POLITICA
Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder

Es más habitual de lo que se supone que tramas complejísimas de negocios se deshagan porque se salta un punto. Un episodio mínimo. Por ejemplo, alguien que, presionado por la ansiedad, habla de más. O lo que los psicoanalistas llaman “un fallido”. Ese ladrillo que se mueve puede provocar el derrumbe de toda una arquitectura de poder. Esta microfísica está quedando al desnudo por las novedades de una causa judicial estratégica. Es la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi para determinar qué delitos se cometieron durante la presidencia de Alberto Fernández con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
Las maniobras con el comercio exterior son el nudo central de una red de negocios, por lo menos, irregulares. Allí se cruza el aprovechamiento de la brecha cambiaria por parte de financistas con llegada a funcionarios del Banco Central. Por esa vía, en apenas dos pasos, se llega a la AFA y los fabulosos movimientos de dinero de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
Otro canal conecta con el negocio de las apuestas clandestinas. Pero hay una dimensión más importante en este circuito subterráneo: de las fortunas que se hicieron a través de estas operaciones habría salido parte del financiamiento de dos campañas electorales. Una sería la de Sergio Massa, que condujo el Ministerio de Economía mientras se ponían en circulación estos caudales. La otra campaña es menos evidente. Pero hay infinidad de versiones que aseguran que, a través de Massa y de su entorno, parte del dinero llegó a manos de los hermanos Milei.
El punto del tejido que se soltó es la declaración del excomisario de la Policía Metropolitana Carlos Smith en condición de imputado colaborador, es decir, de arrepentido. Smith confesó ante Picardi haber recibido 51.000 dólares del financista Elías Piccirillo a cambio de plantar a su socio, José Francisco Hauque, y a su pareja, Marisol Aquino, un arma y un paquete de cocaína de manera tal que terminen presos. Hauque presionaba a Piccirillo para recuperar 6 millones de dólares que le había prestado. Para evitar saldar esa deuda, Piccirillo invitó a su socio a comer, junto a su pareja, al hotel Hyatt de la avenida Alvear. Del encuentro salieron todos en el auto de Hauque, que es donde Piccirillo escondió la droga y el arma. No habían recorrido demasiados metros cuando Smith los interceptó, revisó el auto e incautó la droga y la pistola. Pronto se advirtió que todo había sido un montaje, por lo que Smith fue procesado. Interesado en aliviar su calvario, propuso ofrecer información sobre un complejo sistema delictivo.
La narración más completa de esta saga delictiva corresponde a Francisco Olivera, que viene dando cuenta de todos sus detalles desde que sucedían los hechos. El logorreico Smith ofreció datos sobre un universo que era bastante conocido en el submundo de la política. Una red de financieras cercanas a los funcionarios de Economía tenía acceso al dólar oficial, casi siempre simulando operaciones de importación. Las sumas obtenidas eran después vendidas en el mercado paralelo, con diferencias que en algunos períodos superaban el 200%. Además de generar fortunas, de las que se beneficiarían, hay que suponer, los funcionarios habilitantes, contribuían a la marcha del plan económico presionando hacia abajo el precio del dólar blue.
Piccirillo saltó a la fama por alquilar el opulento yate Boldt por un millón y medio de dólares para circunnavegar Ibiza y Formentera, durante una semana, con su prometida de entonces, Jesica Cirio. Tiempos en que el enamorado era conocido en el ambiente financiero como “el rey del blue”. Su primer contacto con el poder se produjo cuando un funcionario de Alberto Fernández, al advertir que movía montañas de dólares hacia el norte del país, quiso conocerlo. En el encuentro el cuevero recibió esta instrucción: “A partir de ahora, esto que hacés para vos, lo vas a hacer también para mí”.
Además de esas martingalas con los tipos de cambio, bajo el imperio de Fernández-Massa se siguió practicando un negocio inveterado. Se le habrían cobrado de manera muy regular coimas de entre el 10 y el 15% a importadores convencionales. Cuando se libere el secreto de sumario, tal vez se verifique lo que ya informó Olivera: Picardi cuenta con, por lo menos, cuatro pruebas de ese tipo de sobornos. Con nombres y apellidos.
