POSADAS.– En un hecho inédito e impensado hasta hace poco, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, rompió su alianza política con Carlos Rovira, el jefe del hegemónico Frente Renovador de la Concordia, que controla la provincia hace más de 20 años.

“Hugo Passalacqua no forma parte de Encuentro Misionero”, afirmó el jefe de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori. “Formábamos parte de un partido, la Renovación, que se extinguió, ya no existe más”, dijo Sartori, uno de los principales operadores políticos de Passalacqua, y de gran ascendencia entre los 78 intendentes de Misiones, claves para sostener la hegemonía del oficialismo en estas últimas dos décadas.

Sartori también afirmó que al gobernador lo acompañan en esta ruptura “una inmensa mayoría de funcionarios, dirigentes y militantes de la provincia”.

Con estas palabras, avaladas por Passalacqua (quien optó por ahora por el silencio), se selló una ruptura histórica en la política de Misiones, acostumbrada durante casi 25 años a la figura hegemónica de Carlos Rovira, de 70 años, y a su manejo unipersonal del poder.

No habría sido motivo de la ruptura el alineamiento de ambos dirigentes con la Casa Rosada. Tanto Passalacqua como Rovira conservan diálogo y buen vínculo con la gestión de Javier Milei. Pero es Rovira, a fin de cuentas, quien ejerce de líder de cuatro de los siete diputados nacionales que representan a Misiones en el Congreso Nacional y que suelen auxiliar al oficialismo.

Passalacqua, de 68 años, admite que fue el único misionero en ser dos veces no consecutivas gobernador de Misiones, exclusivamente gracias al dedo de Rovira (2015-2019, el primer mandato).

Pero desde que arrancó su segunda gestión, en diciembre de 2023, su relación estuvo marcada por la frialdad y las diferencias cada vez más irreconciliables, señalaron referentes de ambos lados consultados por LA NACIÓN.

Según funcionarios de confianza de ambas figuras, hace más de un año que no se hablan.

También es cierto que desde que asumió Javier Milei, Rovira parece cada vez más dispuesto a pasar a un segundo plano y avanzar en un experimento que genera grandes resistencias: desplazar a los veteranos y ubicar en cargos clave a figuras jóvenes que le permitan a su hijo, Ramiro Rovira, de 30 años, hacerse con los hilos del poder. El gran referente de esta movida llamada “NEO” es el vicegobernador, Lucas Romero Spinelli.

En diciembre de 2023, Rovira dejó el cargo de presidente de la Legislatura, desde donde ejerció su influencia sobre los tres poderes del Estado, y prácticamente canceló todas sus apariciones públicas. También dio claras muestras de no desear más ser el centro permanente de atención de una dirigencia acostumbrada durante años a rendirle pleitesía y actuar con ostentosa obsecuencia.

Para la mayoría de los dirigentes, en los últimos años Rovira pasa casi la mitad de su tiempo fuera del país, con París como una de sus ciudades predilectas, donde vive su hija Miranda de 25 años. Miranda tiene allí una lujosa tienda ubicada en la exclusiva calle 92 Rue de Fabourg, cuyas imágenes fueron divulgadas por varios medios hace poco y generaron gran polémica.

Diferencias

En ese contexto, las diferencias entre Rovira y Passalacqua, que se mantenían en el bajo perfil, empezaron a aflorar públicamente desde hace dos meses, cuando Rovira intentó relanzar, una vez más, a la Renovación.

Es la estrategia con la que Rovira busca, cada cierto tiempo, generar expectativas nuevas y hacer una “limpieza” de dirigentes viejos que lo acompañaron, pero que ya no le sirven ni le suman políticamente. A uno de los que Rovira quiere pasar a retiro es a Passalacqua, quien está habilitado para renovar su mandato en 2027, tiene una imagen en ascenso y dio claras muestras de querer aspirar a otro período.

Rovira lanzó hace 60 días “Encuentro Misionero”, el nombre de su nuevo sello, y excluyó de ese armado a Passalacqua, a quien criticó públicamente y desautorizó en algunas decisiones que había tomado, como la disolución de una empresa estatal que producía cannabis medicinal para el sistema de salud pública (MisioPharma) y generaba pérdidas.

