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INTERNACIONAL

Trump cerró un acuerdo minero de 1000 millones de dólares que beneficiará a sus hijos

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Durante la llamada, Trump y su equipo consiguieron que el líder kazajo accediera a otorgar a una empresa estadounidense poco conocida acceso a una de las mayores reservas de tungsteno no explotadas del mundo, un metal que Estados Unidos necesita con urgencia para la producción de ojivas de misiles, aviones de combate, chips informáticos y otros productos esenciales.

Antes del acuerdo, el gobierno de Trump aprobó solicitudes preliminares de hasta 1600 millones de dólares en financiación federal para la empresa estadounidense, ahora llamada Kaz Resources, la cual tiene previsto iniciar las obras del proyecto en una zona rural de Kazajistán.

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No solo Trump y Lutnick vieron una oportunidad. Sus hijos no tardaron en hacer negocios con socios en un acuerdo que sus padres negociaban, continuando así un patrón de enriquecimiento personal en el segundo gobierno de Trump que tiene pocos precedentes en la historia de Estados Unidos.

A las pocas semanas de las negociaciones en el St. Regis, inversores de una empresa llamada Dominari Securities -con sede en la Torre Trump de Nueva York y de la que son copropietarios los dos hijos mayores del presidente, Donald Trump Jr. y Eric Trump– se unieron a otros socios para adquirir una participación del 20 por ciento en una entidad corporativa relacionada con el proyecto de Kazajistán.

Por esas mismas fechas, Cantor Fitzgerald, una empresa de inversión controlada por la familia de Lutnick y dirigida por sus hijos Brandon y Kyle Lutnick, ayudó a uno de los principales inversores que colaboraba con Dominari en el acuerdo kazajo a recaudar 210 millones de dólares en capital nuevo para una entidad relacionada. Este tipo de rondas de recaudación de fondos suelen reportar a Cantor millones de dólares en comisiones.

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El acuerdo con Kazajistán finalmente se firmó el 6 de noviembre, seis días después de la inversión en la que participaron los hijos de Trump y sus socios, algo que no se hizo público en ese momento.

Este acuerdo no es, ni mucho menos, un caso aislado. Una de las familias, o ambas, tiene vínculos financieros con al menos 14 empresas que colaboran activamente con el gobierno federal en acuerdos mineros clave, incluido el proyecto de Kazajistán, según documentos federales analizados por The New York Times.

Las 14 empresas se han beneficiado directamente de ofertas de ayuda financiera del gobierno de Trump o tienen solicitudes de permiso pendientes ante el Departamento de Comercio, que supervisa Lutnick, según descubrió el Times. La cantidad total de fondos federales que el gobierno de Trump ha otorgado o está considerando proporcionar a estas empresas supera los 8900 millones de dólares, según declaraciones públicas de las empresas y del gobierno federal.

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Esta mezcla descarada de política federal y negocios personales empezó poco después de que Trump volviera al cargo el año pasado, cuando los hijos de Trump y de Lutnick participaron en acuerdos de criptomonedas por valor de miles de millones de dólares, mientras sus padres ayudaban a establecer políticas que impulsaron el sector de las criptomonedas.

Ahora, la búsqueda de ganancias de estas familias, marcada por cuestiones éticas, se extiende a la nueva carrera armamentística por los minerales críticos.

Este tipo de acuerdos son una señal de alarma, dijo la representante por Oregón Maxine Dexter, la principal demócrata en la comisión de la Cámara de Representantes que investiga las acusaciones de irregularidades en la industria minera.

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“El Congreso tiene que asegurarse de que el dinero de los contribuyentes se utilice en beneficio del interés público y no para beneficiar a familiares o a personas estrechamente vinculadas al gobierno de Trump”, dijo Dexter en una entrevista.

La Casa Blanca y el Departamento de Comercio, en comunicados separados, rechazaron cualquier insinuación de que el gobierno de Trump estuviera mezclando de forma indebida las acciones del gobierno con los negocios familiares.

“El único interés especial que guía la toma de decisiones del gobierno de Trump es el bien del pueblo estadounidense”, dijo Kush Desai, vocero de la Casa Blanca, en un comunicado al Times. “Asegurar y repatriar las cadenas de suministro críticas de Estados Unidos ha sido una prioridad máxima para el presidente Trump, y el secretario Lutnick, junto con el resto del gobierno, sigue tomando medidas históricas para salvaguardar la seguridad nacional y económica de Estados Unidos”.

