POLITICA
Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder

Es más habitual de lo que se supone que tramas complejísimas de negocios se deshagan porque se salta un punto. Un episodio mínimo. Por ejemplo, alguien que, presionado por la ansiedad, habla de más. O lo que los psicoanalistas llaman “un fallido”. Ese ladrillo que se mueve puede provocar el derrumbe de toda una arquitectura de poder. Esta microfísica está quedando al desnudo por las novedades de una causa judicial estratégica. Es la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi para determinar qué delitos se cometieron durante la presidencia de Alberto Fernández con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
Las maniobras con el comercio exterior son el nudo central de una red de negocios, por lo menos, irregulares. Allí se cruza el aprovechamiento de la brecha cambiaria por parte de financistas con llegada a funcionarios del Banco Central. Por esa vía, en apenas dos pasos, se llega a la AFA y los fabulosos movimientos de dinero de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
Otro canal conecta con el negocio de las apuestas clandestinas. Pero hay una dimensión más importante en este circuito subterráneo: de las fortunas que se hicieron a través de estas operaciones habría salido parte del financiamiento de dos campañas electorales. Una sería la de Sergio Massa, que condujo el Ministerio de Economía mientras se ponían en circulación estos caudales. La otra campaña es menos evidente. Pero hay infinidad de versiones que aseguran que, a través de Massa y de su entorno, parte del dinero llegó a manos de los hermanos Milei.
El punto del tejido que se soltó es la declaración del excomisario de la Policía Metropolitana Carlos Smith en condición de imputado colaborador, es decir, de arrepentido. Smith confesó ante Picardi haber recibido 51.000 dólares del financista Elías Piccirillo a cambio de plantar a su socio, José Francisco Hauque, y a su pareja, Marisol Aquino, un arma y un paquete de cocaína de manera tal que terminen presos. Hauque presionaba a Piccirillo para recuperar 6 millones de dólares que le había prestado. Para evitar saldar esa deuda, Piccirillo invitó a su socio a comer, junto a su pareja, al hotel Hyatt de la avenida Alvear. Del encuentro salieron todos en el auto de Hauque, que es donde Piccirillo escondió la droga y el arma. No habían recorrido demasiados metros cuando Smith los interceptó, revisó el auto e incautó la droga y la pistola. Pronto se advirtió que todo había sido un montaje, por lo que Smith fue procesado. Interesado en aliviar su calvario, propuso ofrecer información sobre un complejo sistema delictivo.
La narración más completa de esta saga delictiva corresponde a Francisco Olivera, que viene dando cuenta de todos sus detalles desde que sucedían los hechos. El logorreico Smith ofreció datos sobre un universo que era bastante conocido en el submundo de la política. Una red de financieras cercanas a los funcionarios de Economía tenía acceso al dólar oficial, casi siempre simulando operaciones de importación. Las sumas obtenidas eran después vendidas en el mercado paralelo, con diferencias que en algunos períodos superaban el 200%. Además de generar fortunas, de las que se beneficiarían, hay que suponer, los funcionarios habilitantes, contribuían a la marcha del plan económico presionando hacia abajo el precio del dólar blue.
Piccirillo saltó a la fama por alquilar el opulento yate Boldt por un millón y medio de dólares para circunnavegar Ibiza y Formentera, durante una semana, con su prometida de entonces, Jesica Cirio. Tiempos en que el enamorado era conocido en el ambiente financiero como “el rey del blue”. Su primer contacto con el poder se produjo cuando un funcionario de Alberto Fernández, al advertir que movía montañas de dólares hacia el norte del país, quiso conocerlo. En el encuentro el cuevero recibió esta instrucción: “A partir de ahora, esto que hacés para vos, lo vas a hacer también para mí”.