Desde entonces, Passalacqua empezó a diseñar su propio armado. El 19 de mayo pasado, reunió a 67 intendentes (de los 78) en la localidad de Ruiz de Montoya, y firmaron un documento respaldando su liderazgo, por encima de la jefatura política de Rovira.

Tras el desafío, Rovira envió señales de querer pactar una tregua y alcanzar un acuerdo, cancelando dos veces las reuniones de “Encuentro Misionero”, que se hacen en la Legislatura todos los jueves antes de la sesión ordinaria.

Pero con las declaraciones de Sartori del viernes pasado da la sensación de que la ruptura es irreversible. “Hay un grupo que formó otro espacio, abandonó ese proyecto, llevándose, entre otras cosas, fichas de afiliación, es decir, usando nuestros nombres sin autorización. Es por ello que vamos a renunciar oficialmente, primero porque la Renovación desapareció, y segundo, porque nadie nos pidió permiso para que estemos ahí: se están violentando derechos y no lo podemos permitir”, dijo Sartori, hombre clave de Passalaqua.

¿El fin de una era?

En los últimos días se sucedieron señales y hechos que hablan del fin de una era en Misiones, marcada por el fuerte personalismo.

En algunos locales partidarios borraron carteles con la leyenda “Rovira Conductor”, medios de comunicación ultraoficialistas, hoy critican abiertamente a Rovira. Y varios ministros y funcionarios, que suelen asistir a la sesión en la Legislatura todos los jueves, comenzaron a vaciar los encuentros.

El viernes pasado, con el decreto 1129 publicado en el Boletín Oficial, Passalacqua ordenó la reestructuración de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), en una jugada que busca sacarle el control a Rovira de esta repartición, una de las más importantes del Estado. Misiones recauda por Ingresos Brutos, más que Corrientes, Chaco y Formosa, juntas.

Además, en las próximas semanas, Passalacqua anunció que eliminará ministerios. Las carteras que más suenan para desaparecer son las de figuras vinculadas al rovirismo. Una pelea política hasta ahora inédita en la política misionera.

Con media sanción en Diputados, el Súper RIGI abrió un debate que excede largamente la discusión parlamentaria. Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta para atraer industrias que hoy no existen en la Argentina, economistas, industriales e inversores discrepan sobre una pregunta de fondo: cuánto debe ceder el Estado para atraer inversiones y qué debería exigir a cambio.

El proyecto fue presentado como una segunda edición del RIGI original, que vence en julio del próximo año. El último miércoles, obtuvo media sanción en Diputados por una mayoría ajustada: 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Fue girado al Senado para su revisión final.

El régimen establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias -frente al 25% del RIGI y del 35% general- estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.

Durante el debate, La Libertad Avanza (LLA) defendió la iniciativa como un régimen orientado a atraer inversiones en sectores que todavía no existen en el país. La oposición, en cambio, denunció un esquema de excepción diseñado para un puñado de grandes proyectos y cuestionó el costo fiscal de los beneficios. Esa misma tensión se replica fuera del Congreso.

Desde la óptica de los mercados financieros, JP Morgan considera que el Súper RIGI es un “instrumento de política bien diseñado, estructuralmente superior al RIGI original”. El banco destaca que el régimen se apoya en la idea de “adicionalidad”: busca atraer inversiones en sectores totalmente nuevos y, al mismo tiempo, evitar que empresas ya existentes migren al nuevo esquema para capturar beneficios fiscales sin generar valor adicional.

También relativiza las críticas por el impacto en la recaudación. Según su análisis, “los costos fiscales probablemente sean menores de lo que sugieren los críticos”, porque el régimen apunta a sectores donde la Argentina hoy tiene “poca o ninguna base imponible”. Desde esa perspectiva, el Estado no resigna ingresos existentes, sino que intenta crear nuevas fuentes de recaudación a partir de inversiones que hoy no ocurren.

El contrapunto aparece en el análisis del Centro de Economía Política Argentina. El CEPA pone el foco en otra variable: cuánto dejará de recaudar el Estado si esos proyectos efectivamente se concretan. Tomando como antecedente los emprendimientos ya aprobados bajo el RIGI, estima que, una vez alcanzada la plena producción, el costo fiscal anual superará los US$1800 millones.

