POLITICA
La Rioja bloqueó un proyecto minero radicado en San Juan y se desató un conflicto entre las provincias

La suspensión parcial del proyecto minero Vicuña desató un reclamo entre La Rioja y San Juan por la renta y reflotó una vieja disputa por la soberanía de un territorio de alto valor estratégico. El litigio judicial y político se desató tras la resolución de la jueza riojana María Greta Decker, quien ordenó detener por 30 días las actividades del emprendimiento, además de prohibir la circulación de maquinaria y vehículos por el corredor Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga, en el territorio riojano. La medida, impulsada por la Fiscalía de Estado, exige a la empresa la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental integral ante las autoridades de La Rioja antes de poder reanudar sus operaciones.
El fallo judicial firmado en Chilecito el 14 de abril autorizó a Vicuña Argentina S.A. únicamente a mantener personal mínimo para tareas esenciales de mantenimiento y salubridad, pero mantuvo bloqueado el acceso hasta tanto se presente la documentación ambiental requerida.
Vicuña, que comprende los proyectos Josemaría y Filo del Sol, anunció una inversión de 18 mil millones de dólares para su desarrollo en los próximos diez años. Esta cifra convierte al yacimiento en una de las apuestas más ambiciosas de la minería argentina y posicionaría al país entre los cinco mayores productores de cobre, oro y plata a escala global, según el Gobierno. Sin embargo, el emprendimiento, que se encuentra a un kilómetro y medio del límite interprovincial y a 4.000 metros de altura, depende de rutas que atraviesan suelo riojano para abastecer sus campamentos y trasladar maquinaria pesada.
El gobernador Ricardo Quintela elevó el conflicto al plano nacional al reclamar soberanía sobre la zona donde se encuentra el proyecto Josemaría y sobre el área de Ischigualasto. Durante una entrevista en Radio AM750, Quintela sostuvo que la delimitación vigente entre ambas provincias fue definida en 1968 durante un gobierno de facto y carece, a su entender, de legitimidad institucional. El mandatario pidió la revisión de los acuerdos de límites y planteó que el Senado de la Nación debería arbitrar la disputa, señalando: “El árbitro tiene que ser el Senado”.
La respuesta de San Juan no se hizo esperar. El gobernador Marcelo Orrego defendió la posición de su provincia enfatizando la vigencia de la ley nacional sobre los recursos del subsuelo y la legitimidad del dominio sanjuanino. Orrego declaró públicamente que “los recursos están en subsuelo sanjuanino y son de los sanjuaninos”, y remarcó que el acuerdo que fija los límites lleva más de medio siglo vigente. El mandatario sanjuanino insistió en que defenderá los intereses de su provincia “con la ley en la mano”.
El corredor Guandacol, vital para el abastecimiento del proyecto Vicuña, se extiende por más de 200 kilómetros entre ambas provincias. Su bloqueo por decisión judicial dejó en evidencia la dependencia logística de la operación respecto al territorio riojano, aunque la empresa optó por utilizar de manera transitoria una ruta alternativa a través de Iglesia, en San Juan, para mantener la operatividad.
La disputa no solo involucra el acceso y la operativa del yacimiento, sino que también afecta la futura distribución de regalías y la generación de empleo. Se informó que las regalías mineras, estimadas en un tres por ciento, serán percibidas por San Juan, mientras que La Rioja aspira a obtener una porción de esos recursos y garantizar la inclusión de mano de obra y empresas locales en la cadena de valor.
Las inversiones anunciadas por BHP y Lundin Mining, accionistas principales del proyecto, alcanzan los 7 mil millones de dólares hasta la obtención del primer concentrado de cobre previsto para 2030, dentro de un plan de desarrollo a diez años. El expediente oficial describe actividades de perforación, extracción de agua, voladuras y transporte pesado, todas bajo la lupa de los organismos ambientales riojanos por su posible impacto regional.
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POLITICA
Revés de Furlán: la Cámara de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido del jefe metalúrgico y ratificó la intervención de la UOM