Además de esas martingalas con los tipos de cambio, bajo el imperio de Fernández-Massa se siguió practicando un negocio inveterado. Se le habrían cobrado de manera muy regular coimas de entre el 10 y el 15% a importadores convencionales. Cuando se libere el secreto de sumario, tal vez se verifique lo que ya informó Olivera: Picardi cuenta con, por lo menos, cuatro pruebas de ese tipo de sobornos. Con nombres y apellidos.
Piccirillo y su socio Hauque integraban un conjunto de financieras a través de las cuales circulaban los fondos extraídos con esos ardides del Banco Central. A este club pertenecía Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Sobre esta empresa, muy ligada a Martín Insaurralde, puso su lupa ARCA. La agencia tributaria está a cargo del experimentado Andrés Vázquez, y reporta a Santiago Caputo. La conexión entre ambos fue gestionada por el empresario Leonardo Scatturice, cercanísimo a Caputo. Esos vínculos habilitan un sinfín de conjeturas. La más obvia: ¿el avance sobre estas “cuevas” es una de las batallas entre Caputo y Guillermo Michel por el control de la Aduana? Michel, que hoy es un poderoso diputado por Entre Ríos, fue el director de la Aduana durante la gestión ministerial de Massa. Quiere decir que fue una viga maestra del montaje que hoy indaga Picardi. Otros eslabones fueron el exsecretario de Comercio, Matías Tombolini, y el exsubsecretario de Gestión Comercial, Germán Cervantes.
Sur Finanzas fue el boquete a través del cual ARCA primero y, después, la Justicia, ingresó en la AFA. Allí se encontró con las mil y una noches de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La financiera de Vallejo fue la correa de transmisión entre la asociación futbolística y los clubes necesitados de salvatajes económicos. Por allí también circularían sumas impresionantes procedentes de las apuestas clandestinas en los partidos de fútbol, sobre todo en los clubes del ascenso. Una “industria” que no podría prosperar sin la complicidad de los árbitros, que siempre son designados por la AFA, en particular, por Toviggino. Ya se sabe quién es uno de los grandes gerentes políticos del juego en la provincia de Buenos Aires: Insaurralde.
Las habilidades con el dinero de, entre otros, Vallejo, Piccirillo y Hauque, sirvieron para canalizar sumas de distinto origen. Las fortunas procedentes de los permisos de importación y de las operaciones inventadas para conseguir dólares oficiales. Los montos derivados de los contratos de la AFA, intermediados por el matrimonio de Javier Faroni y Erica Gillette, ambos ligados a Massa por vínculos casi familiares. También las valijas atiborradas de dólares traídas de Catar, casi a hombro, por una barra de “buenos muchachos” que multiplicaron su patrimonio varias veces con estas prestaciones. Allí están Gonzalo “Gonzalote” Caló, Pablo Lapelosa y Alejandro “Turco” Calián, quien se habría ufanado entre sus amigos de haber recaudado más de 25 millones de dólares sólo por conectar dirigentes de la AFA con operadores cambiarios. Calián es el compañero de todas las horas de Rodrigo de Paul, a quien escoltó en travesías transatlánticas y con quien estuvo a punto de hacer algunos negocios en Miami. La camaradería en esa ciudad aproximó a dos tipos audaces: Calián y Scatturice. Pero el escándalo de la AFA habría interrumpido lo que se encaminaba a ser una rentabilísima amistad.
La información sobre estas maniobras navegaba sin luces hasta que alguien hizo sonar una alarma. Fue Guillermo Francos. El 12 de julio de 2025, el entonces jefe de Gabinete señaló que habría que investigar la adjudicación de las SIRA porque existían indicios de que para obtenerlas se pagaban coimas. Ocho días más tarde, señaló que Tapia y Toviggino ejercían una manipulación política cuando deciden si el público puede volver a las canchas. Ese día Toviggino le dedicó una respuesta surrealista, acusándolo de “tener los dientes amarillos”, y deseándole un rápido final. El 22 de julio, Francos reaccionó por lo de los dientes preguntándose si Toviggino no tendrá los dedos verdes. Un mes más tarde, desde la plataforma Carnaval, cuya propiedad se atribuye a Toviggino y al senador santiagueño Gerardo Zamora, se divulgaron los audios de Diego Spagnuolo revelando que a través de contratos suscriptos por la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), Karina Milei cobraría coimas de 3%.
