POLITICA
La Rioja bloqueó un proyecto minero radicado en San Juan y se desató un conflicto entre las provincias

La suspensión parcial del proyecto minero Vicuña desató un reclamo entre La Rioja y San Juan por la renta y reflotó una vieja disputa por la soberanía de un territorio de alto valor estratégico. El litigio judicial y político se desató tras la resolución de la jueza riojana María Greta Decker, quien ordenó detener por 30 días las actividades del emprendimiento, además de prohibir la circulación de maquinaria y vehículos por el corredor Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga, en el territorio riojano. La medida, impulsada por la Fiscalía de Estado, exige a la empresa la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental integral ante las autoridades de La Rioja antes de poder reanudar sus operaciones.
El fallo judicial firmado en Chilecito el 14 de abril autorizó a Vicuña Argentina S.A. únicamente a mantener personal mínimo para tareas esenciales de mantenimiento y salubridad, pero mantuvo bloqueado el acceso hasta tanto se presente la documentación ambiental requerida.
Vicuña, que comprende los proyectos Josemaría y Filo del Sol, anunció una inversión de 18 mil millones de dólares para su desarrollo en los próximos diez años. Esta cifra convierte al yacimiento en una de las apuestas más ambiciosas de la minería argentina y posicionaría al país entre los cinco mayores productores de cobre, oro y plata a escala global, según el Gobierno. Sin embargo, el emprendimiento, que se encuentra a un kilómetro y medio del límite interprovincial y a 4.000 metros de altura, depende de rutas que atraviesan suelo riojano para abastecer sus campamentos y trasladar maquinaria pesada.
El gobernador Ricardo Quintela elevó el conflicto al plano nacional al reclamar soberanía sobre la zona donde se encuentra el proyecto Josemaría y sobre el área de Ischigualasto. Durante una entrevista en Radio AM750, Quintela sostuvo que la delimitación vigente entre ambas provincias fue definida en 1968 durante un gobierno de facto y carece, a su entender, de legitimidad institucional. El mandatario pidió la revisión de los acuerdos de límites y planteó que el Senado de la Nación debería arbitrar la disputa, señalando: “El árbitro tiene que ser el Senado”.
La respuesta de San Juan no se hizo esperar. El gobernador Marcelo Orrego defendió la posición de su provincia enfatizando la vigencia de la ley nacional sobre los recursos del subsuelo y la legitimidad del dominio sanjuanino. Orrego declaró públicamente que “los recursos están en subsuelo sanjuanino y son de los sanjuaninos”, y remarcó que el acuerdo que fija los límites lleva más de medio siglo vigente. El mandatario sanjuanino insistió en que defenderá los intereses de su provincia “con la ley en la mano”.
El corredor Guandacol, vital para el abastecimiento del proyecto Vicuña, se extiende por más de 200 kilómetros entre ambas provincias. Su bloqueo por decisión judicial dejó en evidencia la dependencia logística de la operación respecto al territorio riojano, aunque la empresa optó por utilizar de manera transitoria una ruta alternativa a través de Iglesia, en San Juan, para mantener la operatividad.
La disputa no solo involucra el acceso y la operativa del yacimiento, sino que también afecta la futura distribución de regalías y la generación de empleo. Se informó que las regalías mineras, estimadas en un tres por ciento, serán percibidas por San Juan, mientras que La Rioja aspira a obtener una porción de esos recursos y garantizar la inclusión de mano de obra y empresas locales en la cadena de valor.
Las inversiones anunciadas por BHP y Lundin Mining, accionistas principales del proyecto, alcanzan los 7 mil millones de dólares hasta la obtención del primer concentrado de cobre previsto para 2030, dentro de un plan de desarrollo a diez años. El expediente oficial describe actividades de perforación, extracción de agua, voladuras y transporte pesado, todas bajo la lupa de los organismos ambientales riojanos por su posible impacto regional.