Según el informe, la mayor parte de esa renuncia tributaria proviene de la eliminación de retenciones a las exportaciones, por US$851 millones anuales, y de la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, que implicaría otros US$545 millones por año. Precisamente este último beneficio se profundiza en el Súper RIGI, que reduce la tasa al 15%.

En otras palabras, mientras JP Morgan sostiene que el costo fiscal será acotado porque el régimen generará actividades inexistentes hasta ahora, el CEPA advierte que, una vez que esas inversiones entren en producción, la magnitud de los beneficios tributarios implicará una renuncia recaudatoria significativa.

Desde Fundar -una organización destinada al análisis y diseño de políticas públicas para el desarrollo- , la crítica apunta menos al incentivo en sí que a las condiciones exigidas a cambio. La fundación sostiene que el régimen “desperdicia una oportunidad de desarrollo” y advierte que “dar garantías no es lo mismo que dar concesiones ilimitadas”.

Guido Zack, director de Economía de Fundar, lo resume así: “Estamos dando más concesiones de lo que las empresas piden y estamos pidiendo a cambio menos cosas de las que las empresas estarían dispuestas a dar. Argentina tiene activos muy interesantes para estas empresas”.

El principal riesgo, según Fundar, es que el régimen derive en una economía de enclave: grandes inversiones que operen en el territorio, utilicen recursos estratégicos como energía y agua, pero sin integrarse al entramado productivo local. Zack lo define como “un subespacio que funciona con sus propias reglas y no deja nada a la economía en su conjunto”.

Para la fundación, el resultado podría ser una inversión que “no deje impuestos, no aporte divisas y tampoco genere proveedores”. De allí surge su consigna: “Inversión sí; enclave no”.

Preocupación de la UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) comparte parte de esa preocupación, aunque desde otro ángulo. La entidad que preside Martín Rappallini advierte que el Súper RIGI puede consolidar dos marcos regulatorios distintos: uno excepcional para proyectos nuevos y otro mucho más gravoso para la industria que ya produce en el país.

La UIA cuestionó que el proyecto original excluyera las ampliaciones de plantas existentes y eliminara el compromiso de contratación local previsto en el RIGI. Durante el debate en comisiones, parte de esas observaciones fueron incorporadas al dictamen que obtuvo media sanción. El texto girado al Senado obliga a los proyectos a presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, suma incentivos para inversiones en investigación y desarrollo, amplía los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y crea un registro público de los emprendimientos aprobados.

Para la entidad, sin embargo, esas modificaciones no alcanzan. Sostiene que, mientras los nuevos proyectos acceden a beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios, la industria instalada continúa enfrentando una sobrecarga tributaria, altos costos de financiamiento y tasas municipales que afectan especialmente a las pymes.

La UIA sugiere, entonces, la adopción de esquemas de integración progresiva que permitan ampliar la participación de la oferta local a medida que los proyectos avancen en sus etapas de inversión y operación. Y propone que se incluyan mecanismos para verificar la existencia de proveedores locales disponibles y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad.

Restricciones municipales y arbitraje internacional

La discusión también se extiende al plano jurídico. JP Morgan sostiene que los principales riesgos del proyecto son políticos, no económicos, por la resistencia que podrían generar las restricciones tributarias a provincias y municipios y las cláusulas de arbitraje internacional.

En ese punto, el texto aprobado habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales -como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje- en caso de controversias con el Estado argentino. Además, considera a los derechos otorgados por el régimen como “inversiones protegidas” en el marco de los tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos si futuras modificaciones regulatorias afectan esos beneficios.

También establece que las provincias adheridas deberán mantener la alícuota de Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminar el impuesto de Sellos y otros tributos locales aplicables a los proyectos alcanzados.

Para JP Morgan, estas disposiciones fortalecen la seguridad jurídica del régimen. En particular, considera que el acceso directo al arbitraje internacional refuerza la credibilidad del esquema para los inversores.

Fundar, en cambio, ve allí una cesión de soberanía. Según su análisis, el arbitraje internacional debilita la capacidad del Estado para hacer cumplir las propias condicionalidades que eventualmente se pacten, porque cualquier controversia quedaría bajo estándares externos y no necesariamente bajo la legislación nacional.