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En el centro del acuerdo con Kazajistán está un rabino nacido en Australia llamado Pini Althaus, quien se mudó a Estados Unidos hace años y puso sus miras en los minerales críticos.

Althaus es el presidente ejecutivo de Kaz Resources y de la empresa relacionada que explotará el yacimiento de tungsteno de Kazajistán, y aún es accionista de otra empresa de minerales críticos que él mismo fundó y que este mes ha conseguido hasta 1600 millones de dólares en financiación del Departamento de Comercio.

Ha demostrado ser un actor muy astuto, al solicitar –y recibir– apoyo directo de altos cargos federales, incluido Lutnick, en sus esfuerzos por cerrar acuerdos.

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En una serie de entrevistas, dijo que sus conversaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre el acuerdo del tungsteno comenzaron durante el gobierno de Joe Biden y que no se beneficiaron de ningún favor político.

Althaus dijo que, en las semanas posteriores a la reunión en el St. Regis, se le acercaron nuevos inversores, pero que nunca había conocido a los hijos de Trump y no sabía que estuvieran involucrados. Más tarde se enteró de la participación de la familia Trump y entendió que eso pudiera generar dudas, según explicó.

“Entiendo que la impresión que da pueda resultar inquietante para algunas personas”, dijo Althaus. “Pero desafortunadamente, esta empresa y este proyecto van mucho más allá de cualquier presidente, y mucho más allá de cualquier familia”.

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La promesa de Asia central

Más allá de las manadas de caballos que pastan en libertad, del esqueleto abandonado de un pueblo obrero soviético y de las onduladas colinas de la verde estepa kazaja, se encuentran los gigantescos cráteres llenos de agua que están en el centro del acuerdo estadounidense.

Aquí, a las afueras del pueblo de Unrek, con 407 habitantes, los pequeños lagos marcan los lugares donde la Unión Soviética excavó en busca de tungsteno.

Gracias a su excepcional dureza, densidad y alto punto de fusión, el tungsteno se hizo conocido como el “metal de la guerra”, con usos clave en municiones, aviación y armamento.

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El colapso de la Unión Soviética interrumpió sus planes de abrir nuevas minas en Kazajistán, una antigua república soviética. La extracción de tungsteno en Estados Unidos también se fue diluyendo, y la última mina en funcionamiento, situada en Utah, dejó de producir hace aproximadamente una década.

China llegó a dominar el comercio mundial del tungsteno. Pero justo cuando Trump volvía a la Casa Blanca, Pekín empezó a restringir las exportaciones de tungsteno y otros minerales críticos, lo que hizo que el precio de referencia de este metal fuera de China se multiplicara por seis en el último año.

Trump y sus asesores respondieron al impulsar, con la ayuda del Congreso, una enorme oleada de financiación federal para respaldar a una nueva generación de empresas mineras estadounidenses.

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Desde que Trump volvió al cargo, el gobierno federal ha dado su aprobación condicional o definitiva a 60 proyectos de minerales críticos en todo el mundo, respaldados por 18.600 millones de dólares en préstamos federales, garantías de préstamos u otras formas de financiación, según un recuento realizado en mayo por BMO Capital Markets, un banco líder en el sector. Esa es la mayor cantidad en la historia de Estados Unidos, dijo un ejecutivo del banco.

El Pentágono y el Banco de Exportación e Importación -donde Lutnick forma parte de la junta directiva- figuran entre las agencias federales que financian dicha iniciativa. Estas medidas han desatado una auténtica fiebre del oro moderna en el sector de los minerales críticos, ya que las empresas emergentes buscan obtener una parte de la generosidad federal.

Por ejemplo, Donald Trump Jr. es socio de otra empresa de inversión que, el verano pasado, adquirió una participación en una pequeña empresa minera de nueva creación llamada Vulcan Elements. Meses después, la empresa firmó un acuerdo por casi 700 millones de dólares con el gobierno federal para ayudar a financiar la expansión de su producción en Carolina del Norte.

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“El nivel de actividad, comparado con, digamos, el de 2023, es como el día y la noche”, dijo Max Yerrill, vicepresidente de BMO. “Ha sido uno de los sectores más en auge”.

