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La Rioja bloqueó un proyecto minero radicado en San Juan y se desató un conflicto entre las provincias

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La suspensión parcial del proyecto minero Vicuña desató un reclamo entre La Rioja y San Juan por la renta y reflotó una vieja disputa por la soberanía de un territorio de alto valor estratégico. El litigio judicial y político se desató tras la resolución de la jueza riojana María Greta Decker, quien ordenó detener por 30 días las actividades del emprendimiento, además de prohibir la circulación de maquinaria y vehículos por el corredor Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga, en el territorio riojano. La medida, impulsada por la Fiscalía de Estado, exige a la empresa la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental integral ante las autoridades de La Rioja antes de poder reanudar sus operaciones.

El fallo judicial firmado en Chilecito el 14 de abril autorizó a Vicuña Argentina S.A. únicamente a mantener personal mínimo para tareas esenciales de mantenimiento y salubridad, pero mantuvo bloqueado el acceso hasta tanto se presente la documentación ambiental requerida.

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Vicuña, que comprende los proyectos Josemaría y Filo del Sol, anunció una inversión de 18 mil millones de dólares para su desarrollo en los próximos diez años. Esta cifra convierte al yacimiento en una de las apuestas más ambiciosas de la minería argentina y posicionaría al país entre los cinco mayores productores de cobre, oro y plata a escala global, según el Gobierno. Sin embargo, el emprendimiento, que se encuentra a un kilómetro y medio del límite interprovincial y a 4.000 metros de altura, depende de rutas que atraviesan suelo riojano para abastecer sus campamentos y trasladar maquinaria pesada.

El yacimiento Vicuña, conformado por los proyectos Josemaría y Filo del Sol, proyecta una inversión de 18 mil millones de dólares para desarrollar minería de cobre, oro y plata. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El gobernador Ricardo Quintela elevó el conflicto al plano nacional al reclamar soberanía sobre la zona donde se encuentra el proyecto Josemaría y sobre el área de Ischigualasto. Durante una entrevista en Radio AM750, Quintela sostuvo que la delimitación vigente entre ambas provincias fue definida en 1968 durante un gobierno de facto y carece, a su entender, de legitimidad institucional. El mandatario pidió la revisión de los acuerdos de límites y planteó que el Senado de la Nación debería arbitrar la disputa, señalando: “El árbitro tiene que ser el Senado”.

La respuesta de San Juan no se hizo esperar. El gobernador Marcelo Orrego defendió la posición de su provincia enfatizando la vigencia de la ley nacional sobre los recursos del subsuelo y la legitimidad del dominio sanjuanino. Orrego declaró públicamente que “los recursos están en subsuelo sanjuanino y son de los sanjuaninos”, y remarcó que el acuerdo que fija los límites lleva más de medio siglo vigente. El mandatario sanjuanino insistió en que defenderá los intereses de su provincia “con la ley en la mano”.

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El corredor Guandacol, vital para el abastecimiento del proyecto Vicuña, se extiende por más de 200 kilómetros entre ambas provincias. Su bloqueo por decisión judicial dejó en evidencia la dependencia logística de la operación respecto al territorio riojano, aunque la empresa optó por utilizar de manera transitoria una ruta alternativa a través de Iglesia, en San Juan, para mantener la operatividad.

La disputa no solo involucra el acceso y la operativa del yacimiento, sino que también afecta la futura distribución de regalías y la generación de empleo. Se informó que las regalías mineras, estimadas en un tres por ciento, serán percibidas por San Juan, mientras que La Rioja aspira a obtener una porción de esos recursos y garantizar la inclusión de mano de obra y empresas locales en la cadena de valor.

Las inversiones anunciadas por BHP y Lundin Mining, accionistas principales del proyecto, alcanzan los 7 mil millones de dólares hasta la obtención del primer concentrado de cobre previsto para 2030, dentro de un plan de desarrollo a diez años. El expediente oficial describe actividades de perforación, extracción de agua, voladuras y transporte pesado, todas bajo la lupa de los organismos ambientales riojanos por su posible impacto regional.

