POLITICA
La investigación sobre el vuelo de Scatturice se encalla entre lagunas técnicas, sospechas de connivencia y el silencio de EE. UU.

A un año del inicio de la investigación judicial por el ingreso al país de quince bultos sin controles aduaneros en un avión del exagente de inteligencia Leonardo Scatturice, la pesquisa está empantanada. Espera una respuesta que no llega de Estados Unidos y una “limitación probatoria estructural” para verificar si una llamada desde o hacia el poder abrió las compuertas de Aeroparque, según reconstruyó .
La investigación comenzó el 17 de marzo de 2025 por presunto contrabando. Pero nació con una debilidad de origen: el Bombardier Global 5000, matrícula N18RU, había aterrizado el 26 de febrero proveniente de Miami y partido el 5 de marzo hacia París con sus pilotos y su pasajera central, Laura Belén Arrieta, mano derecha de Scatturice. Los investigadores jamás pudieron revisar la aeronave, ni los bultos, y la demora de diecinueve días hasta la denuncia resultó determinante para la pérdida de evidencia crítica.
El factor tiempo sentenció la suerte de varias pruebas: se perdieron los registros de los escáneres aduaneros, cuya conservación es temporalmente acotada.
En el Gobierno, negaron primero toda irregularidad. “Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas”, dijo el vocero Manuel Adorni, quien afirmó entonces que todo el equipaje fue revisado. Pero cuando la Fiscalía aportó un dictamen que demostró que las valijas no habían sido controladas, la posición oficial descargó la responsabilidad en el personal aduanero. “Ellos deciden quién pasa y quién no” por los controles, dijo el presidente Javier Milei. “Es algo absolutamente convencional”.
Arrieta y Scatturice, cabe remarcar, participaron en la organización de la conferencia conservadora CPAC en Buenos Aires, en la que participó Milei. Y fue a través de la CPAC que Milei accedió en Estados Unidos al presidente Donald Trump, en tanto que Scatturice es ahora uno de los accionistas de Flybondi, una de las aerolíneas low-cost habilitadas en la Argentina, mientras asesora a Santiago Caputo en temas de seguridad e inteligencia.
Transcurrido un año, sin embargo, la pesquisa judicial que está en manos del juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, y el fiscal Claudio Navas Rial —con la participación del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez—, quedó en una zona de grises.
* Un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Alfredo Flores Herbas, declaró que había observado un comportamiento inusual durante el procedimiento de control realizado tras el aterrizaje. Declaró que, al descender del avión, Arrieta le entregó su teléfono a una aduanera, quien respondió con un gesto afirmativo antes de que Arrieta pasara a la zona de arribos internacionales. El Juzgado logró verificar que esa aduanera fue Cintia Vanesa Cali, aunque la baja calidad de las cámaras de la PSA y de Aeropuertos Argentina 2000 en Aeroparque no permitieron confirmar el relato de Herbas.
* Se verificó que vehículos de Royal Class -la empresa que desde 2007 quedó en medio del escándalo por el caso Antonini Wilson– y otros no identificados operaron alrededor de la aeronave. Un informe de la Policía Federal identificó al menos siete vehículos distintos —combis y camionetas de Royal Class en su mayoría— que operaron junto al Bombardier entre las 8.13 y las 9.39 de ese día, con maniobras en reversa detrás de la aeronave cuyo propósito no pudo determinarse.
Además, entre las 8.17 y las 9.29 el operador de una de las cámaras movió el encuadre de manera deliberada, perdiendo de vista la aeronave durante ese lapso crítico, antes de que la toma volviera a enfocarla con otro vehículo ya estacionado junto al avión. Hubo también otros cambios de encuadre y movimientos de cámara que impidieron observar lo ocurrido.
* Se constató también que la aduanera Cali se comunicó por teléfono con otro aduanero, Ronaldo Humberto Basiluk durante la franja horaria en que la aeronave estuvo en pista, incluida una llamada de 52 segundos a las 8:42, pero tampoco se pudo vincular de manera directa esa comunicación con una maniobra concreta de facilitación o encubrimiento de un eventual ilícito aduanero.
* Se verificó que el equipaje del avión no pasó por los escáneres. El dictamen fiscal estableció que el desvío no obedeció a congestión operativa ni a un procedimiento aleatorio del semáforo de selectividad: fue “una decisión expresa y directa del personal aduanero”, adoptada a pesar de la disponibilidad de los medios tecnológicos para realizar la inspección. En el mismo lapso —entre las 8:56 y las 9:20—, todos los demás pasajeros que ingresaron al sector fueron sometidos sin excepción al control por escáner. Los aduaneros pueden invocar el sistema de “selectividad” que los habilita, bajo ciertos parámetros operativos, a dejarlo pasar por el “canal verde”, de acuerdo a la Resolución General RG3991-E/2017.
* Se verificó que la responsable interina de la División Aeroparque de la Aduana, Silvana Abalsamo, estuvo en el salón cuando Arrieta y los pilotos salieron con el equipaje, interactuó con ellos, les dio indicaciones y sería quien autorizó su salida como “canal verde”, aunque su rol específico durante esa mañana sigue bajo investigación judicial, indicaron fuentes tribunalicias a .
* Se probó que parte del equipaje ingresó al país, aunque dos bultos declarados como “en tránsito” permanecieron a bordo de la aeronave, como lo habilita el Código Aduanero y lo habían declarado los pilotos, sin que se haya probado una violación a ese régimen dentro del hangar de Royal Class. El dictamen fiscal identificó, además, que sólo cinco bultos habían sido declarados.