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POLITICA
Movilizaciones, marcha federal y piquetes: el plan de lucha de los movimientos sociales contra el Gobierno


Los movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de izquierda, enrolados en Territorios en Lucha y gremios combativos, se preparan para enfrentar al gobierno de Javier Milei, con un plan de lucha que incluye marchas y piquetes, y que concluirá con una Marcha Federal y un supuesto paro general que hasta ahora la CGT no confirmó ni anunció.
Los principales reclamos están concentrados en tres puntos: el Salario Social Complementario, el cierre del programa Volver al Trabajo y la “parálisis total de las obras de integración socio urbana en todo el país”.
Las reuniones entre los principales dirigentes de los movimientos sociales se multiplicaron en los últimos días. ¿El catalizador? La decisión de la Cámara Federal de San Martín de revocar la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a mantener el programa “Volver al Trabajo”, sucesor del Potenciar Trabajo, lo que habilita el cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto.
La resolución, dictada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país a partir de agosto. El fallo incluye un segundo aspecto criticado por la dirigencia opositora: le permite al Gobierno nacional avanzar con el reemplazo del programa “Volver al Trabajo” por un sistema de vouchers de capacitación laboral, ya anunciado por la funcionaria de Javier Milei.
Sobre las posibles consecuencias de la eliminación del programa social que reemplazó al Potenciar Trabajo, Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, expresó a este medio: “Esto lo único que va a generar es la profundización de la crisis social en los territorios. La plata que el gobierno quiere sacarle a los trabajadores más humildes es plata que dejará de circular en las economías locales y eso va a golpear de lleno a todo el circuito económico local: verdulerías, almacenes de barrio, kioscos, todos esos comercios van a desaparecer con este ajuste brutal. Los gobernadores que acompañan al Gobierno nacional deberían estar muy preocupados porque esto lo único que va a generar es que la crisis les va a estallar en la cara, porque esa plata que dejará de circular en las provincias golpea de lleno a las economías regionales”.
Uno de los referentes que impulsa las medidas de fuerza contra las políticas de la Casa Rosada es Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP. En diálogo con Infobae, explicó: “Desde la UTEP hemos definido construir este plan de lucha junto a la CGT y las dos CTA con el objetivo de darle continuidad a la pelea contra este modelo económico que va generando un genocidio social en goteo”.

Gramajo explicó: “En este contexto de bronca social creciente, definimos este plan de acción conjunto, poniendo el eje en los problemas profundos de nuestro pueblo. Dentro de estas jornadas, vamos a movilizarnos al Ministerio de Economía para visibilizar la realidad de las familias endeudadas en el sistema formal”.
De esta manera, el militante social agregó: “Casi siete millones de argentinos han quedado excluidos del sistema de crédito formal debido a un aumento histórico en la morosidad, que alcanzó el 12,7%. Pero hay una realidad que no muestran estos datos: en el sistema informal muchos casos están vinculados a préstamos ligados al narco, el juego y las billeteras virtuales”.
«El 22 de julio vamos a acompañar a los jubilados, que son un ejemplo de lucha. Además, el 7 de agosto vamos a impulsar una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Convocaremos a todos los sectores afectados por la crisis, desde empresarios pymes y sectores universitarios hasta organizaciones comunitarias y agrupaciones estudiantiles”, anticipó.
Para la Marcha de San Cayetano, la UTEP no estará sola. Este año, los líderes de la CGT decidieron participar orgánicamente, al igual que las dos CTA. Según los organizadores, la idea es que este año, a 10 años de la primera gran marcha, “se relance la resistencia contra las políticas de ajuste de este Gobierno”.
La peregrinación, en celebración del día del patrono del trabajo, partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, tal como sucede desde la primera marcha histórica de “Los Cayetanos”, que tuvo lugar el 7 de agosto de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. En esa oportunidad, se movilizaron casi medio millón de personas.

A esas acciones se suman otras iniciativas:
- El 3 o 4 de agosto -resta definir el día- se realizará la Marcha Educativa. Desde la UTEP, explicaron que “esta es una acción de los gremios docentes, que están resolviendo convocar a un paro para la vuelta a clases”. Y recordaron: “En cada provincia la realidad es distinta. Probablemente haya un acto en la Plaza de Mayo”.