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Un homenaje a De la Sota reunió a Massa con Llaryora, Schiaretti, Zamora y el empresario Brito

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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y su antecesor Juan Schiaretti coincidieron esta noche con el exministro Sergio Massa, el porteño Juan Manuel Olmos, el kicillofista Carlos Bianco y otros dirigentes del peronismo en un homenaje a José Manuel de la Sota, a poco de cumplirse ocho años de su fallecimiento.

El evento tuvo lugar en el hotel Savoy porteño y fue organizado por la periodista Candelaria de la Sota, hija mayor del exgobernador. La gran ausente fue su hermana, la diputada Natalia de la Sota, alejada de Llaryora y Schiaretti en la interna del peronismo provincial.

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También participaron del acto a través del envío de sus testimonios el empresario José Luis Manzano, el economista Martín Redrado y el padre Pepe Di Paola.

Diferentes figuras del arco político en el homenaje a De la Sota

Entre los presentes se los pudo ver también al exjuez de la Corte Juan Carlos Maqueda, al senador por Santiago del Estero Gerardo Zamora y al banquero Jorge Brito, expresidente del club River Plate.

“Han pasado ocho años de su partida y muchos de los problemas que él anticipó, en el mundo del trabajo y la producción, o la irrupción de la Inteligencia Artificial, están más vigentes que nunca”, dijo Candelaria de la Sota ante unas 300 personas. Y agregó: “Estamos convencidos de que un país con justicia social, donde todos puedan trabajar, estudiar y progresar, es posible”.

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El PRO rechazó la sesión especial de la oposición en Diputados: “Forzar debates no los acelera, los entorpece”

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El bloque del PRO en la Cámara de Diputados respaldó este martes la estrategia del oficialismo de cara a la sesión especial convocada por la oposición para este miércoles y sostuvo que forzar el tratamiento de los proyectos sobre morosidad y discapacidad “no los acelera”, sino que “los entorpece”.

En un comunicado difundido este martes, la bancada liderada por Cristian Ritondo señaló que las iniciativas incluidas en el temario opositor “ya están siendo trabajadas en las comisiones correspondientes” y que existen cronogramas de trabajo anunciados para avanzar con su tratamiento.

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Sobre las iniciativas vinculadas a combatir el crecimiento de la morosidad, el texto del PRO señala que hay más de 50 proyectos en tratamiento y que la Comisión de Finanzas tiene previsto dictaminar el 30 de septiembre. El bloque adelantó que trabajará en una propuesta propia orientada a “dar respuestas concretas”, promover mayor competencia y transparencia, y mejorar las condiciones de acceso al crédito, “sin adoptar medidas que terminen encareciéndolo o restringiéndolo”.

La bancada del PRO en Diputados cuestionó a la oposición de cara a la sesión programada para este miércoles para discutir temas vinculados a la morosidad y la emergencia en discapacidad. (Foto: NA – Daniel Vides)

En relación con la emergencia en discapacidad, el comunicado indica que la comisión ya trabaja en los proyectos vinculados al financiamiento del sistema y prevé dictaminar el 23 de septiembre. “Esto no exime al Gobierno de cumplir con la ley vigente, por eso, le pedimos que presente un cronograma claro de pago a los prestadores”, aclara el comunicado.

Qué pide la oposición

La sesión prevista para este miércoles incluye 50 expedientes vinculados a la morosidad familiar, además de la prórroga de la emergencia en discapacidad. El objetivo declarado de los bloques convocantes —Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, entre otros— no es sancionar los proyectos ese mismo día, sino emplazar a las comisiones -obligarlas a reunirse- de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda para que fijen un plazo de dictamen.

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Leé también: Malvinas: el Gobierno acelera el proyecto de la Base Naval Integrada y enviará a Quirno y a Presti a Tierra del Fuego

El pedido se apoya en los 133 votos que la oposición logró reunir hace dos semanas, cuando intentó, sin éxito, ampliar sobre tablas el temario de otra sesión. La diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) había cuestionado entonces que el oficialismo ofreciera “un cronograma que llega hasta Navidad”, mientras que Pablo Juliano (Unidos) calificó la propuesta de “tomada de pelo”.