Para los oficiales kazajos, este tipo de acuerdos ofrecen a su país, sin salida al mar, una nueva baza en materia de relaciones exteriores y una vía de acceso a Trump.

El país puede producir y procesar 25 de las 60 materias primas que figuran en la lista de minerales críticos de Estados Unidos, según Olzhas Alibekov, un alto cargo del Ministerio de Industria y Construcción de Kazajistán.

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“Kazajistán se posiciona como un actor importante en el mercado mundial de metales raros y de tierras raras”, dijo Nurlan Zhakupov, director ejecutivo del fondo soberano kazajo, propietario de la empresa minera estatal que colabora con Kaz Resources en el proyecto de tungsteno.

Ese proyecto requerirá una inversión enorme, que, según calcula Althaus, ascenderá a unos 650 millones de dólares inicialmente y a 1100 millones a lo largo de la vida del proyecto. Según los cálculos de su propia empresa, el tungsteno de allí podría valer hasta 80.000 millones de dólares.

Su empresa no podía sacar adelante el proyecto por sí sola. Necesitaba que el gobierno de Estados Unidos llegara a un acuerdo con Kazajistán al más alto nivel y se comprometiera a aportar financiación para que las cuentas cuadraran. A cambio, Estados Unidos podría tener acceso a unas 12.000 toneladas métricas de tungsteno al año, más o menos lo mismo que se importa actualmente cada año.

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Un acuerdo en Nueva York

Aquel día de septiembre de 2025, en el Hotel St. Regis, el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokáyev, se encontraba en medio de una sucesión de reuniones, a modo de “citas rápidas”, con ejecutivos de gigantes corporativos como Citigroup, Amazon y Chevron.

Entre los invitados empresariales de Tokáyev se encontraba Althaus, que estaba allí para presionar a Kazajistán para que aprobara el proyecto minero. Lutnick tuvo su propia reunión con el presidente kazajo en el hotel ese mismo día.

“Tienen minerales críticos fantásticos en los que podemos invertir juntos”, le dijo el secretario de Comercio a Tokáyev, según una grabación de partes de la reunión que el líder kazajo publicó en las redes sociales.

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Lutnick había dado diversos pasos a lo largo de varios meses para ayudar a impulsar el acuerdo.

El año pasado envió una carta a Tokáyev instando al país a adjudicar el contrato a Althaus y a sus inversores, y les dijo que el gobierno de Trump “apoya plenamente” a la empresa (entonces conocida como Cove Kaz) en sus esfuerzos.

El Banco de Exportación e Importación y una segunda agencia federal en cuya junta también está Lutnick, la Corporación de Financiación Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, emitieron sendas cartas de interés el verano pasado para proporcionar a la empresa de Althaus financiación provisional para el proyecto. Esos préstamos, en conjunto, podrían ascender a 1600 millones de dólares.

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Para cuando se celebró la reunión en el St. Regis, Lutnick estaba a punto de conseguir el visto bueno de Tokáyev para el acuerdo. Fue entonces cuando Trump intervino.

“El presidente Trump, el secretario Lutnick y el secretario Rubio se involucraron personalmente”, dijo Althaus, quien no asistió a la reunión a puerta cerrada. “El presidente Trump llevó a cabo la negociación final con el presidente Tokáyev para este acuerdo”.

Los postores chinos también buscaban acceder a la mina de tungsteno kazaja, lo cual fue una de las razones por las que Althaus necesitaba la ayuda del gobierno de Estados Unidos.

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La firma definitiva tuvo lugar el 6 de noviembre, durante una cumbre de alto nivel en Washington, donde Trump recibió a los cinco líderes de Asia central y destacó su interés por sus minerales críticos.

Según los términos del acuerdo, la empresa de Althaus ahora posee el 70 por ciento de la empresa conjunta, y la empresa minera estatal kazaja tendrá el 30 por ciento.

Los inversores que participan en el acuerdo con Kazajistán tienen varios planes de negocio diferentes que pretenden beneficiarse del apoyo del gobierno de Trump –y que además hacen negocios con Cantor Fitzgerald.

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Este mes, por ejemplo, el gobierno de Trump se comprometió a proporcionar hasta 1600 millones de dólares en ayuda financiera a USA Rare Earth, la otra empresa minera que fundó Althaus y en la que aún es accionista.