La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido de nulidad presentado por la oficialista Lista Violeta y Azul, que encabeza Abel Furlán, en el conflicto electoral de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la Seccional Zárate-Campana.
De esta manera, con la firma de María Dora González y Víctor Arturo Pesino, el fallo confirmó la intervención judicial ya ordenada y desestimó todos los recursos extraordinarios planteados por el sector de Furlán, que sufrió un duro revés en el trámite judicial luego de que el mismo tribunal anuló los comicios de la UOM Zárate-Campana, realizados en marzo pasado ante irregularidades y la falta de garantías de una “elección confiable, segura ni transparente”.
Los camaristas consideraron improcedente el pedido de la Lista Violeta y Azul, efectuado por Pablo Ávila y Walter Piriz, quienes buscaban dar marcha atrás la decisión que anuló las elecciones de aquella filial metalúrgica.
El fallo también descartó in limine -es decir, sin analizar el fondo- la solicitud de la UOM nacional para revertir la sentencia definitiva dictada el 22 de mayo de 2026. Los jueces afirmaron que la reclamación sindical carecía de sustento y que ningún error grave justifica dejar sin efecto la intervención que decidieron.
“No puede admitirse -por ser irrazonable e inverosímil- que, con una vestimenta diferente, esta misma estructura política no supiera de la existencia del sub examine hasta el 22/6/2026”, afirmó el fallo, refiriéndose a la imposibilidad de separar las acciones de la UOM y su lista que se proclamó ganadora.
Para los camaristas, la Lista Violeta y Azul no puede presentarse a pedir la nulidad como si fuera una parte ajena al litigio. De hecho, la conducción de la UOM -en manos de Abel Furlán- y la lista forman parte del mismo núcleo sindical, con intereses comunes en el proceso.

El tribunal sostuvo que la falta de acción o la supuesta ignorancia alegada por la lista opositora no puede ser tomada como excusa: consideró que la misma dirigencia que comandó la UOM hasta el cese de mandato el 22 de marzo era la que encabezaba la lista interna que ganó las elecciones, luego anuladas.
El fallo también dejó en claro que la pretensión de la lista de Furlán de intervenir a último momento no puede deshacer todo el proceso judicial ya avanzado, al interpretar que la normativa lo impide y las defensas que alega, en realidad, ya fueron planteadas y respondidas por la UOM como parte demandada.
El conflicto se originó cuando la opositora Lista Naranja de la seccional Zárate-Campana, que postuló a Angel Derosso para secretario general, pidió la suspensión y nulidad de las elecciones realizadas del 2 al 4 de marzo, denunciando irregularidades y el incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba suspender los comicios.

Pese a la orden judicial, la conducción de la UOM llevó adelante la elección y la lista interna de Furlán fue proclamada ganadora primero en Zárate-Campana y luego a nivel nacional. Esto motivó que la Cámara de Apelaciones del Trabajo interviniera el sindicato, declarando la acefalía y desplazando a las autoridades que se habían proclamado ganadoras, en abierto desafío al fallo judicial que ordenó suspender su asunción.
En su intento de revertir la intervención, el oficialismo de Furlán hizo una presentación ante la Cámara en la que intentó utilizar el mecanismo de “revocatoria in extremis”, un recurso excepcional que sólo acepta errores graves y evidentes que destruyan la validez de la sentencia.
La UOM sostuvo que había una vía estatutaria para cubrir el vacío de poder, según los artículos 21 y 22 de su estatuto. Pero el Tribunal descartó este argumento por improcedente: la acefalía ocurrida en la seccional no tiene que ver con una crisis administrativa ordinaria, sino con el incumplimiento de la orden de suspender elecciones y la opacidad del proceso.
“El yerro que invoca la UOM no lo habría cometido esta sala, sino la propia entidad sindical y sería de orden cronológico”, sintetizaron los jueces, destacando que la falla es responsabilidad exclusiva del gremio.

Además, la UOM pretendió designar “delegados administradores” para normalizar la situación, entre ellos a Gustavo Daporta y Emiliano Gallo, ambos excluidos por la sentencia original. Para la Cámara, esto significa mantener a los mismos dirigentes impugnados bajo otra figura, contradiciendo el sentido de la intervención.
El tribunal también desechó el pedido de recusación presentado por la Lista Violeta y Azul y la UOM, tanto “con causa” como “sin causa”. Consideró estos planteos extemporáneos y argumentó que la sentencia ya había analizado todas las defensas posibles, incluyendo las que podría haber presentado la lista del oficialismo.
No prosperó tampoco el argumento de falta de jurisdicción. La Cámara recordó que la nulidad ya estaba resuelta por sentencia firme y no existía motivo para retrotraer el proceso, ya que todas las instancias de defensa fueron garantizadas.

