo familiar y conseguir que recuperara su verdadera identidad.
En junio de 1984, los estudios genéticos confirmaron que la niña era hija de Mónica Grinspon y Claudio Logares y nieta de Elsa Pavón. El 13 de diciembre de ese año, la Justicia ordenó la restitución de su identidad. Fue un fallo histórico: por primera vez, los análisis genéticos fueron aceptados como prueba judicial para resolver un caso de apropiación durante la dictadura.
La historia familiar, sin embargo, todavía tiene una búsqueda pendiente. Al momento del secuestro, Mónica Grinspon estaba embarazada. Por eso, además de recuperar a Paula, Elsa y el resto de la familia buscaban a otro nieto o nieta que podría haber nacido durante el cautiverio de su madre.
El aporte científico que cambió la búsqueda de Abuelas
El caso de Paula también fue un punto de partida para el desarrollo de nuevas herramientas científicas al servicio de los derechos humanos. El Índice de Abuelidad fue impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo con la colaboración de especialistas como la genetista estadounidense Mary-Claire King y el médico argentino Víctor Penchaszadeh.
El procedimiento permitió establecer vínculos de parentesco a partir del material genético de abuelos y otros familiares, incluso cuando los padres de los niños estaban desaparecidos. Su desarrollo abrió una posibilidad que hasta entonces parecía difícil de concretar: demostrar científicamente la identidad de quienes habían sido apropiados durante el terrorismo de Estado.
En 1987, esa lucha también impulsó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, mediante la Ley 23.511. El organismo permitió conservar muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas y contar con una herramienta institucional para avanzar en la identificación de niños y niñas apropiados durante la última dictadura.
El reencuentro de Elsa Pavón con Paula Logares quedó así marcado como uno de los hitos fundamentales en la historia de Abuelas de Plaza de Mayo: no solo permitió que una familia recuperara parte de su historia, sino que también abrió un camino para que otras personas pudieran conocer su origen y reconstruir su identidad.
Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo
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