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La Rioja bloqueó un proyecto minero radicado en San Juan y se desató un conflicto entre las provincias

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La suspensión parcial del proyecto minero Vicuña desató un reclamo entre La Rioja y San Juan por la renta y reflotó una vieja disputa por la soberanía de un territorio de alto valor estratégico. El litigio judicial y político se desató tras la resolución de la jueza riojana María Greta Decker, quien ordenó detener por 30 días las actividades del emprendimiento, además de prohibir la circulación de maquinaria y vehículos por el corredor Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga, en el territorio riojano. La medida, impulsada por la Fiscalía de Estado, exige a la empresa la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental integral ante las autoridades de La Rioja antes de poder reanudar sus operaciones.

El fallo judicial firmado en Chilecito el 14 de abril autorizó a Vicuña Argentina S.A. únicamente a mantener personal mínimo para tareas esenciales de mantenimiento y salubridad, pero mantuvo bloqueado el acceso hasta tanto se presente la documentación ambiental requerida.

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Vicuña, que comprende los proyectos Josemaría y Filo del Sol, anunció una inversión de 18 mil millones de dólares para su desarrollo en los próximos diez años. Esta cifra convierte al yacimiento en una de las apuestas más ambiciosas de la minería argentina y posicionaría al país entre los cinco mayores productores de cobre, oro y plata a escala global, según el Gobierno. Sin embargo, el emprendimiento, que se encuentra a un kilómetro y medio del límite interprovincial y a 4.000 metros de altura, depende de rutas que atraviesan suelo riojano para abastecer sus campamentos y trasladar maquinaria pesada.

El yacimiento Vicuña, conformado por los proyectos Josemaría y Filo del Sol, proyecta una inversión de 18 mil millones de dólares para desarrollar minería de cobre, oro y plata. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El gobernador Ricardo Quintela elevó el conflicto al plano nacional al reclamar soberanía sobre la zona donde se encuentra el proyecto Josemaría y sobre el área de Ischigualasto. Durante una entrevista en Radio AM750, Quintela sostuvo que la delimitación vigente entre ambas provincias fue definida en 1968 durante un gobierno de facto y carece, a su entender, de legitimidad institucional. El mandatario pidió la revisión de los acuerdos de límites y planteó que el Senado de la Nación debería arbitrar la disputa, señalando: “El árbitro tiene que ser el Senado”.

La respuesta de San Juan no se hizo esperar. El gobernador Marcelo Orrego defendió la posición de su provincia enfatizando la vigencia de la ley nacional sobre los recursos del subsuelo y la legitimidad del dominio sanjuanino. Orrego declaró públicamente que “los recursos están en subsuelo sanjuanino y son de los sanjuaninos”, y remarcó que el acuerdo que fija los límites lleva más de medio siglo vigente. El mandatario sanjuanino insistió en que defenderá los intereses de su provincia “con la ley en la mano”.

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El corredor Guandacol, vital para el abastecimiento del proyecto Vicuña, se extiende por más de 200 kilómetros entre ambas provincias. Su bloqueo por decisión judicial dejó en evidencia la dependencia logística de la operación respecto al territorio riojano, aunque la empresa optó por utilizar de manera transitoria una ruta alternativa a través de Iglesia, en San Juan, para mantener la operatividad.

La disputa no solo involucra el acceso y la operativa del yacimiento, sino que también afecta la futura distribución de regalías y la generación de empleo. Se informó que las regalías mineras, estimadas en un tres por ciento, serán percibidas por San Juan, mientras que La Rioja aspira a obtener una porción de esos recursos y garantizar la inclusión de mano de obra y empresas locales en la cadena de valor.

Las inversiones anunciadas por BHP y Lundin Mining, accionistas principales del proyecto, alcanzan los 7 mil millones de dólares hasta la obtención del primer concentrado de cobre previsto para 2030, dentro de un plan de desarrollo a diez años. El expediente oficial describe actividades de perforación, extracción de agua, voladuras y transporte pesado, todas bajo la lupa de los organismos ambientales riojanos por su posible impacto regional.

