Al cierre de febrero de 2026, las finanzas públicas panameñas reflejan un inicio de año con mayor presión sobre el balance fiscal, impulsado principalmente por el crecimiento del gasto frente a los ingresos.

El Sector Público No Financiero registró un déficit de $1,110 millones, equivalente al 1.17% del Producto Interno Bruto, lo que representa un aumento de $307 millones respecto al mismo período de 2025, en un contexto donde el Estado ha acelerado la ejecución de recursos públicos.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este resultado responde a una aceleración en la inversión pública, alineada con el presupuesto y el marco fiscal, y no a un deterioro desordenado de las finanzas.

En su informe, la entidad sostiene que el mayor déficit está vinculado a la ejecución de proyectos estratégicos y al cumplimiento de compromisos sociales, lo que explica el comportamiento del gasto en los primeros meses del año.

Por el lado de los ingresos, el desempeño muestra un crecimiento relevante, aunque con señales mixtas en su composición. Los ingresos totales alcanzaron $2,435 millones, con un aumento de 12.4%, impulsado principalmente por los aportes de la Caja de Seguro Social, que crecieron 11.4%, y por los ingresos de capital, que sumaron $197 millones, una cifra muy superior a la registrada el año anterior.

Sin embargo, los ingresos corrientes del Gobierno Central registraron una caída de 2.2%, equivalente a unos $25 millones, lo que refleja debilidad en algunas fuentes tradicionales.

A pesar de esto, los ingresos tributarios lograron crecer 2.7%, con un mayor dinamismo en los impuestos indirectos, que aumentaron 4.0%, especialmente por el comportamiento del consumo interno, lo que permitió sostener parcialmente la recaudación.

El contraste más marcado se observa en el gasto. El gasto total se ubicó en $3,545 millones, con un incremento de 19.4%, superando ampliamente el ritmo de crecimiento de los ingresos.

Este aumento estuvo impulsado principalmente por el gasto de capital, que creció 75.3%, equivalente a más de $375 millones adicionales, asociados a proyectos de infraestructura clave para el país.

Entre estos proyectos destacan la Línea 3 del Metro de Panamá y el Cuarto Puente sobre el Canal, iniciativas que, según el MEF, buscan fortalecer la movilidad, la competitividad logística y la conectividad. Este impulso a la inversión es uno de los factores que explica el aumento del déficit en el corto plazo, al concentrarse una parte importante del gasto en la ejecución temprana del presupuesto.

El gasto corriente, por su parte, creció 8.1%, aunque con comportamientos diferenciados dentro del sector público. Mientras el Gobierno Central redujo su gasto en $38 millones (-3.4%), la Caja de Seguro Social registró un aumento de $161 millones, equivalente a 25.1%, reflejando mayores compromisos en prestaciones, transferencias y atención social.

Otro componente que continúa presionando las finanzas es el costo de la deuda. Los pagos de intereses alcanzaron $712 millones, con un incremento de 11.5%, impulsado tanto por obligaciones externas como internas. Este aumento responde, en parte, a decisiones de manejo de pasivos que adelantaron pagos previstos para más adelante en el año fiscal, lo que impacta el resultado en este período.

En términos de balance, el ahorro corriente del sector público se ubicó en -$438 millones, lo que refleja que los ingresos no alcanzan para cubrir el gasto corriente. Este deterioro está vinculado principalmente al aumento del gasto en la CSS, aunque el Gobierno sostiene que el comportamiento general se mantiene dentro de los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

El balance primario, que excluye el pago de intereses, también mostró un déficit de -$397 millones, lo que indica que la presión fiscal no se limita al servicio de la deuda, sino que responde a un aumento más amplio del gasto público. Este indicador es clave porque permite medir la sostenibilidad de las finanzas sin el efecto de los intereses acumulados.

Este escenario se produce luego de que Panamá cerrara 2025 con una mejora significativa en sus cuentas fiscales. El déficit del Sector Público No Financiero se ubicó en 3.68% del PIB, lo que representó una reducción cercana al 40% respecto al año anterior, equivalente a más de $2,069 millones, resultado que fue destacado por el MEF como parte de un proceso de ajuste fiscal.

Ese desempeño permitió mejorar la percepción de riesgo país y reducir presiones sobre las tasas de interés, en un contexto donde las autoridades combinaron disciplina fiscal, mejor recaudación y control del gasto. Sin embargo, el comportamiento de 2026 refleja una nueva etapa, en la que el énfasis está en la ejecución de proyectos y el cumplimiento de compromisos sociales.

Irán y Estados Unidos volvieron a lanzarse amenazas cruzadas cuando faltan menos de dos días para que expire el alto el fuego en medio de la incertidumbre sobre una posible reanudación de las negociaciones en Pakistán.