En ese contexto, el PRO ratificó su apoyo a la postura del oficialismo, que busca dilatar el tratamiento de las iniciativas opositores, y remarcó: “Creemos que las soluciones reales se construyen respetando el proceso legislativo y fortaleciendo el trabajo de las comisiones. Forzar instancias sobre debates que ya están en marcha no los acelera, los entorpece”.

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PRO, Diputados

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Ante la perspectiva de una derrota, el oficialismo dará quorum mañana para debatir discapacidad y morosidad en Diputados

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En una maniobra inesperada, el bloque libertario se sumará mañana la sesión especial que la oposición convocó para mañana en la Cámara de Diputados, donde busca avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año, y los distintos proyectos vinculados con el endeudamiento y la morosidad de las familias.

De esta manera, el oficialismo habilitaría el quorum al mediodía, en un intento por evitar un golpe político y conservar el control de la agenda, después del anuncio del Presidente sobre la soberanía de las Malvinas.

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La decisión comenzó a tomar forma en una reunión parlamentaria de última hora que el bloque comandado por Gabriel Bornoroni convocó en el despacho de Martín Menem, pese a la ausencia del presidente de la Cámara. Participaron la mayoría de los jefes de los bloques aliados, entre ellos los del Pro, la UCR y Argentina Federal, el espacio que reúne a los legisladores salteños y misioneros con llegada directa a sus respectivos gobernadores, Hugo Passalacqua y Gustavo Saénz. No fueron de la partida, Provincias Unidas ni los catamarqueños.

El objetivo: un último intento por desactivar el debate de mañana sobre dos temas que incomodan al Gobierno.

Según precisaron a fuentes que participaron de la reunión, los libertarios, representados por Bornoroni, Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, plantearon que no iban a obstaculizar la sesión de mañana, dado que la oposición más dura ya tendría garantizado el número necesario para habilitar el debate que buscar emplazar a comisiones ambos debates y fijar las fechas de sus dictámenes.

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Tal como había anticipado este medio, los bloques críticos ya habían logrado este martes apuntalar la sesión, sobre todo, a través del debate por la discapacidad, un tema por demás que recae sobre los sistemas de salud provinciales.

Como parte de su estrategia, el oficialismo ya había fijado una cronograma de trabajo para las dos iniciativas, bajo el compromiso de unificar los giros de los diversos proyectos de endeudamiento y morosidad y dictaminar ambas iniciativas antes del 30 de septiembre.

En concreto, el oficialismo buscará mañana fijar el 23 de septiembre para dictaminar el proyecto sobre discapacidad y el 30 de septiembre para los de endeudamiento y morosidad. Sin embargo, parte de la oposición desconfía de las intenciones del Gobierno y no descarta que se trate de una maniobra para dilatar el debate hasta la discusión del Presupuesto.

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Las dudas quedaron plasmadas esta tarde, cuando la salteña Yolanda Vega abandonó la reunión pocos minutos después de su comienzo. Al salir, remarcó que la maniobra del oficialismo será “de palabra” y que no existe un expediente que respalde el compromiso. La oposición, en cambio, pretendía aprovechar la sesión de mañana para garantizarse el emplazamiento de ambos proyectos, con una semana de diferencia respecto del cronograma planteado por los libertarios.

Es sobre esta cuestión que se anticipa mañana un debate espinoso, con la oposición que convocó la sesión, encarnada en gran medida por Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, dispuesta a exigir certezas al oficialismo.

El debate se estima se centrará también sobre la emergencia en Discapacidad, después que el oficialismo anunciara la semana pasada que trabajaba en una iniciativa propia con el aval de la Casa Rosada. Sin embargo, fuentes libertarias desestimaron horas más tarde que se trata de un nuevo proyecto, sino alguna aclaratoria a la ley ya vigente.

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