La causa que investiga a la banda de las “Fake Coins”, una organización criminal dedicada al fraude infromático vinculado a critoactivos, involucra a 55 personas bajo sospecha en varios puntos del país. Días atrás, la policía ejecutó más de 70 allanamientos simultáneos, con 21 detenidos, impulsados por la Procuración bonaerense, en diferentes localidades bonaerenses y las provincias de Córdoba, Santa Fe, Misiones y Mendoza.

La investigación se inició tras una serie de denuncias por estafas mediante plataformas digitales de inversión en criptoactivos.

De acuerdo a las fuentes, la organización ofrecía oportunidades de inversión con promesas de ganancias exorbitantes, simulando respaldo en mercados financieros descentralizados y tecnología blockchain. Mediante esta fachada, inducía a error a las víctimas a través de estrategias sofisticadas de captación digital.

La estructura criminal utilizaba una diversidad de métodos para atraer inversores. Entre las modalidades detectadas aparecen la creación de páginas web apócrifas, aplicaciones móviles fraudulentas y campañas masivas de correos electrónicos y mensajes en redes sociales. En esos espacios, promocionaban supuestas carteras de inversión que prometían rentabilidad inmediata.

La investigación también identificó el uso de aplicaciones de citas y redes de contacto social, como Tinder, para entablar relaciones con potenciales víctimas e inducirlas a invertir, una modalidad conocida internacionalmente como “romance scam” o estafa afectiva-financiera.

La organización funcionaba con una estructura jerárquica, con diferentes niveles operativos y funciones específicas.

En los escalones inferiores se identificó a las denominadas “prestacuentas”, personas que realizaban múltiples transferencias entre cuentas bancarias y billeteras virtuales para dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar su origen ilícito.

Empleados bancarios

Las operaciones fraudulentas incluían la apertura de cuentas bancarias mediante documentación falsa, la contratación de préstamos millonarios a nombre de empresas ajenas y el desvío de esos fondos a cuentas controladas por los sospechosos.

En julio de 2025, uno de los imputados se presentó en una sucursal del Banco Galicia, y mediante DNI y documentación falsa afirmó ser el presidente de la empresa SEEDAR SA. Así, logró abrir una cuenta corriente a nombre de la misma.

Más tarde, ingresó de forma electrónica y contrató un préstamo a nombre de SEEDARD SA por la suma de 393.815.000 millones de pesos, los que fueron transferidos desde dicha cuenta a una a nombre del sospechoso de la empresa Let Bit.

Luego, el 19 e agosto, se tomaron de manera electrónica más “prestamos DNI” por la suma de 464.402.600 millones de pesos y los transfirió. Esta maniobra se repitió, al menos, tres veces.

Entre los casos investigados, la Unidad Fiscal de Instrucción y de Juicio N°3 de Pergamino documentó el empleo de identidades apócrifas para abrir cuentas en ese banco a nombre de otras firmas como ALAV SRL e HIDALGO SA.

De esta manera, los fondos obtenidos mediante préstamos se transferían rápidamente a cuentas a nombre de miembros de la organización, quienes luego convertían el dinero en activos digitales y lo enviaban a billeteras cripto bajo su control. Un informe de la Cámara Compensadora COELSA detalló transferencias por cientos de millones de pesos argentinos a través de esta operatoria.

La investigación también reveló la participación de agentes bancarios, cuyo posible involucramiento aún se encuentra bajo análisis. Informes técnicos de empresas de conectividad y prestadores de servicios financieros virtuales permitieron trazar el recorrido del dinero desde la apertura fraudulenta de cuentas hasta la conversión final en criptoactivos, utilizando herramientas avanzadas de rastreo digital y análisis de blockchain.

El expediente fiscal señala que los responsables intentaban justificar las operaciones bajo la figura de “arbitraje financiero” en criptoactivos, alegando que las diferencias de cotización entre monedas explicaban los movimientos. Sin embargo, los informes periciales desestimaron esta defensa: según la Procuración, los tiempos de transferencia y conversión de fondos no se corresponden con las prácticas legales de arbitraje, y no existían contratos ni vínculos formales entre las empresas afectadas y los titulares de las cuentas receptoras.

Las medidas judiciales incluyeron el bloqueo de cuentas bancarias y billeteras virtuales, secuestro de dispositivos electrónicos, documentación y solicitudes de detención para los principales imputados.

La coordinación de los allanamientos requirió la intervención de la Procuración General, Unidades Fiscales de diferentes jurisdicciones y la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina.

Entre los elementos probatorios destacan actas de denuncia, informes bancarios, registros de conexiones IP, peritajes de entidades tecnológicas y testimonios de víctimas y representantes legales de las empresas afectadas.

El expediente también detalla la creación de sociedades comerciales por parte de los sospechosos, contemporáneas a la comisión de los delitos, lo que refuerza la hipótesis de una estructura criminal organizada y orientada al lavado de activos.

La causa se encuentra caratulada como “asociación ilícita, estafa, uso de documento público falso y lavado de activos de origen delictivo”.

De acuerdo a la presentación fiscal, la suma total involucrada supera el equivalente a un millón de dólares, transferidos en varias operaciones en cuestión de semanas.

En la actualidad, la Procuración y la Policía Federal trabajan en la identificación de más víctimas y en el análisis de la trazabilidad de los fondos desviados, mientras se mantiene el bloqueo preventivo de activos y cuentas vinculadas a los imputados. Uno de ellos, de 22 años, trabajó en contaduría del Ejército.

Modus operandi

Los detectives detectaron las siguientes maniobras fraudulentas llevadas adelante por la red delictiva:

Esquemas Ponzi: Son plataformas fraudulentas que prometen altos rendimientos a los inversionistas, pero en realidad pagan las ganancias a los inversores antiguos con el dinero de los nuevos. No existe una inversión real ni generación de ganancias legítimas. El sistema colapsa cuando no ingresan suficientes fondos nuevos.

Promesas de “Traiding”: Captación de víctimas mediante la promesa de operar o invertir en mercados financieros (trading), generalmente con información falsa o engañosa. Utilizan redes sociales, publicidad y contactos directos para atraer personas y convencerlas de transferir dinero.

Transferencia de fondos en criptomonedas: Consiste en inducir a las víctimas a enviar dinero en forma de criptomonedas a billeteras digitales controladas por los estafadores. El uso de criptomonedas dificulta el rastreo y la recuperación de los fondos.

Pump and Dump: Es una técnica de manipulación de mercados donde los estafadores inflan artificialmente el valor de un activo (pump), para luego vender sus propias participaciones a precios elevados. Después, el valor cae abruptamente (dump), ocasionando pérdidas a quienes compraron en el pico de precio.

Rug Pull: Es una modalidad de fraude en proyectos de criptomonedas o finanzas descentralizadas (DeFi). Los desarrolladores cierran el proyecto y se llevan los fondos de los inversionistas, dejando a los usuarios sin acceso a su dinero y sin posibilidad de recuperarlo.

Desaparición de fondos o bloqueo de cuentas: Tras captar el dinero de las víctimas, los responsables bloquean el acceso a las cuentas o desaparecen los fondos, impidiendo que las personas recuperen lo invertido.

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