¿Es una secuencia azarosa de acusaciones o se trató de una cadena cifrada de chantajes? Imposible determinarlo. Sí se puede verificar que a partir de la divulgación de esos audios se multiplicaron los dolores de cabeza para Tapia y, en especial, para Toviggino. El más mortificante fue provocado por la aparición de un pendrive en el que un excolaborador de Toviggino habría atesorado información sobre las intimidades de la AFA y, sobre todo, de la mansión de Villa Rosa atribuida al tesorero de Tapia. Esa información, al parecer, carecería de valor judicial. Pero tiene un impacto político incalculable. Quienes accedieron a material aseguran que sólo trascendió el 5% del contenido. Alcanza y sobra. No sólo hay detalles sobre el patrimonio de Toviggino. Aparecen también fiestas electrizantes con los nombres de los asistentes, entre los que figuran algunos funcionarios judiciales.
Hubo un intento por detener la guerra de acusaciones e intimidades. Un acercamiento de colaboradores de la señorita Milei con Toviggino. La versión más confiable asegura que gracias a esas negociaciones la hermana del Presidente habría accedido a una colección de grabaciones de Spagnuolo mucho más extensa que la que se filtró a través de Carnaval. A cambio se le habría prometido al dueño de la playlist y tesorero de la AFA el control de las causas que lo tienen como imputado. Hay una decisión que convierte esta especulación en un dato verosímil: la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia.
Es imposible que Milei y su hermana ignoraran que estaban designando a un delegado de la AFA en la FIFA. Al exvicerrector de la dudosa universidad de la AFA. Al gestor judicial que recomendó a su alter ego, el atribulado Ignacio Jakim, como abogado de Toviggino. Al hermano de Esteban Mahiques, exintegrante del Tribunal de Disciplina de la AFA. Al hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques, que festejó su cumpleaños en la mansión de Villa Rosa. Es decir: es imposible que Milei y su hermana ignoraran que estaban designando al frente del Ministerio de Justicia a un hombre de Tapia y Toviggino. La moral como política de Estado.
Si Mahiques tenía la misión de mejorar la situación de sus amigos de la AFA hasta ahora logró poco. No pudo conseguir que el juez penal-económico Diego Amarante procesara a Tapia y Toviggino por infracciones cambiarias y fiscales. Tampoco logró que la causa en la que están complicados por sospechas de lavado de dinero pase del juzgado de Marcelo Aguinsky al del juez federal de Campana Adrián González Charvay. Los camaristas de Casación Marcelo Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma todavía no resolvieron el destino de la investigación. ¿Podría volver al severo Daniel Rafecas? Es lo que opinó el fiscal de Casación Mario Villar.
Mahiques no consiguió para sus compinches del fútbol algo más delicado: que no circule la información del pendrive. Tampoco lo logró Marcelo Rochetti, abogado de Toviggino que se había hecho célebre por patrocinar a una institución: el “Rafa” Di Zeo, jefe de la barra brava de Boca.
El titular de Justicia está ahora ante un desafío más exigente. Controlar las derivaciones de la causa SIRA. Primer inconveniente: el juez del caso es Ariel Lijo, su rival en la captura de la Procuración General de la Nación. Ese expediente es delicadísimo porque existen muchas sospechas de que parte de los caudalosos fondos que se capturaban a través de esas maniobras habrían sido destinados al financiamiento de campañas. No sólo a la de Massa. También a la de Milei. Dirigentes cercanos a Massa que, por razones obvias, se niegan a ser identificados, confiesan que “varias intendencias del conurbano siguen siendo peronistas porque sostuvimos con dinero las candidaturas libertarias, dividiendo de ese modo al electorado opositor”.