Ese acuerdo otorga al Departamento de Comercio 16 millones de acciones de la empresa. Por otra parte, Cantor Fitzgerald ganó millones de dólares en comisiones al ayudar a USA Rare Earth en una serie de operaciones desde el año pasado que, en última instancia, recaudaron 1500 millones de dólares para la empresa.

Cantor Fitzgerald, que Lutnick dirigía antes de convertirse en secretario de Comercio, cuenta desde hace tiempo con una división que ayuda a las empresas mineras a recaudar capital. Pero ha experimentado un auge en su actividad de apoyo a la creación o financiación de empresas mineras, especialmente de aquellas que se benefician del respaldo del gobierno de Trump.

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Los demócratas del Congreso han pedido que se investigue la participación propuesta del Departamento de Comercio en USA Rare Earth. Le dijeron a Lutnick en una carta que era “el ejemplo más reciente de cómo los asuntos oficiales del Departamento de Comercio se han entremezclado con los intereses financieros de Cantor Fitzgerald durante tu mandato”.

Incluso algunos funcionarios del gobierno de Trump directamente implicados en la iniciativa –que hablaron con el Times bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar el asunto– dijeron que les decepcionaba ver los vínculos entre las familias Lutnick y Trump y los proyectos que el gobierno se ha propuesto ayudar a financiar.

Un vocero de Cantor, en una declaración al Times, dijo que los ejecutivos de la empresa no participaron en las conversaciones sobre financiación gubernamental en nombre de sus clientes del sector minero.

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“Cantor es un socio natural para las empresas que buscan capital para satisfacer la creciente demanda de minerales críticos”, dijo el vocero, Stan Neve.

En un comunicado, el Departamento de Comercio dijo que ni Lutnick ni nadie del departamento habían “interactuado ni mantenido conversación alguna con Cantor Fitzgerald en relación con el sector de los minerales de tierras raras”. Además, dijo que Lutnick había vendido su participación en Cantor.

La participación de los Trump

Los vínculos de los hermanos Trump con el acuerdo de Kazajistán comenzaron en la torre de su padre en la Quinta Avenida de Nueva York.

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Ahí es donde Dominari Securities, una pequeña empresa de servicios financieros, había establecido sus oficinas después del final del primer mandato de Trump en la Casa Blanca.

Esa proximidad a la sede de la Organización Trump les dio a los ejecutivos de Dominari la oportunidad de entablar amistad –y luego relaciones de negocios– con los hijos de Trump.

“Así es como empezó y se desarrolló la relación”, dijo Allan Evans, uno de los socios de Dominari, en una entrevista.

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Después de que Trump volviera a la Casa Blanca, Dominari contrató a Donald Trump Jr. y a Eric Trump como asesores remunerados, y les dio acciones que ahora valen unos 7 millones de dólares, lo que representa alrededor del 10 por ciento del total de acciones de la empresa. La empresa puso en marcha una estrategia explícita para invertir en empresas alineadas con la agenda del presidente, desde drones militares hasta minerales críticos.

Para llevar a cabo la inversión en tungsteno de Kazajistán, Dominari recurrió al tipo de maniobras corporativas complejas que caracterizan sus operaciones.

En primer lugar, Dominari se asoció con Paul Mann, un inversor y empresario británico que, más recientemente, también ha buscado entrar en el sector de los minerales críticos.

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A través de una filial de la empresa de energía nuclear de Mann, ASP Isotopes, el grupo de inversores compró el verano pasado una participación mayoritaria en una empresa de construcción de carreteras en quiebra llamada Skyline Builders. Puede parecer una jugada extraña, pero lo hicieron por una razón: Skyline cotiza en el Nasdaq. Así que la filial de ASP controlaba ahora una empresa que cotiza en bolsa.

Dominari y los hijos de Trump se sumaron a esta iniciativa a través de lo que se conoce como una “entidad con fines especiales”, que adquirió una participación en Skyline, tal y como informó por primera vez The Financial Times. Los hijos de Trump tienen una segunda participación menor en el acuerdo, a través de una inversión que hicieron directamente en la filial de ASP a finales del año pasado, según Mann.

A finales de septiembre, el gobierno de Trump consiguió el acuerdo verbal del gobierno kazajo para los derechos sobre el tungsteno.