Piccirillo y su socio Hauque integraban un conjunto de financieras a través de las cuales circulaban los fondos extraídos con esos ardides del Banco Central. A este club pertenecía Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Sobre esta empresa, muy ligada a Martín Insaurralde, puso su lupa ARCA. La agencia tributaria está a cargo del experimentado Andrés Vázquez, y reporta a Santiago Caputo. La conexión entre ambos fue gestionada por el empresario Leonardo Scatturice, cercanísimo a Caputo. Esos vínculos habilitan un sinfín de conjeturas. La más obvia: ¿el avance sobre estas “cuevas” es una de las batallas entre Caputo y Guillermo Michel por el control de la Aduana? Michel, que hoy es un poderoso diputado por Entre Ríos, fue el director de la Aduana durante la gestión ministerial de Massa. Quiere decir que fue una viga maestra del montaje que hoy indaga Picardi. Otros eslabones fueron el exsecretario de Comercio, Matías Tombolini, y el exsubsecretario de Gestión Comercial, Germán Cervantes.
Sur Finanzas fue el boquete a través del cual ARCA primero y, después, la Justicia, ingresó en la AFA. Allí se encontró con las mil y una noches de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La financiera de Vallejo fue la correa de transmisión entre la asociación futbolística y los clubes necesitados de salvatajes económicos. Por allí también circularían sumas impresionantes procedentes de las apuestas clandestinas en los partidos de fútbol, sobre todo en los clubes del ascenso. Una “industria” que no podría prosperar sin la complicidad de los árbitros, que siempre son designados por la AFA, en particular, por Toviggino. Ya se sabe quién es uno de los grandes gerentes políticos del juego en la provincia de Buenos Aires: Insaurralde.
Las habilidades con el dinero de, entre otros, Vallejo, Piccirillo y Hauque, sirvieron para canalizar sumas de distinto origen. Las fortunas procedentes de los permisos de importación y de las operaciones inventadas para conseguir dólares oficiales. Los montos derivados de los contratos de la AFA, intermediados por el matrimonio de Javier Faroni y Erica Gillette, ambos ligados a Massa por vínculos casi familiares. También las valijas atiborradas de dólares traídas de Catar, casi a hombro, por una barra de “buenos muchachos” que multiplicaron su patrimonio varias veces con estas prestaciones. Allí están Gonzalo “Gonzalote” Caló, Pablo Lapelosa y Alejandro “Turco” Calián, quien se habría ufanado entre sus amigos de haber recaudado más de 25 millones de dólares sólo por conectar dirigentes de la AFA con operadores cambiarios. Calián es el compañero de todas las horas de Rodrigo de Paul, a quien escoltó en travesías transatlánticas y con quien estuvo a punto de hacer algunos negocios en Miami. La camaradería en esa ciudad aproximó a dos tipos audaces: Calián y Scatturice. Pero el escándalo de la AFA habría interrumpido lo que se encaminaba a ser una rentabilísima amistad.
La información sobre estas maniobras navegaba sin luces hasta que alguien hizo sonar una alarma. Fue Guillermo Francos. El 12 de julio de 2025, el entonces jefe de Gabinete señaló que habría que investigar la adjudicación de las SIRA porque existían indicios de que para obtenerlas se pagaban coimas. Ocho días más tarde, señaló que Tapia y Toviggino ejercían una manipulación política cuando deciden si el público puede volver a las canchas. Ese día Toviggino le dedicó una respuesta surrealista, acusándolo de “tener los dientes amarillos”, y deseándole un rápido final. El 22 de julio, Francos reaccionó por lo de los dientes preguntándose si Toviggino no tendrá los dedos verdes. Un mes más tarde, desde la plataforma Carnaval, cuya propiedad se atribuye a Toviggino y al senador santiagueño Gerardo Zamora, se divulgaron los audios de Diego Spagnuolo revelando que a través de contratos suscriptos por la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), Karina Milei cobraría coimas de 3%.