Estas versiones son salpimentadas con escenas, tal vez imaginarias, de alta tensión política. Por ejemplo, las que sostienen que el encargado de entregar los fondos a los Milei era el titular de la Aduana, Guillermo Michel, o su alter ego, el habilidoso Sergio “Nono” Vargas, que integró las listas libertarias bonaerenses de la mano de su amigo Carlos Kikuchi. Vargas y Kikuchi militan hoy en la denominada línea libertaria “blue” de la provincia de Buenos Aires. Cuando todo era armonía, ellos orbitaban alrededor de la señorita Milei. ¿Es verdad que ahora Kikuchi y Vargas están midiendo el encanto electoral de Victoria Villarruel? Son nimiedades. Lo inquietante es que entre estas especulaciones figura la posibilidad de que esas manualidades con plata hayan sido filmadas. Habladurías.
Sería muy paranoico atribuir todo lo que pasa en La Libertad Avanza a las enemistades de Karina Milei con Santiago Caputo. Pero anteayer sucedió un episodio misterioso. Desde su cuenta de X, el “Mago” reenvió un tuit que registraba la última explicación de Francisco Olivera sobre el escándalo de las SIRA. Hay un pormenor significativo: durante la campaña de 2023 Caputo no tocó una moneda.
narración más completa de esta saga delictiva,Carlos Pagni,Conforme a
POLITICA
El Gobierno cambió la estrategia y dará quórum en la sesión por morosidad y discapacidad en Diputados

El Gobierno cambió a último momento su estrategia y La Libertad Avanza dará quórum este miércoles en la sesión especial por morosidad y discapacidad. La Casa Rosada había acelerado contactos con aliados para intentar dejar a la oposición debajo de los 129 diputados, pero evaluó que la maniobra tenía pocas posibilidades de éxito.
En Nación explican que el oficialismo decidió sentarse porque vio que el quórum opositor estaba muy cerca de concretarse. La intención es evitar quedar expuesto a una derrota en la apertura del recinto y buscar, en cambio, utilizar la sesión a su favor.
“Cambió la estrategia”, aseguran en el Ejecutivo. La evaluación interna fue que el número estaba complicado y que intentar frenar hasta último momento una sesión que igualmente podía abrirse dejaba al oficialismo en una posición más débil.
Hasta horas antes, la Casa Rosada sostenía que la oposición todavía no tenía garantizados los 129 diputados. Por eso había iniciado acercamientos con bloques aliados y provinciales para intentar restar presencias y evitar el emplazamiento de las comisiones.
Ese escenario se modificó durante la tarde. En sectores de la oposición admitían que la diferencia podía ser de apenas uno o dos diputados, pero Provincias Unidas anticipaba que daría quórum y otros bloques calculaban que el número finalmente iba a alcanzarse.
La Libertad Avanza decidió entonces dejar de disputar la apertura del recinto. El objetivo pasa ahora por participar del debate y tratar de imponer su posición sobre la morosidad, en lugar de quedar afuera de una sesión que la oposición podía abrir de todas formas.
La Casa Rosada mantiene su rechazo a los proyectos que impliquen una regulación fuerte sobre bancos y financieras o un aumento del gasto público. Al mismo tiempo, admite que existen alternativas para atender el problema de las familias endeudadas y busca acercar posiciones con aliados sobre ese punto.
En el Ejecutivo aseguran que no quieren llevar todavía la discusión a una confrontación directa. Si más adelante el Congreso aprueba una ley que contradiga la posición oficial, Javier Milei está dispuesto a vetarla, pero la estrategia inmediata es intentar construir antes una salida distinta.
La sesión de este miércoles no tiene como objetivo sancionar directamente los proyectos. La oposición buscará emplazar a las comisiones y fijar plazos para acelerar los dictámenes sobre las iniciativas vinculadas con morosidad y con la extensión de la Emergencia Nacional en Discapacidad.