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“Operación Masacre”: 70 años después, declararon delito de lesa humanidad a los fusilamientos relatados por Rodolfo Walsh en la novela

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“Hay un fusilado que vive”. Así arranca Operación Masacre, texto fundacional del periodismo narrativo y de investigación, de la crónica policial y política. El texto fue escrito por Rodolfo Walsh en 1957, casi diez años antes de que Truman Capote publicara A sangre fría. Un relato en caliente sobre los fusilamientos clandestinos perpetrados por la dictadura de Aramburu en 1956 en los basurales de José León Suárez. El múltiple crimen que hoy, setenta años después, encontró justicia.

El juicio por la verdad que concluyó en los juzgados de San Martín dictaminó que se trató de crímenes de lesa humanidad. Consideró que hubo responsabilidad del Estado en la planificación, ejecución y encubrimiento de los fusilamientos de doce militantes peronistas. En la puerta de los tribunales, las imágenes de los descendientes de las víctimas, con las fotos en blanco y negro de Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez, quedarán para la historia.

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Para la jueza Alicia Vence, ante lo expuesto y debatido en el juicio por la verdad, tanto el presidente de ese tiempo, Pedro Eugenio Aramburu, como los otros responsables a sus órdenes, varios jefes policiales (hoy todos fallecidos) fueron culpables de cinco homicidios agravados y siete intentos de homicidio. Les hubiera correspondido la prisión perpetua.

Los intentos de homicidio corresponden a los siete que lograron sobrevivir del grupo de doce detenidos. Habían sido secuestrados en la noche de ese 9 de junio en una casa en Florida. Los llevaron a una comisaría hasta que llegó la orden de fusilarlos en un descampado. Con los disparos de las armas rasgando la oscuridad, en un basural de José León Suárez, algunos se enfrentaron a sus secuestradores y lograron huir, amparados por la noche.

Un juicio por la verdad concluyó con el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el crimen perpetrado en José León Suárez, el 9 de junio de 1956. (Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires).

A Livraga, que recibió tres disparos, lo dieron por muerto. Al amanecer pidió auxilio y lo trasladaron a un hospital, del que se lo llevaron preso. A seis meses del episodio, Walsh escuchó hablar de “un fusilado que vive”, y decidió investigar y contar la historia. Livraga es el único que sigue vivo (tiene 96 años) y pudo escuchar por fin el cierre a un pedido de justicia que lleva setenta años. A las familias de los asesinados les entregaron los cuerpos, pero les impidieron despedirlos públicamente pues eran “traidores a la patria”.

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En su alegato final, el querellante Alberto Palacio habló de “memorias que sobrevivieron a setenta años de silencio impuesto”. “El duelo era puertas adentro -dijo-puertas afuera era duelo bajo sospecha. No podían decir el nombre de sus padres en voz alta; aprendieron a callar desde niños. Hace 70 años se les niega la verdad reconocida por la justicia”. Ahora, una placa marcará el lugar del que se los llevaron y otra el que fue testigo de los fusilamientos. Mientras Operación Masacre se sigue leyendo en las escuelas de periodismo.

juicio, Rodolfo Walsh

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El analista Lucas Romero habló sobre los cambios en el Gobierno: “Es una suerte de renuncia funcional de Adorni”

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El oficialismo atraviesa una semana clave en el Congreso ante la presión política sobre Adorni, cuyo futuro se debate entre maniobras dilatorias en Diputados y posibles definiciones en el Senado, según explicó el consultor Lucas Romero.

En la charla con el staff de Infobae al Regreso, el director de la consultora Synopsis describió el movimiento interno que atraviesa el gabinete presidencial tras la presentación de la declaración jurada de Adorni. “Parte de las estrategias del oficialismo son para tratar de dilatar, de postergar, de generar que el tiempo baje un poco y calme los ánimos, porque en definitiva, todo esto es la reacción de la presentación de la declaración jurada de Adorni hace diez días”, aseguró.

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El recorte de funciones como mecanismo de contención

Romero interpretó que el gobierno busca evitar una renuncia formal del jefe de gabinete y, en cambio, opta por despojarlo de responsabilidades: “Yo le llamo una suerte de renuncia funcional de Adorni, pero no formal. Es decir, le voy quitando funciones porque ya no me sirve para comunicar. Entonces, le quito esas funciones y veo si eso calma un poco los ánimos del resto de los actores para ver si me dejan conservar a Adorni como jefe de Gabinete sin funciones, que pueda darle esta posibilidad al presidente de no ofrendarle al periodismo la renuncia de Adorni”.