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Eso puso en marcha su estrategia.

En octubre, Cantor Fitzgerald ayudó a recaudar 210 millones de dólares para ASP Isotopes.

Para el 31 de octubre, Skyline, ahora controlada por ASP, adquirió una participación del 20 por ciento en la entidad corporativa de Althaus centrada en Kazajistán, por 20 millones de dólares. La antigua empresa de construcción de carreteras se metió de forma repentina en el negocio minero.

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Seis días después, Lutnick firmó en Washington el acuerdo definitivo con el gobierno kazajo.

Mann, en una entrevista, insistió en que el dinero que Cantor recaudó para ASP Isotopes no se utilizó en el acuerdo minero. Sin embargo, Cantor –la empresa de inversión dirigida por los hijos de Lutnick– recaudaba fondos para la empresa de Mann mientras su filial se preparaba para invertir en un acuerdo que Lutnick negociaba como secretario de Comercio.

En diciembre, Mann se puso en contacto con Althaus con una propuesta para una maniobra conocida como “fusión inversa”, que sustituiría a Skyline Builders en la bolsa Nasdaq por una nueva entidad llamada Kaz Resources, dijo Althaus. La fusión, que básicamente sacará a bolsa la operación minera, se anunció en abril.

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La cotización en bolsa permitirá a los inversores obtener ganancias con el proyecto de Kazajistán al negociar sus acciones incluso antes de que se extraiga tungsteno del suelo. El respaldo del Gobierno de Estados Unidos a este tipo de proyectos suele hacer subir el precio de las acciones, lo que genera ganancias para los inversores iniciales que salen en el momento oportuno.

Como parte de la fusión, Skyline acordó aportar unos 50 millones de dólares al proyecto de Kazajistán, además de la inversión inicial de 20 millones, dijo Althaus.

Althaus dijo que necesitaba el dinero de la fusión para empezar a trabajar en el proyecto de Kazajistán. La fusión aún necesita la aprobación de las autoridades reguladoras de Estados Unidos para cerrarse.

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Dominari no respondió a las solicitudes de comentarios.

Eric Trump y Donald Trump Jr. dijeron en declaraciones separadas que no estaban involucrados en los detalles del acuerdo; Eric Trump escribió que “siempre ha sido un inversor pasivo sin ningún tipo de función directiva”.

Mann confirmó que los hijos de Trump tienen intereses económicos en el acuerdo. Pero dijo que no había hablado con ellos, ni con nadie de la familia Trump, al respecto.

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“Si lo analizas con perspectiva, no hay ningún conflicto de intereses aquí”, dijo Mann. “Y sin duda, al gobierno de Estados Unidos le conviene cerrar este acuerdo”.

También dijo que no eligió a Cantor para recaudar fondos para su empresa porque Lutnick es secretario de Comercio.

“Por supuesto que no”, dijo, y añadió: “¿Debería Cantor excluirse de todos los acuerdos del sector minero? Eso sería injusto para Cantor”.

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Avanzar a la producción

Hasta ahora, no se ha recibido nada de los 1600 millones de dólares de ayuda financiera del gobierno de Estados Unidos para el proyecto minero de Kazajistán, ya que está sujeto a aprobaciones adicionales, dijo un funcionario del gobierno de Trump. La empresa de Althaus lleva a cabo un estudio de viabilidad final que se revisará.

Eso no significa que nadie haya ganado dinero.

Los documentos presentados ante las autoridades federales indican que tanto Cantor Fitzgerald (dirigida por los Lutnick) como Dominari Securities (de la que los Trump son copropietarios) han cobrado honorarios por su trabajo. A ambas se les pagó por sus servicios, que consistieron en ayudar a los ejecutivos implicados en la serie de transacciones a recaudar nuevo capital.

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Althaus dijo que ahora se enfoca en llevar el proyecto a la fase de producción, que espera que comience en 2030, aunque hay presión para acelerar el calendario.

“Si hubiéramos tenido una puerta a la que llamar, por así decirlo, lo habríamos hecho”, dijo. “Lo hemos hecho por el camino difícil, a base de abogar”.

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Kitty Bennett, Oleg Matsnev y Alina Lobzina colaboraron con investigación.