El oficialismo ya había reaccionado a la convocatoria con un cronograma propio. La Comisión de Finanzas abrió el tratamiento de los proyectos sobre endeudamiento y planteó una serie de reuniones durante septiembre con la intención de llegar a un dictamen hacia fin de mes.
Leé también: El PRO rechazó la sesión especial de la oposición en Diputados: “Forzar debates no los acelera, los entorpece”
El Gobierno también analiza alternativas que no impliquen intervenir de forma directa en los contratos entre privados. Por el momento, el Banco Central no prepara cambios para este jueves en la norma que regula la forma en la que se informa el Costo Financiero Total (CFT).
La discusión incluye más de 50 iniciativas vinculadas con tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas sueldo, refinanciaciones y distintos mecanismos de alivio para deudores. Algunos proyectos proponen además declarar una emergencia crediticia o crear programas especiales de desendeudamiento.
El otro eje de la convocatoria es la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027. La oposición busca también acelerar ese tratamiento mediante un emplazamiento a las comisiones correspondientes.
El cambio de estrategia evita que el primer dato político de la jornada sea una pulseada por los 129 presentes. La Libertad Avanza asumió que la oposición estaba en condiciones de acercarse al quórum y decidió participar desde el comienzo para disputar el sentido de la sesión.
El próximo paso será definir cómo votará el oficialismo cada uno de los emplazamientos y qué alternativa concreta ofrecerá frente a la morosidad. La Casa Rosada pasó de intentar hacer caer la sesión a buscar utilizarla a su favor, mientras mantiene como límite cualquier iniciativa que implique una regulación fuerte o un nuevo gasto.
Gobierno, sesion, Diputados
POLITICA
En el Gobierno admiten que es difícil desactivar la sesión e intentarán imponer su propia agenda

En la antesala de este miércoles, el Gobierno prácticamente se resignaba a que la oposición consiguiera el quórum para sesionar este miércoles con dos temas urticantes para la administración nacional: el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias, y la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.
Dejaban trascender que, pese a los intentos y diálogos con los diferentes sectores de la oposición, en especial buena parte de los gobernadores y los bloques más dialoguistas, el desafío de que no hubiera sesión era difícil. Casi imposible. Y en ese sentido se barajaban distintas alternativas.
“Están justos, pero parecerían estar. No sé si hay mucha chance de desactivarla”, admitieron en Balcarce 50 sobre los números que tendría la oposición de conseguir la sesión de mañana.
En ese marco también buscaban relativizar la situación al hacer hincapié en que la sesión de mañana es “preliminar” y en que ellos tienen sus propios proyectos sobre ambos temas, los que buscarán imponer y así, intentar mantener un control de la agenda.
“No se les tiene que caer ninguno. Tienen que estar todos. No es fácil, pero tampoco imposible”, evaluó otro sobre el número que, todo indica, podría ubicarse en los 131 votos para empezar la sesión, superando el mínimo para el quórum. En el final de este martes había quienes no descartaban incluso que la propia bancada violeta también bajara a dar quórum.
En la Casa Rosada mencionaban los nombres del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, como las personas con más diálogo con la oposición como los responsables de los diálogos con la oposición y la definición de la estrategia legislativa que se desarrollará en las próximas horas.
Los tres junto a Ignacio Devitt, segundo de Santilli, estuvieron en la mesa política que este martes al mediodía se desarrolló en Casa Rosada, y en la cual, como sucede semanalmente, se abordó la agenda legislativa.
En el corazón del gobierno libertario consideraban que mientras la búsqueda inicial y de máxima era lograr que se caiga la sesión, también trabajaban para que, en caso de que se avance con ambos temas, lograr imponer sus propios proyectos sobre esos temas.
