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POLITICA

Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder

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Es más habitual de lo que se supone que tramas complejísimas de negocios se deshagan porque se salta un punto. Un episodio mínimo. Por ejemplo, alguien que, presionado por la ansiedad, habla de más. O lo que los psicoanalistas llaman “un fallido”. Ese ladrillo que se mueve puede provocar el derrumbe de toda una arquitectura de poder. Esta microfísica está quedando al desnudo por las novedades de una causa judicial estratégica. Es la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi para determinar qué delitos se cometieron durante la presidencia de Alberto Fernández con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

Las maniobras con el comercio exterior son el nudo central de una red de negocios, por lo menos, irregulares. Allí se cruza el aprovechamiento de la brecha cambiaria por parte de financistas con llegada a funcionarios del Banco Central. Por esa vía, en apenas dos pasos, se llega a la AFA y los fabulosos movimientos de dinero de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

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Otro canal conecta con el negocio de las apuestas clandestinas. Pero hay una dimensión más importante en este circuito subterráneo: de las fortunas que se hicieron a través de estas operaciones habría salido parte del financiamiento de dos campañas electorales. Una sería la de Sergio Massa, que condujo el Ministerio de Economía mientras se ponían en circulación estos caudales. La otra campaña es menos evidente. Pero hay infinidad de versiones que aseguran que, a través de Massa y de su entorno, parte del dinero llegó a manos de los hermanos Milei.

El punto del tejido que se soltó es la declaración del excomisario de la Policía Metropolitana Carlos Smith en condición de imputado colaborador, es decir, de arrepentido. Smith confesó ante Picardi haber recibido 51.000 dólares del financista Elías Piccirillo a cambio de plantar a su socio, José Francisco Hauque, y a su pareja, Marisol Aquino, un arma y un paquete de cocaína de manera tal que terminen presos. Hauque presionaba a Piccirillo para recuperar 6 millones de dólares que le había prestado. Para evitar saldar esa deuda, Piccirillo invitó a su socio a comer, junto a su pareja, al hotel Hyatt de la avenida Alvear. Del encuentro salieron todos en el auto de Hauque, que es donde Piccirillo escondió la droga y el arma. No habían recorrido demasiados metros cuando Smith los interceptó, revisó el auto e incautó la droga y la pistola. Pronto se advirtió que todo había sido un montaje, por lo que Smith fue procesado. Interesado en aliviar su calvario, propuso ofrecer información sobre un complejo sistema delictivo.

La narración más completa de esta saga delictiva corresponde a Francisco Olivera, que viene dando cuenta de todos sus detalles desde que sucedían los hechos. El logorreico Smith ofreció datos sobre un universo que era bastante conocido en el submundo de la política. Una red de financieras cercanas a los funcionarios de Economía tenía acceso al dólar oficial, casi siempre simulando operaciones de importación. Las sumas obtenidas eran después vendidas en el mercado paralelo, con diferencias que en algunos períodos superaban el 200%. Además de generar fortunas, de las que se beneficiarían, hay que suponer, los funcionarios habilitantes, contribuían a la marcha del plan económico presionando hacia abajo el precio del dólar blue.

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Piccirillo saltó a la fama por alquilar el opulento yate Boldt por un millón y medio de dólares para circunnavegar Ibiza y Formentera, durante una semana, con su prometida de entonces, Jesica Cirio. Tiempos en que el enamorado era conocido en el ambiente financiero como “el rey del blue”. Su primer contacto con el poder se produjo cuando un funcionario de Alberto Fernández, al advertir que movía montañas de dólares hacia el norte del país, quiso conocerlo. En el encuentro el cuevero recibió esta instrucción: “A partir de ahora, esto que hacés para vos, lo vas a hacer también para mí”.

Además de esas martingalas con los tipos de cambio, bajo el imperio de Fernández-Massa se siguió practicando un negocio inveterado. Se le habrían cobrado de manera muy regular coimas de entre el 10 y el 15% a importadores convencionales. Cuando se libere el secreto de sumario, tal vez se verifique lo que ya informó Olivera: Picardi cuenta con, por lo menos, cuatro pruebas de ese tipo de sobornos. Con nombres y apellidos.