Paul Sonne es un corresponsal internacional que se enfoca en Rusia y las diversas repercusiones de la política interior y exterior del presidente Vladimir Putin, con especial atención a la guerra contra Ucrania.

Eric Lipton es un periodista de investigación que profundiza en una amplia gama de temas, desde el gasto del Pentágono hasta los productos químicos tóxicos.

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Kitty Bennett, Oleg Matsnev y Alina Lobzina colaboraron con investigación.

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El gobierno de Trump le pidió a la Justicia de Estados Unidos darle inmunidad a Delcy Rodríguez por reconocerla como presidenta de Venezuela

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La administración de Donald Trump pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la demanda civil abierta contra ella en Florida.

Así lo solicitó el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, en una carta enviada el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate.

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En la carta, el Departamento de Estado recuerda que desde el pasado 5 de marzo reconoce oficialmente a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela tras asumir el poder de forma interina después de la captura del presidente Nicolás Maduro -a quien Estados Unidos no reconoce como presidente de Venezuela desde 2019- por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

«La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso», considera la Administración de Trump.

«En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad, informándole de lo anterior a la mayor brevedad», apunta el documento.

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Rodríguez enfrenta una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo.

El pasado 15 de julio, tras la carta enviada por el Departamento de Estado, el juez ordenó una indemnización de US$314 millones en este caso, aunque Delcy Rodríguez fue excluida del fallo, que sí afecta a Maduro y a otros funcionarios chavistas.

El Gobierno de Trump pidió en la carta a la fiscalía que tome nota de «la especial importancia» que tiene para Estados Unidos que el caso contra Rodríguez sea desestimado, dadas «las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo».

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La carta revela que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos ha pedido al Departamento de Estado que certifique la inmunidad de Rodríguez en este caso.

Desde la captura de Maduro, el Gobierno de Trump ha estrechado relaciones con el Gobierno interino de Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro, mientras la líder opositora María Corina Machado insiste en su intención de regresar a Venezuela para impulsar una transición democrática en el país.

La semana pasada, un juez del Distrito Sur de Florida le ordenó a Maduro y otros dirigentes chavistas –Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Alex Saab y Tarek William Saab, entre otros- pagar US$314 millones por una demanda que presentaron más de 10 estadounidenses. El juez, Darrin Gayles, excluyó a Delcy Rodríguez y a su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

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Los demandantes incluyen a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes en 2023 formaron parte de un intercambio de prisioneros durante el mandato del demócrata Joe Biden (2021-2025) que resultó en la liberación de Alex Saab, detenido desde mayo pasado otra vez en este país.

Los demandantes, incluyendo secuestrados en Venezuela y dos menores de edad, habían presentado la demanda en agosto de 2025, pero la reactivaron en enero con una nueva moción tras la captura de Maduro, ahora preso en Nueva York, donde afronta cargos de narcoterrorismo.

El recurso acusa a los líderes del chavismo de violar la Ley Federal Antiterrorismo (ATA, en inglés), la Ley Antiterrorismo de Florida y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

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El fallo del juez argumentó que Maduro «históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en los Estados Unidos».

También acusó al expresidente venezolano de «narcoterrorismo» con el aparente «objetivo de intimidar o coaccionar a la población civil» estadounidense.

Este recurso civil es paralelo al proceso penal que afronta Maduro por narcotráfico en Nueva York, donde también está detenida su esposa Cilia Flores.

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EXCLUSIVE: Nick Shirley fires back at Minnesota critics: ‘Numbers don’t lie, and convictions don’t lie’

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

Nick Shirley never planned to become one of the nation’s best known independent journalists, making videos that would dominate the national conversation and be retweeted by vice presidents and CEOs.

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Yet in the wake of his Minnesota fraud investigation, Shirley has exploded onto the national scene as a one-man journalism machine. 

Recently, he sat down with Fox News Digital at Freedom Fest in Las Vegas to discuss his unconventional rise, his reporting philosophy, and the stories the mainstream media is still ignoring.

NICK SHIRLEY EXPLAINS FRAUD ‘ENTREPRENEURSHIP’ HE SAYS IS RUNNING RAMPANT IN CA

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Independent journalist Nick Shirley speaks during a roundtable discussion in the State Dining Room of the White House in Washington, D.C. (Anna Moneymaker/Getty Images, File)

«Well, when I was younger, I’d make vlog pranks, and then I started to get a little bit older and wanted to see what was happening in the world. And it turned into journalism,» Shirley said about his start in reporting. «I didn’t know it was journalism at the time. I thought I was just making YouTube videos on more interesting topics. 