¿Es una secuencia azarosa de acusaciones o se trató de una cadena cifrada de chantajes? Imposible determinarlo. Sí se puede verificar que a partir de la divulgación de esos audios se multiplicaron los dolores de cabeza para Tapia y, en especial, para Toviggino. El más mortificante fue provocado por la aparición de un pendrive en el que un excolaborador de Toviggino habría atesorado información sobre las intimidades de la AFA y, sobre todo, de la mansión de Villa Rosa atribuida al tesorero de Tapia. Esa información, al parecer, carecería de valor judicial. Pero tiene un impacto político incalculable. Quienes accedieron a material aseguran que sólo trascendió el 5% del contenido. Alcanza y sobra. No sólo hay detalles sobre el patrimonio de Toviggino. Aparecen también fiestas electrizantes con los nombres de los asistentes, entre los que figuran algunos funcionarios judiciales.
Hubo un intento por detener la guerra de acusaciones e intimidades. Un acercamiento de colaboradores de la señorita Milei con Toviggino. La versión más confiable asegura que gracias a esas negociaciones la hermana del Presidente habría accedido a una colección de grabaciones de Spagnuolo mucho más extensa que la que se filtró a través de Carnaval. A cambio se le habría prometido al dueño de la playlist y tesorero de la AFA el control de las causas que lo tienen como imputado. Hay una decisión que convierte esta especulación en un dato verosímil: la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia.
Es imposible que Milei y su hermana ignoraran que estaban designando a un delegado de la AFA en la FIFA. Al exvicerrector de la dudosa universidad de la AFA. Al gestor judicial que recomendó a su alter ego, el atribulado Ignacio Jakim, como abogado de Toviggino. Al hermano de Esteban Mahiques, exintegrante del Tribunal de Disciplina de la AFA. Al hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques, que festejó su cumpleaños en la mansión de Villa Rosa. Es decir: es imposible que Milei y su hermana ignoraran que estaban designando al frente del Ministerio de Justicia a un hombre de Tapia y Toviggino. La moral como política de Estado.
Si Mahiques tenía la misión de mejorar la situación de sus amigos de la AFA hasta ahora logró poco. No pudo conseguir que el juez penal-económico Diego Amarante procesara a Tapia y Toviggino por infracciones cambiarias y fiscales. Tampoco logró que la causa en la que están complicados por sospechas de lavado de dinero pase del juzgado de Marcelo Aguinsky al del juez federal de Campana Adrián González Charvay. Los camaristas de Casación Marcelo Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma todavía no resolvieron el destino de la investigación. ¿Podría volver al severo Daniel Rafecas? Es lo que opinó el fiscal de Casación Mario Villar.
Mahiques no consiguió para sus compinches del fútbol algo más delicado: que no circule la información del pendrive. Tampoco lo logró Marcelo Rochetti, abogado de Toviggino que se había hecho célebre por patrocinar a una institución: el “Rafa” Di Zeo, jefe de la barra brava de Boca.
El titular de Justicia está ahora ante un desafío más exigente. Controlar las derivaciones de la causa SIRA. Primer inconveniente: el juez del caso es Ariel Lijo, su rival en la captura de la Procuración General de la Nación. Ese expediente es delicadísimo porque existen muchas sospechas de que parte de los caudalosos fondos que se capturaban a través de esas maniobras habrían sido destinados al financiamiento de campañas. No sólo a la de Massa. También a la de Milei. Dirigentes cercanos a Massa que, por razones obvias, se niegan a ser identificados, confiesan que “varias intendencias del conurbano siguen siendo peronistas porque sostuvimos con dinero las candidaturas libertarias, dividiendo de ese modo al electorado opositor”.
Estas versiones son salpimentadas con escenas, tal vez imaginarias, de alta tensión política. Por ejemplo, las que sostienen que el encargado de entregar los fondos a los Milei era el titular de la Aduana, Guillermo Michel, o su alter ego, el habilidoso Sergio “Nono” Vargas, que integró las listas libertarias bonaerenses de la mano de su amigo Carlos Kikuchi. Vargas y Kikuchi militan hoy en la denominada línea libertaria “blue” de la provincia de Buenos Aires. Cuando todo era armonía, ellos orbitaban alrededor de la señorita Milei. ¿Es verdad que ahora Kikuchi y Vargas están midiendo el encanto electoral de Victoria Villarruel? Son nimiedades. Lo inquietante es que entre estas especulaciones figura la posibilidad de que esas manualidades con plata hayan sido filmadas. Habladurías.