“Hay varios escenarios. Obviamente el primero es desactivar la sesión”, comenzaban enumerando los escenarios. Y rápidamente ampliaban a que, de no conseguirse esa desactivación, avanzarían con su segundo plan.
“Lo que pide la oposición ya se hizo. Sobre morosidad hay muchísimos proyectos dando vuelta y sobre discapacidad hay un fallo de la justicia on el que el Gobierno está cumpliendo con las partidas”, decían. Al tiempo que consideraban que la decisión de avanzar con ambos temas por parte de la oposición era eminentemente “show político”.
Sobre esos mismos puntos también fue el comunicado de Pro dado a conocer en el atardecer de este martes.
“Es un tema político, pero de todas maneras lo estamos trabajando con los aliados. Hay proyectos sobre deudas, créditos y finalmente si la sesión logra quórum la idea es poder presentarlo”, aseguraron fuentes de la administración libertaria.
En Casa Rosada creían incluso que la oposición podría llegar a tener algo más de los 129 diputados necesarios para abrir el debate. Aunque los números están ajustados, creen que pueden llegar a 131, pese a los intentos para desbaratar el quorum.
Al tiempo que insistían en relativizar lo que puede suceder durante la jornada de este miércoles mencionando que se trata de una sesión para emplazar a las comisiones correspondientes para fijar una fecha de dictamen sobre los dos temas: el de la creciente morosidad, principalmente entre los jóvenes, y una nueva prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vencerá a fin de año.
Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
Leandro Santoro propone regular las agencias de cobranza: registro obligatorio, abogados responsables y multas por abusos

La discusión sobre el endeudamiento tiene una segunda escena que suele quedar fuera de las estadísticas: el momento en que una persona deja de pagar y comienza a recibir llamadas, mensajes y reclamos para cancelar la deuda. En la Legislatura porteña, ese circuito quedó bajo la lupa después de que un grupo de deudores relatara situaciones de hostigamiento y cuestionara las condiciones en las que algunas empresas intentan recuperar el dinero.
A partir de esos testimonios, Leandro Santoro presentó una iniciativa para regular la cobranza extrajudicial y establecer responsabilidades concretas para quienes participan de ella.
El legislador porteño, que preside la Comisión de Defensa del Consumidor, explicó en Infobae al Regreso que el objetivo es crear un registro para las firmas dedicadas a esa actividad y fijar reglas que permitan identificar quién está realizando un reclamo, en representación de quién y bajo qué condiciones.
Según detalló, existen 275 sociedades inscriptas ante ARCA cuyo objeto principal es la cobranza extrajudicial, aunque el universo incluye también estudios jurídicos y áreas de cobranzas de bancos, comercios de electrodomésticos y billeteras virtuales.
El proyecto, que tiene más de 50 artículos, propone que esas estructuras queden alcanzadas por un régimen específico de inscripción y control. Uno de los puntos centrales establece que cada área de cobranzas deberá contar con un abogado matriculado como responsable, tanto dentro de una empresa como en las agencias que actúan en nombre de terceros. “Mercado Pago, el Banco Galicia, el Banco Ciudad, tiene que tener un responsable en el área de cobro que ponga su matrícula”, sostuvo Santoro.
La iniciativa también apunta a modificar el esquema de sanciones. El legislador cuestionó que determinadas conductas estén prohibidas, pero que las herramientas disponibles para castigarlas resulten insuficientes, y mencionó entre ellas el contacto con familiares del deudor, los llamados en horarios indebidos, la simulación de notificaciones judiciales y el envío de cartas documento falsas. Su propuesta contempla multas y la posibilidad de suspender o inhabilitar a las empresas cuando se comprueben incumplimientos. “Primero, que hay que penalizar. Lo primero que hay que hacer”, afirmó.