Mientras desde Estados Unidos se informó que el vicepresidente JD Vance se preparaba para viajar a Islamabad para una segunda ronda de diálogo, Irán afirmó este martes que aún no ha enviado una delegación a Pakistán para reanudar las negociaciones. La tensión crece y este miércoles expira el alto el fuego que ha dejado entre paréntesis la guerra en Oriente Medio.

Tanto Teherán como Washington se han acusado mutuamente de violar la tregua de dos semanas que, según el presidente estadounidense Donald Trump, terminará el miércoles por la noche.

El sábado 11 de abril, representantes de estos dos países enemigos se reunieron en la capital de Pakistán para una ronda histórica de conversaciones iniciales, las de más alto nivel desde la fundación de la república islámica en 1979.

Los analistas estimaron entonces que el rango político de las delegaciones era un indicador de la voluntad de ambos por alcanzar un acuerdo.

Pero el diálogo fracasó. Irán mantuvo cerrado casi todo este tiempo el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de hidrocarburos, y Donald Trump anunció un bloqueo de los puertos iraníes.

Ambas partes siguen atrincheradas en sus posiciones. Trump, advirtió que “muchas bombas” “empezarán a estallar” si no hay un acuerdo antes de la fecha límite del alto el fuego, y el principal negociador de Irán dijo que Teherán tiene “nuevas cartas en el campo de batalla” que aún no se han revelado.

Parecía probable que el cese al fuego se extendiera si las conversaciones se reanudan. Funcionarios de la Casa Blanca han dicho que Vance encabezaría la delegación estadounidense, pero Irán no ha dicho a quién podría enviar, y la televisión estatal iraní el martes difundió un mensaje en el que afirmó que “ninguna delegación de Irán ha visitado Islamabad… hasta ahora”.

Trump ha acusado a Irán de disparar a barcos en el estrecho de Ormuz y Teherán afirma que el bloqueo estadounidense y la incautación de un barco violaron el acuerdo de tregua.

Las autoridades iraníes están descontentas y acusan a Washington de no actuar de buena fe en las negociaciones.

El influyente presidente de su Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el país no aceptará negociar «bajo la sombra de las amenazas» de Trump y sacará «nuevas cartas en el campo de batalla» si se reanudara la guerra.

El presidente estadounidense volvió a referirse el lunes por la noche a uno de los principales puntos de divergencia: el programa nuclear iraní.

Según el magnate republicano, obtener el uranio de Irán será un proceso «largo» y «difícil» tras los ataques estadounidenses del año pasado contra las instalaciones nucleares de Teherán.

«La Operación Martillo de Medianoche (en junio de 2025) fue una aniquilación completa y total de los sitios de ‘polvo nuclear’ en Irán», escribió Trump en su plataforma Truth Social con la expresión que suele utilizar para el uranio. «Por lo tanto, sacarlo será un proceso largo y difícil».

Y aunque prefiere no pensar demasiado en el mañana, tiene la sensación que «no se alcanzará ningún acuerdo y la guerra probablemente se reanudará», dice a la AFP en una calle de Teherán.

La tregua teóricamente terminaba el martes por la noche, pero Trump declaró a Bloomberg que será el miércoles por la noche, hora de Washington, y es «altamente improbable» que se extienda.

Trump también afirmó a PBS News que Irán «se suponía que debía estar» en las negociaciones en Pakistán.

«Acordamos estar allí», dijo, y advirtió que si el alto el fuego expira «entonces empezarían a estallar muchas bombas».

A falta de acuerdo el mandatario republicano se niega a levantar el bloqueo a los puertos iraníes. También pone firmes condiciones para un pacto, sobre todo que Teherán entregue el uranio enriquecido con su polémico programa nuclear.

«El actual enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán ya no es un choque de capacidades, sino más bien una lucha de resistencia política y poder de negociación», escribió Daniel Byman, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Trump niega sentirse bajo presión por el tiempo a pesar del plazo del alto el fuego.

«¡ESTO NO ES CIERTO! No estoy bajo presión alguna, aunque todo sucederá con relativa rapidez», escribió Trump en su plataforma Truth Social usando mayúsculas como acostumbra a hacer.

A pesar de la incertidumbre, los precios del petróleo cayeron el martes y siguen por debajo del umbral de los 100 dólares.

FIRST ON FOX: A redistricting referendum backed by Virginia Democratic Gov. Abigail Spanberger is the culmination of a rapidly escalating «power grab» by Democrats in what has been a key swing state for years, a new report by the Honest Election Project Action (HEP) alleges.

HEP’s report argues that after regaining control of the state from Republicans in 2025, Democrats are now «rigging the rules so they never lose power» again. Leveraging their unified control, the report points to the Democratic-majority Virginia legislature passing 54 election bills this session, which it said is «more than any state in the nation.»