«And now I’m one of the biggest and most well-known journalists in America, in the world, actually.»

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Shirley conceded that his particular style is hard to define.

«I think that’s a good mix, like an…independent YouTube journalist, like it’s journalism with a bit of documentary style as well, so it’s kind of different than what anyone has ever done before as far as this new realm of YouTube journalism,» he said.

Shirley said he realized that he had an explosive story as the Minnesota fraud video «Feeding Our Future» scandal cracked nine-digit views on X.

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YOUTUBER TO TESTIFY BEFORE CONGRESS ON MINNESOTA’S MASSIVE $9B FRAUD NETWORK INVESTIGATION

Vice President JD Vance speaking

NIck Shirley’s brand of independent reporting has caught the eye of Vice President JD Vance, among other luminaries. (Urs Flueeler, Pool Photo via AP, File)

«When I saw it hit 100 million views, I had never seen a video get to 100 million views on X before. And then it became shared by some of the biggest voices in the world as well,» said Shirley, who boasts 1.7 million followers on the platform, and nearly 2 million subscribers on YouTube.

Among them were Vice President J.D. Vance, Elon Musk and FBI Director Kash Patel.

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Shirley said he believes in zeroing in his investigation on primary sources when he is devoting time and resources to new stories.

«I take all the information that’s public from the government and I go straight to the source,» he said.

Despite the massive success Shirley has seen, he still comes across stories that do not get the exposure he feels is warranted.

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«On a national level, I think the fentanyl crisis in the United States is really bad,» Shirley said. «I’ve done a few videos on that, but people seem to not want to stop the fentanyl crisis from happening.»

OWNER OF DAYCARE IN VIRAL NICK SHIRLEY VIDEO CHARGED IN $4.6M FRAUD SCHEME, PROSECUTORS SAY

Unsurprisingly, from time to time, Shirley said his journalistic work takes him to the limits of his comfort zone.

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«In the favelas of Brazil, I thought I was going to die. That was a little scary,» he said. «In Kenya and Philadelphia as well, that was pretty dangerous.»

Shirley cited his Spanish language skills as a motivating factor in his coverage of the Biden administration border crisis, which he witnessed firsthand.

«I had heard about what was happening. I was living in Chile at the time. And I started to see what was happening with Venezuelan migrants coming into Chile,» Shirley said. «When I came back to the United States, I started looking into what was going on at the southern border. 

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«And since I could speak Spanish, I started to reveal what was actually happening. And people didn’t know that children were being smuggled. 17-year-old girls were coming over all by themselves. 12-year-old girls were all coming over all by themselves. And I kind of started to showcase what was happening from the border all the way to the shelters in New York City.»

Nick Shirley at a daycare in Minnesota

Nick Shirley upended the news cycle last month with a 42-minute video investigating Minnesota daycare centers that appeared inactive despite receiving millions of dollars in government funding.  (Nick Shirley)

Shirley did a two-year mission with the LDS Church, and credits his faith as a motivation for his work.

«Well, I think our faith invites us to look for the truth and expose evil,» he said. «Like, the scriptures, the Bible, everything, it’s a bunch of strong men exposing what’s happening as well, and I think that’s kind of lost.»

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Shirley said the recent guilty plea of Fahima Egeh Mahamud — the woman tied to Minnesota’s massive «Feeding Our Future» scandal and daycare fraud scheme — as evidence of the veracity of his work, as the mainstream media and Democratic establishment have worked hard to discredit his investigations.

«Well, numbers don’t lie, and convictions don’t lie either,» he said. «The largest daycare in Minnesota, government funded, just pleaded guilty today.»

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La cadena hotelera española Meliá anunció que cesará toda su actividad en Cuba y culpó al bloqueo de Trump a la isla

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La cadena hotelera española Meliá, con 34 hoteles en Cuba, cesará el viernes próximo toda su actividad en la isla ante las “notables dificultades” operativas, legales y económico-financieras en el país a causa del bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Meliá comunicó este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su filial en Portugal, Ilha Bela Gestao e Turismo, a través de la que opera en Cuba en régimen de gestión, tomó la decisión de concluir a partir del viernes 24 de julio la prestación de servicios en todos los establecimientos en la isla.