La jurisprudencia citada (“García” de la Corte Suprema y el inciso 4º del artículo 56 de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, modificado por el decreto 342) tampoco fue considerada aplicable: tanto la ley como el precedente exigen que la “solución estatutaria” sea previa a la acefalía y no creada después del fallo.
Una de las claves del fallo es el señalamiento directo a la figura de Abel Furlán, quien fue secretario general de la UOM y máximo candidato de la Lista Violeta y Azul. El Tribunal subrayó que no es razonable pensar que Furlán, como conductor nacional y representante legal del sindicato, no supiese de la existencia de la causa.
Para los jueces, la facción interna y la conducción nacional actuaron como una única estructura. La falta de una defensa separada de la Lista Violeta y Azul se atribuye en el fallo a una propia falta de interés o de diligencia, no a una falla procesal.
“La estructura política liderada por el señor Furlán litigó activamente en este pleito bajo el ropaje de la UOM; no puede admitirse una disociación artificial para reclamar instancias no utilizadas”, remarcaron los magistrados en uno de los tramos del fallo.
La semana pasada, Furlán acusó a los jueces que ordenaron la intervención del sindicato de recibir “incentivos económicos y políticos”, en medio del conflicto entre el gremio y el Gobierno por la política de “desindustrialización”.
Durante una entrevista en el estudio de Infobae a las Nueve, el dirigente señaló que detrás del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo se esconde una intromisión política para presionar al sindicalismo.
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POLITICA
Diego Santilli confirmó que el Gobierno avanzará con la reforma electoral: “Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares”

El ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó que el Gobierno nacional avanzará con la reforma electoral que impulsa la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO): “Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares, eso es algo que nos cuesta mucho a los argentinos”. La declaración se produjo en la antesala de una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde Santilli compartió agenda con gobernadores de distintas provincias.
El titular del Ministerio del Interior ratificó el respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y remarcó que la decisión responde tanto a un criterio de austeridad fiscal como a la percepción de un desinterés social creciente por participar en varias instancias electorales. “La gente no quiere votar tantas veces”, sostuvo Santilli, quien vinculó la baja participación en comicios recientes a la saturación de convocatorias a las urnas.
El funcionario afirmó que, de mantenerse el esquema actual, el año próximo habría PASO provinciales para cargos de gobernador en distritos que adelanten elecciones, PASO presidenciales y la elección general. En su opinión, ese cronograma resultaría excesivo para el electorado y para el presupuesto público. “La gente no quiere votar cuatro o cinco veces en las elecciones”, concluyó.
El proyecto de reforma, ya remitido al Congreso, propone eliminar las PASO con el objetivo de simplificar el calendario electoral y reducir los costos asociados. Santilli aseguró que, de concretarse la medida, la Argentina podría ahorrar una suma considerable que hoy se destina a la organización de estos comicios.
Hace poco más de un mes, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, manifestó su apoyo al proyecto impulsado por el presidente Javier Milei para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuestionando el gasto que este sistema representa para el Estado. En una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa Rosada, Frigerio afirmó que “el objetivo es reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.
De regreso a su provincia, Frigerio enfatizó en una entrevista con Canal Once que la situación económica actual exige prudencia en el uso de los recursos públicos: “Si nos cuesta tanto el mango, hay que cuidarlo”.
El mandatario consideró que la discusión sobre la continuidad de las PASO es necesaria y planteó la conveniencia de debatir la frecuencia de los comicios y el financiamiento de las campañas políticas. “Yo creo que todo tiene que estar en debate. ¿Por qué no nos ponemos a debatir si realmente es necesario destinar esos millones y millones de pesos de los contribuyentes a pagarle a cada espacio político la consulta sobre cuáles son los candidatos que tiene que poner en la cancha?”, expresó.
En tanto, el senador Maximiliano Abad, referente de la Unión Cívica Radical (UCR), rechazó la eliminación de las PASO y defendió su vigencia como mecanismo transparente de selección de candidaturas. En declaraciones a Infobae en Vivo, Abad sostuvo que “al suprimir las elecciones primarias, solamente las cúpulas políticas decidirían los candidatos”, por lo que insistió en la necesidad de mantener la participación ciudadana y el control judicial en el proceso.
Abad reconoció que el sistema de las PASO es perfectible y apoyó la modernización del sistema electoral, pero advirtió que “hoy no hay acuerdo ni consenso para eliminar la PASO”. Propuso, entre otras alternativas, que solo se realicen primarias en aquellos casos donde existan internas reales, para evitar gastos innecesarios y movilización de recursos sin justificación.
POLITICA
Una mujer asumió la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad por primera vez en 40 años