El consultor señaló que el Ejecutivo prefiere mantener al funcionario bajo perfil y repartir sus tareas: “Está buscando formas de conservarlo; una forma es no exponerlo más en el rol y en la función que tenía y, en todo caso, ir delegando esas funciones a otros actores. Apareció un nuevo vocero, aparece un nuevo secretario de comunicación y de prensa. Me parece que ir quitándole funciones y que Adorni quede ahí, como lo que es”.

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Romero sostuvo que desde el inicio la designación de Adorni tuvo un sentido instrumental: “Adorni vino a ocupar un rol que es la de invertir la relación de jerarquía entre la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia y permitirle a Karina Milei ser jefa de Gabinete sin serlo. Es alguien que ocupa ese lugar y que está puesto a disposición de las decisiones políticas que tome la figura fuerte dentro del gabinete, que es Karina Milei”.

Karina Milei y el reordenamiento del poder interno

El director de Synopsis remarcó la influencia de Karina Milei en la dinámica del gabinete: “Karina Milei no puede ser jefe de Gabinete, primero porque estaría muy expuesta, por ejemplo, a una moción de censura, siendo una figura realmente relevante, pero además porque no tiene habilidades, capacidades, herramientas para ejercer ese rol. Entonces, me parece que estamos camino a esa normalidad, de tener una suerte de jefe de gabinete protocolar”.

Romero sostuvo que el Gobierno le quita funciones a Adorni y delega tareas en un nuevo vocero y en un secretario de Comunicación y Prensa (Infobae en Vivo)

Además, Romero recordó el veto a otros aspirantes a la jefatura de gabinete: “Ella bloqueó la llegada de Santiago Caputo”. El politólogo señaló que este reordenamiento responde tanto a la necesidad de blindar a la funcionaria clave del presidente como al diseño de un gabinete en el cual las funciones se reparten según las urgencias políticas y mediáticas.

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Las maniobras en el Congreso y el desafío de la gobernabilidad

Consultado sobre las perspectivas inmediatas en el Congreso, Romero diferenció el escenario en Diputados y en el Senado: “Yo diría, son dos cámaras distintas hoy que plantean dos escenarios distintos para el oficialismo. La Cámara de Diputados ya tuvo un antecedente, una votación que estuvo a cinco votos de lograr los 129 que se requerirían para la moción. Creo que el gobierno está mucho más frágil en Diputados que en el Senado”.

Respecto a la Cámara alta, el consultor consideró que la negociación con gobernadores puede ser decisiva: “En el Senado los votos son, voy a decirlo en el mejor de los términos, comprables, negociables. Porque están los gobernadores detrás, puede haber un toma y daca, puede haber una relación, una gestión más transaccional con esos gobernadores para evitar que buena parte de esos 10 senadores del radicalismo, incluso algunos otros senadores provinciales, no aporten los números necesarios para ese 37 de votos que se requiere para la moción”.

Lucas Romero advirtió que el Gobierno está más frágil en Diputados que en el Senado ante una eventual moción contra Adorni

Romero también analizó el debate en torno a las mayorías necesarias para interpelaciones y mociones de censura: “El planteo ahora del oficialismo de que para activar el trámite del procedimiento se requiere una mayoría especial porque no pasó por comisión, la famosa mayoría de dos tercios para el tratamiento sobre tabla, me parece una interpretación amañada del espíritu de la ley, porque la Constitución le otorga una facultad al Congreso que el Congreso la puede ejercer”.

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El politólogo subrayó el trasfondo político que puede determinar el desenlace: “Uno imaginaba que ese mecanismo de la moción de censura, de hecho no tenía antecedentes porque, en algún punto, cuando el evento está cerca de ocurrir, el Ejecutivo toma la decisión antes para no someterse a una exposición de debilidad, que es que el Congreso le remueva a un funcionario. ¿Qué puede estar operando acá? Que el presidente interpreta que hay una operación de la oposición, de algunos sectores, de los medios, sectores de poder que quieren hacerle daño al Gobierno”.