Sería muy paranoico atribuir todo lo que pasa en La Libertad Avanza a las enemistades de Karina Milei con Santiago Caputo. Pero anteayer sucedió un episodio misterioso. Desde su cuenta de X, el “Mago” reenvió un tuit que registraba la última explicación de Francisco Olivera sobre el escándalo de las SIRA. Hay un pormenor significativo: durante la campaña de 2023 Caputo no tocó una moneda.
narración más completa de esta saga delictiva,Carlos Pagni,Conforme a
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Lijo amplió el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

El juez federal Ariel Lijo ordenó ampliar el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni para el período comprendido entre el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011, es decir, desde que comenzó su vida activa a los 18 años hasta la fecha a partir de la cual ya fue investigado en la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la medida para acceder a sus declaraciones juradas, inscripciones tributarias, actividades declaradas, datos aportados por terceros y eventuales adhesiones a blanqueos, moratorias o regímenes de exteriorización de activos.
La medida también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, bajo el mismo criterio, por el período comprendido entre el 10 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2011.
Por otro lado, Lijo autorizó la realización de una diligencia probatoria para constatar la explicación brindada por el imputado en el requerimiento de justificación patrimonial.
La medida consiste en convocar al defensor Matías Ledesma para que se presente en Comodoro Py acompañado por el perito de parte, “muñido del sobre en cuestión y de una computadora portátil propia, en miras de que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas a través de billetera de administración -como ser Sparrow o Electrum- y consigne en la función ‘Sign’ o ‘Verify Message’, en cada una de estas direcciones de bitcoin, un mensaje que será proporcionado por esta parte en el mismo acto”.
La resolución de Lijo establece que, una vez realizada esa operación, personal técnico de la Policía Federal Argentina efectuará una verificación criptográfica de las firmas correspondientes a cada una de las ocho direcciones. La diligencia será grabada y las claves privadas deberán quedar bajo acceso exclusivo de la defensa técnica.
El requerimiento fiscal
La Fiscalía Federal N° 11 busca reconstruir los ingresos y bienes del matrimonio desde que sus integrantes alcanzaron la mayoría de edad, luego de que la defensa atribuyera el capital aplicado desde 2014 a ahorros familiares previos y a operaciones con bitcoin.

Con esta medida, el Ministerio Público Fiscal busca verificar la explicación de la defensa sobre ocho direcciones de bitcoin que habrían sido utilizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.
Según la presentación de Pollicita, la liquidación de esas tenencias habría generado USD 591.544,61, monto que fue invocado como origen de los USD 565.000 declarados en efectivo en el país bajo el rubro “venta de activos”.
Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá informar las fechas, los montos, las entidades intervinientes, el destino declarado y el resultado de las validaciones de cada operación.
La fiscalía requirió a la ANSES la historia laboral completa de los dos integrantes del matrimonio, con sus aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas previsionales, actividades autónomas o monotributistas y prestaciones registradas.

También pidió a los registros de la propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires información sobre los inmuebles que hubieran tenido a su nombre. El requerimiento incluye las fechas de adquisición y transferencia, los porcentajes de titularidad, los gravámenes y los datos de las escrituras.
La investigación también alcanzará a los vehículos y motovehículos registrados, con detalle de dominios, marcas, modelos, años, altas, bajas y prendas inscriptas. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá remitir esos antecedentes.
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El Gobierno avanza con su estrategia por Malvinas: reclamo ante organismos internacionales, presión sobre petroleras y medidas contra una empresa aérea

El Gobierno sumó este lunes un nuevo capítulo a la ofensiva por las Islas Malvinas que el presidente Javier Milei lanzó a comienzos de septiembre. Desde la cadena nacional, la Casa Rosada avanzó en una batería de medidas para reclamar la soberanía del archipiélago: firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denunció penalmente a petroleras, envió una nueva ley de Soberanía al Congreso y ahora buscará llevar al Reino Unido al Tribunal Internacional de Derechos del Mar.