- En la primera quincena de agosto se realizará una movilización al Consejo del Salario. En ese marco, la organización de la economía popular reclamará “el aumento del Salario Social Complementario y el reenganche con el salario mínimo”.
- Por el mencionado “endeudamiento familiar”, los movimientos sociales marcharán, en las dos primeras semanas de agosto -la fecha aún no se fijó- al Ministerio de Economía. Antes, desarrollarán una campaña previa de “agitación con volanteadas en estaciones de tren y lugares de concentración de gente”.
- El 2 de septiembre, Día de la Industria, los dirigentes sociales realizarán un encuentro “entre trabajadores y empresarios en conflicto con el gobierno de Javier Milei”.
- También está previsto realizar acciones solidarias en la “Semana Social de la Iglesia”. Este hecho se enlazará en octubre con la prevista “Marcha Federal” y un paro general, instancia que la CGT aún no anunció oficialmente.
Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, opinó al ser consultada por Infobae: “El Gobierno sigue avanzando alevosamente, pisoteando la vida de jubilados, personas con discapacidad, estudiantes, trabajadores”. Además, consideró: “El modelo político de La Libertad Avanza muestra su cara más cruda. Mientras los funcionarios se enriquecen, Milei celebra un equilibrio fiscal ficticio y una inflación apaciguada por el derrumbe del consumo de las mayorías y las importaciones indiscriminadas”.
Los militantes sociales también se preparan para una posible visita del papa León XIV, un hecho que el Vaticano tampoco confirmó. De todos modos, los dirigentes lo viven como “una instancia de movilización y donde entendemos que su mirada va a confrontar con el cuerpo de valores que defiende el gobierno de Javier Milei”.
POLITICA
Un diputado provincial criticó el aumento en las licencias de conducir: “Otro curro de Kicillof avalado por Milei”

El diputado provincial Manuel Passaglia cuestionó el nuevo sistema de licencias profesionales del gobierno bonaerense y acusó a la medida de ser un “curro de Axel Kicillof y Hugo Moyano con el aval de Javier Milei”. Según indicó, el procedimiento ahora implicará un fuerte aumento de costos y mayores dificultades para realizar el trámite: “Hoy cuestan $22.000, pero van a costar más de $300.000″.
Días atrás, la administración de Kicillof estableció un nuevo régimen para obtener las licencias profesionales interjurisdiccionales, tras un acuerdo firmado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con “evaluaciones más rigurosas y mayor trazabilidad en cada etapa”. “Los vehículos de transporte de pasajeros o cargas tendrán mayores controles”, aclaró.
A partir de este esquema, los trabajadores que deseen obtener o renovar su matrículas deberán realizar las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones en las sedes de prestadores externos habilitados por la ANSV, y luego el trámite finalizará en los Centros de Emisión de Licencias Municipales.
Al respecto, Passaglia expresó en un video junto con su hermano Santiago: “Como consecuencia de este acuerdo entre la provincia de Buenos Aires, el Sindicato de Camioneros y el gobierno nacional, el trámite para sacar el carnet para trabajar de chofer será más caro, más lento y más lejos. Las licencias de conducir profesionales, que antes se hacían en el Municipio, ahora se harán únicamente en sedes dispuestas por la ANSV, que depende de Milei. ¿Sabés cuáles son esas sedes? Las del sindicato de Camioneros”.
“Esto no les conviene a los laburantes. Colectiveros, transportistas, ambulancias, Uber, taxis y remises… todos van a tener que pagar 300 lucas para sacar la licencia. Es una vuelta a la vieja política que no va más. En vez de despejarte el camino te ponen un peaje, en un país donde conseguir laburo cada vez cuesta más», siguieron.
También criticaron que el nuevo sistema obligue a conductores a trasladarse a otros municipios para poder realizar el trámite. “Antes lo hacían en la municipalidad. Ahora tienen que pagar mucho más y además viajar hasta los lugares habilitados”, marcaron y sostuvieron: “¿A quién le conviene esto? Al laburante seguro que no. El carnet profesional no es un trámite más, es la herramienta de trabajo de miles de bonaerenses”.
