POLITICA
Super-RIGI, ley de Lobby y pliegos judiciales: la agenda legislativa que impulsará el Gobierno esta semana
La Libertad Avanza cerró la semana pasada con una batería de proyectos enviados al Congreso: desde el super-RIGI, la ley de Lobby y la ley de Sociedades en Diputados —que busca desregular el régimen societario—, hasta los proyectos de Etiquetado Frontal y de Ludopatía en el Senado.
Todas son iniciativas que, en algunos casos, iniciarán sus debates en plenarios de comisiones, y otras aún no tienen definido su tratamiento. A la vez, en el Congreso se acumulan proyectos que no encuentran consensos, como la Reforma Electoral impulsada por el Poder Ejecutivo, que contiene, entre otros puntos, la eliminación de las elecciones Primarias (PASO) y un capítulo de Ficha Limpia.
Los debates en Diputados
El proyecto de ley del super-RIGI es el punto más urgente en la discusión que encara esta semana el oficialismo. Por tal motivo, tres comisiones llevarán a cabo el próximo miércoles 3 de junio a las 15 el plenario. El mismo será encabezado por Bertie Benegas Lynch, titular de Presupuesto y Hacienda, junto al santacruceño José Luis Garrido, a cargo de Industria, y Martín Yeza (Pro), presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
El super-RIGI es un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. El proyecto apunta a atraer inversiones en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país, con beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, además de garantías de estabilidad a largo plazo. Está inspirado en el RIGI original creado por la Ley Bases.
En tanto, el debate por el proyecto de ley de Lobby se realizará también este miércoles, pero desde las 14, en la Sala 1 del Anexo. El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, lideradas por el oficialismo, será de carácter informativo y se escuchará a diputados que tengan iniciativas sobre el tema. Los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio encabezarán esta reunión.
En el último tiempo presentaron proyectos en este sentido Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Pichetto (Encuentro Federal). Ya con mandato cumplido, también impulsaron propuestas meses atrás Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer y Juan Manuel López.
El proyecto busca establecer reglas de transparencia sobre reuniones, audiencias y contactos entre funcionarios, legisladores, empresas, cámaras empresariales, organizaciones y otros actores que intervienen en la discusión de políticas públicas. El esquema toma como referencia regulaciones vigentes en Estados Unidos y la Unión Europea.
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La iniciativa apunta a registrar y hacer públicas las gestiones de intereses ante organismos del Estado, con el objetivo de evitar conflictos de intereses y ordenar la relación entre el sector privado, los intermediarios y los tomadores de decisión.
El objeto del proyecto, según su texto, es: “Establecer los requisitos y procedimientos que rigen las gestiones de intereses destinadas a influir en la toma de decisiones públicas o procesos decisorios en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo Nacional, con el objeto de garantizar su publicidad, transparencia e integridad”.
Se crea un Registro Público de Gestores de Intereses, que deberá ser de acceso público, gratuito y digital, destinado a identificar a las personas humanas y jurídicas que realicen gestiones de intereses ante funcionarios o legisladores.
Sesión en el Senado
La Cámara de Senadores tiene prevista una sesión para el próximo jueves 4 de junio a las 11, con un temario que incluye el tratamiento de más de 70 pliegos de cargos, entre jueces y fiscales de la justicia federal; el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada; y el Acuerdo con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda por el default que declaró Argentina en 2001 y mantienen litigio contra el país en los tribunales de Estados Unidos.
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Hay polémica por el listado de jueces que se pondrá en consideración del pleno durante la sesión. Por eso, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una comisión de Labor Parlamentaria —que nuclea a los jefes de bloque— para este miércoles, con el objetivo de ordenar el debate del día siguiente. De esa manera, buscan bajar las tensiones que se encendieron en la Cámara alta por los pliegos de magistrados que esperan la ratificación del Senado, como establece la Constitución Nacional.
En lo referido al tratamiento de proyectos en comisiones del Senado, el oficialismo buscará dictaminar la ley Hojarasca, ya con sanción de la Cámara de Diputados, en una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, ambos de La Libertad Avanza.
En tanto, los proyectos enviados la semana pasada —como la derogación de la ley de Etiquetado Frontal y la ley de Ludopatía— aún no tienen fecha de inicio de tratamiento en la Cámara alta.
