Tras las explicaciones del jefe de gabinete sobre su patrimonio, legisladores de la oposición buscan avanzar con una moción de censura contra Manuel Adorni. Senadores kirchneristas y diputados de distintos espacios opositores activaron, en paralelo, el proceso que podría terminar con la remoción del ministro coordinador de su cargo.

La moción de censura es una herramienta institucional al alcance del Congreso que aplica únicamente al jefe de gabinete. Es un mecanismo de remoción, previo requerimiento de rendición de cuentas. Está contemplado en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Ni el presidente ni los demás funcionarios nacionales están alcanzados por este instrumento.

La moción apunta a remover al ministro coordinador de su cargo, cuyo reemplazo deberá ser definido luego por el Presidente. Es decir, a diferencia del jefe de Estado, el Congreso no tiene poder de designación.

La moción de censura consta de dos etapas. La primera es el pedido de interpelación: el jefe de gabinete debe comparecer en una sesión especial ante la cámara que haya suscrito el proyecto con su citación y someterse a las preguntas de sus miembros. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado están habilitados a pedir una interpelación y basta con que una de las cámaras apruebe la convocatoria para que se active el proceso.

A diferencia de lo que sucede durante los informes de gestión, en caso de interpelación, el funcionario no recibe de antemano las preguntas de los legisladores. Según explicaron fuentes parlamentarias a , la convocatoria abre una instancia de preguntas “libres” que, de todos modos, deben atenerse al temario o a los motivos del llamado detallados en la solicitud.

Tras la rendición de cuentas del jefe de Gabinete, la cámara que activó la citación debe votar su remoción del cargo. Para avanzar en esta dirección, se requiere de la mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros totales de la Cámara).

En caso de que la remoción saliera favorable, la moción de censura deberá ser ratificada en la otra cámara para que se ponga en práctica. Es decir, aunque una cámara en soledad puede activar el proceso, la remoción final exige un acuerdo tanto de diputados como de senadores.

Aunque similar, una moción de censura no es equiparable a un juicio político. Sucede que, ante este último escenario, se requiere que esté demostrada la comisión de un delito o un mal desempeño de sus funciones. En el caso de la moción de censura, esta condición no es necesaria.

CÓRDOBA.- “Es un tema que tiene que arreglar el Presidente, que no nos quieran involucrar a nosotros en esto”. Eso le dijo un gobernador de los dialoguistas al ministro del Interior, Diego Santilli, la semana pasada, cuando la oposición liderada por el peronismo duro impulsó una interpelación y posterior moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El mandatario le contó a que si bien no hubo ningún pedido en particular por parte de la Casa Rosada, el tema es ineludible.

El titular de Interior es el responsable de las negociaciones con los gobernadores mientras que Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara Baja, se encarga de los senadores. Esa es la división de trabajo habitual para todos los temas que están en el cronograma de trabajo del Senado.

“Si no piden expresamente nada, es porque no les interesa retenerlo. Es una forma de que seamos nosotros los que les resolvamos el problema. Deben tener claro que si no hacen ellos lo que deben hacer, lo hará el Congreso”, reflexionó otro gobernador consultado por .

La expectativa del oficialismo está puesta en que el peronismo duro no consiga el número necesario para tratar el proyecto de interpelación y moción de censura sobre tablas. “Una vez que entraste al teatro, nadie te salva”, resumió un aliado en referencia a que, si llega al recinto, la situación se precipitará.

Este martes Santilli continuará con la rueda de reuniones que mantiene por la reforma electoral y las agendas provinciales como temas principales. En su despacho estarán dos aliados, Leandro Zdero (Chaco) y Marcelo Orrego (San Juan), y el fueguino Gustavo Melella, un kirchnerista con el que la Casa Rosada mantiene una relación distante. La semana pasada estuvo con Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

En el conteo de votos en el Senado, los gobernadores juegan un rol clave. Por caso, entre los que suelen jugar con el oficialismo están la salteña Flavia Royón; el catamarqueño Guillermo Andrada; la tucumana Beatriz Ávila; la neuquina Julieta Corroza y los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce.

Por Corrientes están los dos radicales, Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, además de Carlos Camau Espínola (Provincias Unidas), fuerza por la que se suma la cordobesa Alejandra Vigo. La chubutense Edith Terenzi trabaja en sintonía con el gobernador Ignacio Torres.

consultó a varios mandatarios del grupo crucial para el oficialismo. Todos coincidieron en que todavía no tienen una posición tomada respecto a qué harán si, finalmente, el caso Adorni llega a sesión. Insisten en que “acompañan gestión” pero que “lo político y lo judicial se deben resolver por esos carriles”.

Los aliados están ganando tiempo y, a la vez, dándoselo a los libertarios. Esperan a que sea el oficialismo el que resuelva la situación. Es decir, que el presidente Javier Milei remueva al jefe de Gabinete o que presente su renuncia.

“El Presidente debe resolver esto”

En diálogo con , Royón -que responde directamente a Sáenz- diijo: “El debido proceso es primero una interpelación para garantizar transparencia y rendición de cuentas. No se puede hablar de moción de censura sin ese paso previo. Acá es el Presidente el que debe resolver esto”.

La semana pasada, después de la entrevista de Adorni con LN+, el peronismo cordobés dio un giro y pidió abiertamente su renuncia. Esa posición adelantaría la que tomaría Vigo si se llega a la interpelación.

Los libertarios tienen experiencia en algunos proyectos, como la emergencia en discapacidad, en la que, cuando quedaron entre la espada y la pared, algunos de sus aliados optaron por tomar distancia. Esta vez también el Pro, incitado por Mauricio Macri, lo está haciendo.

Desde que en marzo empezaron las sospechas en torno a Adorni, los gobernadores dialoguistas vienen siguiendo de cerca la dinámica de los hechos y el impacto en la Casa Rosada. Las encuestas muestran que golpea directamente la imagen de Milei. En paralelo, esperan a que la Justicia avance en la causa. Si hubiera una imputación, podría acelerar los tiempos de una definición, sugirieron en la Casa Rosada.