En un comunicado difundido hoy, el Gobierno informó el inicio de un arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion y la intimación a Londres para que frene la explotación en la Cuenca Malvinas Norte en un plazo de dos semanas. Si no cumple, la Argentina pedirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos que reclama sobre su plataforma continental.
Además, sumó otro frente: la aviación. Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas contra la empresa Thales UK Limited, a la que acusó de operar en la ruta aérea entre las islas y Punta Arenas, en Chile, con una aeronave de matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas. La medida coincidió con el Punta Arenas Business Showroom, un encuentro que se realiza entre este lunes y martes con unas 40 empresas para el lanzamiento de la ruta comercial que buscará conectar esa ciudad chilena con las islas.
Una por una, todas las medidas que tomó el Gobierno por Malvinas
La escalada comenzó el 3 de septiembre, cuando Milei habló en cadena nacional. En ese mensaje anunció sanciones para las petroleras que exploran en la zona, la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia y la formación de un Consejo de Seguridad nacional.
Al día siguiente, las medidas se instrumentaron a través del Decreto 868/2026 y del Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, publicados en el Boletín Oficial. El primero designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que sanciona la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización argentina. También dispuso que las empresas que incumplan esa ley no puedan vincularse con proyectos admitidos en el RIGI. El DNU, por su parte, reforzó el presupuesto militar: el Gobierno amplió en casi $218.000 millones las partidas de Defensa, aunque solo una parte irá a infraestructura, con eje en la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto que había quedado prácticamente congelado durante buena parte de esta gestión.
En paralelo avanzó el frente administrativo. La Cancillería abrió un proceso sancionatorio contra 45 personas humanas y jurídicas de 11 países, entre petroleras, accionistas, fondos, proveedores y asesores, la mayoría vinculadas a Sea Lion. El 8 de septiembre se sumaron otros 15 sujetos y el total llegó a 60 expedientes, aunque la apertura de esos procedimientos no implica sanciones firmes.
También hubo acción penal. El canciller Pablo Quirno y el Procurador General del Tesoro, Sebastián Amerio, presentaron una denuncia contra cinco empresas vinculadas con la actividad petrolera en la Cuenca Malvinas Norte, que quedó radicada en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini. Los denunciados son Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas. Luego el Gobierno anunció una nueva presentación contra firmas de Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum e identificó a 27 empresarios y directivos de esas compañías.
El 17 de septiembre llegó el paso legislativo. Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone modificar la Ley 26.659, vigente desde 2011, y crear un Sistema de Seguridad Nacional junto con la protección de infraestructuras críticas. La iniciativa prevé multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo y penas de 15 a 20 años de prisión por la extracción, transporte o almacenamiento no autorizado de hidrocarburos. El texto extiende el régimen a todos los recursos naturales, renovables o no, y habilita la intercepción y eventual uso de la fuerza contra aeronaves que violen reglas de vuelo o desobedezcan órdenes argentinas, con orden expresa del Presidente para las medidas más drásticas.
Un último eslabón ocurrió la semana pasada en Nueva York. Ante la Asamblea General de la ONU, Milei reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones por la soberanía y cuestionó la explotación de recursos en la zona. La respuesta británica fue inmediata: Londres sostuvo que no puede haber diálogo sobre soberanía salvo que los isleños lo deseen, defendió su derecho a desarrollar los recursos naturales y afirmó que la legislación argentina no se aplica en las islas.
soberania de malvinas, Islas Malvinas, Javier Milei
POLITICA
Poder Ciudadano alertó sobre la falta de políticas anticorrupción: “Pareciera que buscamos ampliar la impunidad”

Con el lema “las instituciones importan”, la organización Poder Ciudadano alertó esta noche sobre la falta de políticas anticorrupción y advirtió que en la Argentina “pareciera que buscamos ampliar la impunidad”, con iniciativas gubernamentales como la “inocencia fiscal” o el cambio en la ley de financiamiento de los partidos políticos.
“En nuestro país la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica. En las encuestas sigue en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía”, aseguró en su discurso en la cena anual de Poder Ciudadano, que se realizó ante más de 800 personas en el Hotel Sheraton, el presidente Martín D’Alessandro.