El impacto del Mundial
Pese a que el Mundial empezará a ganar intensidad con el correr de las jornadas, el Congreso inicia una semana intensa de actividad en la previa del torneo de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. Los libertarios ya dejaron en claro que se trabajará durante las semanas que dure la competencia. Por eso, ya piensan en sesiones cortas, con pocos temas pero continuas, para la segunda y tercera semana de junio.
Es que, obligadamente, el debate del Acuerdo de Conciliación con los holdouts —que se tratará este jueves en el recinto del Senado— tiene como fecha límite de ratificación parlamentaria el próximo 30 de junio.
El presidente de Diputados, Martín Menem, y la jefa de los senadores oficialistas, Patricia Bullrich, planean actividades durante gran parte de este mes de junio: recinto, comisiones y encuentros parlamentarios. La idea es mostrar actividad en el Congreso.
Nunca se paralizó la actividad legislativa por una Copa del Mundo, pero sí las autoridades de ambas cámaras miran el fixture del campeonato para no convocar sesiones o plenarios de comisiones durante partidos de la Selección argentina.
sesion, Senado, Diputados
POLITICA
La Corte rechazó planteos de una comunidad mapuche que quería ocupar terrenos en Villa La Angostura
La Corte Suprema rechazó planteos de la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao que buscaban impedir que se avance con el desalojo de predios ocupados pertenecientes a la municipalidad de Villa La Angostura y a una señora vecina de esa ciudad patagónica.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se pronunciaron en dos expedientes en los que desestimaron los reclamos mapuches.
En uno de ellos, el máximo tribunal rechazó el recurso de la comunidad por incumplimientos formales en la presentación judicial.
En el segundo incidente, la Corte Suprema consideró que era inadmisible el reclamo mapuche invocando el artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, que le permite rechazarlo sin dar mayores explicaciones.
La comunidad reclamaba la aplicación de de la Ley 26.160 de emergencia territorial y la propiedad comunitaria indígena, para evitar el desalojo de tierra que ocupaban en el Parque Municipal Lago Correntoso.
Sin embargo, ya en diciembre del 2024, la Corte Suprema estableció en la causa “González c/ Colicheo” que esa ley no suspende los desalojos de forma automática ni habilita la violación de la propiedad privada de terceros.
Subrayó que la suspensión de desalojos no opera si la ocupación no cumple los requisitos legales o resulta irregular.
En este caso, la municipalidad de Villa La Angostura entabló una acción contra “toda persona que ocupe” o “pretenda tener derechos” sobre el Parque Recreativo Municipal Lago Correntoso, que estaba siendo reclamado por esa comunidad.
En primera instancia, se hizo lugar a acción y se condenó al grupo mapuche a restituir la posesión del lote y a abonar la reparación de los daños.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó esa sentencia y suspendió el proceso hasta que finalizara el relevamiento dispuesto en la ley dictada en 2006.
El municipio de Villa La Angostura apeló y el Tribunal Superior de Justicia provincial hizo lugar, al destacar los fundamentos del juzgado de primera instancia.
Asimismo entendió que la ocupación del predio se registraba en un lugar donde la municipalidad ubica “las bombas de agua” que prestan servicio a toda la localidad.
También concluyó que la comunidad mapuche no ocupaba ese predio en 2006 cuando se sancionó la ley.
La comunidad presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revirtiera la decisión provincial, pero el documento incumplió los términos de la acordada que rigen la presentación de estos recursos y lo rechazó.
En la segunda causa, se analizó el reclamo de Ana María Bianchedi contra la comunidad mapuche que reclamaba su propiedad como parte de sus tierras ancestrales.
El Tribunal Superior de Justicia provincial había rechazado los argumentos de la comunidad mapuche al señalar que los demandados no habían demostrado ser ocupantes históricos de ese predio y recordó que uno de los integrantes fue procesado por usurpación en 2011.
También destacó que la vecina había demostrado ser la dueña del lugar desde 1970. Los abogados de la comunidad mapuche apelaron, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo por inadmisible.