Alejandra García asumió este lunes como presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la ciudad de Buenos Aires (Cpacf) y se convirtió así en la primera mujer en ese rol en los 41 años de historia de la institución. La letrada, que ganó las elecciones que se llevaron a cabo entre el 21 y 22 de abril, permanecerá en el cargo durante el período 2026-2028.
García encabezó la lista impulsada por quien fue el titular saliente, Ricardo Gil Lavedra. El oficialismo ―una coalición de 12 agrupaciones integrada por radicales, miembros de Pro, socialistas y sectores afines al actual gobierno nacional― obtuvo un 47,38% de los votos para Consejo Directivo, el 47,35% para Tribunal de Disciplina y el 47,42% para Asamblea de Delegados. De esa forma, se consolidó como la fuerza más votada en las tres categorías.
Es graduada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con más de 30 años de ejercicio profesional. Desde 2024 y hasta el momento de la asunción, ocupaba el cargo de Coordinadora del Área Legal y Técnica del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad. Anteriormente había trabajado como socia en distintos estudios como Monner Sans, Duprat & Alvarez; Zang, Mochon, Bergel & Viñes; y GOW & Asociados.
En la misma ceremonia en la que asumió García también lo hicieron las autoridades electas de la Asamblea de Delegados y Delegadas, el Tribunal de Disciplina y el Consejo Directivo, y quedaron formalmente constituidos los órganos institucionales del Colegio para el nuevo período de gestión.
Tras las elecciones, la nueva presidenta aseguró que “el resultado refleja el reconocimiento a un trabajo sostenido durante estos cuatro años junto a Ricardo Gil Lavedra: un Colegio Público de la Abogacía que se ordenó, modernizó y volvió a estar presente cada vez que se intentó afectar nuestro ejercicio profesional”.
Asimismo, prometió: “Seguiré adelante con un Colegio que interviene cuando están en juego nuestras incumbencias, sostiene la defensa de nuestros honorarios y asume su responsabilidad institucional frente a las condiciones en las que ejercemos la profesión”.
Al ser consultada sobre el hecho de ser la primera mujer en presidir el Colegio Público, subrayó: “Quiero asumirlo con la conciencia de que no es un mérito individual. También es resultado de una forma de conducir que llevó adelante Ricardo Gil Lavedra, que abrió espacios y nos trató como iguales. Y es, además, parte de un camino que muchas mujeres fueron construyendo antes, y al que me honra dar continuidad”.
Por su parte, Gil Lavedra expresó su satisfacción por “la enorme participación de letrados para apoyar este rumbo de gestión”.
Los resultados
Según la información oficial del Cpacf, en la elección votaron 16.554 abogados, aproximadamente unos 3000 matriculados más que en 2024.
En segundo lugar se ubicó la Lista 47, “Gente de Derecho”, con el 24,90% en Consejo Directivo, el 24,86% en Tribunal de Disciplina y el 24,80% en Asamblea de Delegados. Por su parte, la Lista 66 “Espacio Abierto de Abogados” alcanzó el 10,99% en Consejo Directivo, el 11,01% en Tribunal de Disciplina y el 11,02% en Asamblea de Delegados.
La Lista 68 “Por más abogacía” ―identificada con el kirchnerismo y encabezada por Eduardo Javier Lema Castillo como candidato a presidente― obtuvo el 10,37%, 10,44% y 10,45% en cada una de las categorías, mientras que la Lista 69, “Los que vemos el Colegio”, registró el 5,42% en Consejo Directivo, el 5,43% en Tribunal de Disciplina y el 5,42% en Asamblea de Delegados.
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