Cuestionó además el gasto de inteligencia sin control, el proyecto de ley por la soberanía de Malvinas, que esconde recortes de la libertad de expresión y de los derechos civiles, y los decretos que limitan el acceso a la información y la participación ciudadana en la designación de jueces.
Según pudo constatar , del evento participaban la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Inés Weinberg; el procurador bonaerense Julio Conte Grand; los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Daniel Rafecas y Sebastián Casanello; y los magistrados de Casación Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Daniel Petrone, junto con Guillermo Yacobucci.
En la cena también estuvieron los fiscales Eduardo Taiano, Mario Villar y Claudio Navas Rial. Además, fueron de la partida los dirigentes políticos Laura Alonso, exintegrante de Poder Ciudadano; Sebastián Lacunza, Ernesto Sanz, Alfonso Prat Gay, Sebastián Pareja, Sebastián Galmarini y Margarita Stolbizer. También se los vio juntos al diputado Luis Petri con su pareja, la periodista Cristina Pérez.
También los jueces que condenaron a Cristina Kirchner, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu y los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola.
En los corrillos políticos mas cercanos al PRO se hablaba de la degradación del Congreso y del Poder Judicial, en los peronistas se conversaba sobre la fortuna que tiene el PJ de que a Milei no le importa la política y meos la boanerense y en los cenáculos libertarios, hacían cuentas.
los consultores de opinión iluminaban a los comensales, con cifras que arrojaban un triunfo imposible imposible en primera vuelta para el Gobierno y un ballotage cabeza a cabeza entre Javier Milei y Axel Kicillof. Cristina Kirhcner, una candidata imposible.
Poder Ciudadano decidió además reconocer como un “aliado en la lucha contra la corrupción” al Procurador General de la Nación Eduardo Casal. Fue Hugo Wortman Jofré quien recordó que Casal fue un “socio estratégico” en la lucha contra la corrupción. Casal estaba en Perú, no pudo asistir anoche, pero dejó un agradecimiento en un video.
Casal es procurador interino y está al frente del organismo desde hace diez años, cuando le sucedió a Alejandra Gils Carbó, que renunció en 2017 y está próxima a enfrentar un juicio oral.
La conversación llegó a su climax cuando el discurso de D’Alesandro la centró en la calidad institucional y la corrupción.
“Alguna inquietud”
“Este índice es el más consultado por los inversores globales sobre la integridad de las naciones, y para un país que pretende mejorar su imagen internacional y atraer inversiones, este mal desempeño debiera generar alguna inquietud y alguna respuesta”, aseguró D’Alessandro.
Pero remarcó, señalando al Gobierno, que “la Argentina parece ir en la dirección contraria. En los últimos años no solo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad”.
D’Alessandro dijo que en los últimos años no hubo avances en ninguna medida destinada a aumentar la transparencia. Al contrario, mencionó los proyectos para reducir la cantidad de juzgados federales de Comodoro Py 2002, que son los que investigan a los funcionarios, y denunció que el proyecto de “inocencia fiscal”, aprobado este año por el Congreso, habilitaba en su versión original que los funcionarios blanquearan dinero no declarado sin dar explicaciones.
Asimismo, señaló que la ley de reforma política libera los topes a las donaciones de campaña y permite campañas paralelas sin controles, algo que D’Alessandro consideró contrario a las buenas prácticas internacionales. A esa lista sumó “el aumento exponencial del gasto en agencias de inteligencia sin ninguna rendición de cuentas” y el aval oficial a “mentiras y dilaciones” para ocultar enriquecimientos “a todas luces sospechosos” de funcionarios.
El presidente de Poder Ciudadano describió el escenario como un espectáculo inédito “por su combinación de arrogancia y tosudez, de tragedia y de comedia”. D’Alessandro no dio nombres, pero no hizo falta mencionar las investigaciones en marcha contra el exjefe de gabinete Manuel Adorni, sospechado por sus bienes, y las compras con sobreprecios de medicamentos y prótesis en la Agencia Nacional de Discapacidad, que mantienen procesado a su extitular Diego Spagnuolo.