El expresidente Alberto Fernández y el exministro de Economía Sergio MassaMARIA EUGENIA CERUTTI – Presidencia

Piccirillo y su socio Hauque integraban un conjunto de financieras a través de las cuales circulaban los fondos extraídos con esos ardides del Banco Central. A este club pertenecía Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Sobre esta empresa, muy ligada a Martín Insaurralde, puso su lupa ARCA. La agencia tributaria está a cargo del experimentado Andrés Vázquez, y reporta a Santiago Caputo. La conexión entre ambos fue gestionada por el empresario Leonardo Scatturice, cercanísimo a Caputo. Esos vínculos habilitan un sinfín de conjeturas. La más obvia: ¿el avance sobre estas “cuevas” es una de las batallas entre Caputo y Guillermo Michel por el control de la Aduana? Michel, que hoy es un poderoso diputado por Entre Ríos, fue el director de la Aduana durante la gestión ministerial de Massa. Quiere decir que fue una viga maestra del montaje que hoy indaga Picardi. Otros eslabones fueron el exsecretario de Comercio, Matías Tombolini, y el exsubsecretario de Gestión Comercial, Germán Cervantes.

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Sur Finanzas fue el boquete a través del cual ARCA primero y, después, la Justicia, ingresó en la AFA. Allí se encontró con las mil y una noches de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La financiera de Vallejo fue la correa de transmisión entre la asociación futbolística y los clubes necesitados de salvatajes económicos. Por allí también circularían sumas impresionantes procedentes de las apuestas clandestinas en los partidos de fútbol, sobre todo en los clubes del ascenso. Una “industria” que no podría prosperar sin la complicidad de los árbitros, que siempre son designados por la AFA, en particular, por Toviggino. Ya se sabe quién es uno de los grandes gerentes políticos del juego en la provincia de Buenos Aires: Insaurralde.

Omar Galdurralde, expresidente de Loterías de Buenos Aires, con Martín Insaurralde

Las habilidades con el dinero de, entre otros, Vallejo, Piccirillo y Hauque, sirvieron para canalizar sumas de distinto origen. Las fortunas procedentes de los permisos de importación y de las operaciones inventadas para conseguir dólares oficiales. Los montos derivados de los contratos de la AFA, intermediados por el matrimonio de Javier Faroni y Erica Gillette, ambos ligados a Massa por vínculos casi familiares. También las valijas atiborradas de dólares traídas de Catar, casi a hombro, por una barra de “buenos muchachos” que multiplicaron su patrimonio varias veces con estas prestaciones. Allí están Gonzalo “Gonzalote” Caló, Pablo Lapelosa y Alejandro “Turco” Calián, quien se habría ufanado entre sus amigos de haber recaudado más de 25 millones de dólares sólo por conectar dirigentes de la AFA con operadores cambiarios. Calián es el compañero de todas las horas de Rodrigo de Paul, a quien escoltó en travesías transatlánticas y con quien estuvo a punto de hacer algunos negocios en Miami. La camaradería en esa ciudad aproximó a dos tipos audaces: Calián y Scatturice. Pero el escándalo de la AFA habría interrumpido lo que se encaminaba a ser una rentabilísima amistad.

La información sobre estas maniobras navegaba sin luces hasta que alguien hizo sonar una alarma. Fue Guillermo Francos. El 12 de julio de 2025, el entonces jefe de Gabinete señaló que habría que investigar la adjudicación de las SIRA porque existían indicios de que para obtenerlas se pagaban coimas. Ocho días más tarde, señaló que Tapia y Toviggino ejercían una manipulación política cuando deciden si el público puede volver a las canchas. Ese día Toviggino le dedicó una respuesta surrealista, acusándolo de “tener los dientes amarillos”, y deseándole un rápido final. El 22 de julio, Francos reaccionó por lo de los dientes preguntándose si Toviggino no tendrá los dedos verdes. Un mes más tarde, desde la plataforma Carnaval, cuya propiedad se atribuye a Toviggino y al senador santiagueño Gerardo Zamora, se divulgaron los audios de Diego Spagnuolo revelando que a través de contratos suscriptos por la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), Karina Milei cobraría coimas de 3%.

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¿Es una secuencia azarosa de acusaciones o se trató de una cadena cifrada de chantajes? Imposible determinarlo. Sí se puede verificar que a partir de la divulgación de esos audios se multiplicaron los dolores de cabeza para Tapia y, en especial, para Toviggino. El más mortificante fue provocado por la aparición de un pendrive en el que un excolaborador de Toviggino habría atesorado información sobre las intimidades de la AFA y, sobre todo, de la mansión de Villa Rosa atribuida al tesorero de Tapia. Esa información, al parecer, carecería de valor judicial. Pero tiene un impacto político incalculable. Quienes accedieron a material aseguran que sólo trascendió el 5% del contenido. Alcanza y sobra. No sólo hay detalles sobre el patrimonio de Toviggino. Aparecen también fiestas electrizantes con los nombres de los asistentes, entre los que figuran algunos funcionarios judiciales.