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Esta decisión es consecuencia de las “notables dificultades de carácter operativo, legal, económico y financiero que, persistentemente, han venido y vienen afectando” a Cuba, tras el embargo decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que imposibilitan “de hecho y de derecho” una “mínima estabilidad operativa”, señaló la compañía.

Meliá es una de las mayores hoteleras en Cuba y la principal de las cadenas extranjeras.

La isla enfrenta apagones interminables y la paralización de sus industrias y el transporte a causa del bloqueo petrolero impuesto por Trump después de la captura de Nicolás Maduro en enero en Venezuela, hasta entonces principal socio ideológico y económico de La Habana.

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En 2025 la caída del turismo fue brutal. El desplome llegó al 25%. Solo llegaron 1,8 millones de turistas.

Qué implica la salida de Meliá de Cuba

El cese de actividad se extiende al uso de marcas autorizadas, a la actividad de recepción de turistas y a la cadena de suministro local vinculada al abastecimiento de los establecimientos.

En su comunicado, Meliá explica que está evaluando los impactos financieros de esta decisión, incluyendo la eventual revisión del valor en libros asociado a la operatividad en Cuba, que concretará cuando publique las cuentas del primer semestre.

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La cadena hotelera Meliá se va de Cuba (Foto: EFE)

La filial portuguesa trabaja para garantizar una transición ordenada para que la salida tenga el menor impacto posible en colaboradores, proveedores y clientes, señaló la cadena hotelera.

El 7 de mayo pasado, cuando presentó los resultados del primer trimestre del año, Meliá comunicó que había cerrado el 50% de su capacidad operativa en Cuba como consecuencia del bloqueo comercial de Estados Unidos.

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Leé también: Estados Unidos prepara nuevos aranceles a las importaciones de unos 60 países

Según explicó entonces, tenía en cartera 34 hoteles (algunos de ellos ya cerrados por esas fechas, aunque no precisó la cifra exacta), con 14.053 habitaciones y tenía otros dos en proyecto, que en principio tenía previsto abrir este año.

Fuentes de Meliá indicaron que el portfolio total estuvo operativo una media del 60% de los días del trimestre, que se vio comprometido “de forma significativa” tras la intervención de Estados Unidos en la región a principio de año.

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Esa intervención generó una “dificultad sobrevenida” para la obtención de combustible, lo que, junto al estricto bloqueo comercial, afectó con fuerza al mercado turístico.

La hotelera reportó una ocupación en sus establecimientos en Cuba del 34,1%, 6,5 puntos por debajo del primer trimestre del año pasado y muy por debajo de la media de su cartera (58,8%, con un alza de 1,7 puntos).

El ingreso por habitación disponible, que da una idea de la rentabilidad de la operativa al tener en cuenta la ocupación, se situó en la isla en 34,4 euros, el 8,6 % menos que un año antes, frente a una media de 84 euros en el conjunto de sus hoteles.

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La principal hotelera extranjera en Cuba

Meliá es una de las mayores hoteleras en Cuba y la principal de las extranjeras, con un portfolio de 34 hoteles, aunque ya había cerrado casi la mitad en el primer trimestre del año, por la crítica situación que se vive en la isla tras el embargo petrolero anunciado por Trump.

El 3 de junio anunció el cese de la gestión y uso de la marca en 15 hoteles en Cuba y este martes comunicó el fin de la gestión de los hoteles restantes a partir del viernes 24 de julio.

No obstante, la compañía española no es propietaria de los hoteles, que son de titularidad estatal a través de grupos como Gaesa (ligada al Ejército cubano), Cubanacan o el propio Ministerio de Turismo, y únicamente gestiona los establecimientos.

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Este sistema supone que la cadena aporta, además de la marca, sus sistemas de reservas, sus medios de comercialización y los procedimientos operativos, y cobra una tarifa por la gestión y un bonus en función de los resultados.

Normalmente el personal directivo es de la compañía española, en tanto que el resto de los trabajadores dependen de las operadoras públicas cubanas, con lo que la salida de Cuba apenas tiene impacto en el empleo, según fuentes de la compañía.

(Con información de EFE)

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cuba, España, Turismo

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