El presidente de Poder Ciudadano recordó que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional coloca a la Argentina en el puesto 104 entre 182 países, con 36 puntos sobre 100, el peor resultado de los últimos diez años y la confirmación de una caída que ya lleva seis años.
D’Alessandro llevó el problema al terreno económico. Recordó que ese índice es el más consultado por los inversores globales y que, según el último informe de la OCDE, la Argentina cayó al último lugar de la región en recepción de inversión extranjera. “No parece casual”, dijo y recordó que la corrupción provoca una pérdida de entre el 8 y el 10% del PBI por año, por lo que combatirla podría resultar muy rentable.
También discutió la idea de que la corrupción desaparecerá con el achicamiento del Estado. Admitió que el exceso de regulaciones puede alimentarla, pero sostuvo que la desregulación sin criterio abre otras oportunidades. Recordó que al amparo de una desregulación para la importación de autos de lujo de alta gama, Poder Ciudadano denunció y se descubrió una maniobra de contrabando.
D’Alessandro consideró un avance del Gobierno sobre la participación ciudadana que va en contra de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a los dos decretos del presidente Javier Milei que limitan la información pública.
En particular el decreto 780/2024, firmado el 30 de agosto de 2024, modificó la ley de acceso a la información pública para excluir del concepto de información pública los datos de “naturaleza privada” de los funcionarios y pasó a exigir que el solicitante demuestre un interés público comprometido, cuando la ley presume pública toda la información en poder del Estado y no obliga a acreditar interés alguno.
El segundo decreto cuestionado por D’Alessandro es el 467/2026, que Milei firmó junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y entró en vigencia el 16 de junio. Limita la participación de la ciudadanía en la designación de jueces de la Corte Suprema y de tribunales inferiores, del procurador y el defensor general, fiscales y defensores.
Antes había un plazo de 15 días hábiles para que la sociedad presentara impugnaciones o apoyos; ahora basta con que el Poder Ejecutivo publique los nombres y que en todo caso esas objeciones se hagan ante el Senado. También se derogó el artículo que permitía al Ministerio de Justicia pedir la opinión de entidades profesionales, académicas y sociales, y se eliminaron género, especialidad y procedencia regional que el Presidente debía considerar para elegir a un candidato a la Corte.
El Gobierno argumentó que esas instancias se superponían con la publicidad, participación y audiencias públicas que ya prevé el reglamento del Senado. D’Alessandro marcó su preocupación por los proyectos que regulan el lobby, que someten a las ONG del país a “un régimen de vigilancia” que las obliga a informar al Estado prácticamente todos sus movimientos.
El proyecto por Malvinas
El proyecto de ley relacionado con la sanción a las empresas petroleras extranjeras que operan sin licencia argentina en el área de las Islas Malvinas busca limitar la libertad de opinión y prevé penas de prisión por delitos definidos de manera ambigua, como las “campañas de desinformación masiva”, lo que dijo “nos acerca más a los modelos de Venezuela, Hungría y Nicaragua, que a Estados Unidos o Europa”.
Tras afirmar que la participación ciudadana debe verse como un aporte y no estorbo, dijo: “Se pretende instalar lo contrario: una intolerancia que no para de crecer, y la reducción de las instancias de participación de la sociedad civil”.
“La transparencia y la democracia no son elementos meramente decorativos en el crecimiento económico de los países”, aseguró y dijo que ambos están relacionados. Así, “las reglas estables, la Justicia independiente, la transparencia y la integridad reducen la incertidumbre económica y mejoran las condiciones para atraer inversiones y acceder al crédito”.
“En resumen, los políticos no se dejan ayudar por los ciudadanos”, concluyó y planteó una pregunta dirigida al poder: cómo se recuperará la confianza en las instituciones “si vemos que es el mismo Estado el que desconfía de su propia ciudadanía”.
D’Alessandro aclaró que Poder Ciudadano tiene esta mirada “gobierne quien gobierne” y sostuvo que ningún resultado, política pública, ideología ni lealtad partidaria justifica correr los límites de la democracia o tolerar la corrupción, y que el crecimiento económico no garantiza por sí solo la estabilidad democrática.
Hernán Cappiello,Corrupción en la Argentina,Conforme a
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