“Kicillof y Moyano armaron un curro con las licencias profesionales y Milei lo habilita vía convenio, a través de un organismo que es del gobierno nacional. Estaría bueno conocer la respuesta y explicación de por qué ANSV avala este curro que jode a los laburantes”, acusaron.
Según el nuevo acuerdo comunicado por la provincia de Buenos Aires, el procedimiento alcanza a las licencias profesionales interjurisdiccionales de las clases C, D y E, cuyos aspirantes deberán aprobar las evaluaciones psicofísicas y capacitaciones ante prestadores registrados por la ANSV antes de completar la emisión de la licencia en el municipio correspondiente.
@ansv_ar,July 15, 2026,pic.twitter.com/jHYNFKRCvS,July 6, 2026,Conforme a
POLITICA
El Gobierno refuerza la seguridad de la embajada británica antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El Gobierno reforzará la seguridad de la embajada británica en la Argentina antes de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. En Nación aseguran que el operativo será de “gran magnitud” y que movilizará alrededor de 300 efectivos de la Policía Federal Argentina, con vallados, custodia especial y un monitoreo reforzado en Recoleta.
El Ejecutivo tomó la decisión por el componente simbólico del partido, atravesado por la rivalidad futbolística, el recuerdo de los cruces mundialistas y la cuestión Malvinas. “Van a tomarse recaudos como si fuera un 2 de Abril”, expresan en Nación, en referencia al dispositivo que se activa cada año por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
La Casa Rosada busca evitar incidentes frente a tres objetivos considerados sensibles: el Ministerio de Seguridad, la Embajada del Reino Unido y la Embajada de Israel. La cercanía entre esas sedes llevó al Ejecutivo a pensar el dispositivo como un operativo de zona, con prevención antes, durante y después del partido.
En Balcarce 50 remarcan que el operativo buscará prevenir desbordes en un contexto de alta sensibilidad pública.
El Gobierno también coordina con la Ciudad el seguimiento de los festejos que puedan producirse en el Obelisco y en zonas de alta circulación. El punto tradicional de reunión será monitoreado por fuerzas porteñas y federales, mientras que el Ministerio de Seguridad concentrará parte del seguimiento operativo desde una sede ubicada dentro del mismo radio sensible que la embajada británica.
El Ejecutivo prevé desplegar múltiples anillos de seguridad, dos fuerzas de reserva, unidades de contención, brigadas de civil, motociclistas, personal de Bomberos y equipos de Comunicaciones. En el operativo también intervendrán especialistas en explosivos y riesgos especiales, además de otras áreas operativas de la Policía Federal.
La Casa Rosada sigue también el despliegue en Estados Unidos, donde se jugará la semifinal. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló que el operativo en Atlanta contará con 1600 agentes policiales y fue coordinado con representantes de la FIFA, el FBI, autoridades estadounidenses, fuerzas inglesas y delegados argentinos de seguridad.
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En Balcarce 50 señalan que la delegación argentina participó de reuniones de coordinación en el Centro Internacional de Cooperación Policial, aunque las autoridades locales son las responsables del dispositivo en el estadio. La Argentina realizó recomendaciones sobre el manejo de hinchas, accesos, antecedentes de violencia y puntos de concentración.
El Gobierno tomó nota de que los simpatizantes argentinos e ingleses tendrán ingresos diferenciados al estadio: los argentinos por la puerta 4 y los ingleses por la puerta 3. La medida busca reducir cruces en los accesos, aunque no habrá segregación estricta de parcialidades dentro del estadio.
El Ejecutivo también sigue la aplicación de restricciones sobre banderas, carteles y camisetas con mensajes políticos o provocativos. Monteoliva aclaró que no podrán ingresar elementos con contenido político, racial o de provocación, lo que alcanza a referencias a Malvinas si son consideradas dentro de esa categoría por las autoridades del evento.
Gobierno, embajada, Inglaterra
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