Quinta de Villa Rosa, Pilar, que estaría vinculada de dirigentes de AFARicardo Pristupluk

Hubo un intento por detener la guerra de acusaciones e intimidades. Un acercamiento de colaboradores de la señorita Milei con Toviggino. La versión más confiable asegura que gracias a esas negociaciones la hermana del Presidente habría accedido a una colección de grabaciones de Spagnuolo mucho más extensa que la que se filtró a través de Carnaval. A cambio se le habría prometido al dueño de la playlist y tesorero de la AFA el control de las causas que lo tienen como imputado. Hay una decisión que convierte esta especulación en un dato verosímil: la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia.

Es imposible que Milei y su hermana ignoraran que estaban designando a un delegado de la AFA en la FIFA. Al exvicerrector de la dudosa universidad de la AFA. Al gestor judicial que recomendó a su alter ego, el atribulado Ignacio Jakim, como abogado de Toviggino. Al hermano de Esteban Mahiques, exintegrante del Tribunal de Disciplina de la AFA. Al hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques, que festejó su cumpleaños en la mansión de Villa Rosa. Es decir: es imposible que Milei y su hermana ignoraran que estaban designando al frente del Ministerio de Justicia a un hombre de Tapia y Toviggino. La moral como política de Estado.

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Si Mahiques tenía la misión de mejorar la situación de sus amigos de la AFA hasta ahora logró poco. No pudo conseguir que el juez penal-económico Diego Amarante procesara a Tapia y Toviggino por infracciones cambiarias y fiscales. Tampoco logró que la causa en la que están complicados por sospechas de lavado de dinero pase del juzgado de Marcelo Aguinsky al del juez federal de Campana Adrián González Charvay. Los camaristas de Casación Marcelo Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma todavía no resolvieron el destino de la investigación. ¿Podría volver al severo Daniel Rafecas? Es lo que opinó el fiscal de Casación Mario Villar.

Mahiques no consiguió para sus compinches del fútbol algo más delicado: que no circule la información del pendrive. Tampoco lo logró Marcelo Rochetti, abogado de Toviggino que se había hecho célebre por patrocinar a una institución: el “Rafa” Di Zeo, jefe de la barra brava de Boca.

El juez Ariel LijoMarcos Brindicci

El titular de Justicia está ahora ante un desafío más exigente. Controlar las derivaciones de la causa SIRA. Primer inconveniente: el juez del caso es Ariel Lijo, su rival en la captura de la Procuración General de la Nación. Ese expediente es delicadísimo porque existen muchas sospechas de que parte de los caudalosos fondos que se capturaban a través de esas maniobras habrían sido destinados al financiamiento de campañas. No sólo a la de Massa. También a la de Milei. Dirigentes cercanos a Massa que, por razones obvias, se niegan a ser identificados, confiesan que “varias intendencias del conurbano siguen siendo peronistas porque sostuvimos con dinero las candidaturas libertarias, dividiendo de ese modo al electorado opositor”.

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Estas versiones son salpimentadas con escenas, tal vez imaginarias, de alta tensión política. Por ejemplo, las que sostienen que el encargado de entregar los fondos a los Milei era el titular de la Aduana, Guillermo Michel, o su alter ego, el habilidoso Sergio “Nono” Vargas, que integró las listas libertarias bonaerenses de la mano de su amigo Carlos Kikuchi. Vargas y Kikuchi militan hoy en la denominada línea libertaria “blue” de la provincia de Buenos Aires. Cuando todo era armonía, ellos orbitaban alrededor de la señorita Milei. ¿Es verdad que ahora Kikuchi y Vargas están midiendo el encanto electoral de Victoria Villarruel? Son nimiedades. Lo inquietante es que entre estas especulaciones figura la posibilidad de que esas manualidades con plata hayan sido filmadas. Habladurías.

Sería muy paranoico atribuir todo lo que pasa en La Libertad Avanza a las enemistades de Karina Milei con Santiago Caputo. Pero anteayer sucedió un episodio misterioso. Desde su cuenta de X, el “Mago” reenvió un tuit que registraba la última explicación de Francisco Olivera sobre el escándalo de las SIRA. Hay un pormenor significativo: durante la campaña de 2023 Caputo no tocó una moneda.




narración más completa de esta saga delictiva,Carlos Pagni,Conforme a

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POLITICA

La oposición no logra garantizar el quórum y peligra la sesión para interpelar a Adorni

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Tras dos semanas incómodas por las investigaciones sobre el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el oficialismo podría finalmente llevarse una victoria en la Cámara de Diputados. Los bloques de la oposición convocaron para este jueves a una sesión especial en la que se tratarán cuatro proyectos que, con diferencias mínimas, apuntan al mismo objetivo: la interpelación del funcionario. Sin embargo, las diferencias internas entre los opositores y los acuerdos de la Casa Rosada con algunos gobernadores se encaminan a sabotear el quórum.