Conforme a
La protesta frente al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada tuvo un pico de tensión cerca de las 17 de este jueves cuando manifestantes tiraron una de las vallas instaladas por el operativo policial. Mientras la tensión parlamentaria crece dentro del recinto, también hubo algunas escenas de violencia en la marcha que aglutina a miles de personas, desde autoconvocados a gremios de la CGT, las dos CTA, la UTEP y agrupaciones políticas, en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
Alrededor de las 17, varios manifestantes avanzaron sobre el vallado y la policía los dispersó con el camión hidrante y gases lacrimógentes. Las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes, que desde temprano restringe la circulación en el perímetro de las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.
La marcha, que comenzó al mediodía y tenía un pico de asistencia al promediar la sesión, se realiza bajo consignas como “La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja”. La protesta se originió en rechazo a la reforma de la Ley de Tierras, que finalmente el oficialismo quitó del proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
A la convocatoria se plegaron en los últimos días la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales de la UTEP. Además en la plaza hay un sinfin de banderas gremiales, peronistas y de izquierda.
La protesta es federal porque además de la manifestación en CABA hay convocatorias confirmadas en ciudades de todo el país, como La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Posadas, entre decenas de otras localidades, con horarios que en su mayoría se concentran entre las 16 y las 18.
Por el operativo en la zona del Congreso Nacional están afectadas 22 líneas de colectivos —2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168—, que debieron modificar sus recorridos habituales, con desvíos por las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba para las unidades que circulan en sentido norte-sur, y por Jujuy y 9 de Julio para las que van de este a oeste. En el subte, la estación Congreso de la Línea A permanece cerrada al público durante la jornada, mientras que Sáenz Peña y Pasco operan con restricciones preventivas. Por la manifestación se estima una alta afluencia de pasajeros en la estación Callao de la Línea B y dificultades de circulación peatonal en los accesos de la estación Entre Ríos, de la Línea E.
Noticia en desarrollo.-
Congreso, propiedad privada
POLITICA
Finalmente, Fernández Sagasti no podrá votar en la sesión donde se debate la ley de propiedad privada
A partir de una moción de preferencia impulsada por la senadora Patricia Bullrich, el pleno de la Cámara alta resolvió por amplia mayoría enviar a la Comisión de Asuntos Institucionales todos los proyectos vinculados a la regulación del voto no presencial.
De esta manera, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti quedó inhabilitada para la sesión de este jueves en la que se debate la ley de propiedad privada.
“Quiero mocionar que, de acuerdo al artículo 227 del Reglamento, y a partir del debate que se hizo público en torno a las licencias, el voto no presencial y los proyectos parlamentarios necesarios para habilitar este tema se discutan en la Comisión de Asuntos Institucionales”, expresó la senadora.
Y agregó: “Mociono esto para que el cuerpo se expida y podamos seguir el debate en la comisión respectiva”, señaló.
La legisladora por Mendoza había solicitado una habilitación excepcional para sesionar de manera virtual debido a que cursa un embarazo de 32 semanas y, por estricta indicación médica, tiene prohibido viajar a Buenos Aires.
Si bien la vicepresidenta Victoria Villarruel había emitido un decreto para autorizar su participación remota, la medida estaba supeditada a la convalidación del pleno del cuerpo.
Al imponerse la moción de Bullrich por amplia mayoría, el beneficio quedó sin efecto y la discusión de fondo se postergó para el debate en comisión.
A través de su cuenta de X, Fernández Sagasti planteó en su momento que impedirle votar implicaría dejar sin representación a su provincia.
“¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada? El Senado fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo. No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal. Mendoza tiene derecho a estar representada y yo tengo el deber de cumplir con el mandato que me confiaron sus ciudadanos», escribió.
La senadora solicitaba votar el proyecto denominado de inviolabilidad de la propiedad privada en un contexto en el que el oficialismo tiene los votos muy ajustados para aprobarlo.
Ante la fuerte presión de los bloques aliados la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich (CABA), aceptó retirar el polémico capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de ley.
La iniciativa busca agilizar los desalojos judiciales de inmuebles urbanos y rurales; reformar el régimen de expropiación estatal al imponer requisitos más estrictos y costosos para la adquisición de bienes privados. En materia ambiental, modifica la Ley de Manejo del Fuego, ratificando la prohibición de alterar el uso de suelo en bosques nativos afectados por incendios. Tambien moderniza el sistema registral para flexibilizar el registro de propiedades.
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