Finalmente, Romero advirtió sobre el impacto en la opinión pública: “Acá el presidente está confrontando no solo contra la oposición, sino contra la opinión pública también”.

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lucas romero

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La CGT se encamina a anunciar esta semana un plan de lucha contra el Gobierno y analiza medidas de fuerza escalonadas para el segundo semestre

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La Confederación General del Trabajo (CGT) buscará este jueves darle forma a un plan de lucha que viene discutiendo desde hace semanas y que podría traducirse en medidas de fuerza escalonadas impulsadas por distintos sindicatos en el segundo semestre. La definición quedará en manos del Consejo Directivo, que se reunirá a las 14 en la sede de la calle Azopardo para analizar el impacto de la reglamentación de la reforma laboral, el estado de la estrategia judicial y los pasos a seguir para enfrentar las políticas del Gobierno de Javier Milei, según pudo saber TN.

La conducción cegetista ofrecerá una conferencia de prensa al término del encuentro, prevista entre las 16.30 y las 17. Allí se espera que informe las conclusiones de una discusión que ganó intensidad después de la publicación del decreto reglamentario de la reforma laboral.

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La reunión será encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo. Aunque dentro de la CGT conviven posiciones diferentes sobre el alcance de las medidas a adoptar, en los últimos encuentros se consolidó la idea de construir una estrategia sostenida que involucre a distintos gremios antes de evaluar un nuevo paro general.

Esa decisión ya había quedado reflejada en las reuniones que la central obrera mantuvo con las confederaciones que integran su estructura y también en los contactos iniciados con las dos CTA para explorar acciones coordinadas.

Reforma laboral y frente judicial

Uno de los ejes centrales de la reunión de este jueves será el análisis de la reglamentación de la reforma laboral y de las consecuencias que los sindicatos advierten sobre la actividad gremial y la negociación colectiva.

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Sola planteó este lunes que todavía existen cuestiones pendientes de resolución judicial vinculadas al derecho de huelga, la acción sindical y distintos aspectos de la reforma. En diálogo con Radio Continental, cuestionó la posibilidad de avanzar hacia esquemas de negociación por empresa. “Lo que están intentando es abrir sindicatos por empresa, eso atomiza”, sostuvo.

Los gremios combativos mantienen la presión para que la CGT convoque a un nuevo paro general (Foto: ATE).

Dentro de la CGT consideran que la publicación del decreto abrió una nueva etapa de disputa. Por ese motivo, el Consejo Directivo también evaluará el estado de las presentaciones judiciales impulsadas por distintos gremios para intentar frenar aspectos de la reglamentación que consideran inconstitucionales.

La central obrera le había anticipado a este medio que buena parte de esos planteos serían promovidos por cada sindicato en forma individual y no necesariamente mediante acciones institucionales de la CGT.

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Coordinación sindical

El encuentro también incluirá un repaso de la reunión que la CGT mantuvo la semana pasada con la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

Ese encuentro concluyó con el compromiso de fortalecer la coordinación entre las tres centrales sindicales y de avanzar en una agenda común frente a los conflictos laborales que atraviesan distintos sectores. Señalaron la necesidad de sostener espacios de articulación permanentes y trabajar en la construcción de un plan de lucha unificado.

La posibilidad de ampliar la coordinación sindical aparece como uno de los elementos que la CGT pretende incorporar a la mesa de debate, en un contexto marcado por los cuestionamientos a la reforma laboral, pero también por reclamos vinculados al empleo y a la actividad productiva.

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La discusión sobre las medidas concretas sigue abierta, aunque en la conducción cegetista viene ganando terreno la idea de acciones escalonadas, los gremios combativos no abandonan la presión para que la CGT convoque a un paro general.

En ese marco, Sola anticipó que la central obrera trabaja en una estrategia de mayor alcance para el segundo semestre y que “el plan de lucha de la CGT va a ir en camino hacia una gran medida nacional”. La definición sobre cómo se instrumentará ese esquema comenzará a resolverse este jueves.

CGT, reforma laboral, CTA autónoma, CTA de los Trabajadores

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