El objetivo real de la sesión es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos de interpelación contra Adorni. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza y sin el emplazamiento la oposición no puede obligarlas a tratar los pedidos de interpelación.

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Conseguir que las iniciativas tengan dictamen es fundamental ya que sin ese paso reglamentario la oposición necesitaría una mayoría agravada de dos tercios para poder tratar los proyectos “sobre tablas”, es decir, sin pasar por las comisiones correspondientes.

En cambio, para emplazar una comisión sólo se necesita el quórum (129 diputados presentes) para iniciar el debate y luego una mayoría simple. Pero el camino es largo. Una vez que tenga el dictamen en mano, la oposición deberá convocar nuevamente a una sesión y aprobar la interpelación con mayoría absoluta.

Esteban Paulón uno de los diputados que impulsa la moción de censura contra Adorni

Por su parte, el Gobierno buscará a toda costa frenar el proceso de interpelación debido a que esa instancia, en la que Adorni deberá responder preguntas de forma exhaustiva, podría derivar en una moción de censura. Es decir, en la remoción del funcionario. Un mecanismo que está contemplado en la Constitución Nacional pero hasta el momento nunca fue usado.

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Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas ya hicieron públicas sus intenciones de echar a Adorni por la vía parlamentaria. A estos se suman un puñado de legisladores entre los que se destaca la ex libertaria Marcela Pagano, quien incluso denunció penalmente a Adorni.

Pero estos espacios mantienen algunas diferencias internas que conspiran contra el objetivo final. En primer lugar, el pedido de sesión especial fue firmado por diputados de Provincias Unidas y del Frente de Izquierda, pero se excluyó al peronismo.

En la bancada que conduce Germán Martínez recibieron con mucho malestar la noticia e inmediatamente reclamaron que se amplíe el temario de la sesión. Unión por la Patria quiere impulsar -y emplazar comisiones- diferentes proyectos relacionados con el endeudamiento familiar, la protección a las pymes, las licencias laborales, entre otros temas.

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Sin embargo, se encontraron con la negativa rotunda del resto de la oposición. “Es un problema interno de ellos, que no quieren avanzar con nada que propongamos nosotros”, explicó una diputada peronista.

Diego Santilli junto a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

En ese sentido, en el peronismo atribuyen la convocatoria a sesión “sin consultar” al principal partido de la oposición a una interna. “Llamaron a sesión solo para exponer a los sectores que juegan con el Gobierno, pero nos vamos a quedar sin quórum”, señalaron en relación a los diputados de Provincias Unidas que responden al gobernador de Córdoba Martín Llaryora y a su par de Santa Fe Maximiliano Pullaro, que no bajarán al recinto.

Pero para llegar a los 129 además deberán contar con el visto bueno de otros gobernadores. Algo que hasta el momento parece lejano. Los mandatarios de Tucumán, Catamarca y Salta ya adelantaron que los diputados de Independencia, Elijo Catamarca e Innovación Federal no jugarán abiertamente en contra del Gobierno.

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En la misma sintonía, el PRO y la UCR, que atraviesan sus propias turbulencias con los libertarios por los armados electorales del año que viene, tampoco pondrán en juego el vínculo con la Casa Rosada.

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POLITICA

«Auditar es cuidar la universidad pública», el mensaje del Presidente tras la marcha federal universitaria

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Seguí todas las novedades del Gobierno en el minuto a minuto de Clarín.

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El Gobierno anunció un nuevo RIGI para ampliar el gasoducto Perito Moreno antes del próximo invierno

Mié. 13.05.2026-08:59

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«El Gobierno coquetea con los bordes de la democracia», denunció el rector de la Universidad de Rio Negro

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Mié. 13.05.2026-08:38

«Auditar es cuidar la educación pública»: el mensaje de Milei tras la marcha universitaria

El posteo de Javier Milei tras la marcha universitaria.
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POLITICA

El Gobierno se expresó tras la marcha universitaria: “Podés juntar 5 millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”

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AME1310. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 12/05/2026.- Fotografía aérea de personas participando en la 'Marcha Federal Universitaria' este martes, en Buenos Aires (Argentina). Estudiantes, docentes y directivos de las universidades públicas de Argentina, acompañados por sindicatos y partidos políticos de la oposición, salieron a las calles del país para exigir mayores fondos y protestar contra al ajuste presupuestario que lleva adelante el Gobierno del presidente Javier Milei y que ha golpeado con dureza a la educación superior. EFE/ Adan González

El día después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo, el gobierno nacional reflexionó y relativizó el impacto efectivo que la movilización puede tener en la realidad.

“Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. Las palabras son de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, quien así quiso dejar en claro que la cantidad de gente que se moviliza no modifica de manera real el límite de fondos disponibles.

El funcionario afirmó que la capacidad del Estado para aumentar el financiamiento universitario en realidad responde a la legislación vigente y a los fondos ya asignados en el presupuesto nacional, más allá de la presión social.

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“La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario”, indicó antes de explicar que toda ley que no especifica el origen de sus fondos, queda sin efecto según la normativa vigente: “La ley de ejecución presupuestaria dice claramente que toda ley que se haya votado y no indique la fuente de financiamiento, será promulgada y suspendida en el mismo acto”.

Marchas, política y legitimidad democrática

“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad”, indicó Álvarez en declaraciones a Radio Mitre. “Los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, enfatizó.

En ese sentido, Álvarez remarcó que las recientes movilizaciones “no es que están intrusadas por la política, son políticas, están organizadas por los partidos opositores”. Para fundamentarlo, mencionó especialmente al “vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Anselmo Torres”, a quien definió como “un político profesional que se presenta como profesor”.

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Además, el subsecretario también criticó la contradicción de defender el ingreso irrestricto a la universidad, a la vez que en la institución dirigida por Torres existen cupos impuestos por amparos judiciales.

En la misma entrevista, Álvarez cuestionó los criterios actuales en la asignación de recursos a las universidades. “El sistema existe para generar graduados. Principalmente, la función es formar gente”, subrayó, pero indicó que existe una “desvirtuación completa”, ya que parte del presupuesto se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas” más que a la formación académica.

Al respecto, marcó las distorsiones que provoca la existencia de carreras con uno o dos estudiantes y varios docentes. “Licenciado en Música con orientación en clarinete, un alumno. Licenciado en Filosofía, un alumno. Licenciada en Cultura y Lenguajes Artísticos, dos alumnos. Y así, hay un licenciado en saxo, varios”, ejemplificó. Para Álvarez, trasladar recursos a carreras de mayor demanda, como puede ser la de Ingeniería, tropieza con resistencias internas.

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El funcionario precisó que la asignación presupuestaria vigente “carece de reglas aplicadas para la distribución del presupuesto. Hace 40 años que es así”. De inmediato, aseguró que el objetivo es implementar “indicadores objetivos” para mejorar el uso de los fondos públicos, priorizando áreas estratégicas.

Entre los datos destacados, Álvarez mencionó que un graduado en ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional le cuesta al Estado cincuenta millones de pesos. En contraste, un artista egresado de la Universidad Nacional de las Artes demanda cuatrocientos veintitrés millones. “Si se reciben cinco o seis juntos, nos van a salir cuatro mil trescientos millones”, ejemplificó.

A su vez, consideró fundamental repensar el sentido social de la universidad. “El objetivo de los hospitales escuela, el objetivo de la atención primaria en las universidades, es formar a los médicos… No la función infinita, porque nuestra función no es dar salud, es generar graduados”, afirmó.

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Cupos, ingreso y estudiantes extranjeros

En relación al acceso a la universidad, Álvarez señaló: “El ingreso irrestricto tiene el problema de que vos lo tenés que financiar”. Por eso, planteó la necesidad de discutir el sistema de admisión y valoró los modelos de examen de ingreso obligatorio y sistema de cupo que se aplican en otros países.

Sobre el arancelamiento a extranjeros, Álvarez sostuvo: “Hoy está autorizado cobrarles a los extranjeros y, sin embargo, la universidad no lo hace, a pesar de que en algunas carreras es significativa la cantidad de extranjeros”.

Luego planteó que, en muchos casos, estudiantes extranjeros cursan la carrera en Argentina y luego regresan a su país de origen. “La Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino”, expresó.

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En ese marco, defendió la implementación de sistemas de ingreso selectivo: “Si cambiamos la lógica de derecho absoluto y se empieza a exigir esfuerzo, se revaloriza el lugar obtenido”.

educación,huelga

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