Among the bills passed by the Virginia legislature were measures to bar immigration enforcement officers from voting locations, expand ranked-choice voting and place new limits on the removal of voters deemed ineligible. Spanberger also signed a bill to add Virginia to the National Popular Vote Compact, a coalition of states committed to awarding their Electoral College votes to the winner of the national popular vote. Perhaps most controversial, however, Spanberger signed another bill setting in motion a referendum to allow the legislature to redraw congressional districts that critics say would heavily favor Democrats.

«Democrats used their newfound status to launch a partisan power grab and a deliberate assault on election safeguards,» the report alleges, adding, «Virginia is the latest example of the left’s gerrymandering hypocrisy: condemn it when done by opponents, stop at nothing to impose it when it delivers power.»

GLENN YOUNGKIN ACCUSES GOV SPANBERGER OF ‘ILLEGAL AND UNCONSTITUTIONAL’ GERRYMANDERING IN VIRGINIA MAP FIGHT

If approved by voters today, the referendum would amend Virginia’s constitution to allow lawmakers to redraw the state’s congressional districts ahead of the 2026 midterm elections and implement a new map immediately. The change would temporarily override the state’s current bipartisan redistricting process for this cycle, with the existing system set to resume afterward.

Besides signing the bill to set the redistricting referendum in motion, Spanberger has also given her full endorsement of the amendment. In a March statement, she emphasized that «Virginia’s approach is different» regarding redistricting.

She framed the amendment as a temporary measure «directly responsive to what other states decide to do,» stressing that «it preserves Virginia’s bipartisan redistricting process for the future.»

«I supported the formation of Virginia’s bipartisan redistricting commission in 2020, and that support has not changed,» she said. «What has changed is what we’re seeing in states across the country — and a President who says he is ‘entitled’ to more Republican seats before this year’s midterm elections.»

«Virginians have the opportunity to take action in response to this extraordinary moment in history. That’s why, as a Virginia voter, I’m voting in favor of this amendment,» Spanberger added.

The effort has also been supported by former President Barack Obama, who recently released an ad urging Virginians to vote «yes» for the amendment.

VIRGINIA DEM ADMITS REDISTRICTING PUSH AIMS TO ‘STOP TRUMP’, NOT ABOUT ‘FAIRNESS’

Signs urge early voters to vote yes or no on the Virginia redistricting referendum at the Ellen M. Bozman Government Center in Arlington, Va., on Tuesday, March 31, 2026. Early voting continues across the state for Virginia’s redistricting ballot referendum. (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

Meanwhile, Honest Election Project argues in its report that «far from ‘strengthening democracy,’ Virginia’s 2026 session is a case study in the left’s agenda to trade election security for political advantage.»

The report points out that during the session, Democrats «delivered on virtually every major item on the left’s election-law wish list.»

In all, the report says that Virginia lawmakers introduced 103 election-related bills, 93 percent of which it says were ultimately sent to Spanberger. Thus far, the governor has signed nine of those measures, per the report.

Among the other policies HEP takes issue with is a measure to prohibit immigration enforcement within 40 feet of a polling place, election board meeting site, or recount location. The report accused Virginia Democrats of working to «exploit election law to hamper federal immigration enforcement and essentially turn areas around polling places into expansive sanctuary zones for illegal aliens.»

The report also slams Virginia Democrats over ranked-choice voting and the National Popular Vote Compact, both of which it calls «structural changes to push politics to the left.»

The Virginia legislature also passed a constitutional amendment to automatically restore voting rights to convicted felons upon their release from prison. Virginians will have the opportunity to approve or reject the amendment at the ballot box this November.

Another measure passed by the legislature was a bill barring officials from cross-checking the state’s voter roll against the federal Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) database to identify noncitizens, and from removing ineligible voters based on a SAVE match. While Spanberger stated, «I approve the general purpose of this bill,» she returned the bill to the legislature with amendments.

HEP argues that based on the data, Virginia «stands out for the breadth and depth of its efforts to rewrite election rules.»

VIRGINIA DEMOCRAT SPARKS BACKLASH FOR OMITTING MURDER-SUICIDE IN POST ON JUSTIN FAIRFAX

Virginia Gov. Abigail Spanberger speaks in Richmond. (Marvin Joseph/Getty Images)

Jason Snead, executive director of Honest Elections Project Action, told Fox News Digital that «in just four months, Virginia Democrats, under Abigail Spanberger’s leadership, have launched a blatant, partisan assault on election integrity to try to rig the rules to solidify permanent Democratic power in Richmond.»

«But that’s just par for the course for Democratic lawmakers nationwide, whose first move after gaining power is to always rewrite the rules for their benefit,» asserted Snead.

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He added that Honest Elections Project Action is «proud to expose Democrats for this shameless power grab and urges Virginians to make their voices heard in opposition.»

Fox News Digital reached out to Spanberger’s office and the offices of Virginia Speaker of the House Don Scott and Senate Majority Leader Scott Surovell for comment.