El problema que busca abordar la iniciativa aparece con particular claridad cuando las deudas cambian de manos. Santoro explicó que los bancos pueden desprenderse de determinadas carteras cuando las obligaciones acumulan un período prolongado de incumplimiento y venderlas a terceros por una fracción de su valor. “Se desprenden de esas carteras y las venden más o menos al cinco por ciento de su valor”, señaló. En ese proceso, la persona que recibió originalmente el crédito puede encontrarse luego frente a una agencia o empresa distinta, con la necesidad de determinar quién es el nuevo acreedor y cuál es el origen del reclamo.

Durante la entrevista, Mica Mendelevich aportó un caso que expone otra dimensión del conflicto. La conductora contó que terminó pagando $200.000 por una deuda que atribuía a una tarjeta del banco Santander que nunca había activado. Según relató, los llamados no se limitaron a ella, sino que también llegaron reiteradamente a sus padres. La presión terminó cuando su madre decidió transferir el dinero ante la insistencia de los reclamos. Para Santoro, situaciones de ese tipo deberían quedar expresamente contempladas por la regulación, de modo que el deudor pueda conocer qué empresa está autorizada para reclamar y cuál es la obligación que se le atribuye.
Pero el proyecto no se limita a establecer límites sobre las formas de contacto. También incorpora instancias de mediación para facilitar acuerdos y planes de pago, a partir de una de las situaciones que, según Santoro, aparece con mayor frecuencia en los testimonios: personas que aseguran estar dispuestas a cancelar sus obligaciones, pero no pueden afrontar las condiciones que les ofrecen. “El problema es que yo tengo voluntad de pago y las condiciones que me dan no me permiten”, resumió el legislador.
En esa línea, Santoro planteó que la discusión tampoco puede reducirse a la educación financiera. Se mostró a favor de que los consumidores puedan conocer con mayor claridad las tasas de interés, los impuestos y el costo financiero total de los créditos, pero cuestionó que esa responsabilidad recaiga exclusivamente sobre quien tomó el préstamo cuando existen prácticas de cobranza que considera abusivas. “Echarle la culpa a la persona que está siendo víctima de la usura es un problema”, sostuvo.
La evolución tecnológica agregó además una nueva dificultad. El legislador señaló que las billeteras virtuales y los sistemas automatizados de otorgamiento y cobro de créditos introdujeron mecanismos capaces de acceder a información de los dispositivos de los usuarios, que puede terminar siendo utilizada para contactar a personas de su entorno. Frente a ese escenario, planteó que la incorporación de inteligencia artificial no puede convertirse en una forma de diluir responsabilidades: “Cuando la que cobra es la inteligencia artificial, tiene que ser un instrumento, no puede ser un agente en sí. Tiene que haber alguien que ponga la matrícula, un abogado que ponga la matrícula, que sea el responsable final”.

El proyecto deberá ahora atravesar el recorrido legislativo y pasar por distintas comisiones, entre ellas la de Justicia, presidida por La Libertad Avanza. Santoro señaló que había enviado el borrador a Pilar Ramírez y que esperaba que la iniciativa pudiera ser discutida entre los distintos bloques, luego de una primera reunión en la que, según afirmó, participaron sectores diversos de la Legislatura.
El debate se inscribe, además, en un contexto que el propio legislador vinculó con el crecimiento de la morosidad, la expansión del crédito y el aumento de préstamos otorgados sin una evaluación suficiente del riesgo. Según su diagnóstico, el deterioro de la capacidad de pago de algunos consumidores terminó generando un mercado alrededor de la recuperación de esas deudas. “Hay mucha gente que le dieron crédito sin medir el riesgo crediticio. Ahora esa gente no puede pagar, se plancharon los salarios, aumentaron los costos fijos y entonces hay un nicho de negocio”, concluyó.
La propuesta de Santoro busca intervenir precisamente en ese punto: no impedir que una deuda sea reclamada, sino establecer quién puede hacerlo, de qué manera y bajo qué responsabilidad, para que la cobranza extrajudicial deje de depender de prácticas difíciles de controlar y quede sujeta a reglas y sanciones concretas.
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