A la labor del Juzgado se sumó la de los fiscales, que identificaron seis “inconsistencias significativas”: omisiones en los controles de equipaje al momento del arribo; ausencia de registros que acrediten la trazabilidad del equipaje; deficiencias en el registro migratorio de tripulantes y pasajeros; falta de documentación sobre la inmovilización y resguardo del contenido de la aeronave; ausencia del registro del vuelo en las bases de datos estatales correspondientes; y dudas respecto del aeropuerto de procedencia declarado.
La última novedad en el expediente judicial, en tanto, se registró el último sábado de marzo, cuando Telecom Personal envió un informe al Juzgado. Reportó que no es técnicamente posible determinar si Arrieta llamó o recibió una llamada por WhatsApp u otro servicio de mensaje digital durante los minutos decisivos o si navegó por Internet, envió o recibió correos electrónicos o si se conectó a redes sociales, entre otras opciones. Pero sí se constató que las líneas involucradas registraron tráfico de datos durante ese lapso crítico.
Tras recibir otros informes de la Policía Federal y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que tampoco destrabaron la pesquisa, el Juzgado espera una respuesta de las autoridades aduaneras de Estados Unidos al pedido de colaboración enviado. Quiere saber si revisaron el contenido de los bultos bajo sospecha antes del despegue del Bombardier rumbo a la Argentina. La respuesta sigue sin llegar.
“Hasta hoy no se puede probar que estemos ante una maniobra de contrabando, pero tampoco podemos descartarlo de manera definitiva”, indicó una fuente de los tribunales. “La clave sigue dependiendo de lo que puedan informar, si responden, de Estados Unidos”.
Hugo Alconada Mon,Aeroparque Jorge Newbery,Conforme a,Aeroparque Jorge Newbery,,Con ansiedad y lágrimas de alivio. Así fue el regreso de Agostina Páez a la Argentina, tras estar dos meses detenida en Brasil,,»No veía la hora de llegar». Agostina Paéz volvió a la Argentina: cómo fue su llegada y qué dijo apenas aterrizó,,“Se siente increíble volver». Agostina Páez llegó a Buenos Aires después de dos meses detenida en Brasil por racismo
POLITICA
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada recibe críticas de los obispos y separa otra vez al Gobierno y la Iglesia

Un nuevo frente de tormenta reaviva las diferencias entre el gobierno de Javier Milei y la Iglesia. La piedra de la discordia es el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que el oficialismo envió al Senado y que las comisiones ya tienen en su plan de trabajo.
La iniciativa es defendida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la Iglesia alzó su voz contra el proyecto, que modifica la ley de integración sociourbana, sancionada con amplio consenso en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y que le otorga un rol activo al Estado nacional en los procesos de regularización dominial y urbanización.
La norma vigente, que tuvo cambios en 2022, declara de interés público la integración urbana, suspende los desalojos y facilita la expropiación para garantizar el acceso a servicios básicos y títulos de propiedad a familias vulnerables, lo que se pondría en riesgo con la nueva propuesta de inviolabilidad de la propiedad privada.
La propuesta oficial modifica el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar la restitución de viviendas y terrenos. Establece un juicio sumarísimo, un trámite exprés para expulsar a quienes no paguen el alquiler, “okupas” o personas que tomen un terreno.
La Iglesia reivindica el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que permitió identificar 6467 barrios de emergencia en todo el país, con una población de cinco millones de personas. Se estima que un 20% de esos barrios tienen una antigüedad de 20 años o más.
La regulación del alcance de la propiedad privada, que el gobierno de Milei quiere consagrar como “inviolable”, constituye un debate en el que la Iglesia ha fijado históricamente su posición en distintos documentos pontificios. En la encíclica Fratelli tutti (2020) y en un mensaje enviado al año siguiente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el papa Francisco había señalado que, junto al derecho de propiedad privada, “existe el derecho previo y precedente de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes y el derecho de todos a su uso”.
El magisterio se remonta a la encíclica Rerum novarum (1891), de León XIII, en la que el bien común y el destino universal de los bienes aparecen como principios irrenunciables. Más cerca en el tiempo, al cumplirse 100 años de la Rerum novarum, Juan Pablo II definió en Centesimus Annus (1991) que la propiedad privada no es un valor absoluto y se complementa el principio del “destino universal de los bienes de la tierra”.
El arzobispo de Córdoba y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina, cardenal Ángel Rossi, planteó su preocupación hace unos días en un encuentro convocado por la Mesa de Barrios Populares de esa provincia. En su exposición, advirtió que “no hay palabras que resuman mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar’. Y llamó a comprometerse para que “toda familia tenga un techo digno, acceso a agua potable y a servicios básicos”.
Rodrigo Nespolo
El cardenal jesuita, que fue alumno de Jorge Bergoglio, dijo que “la deuda social y ambiental con los pobres de las ciudades se paga haciendo efectivo el derecho sagrado a las tres T: tierra, techo y trabajo. No es filantropía, es una obligación de todos”.
En el encuentro se advirtió que la iniciativa oficial podría afectar a 40.000 familias cordobesas. Acompañaron al cardenal Rossi el padre Melchor López, vicario de los Pobres en el Arzobispado de Córdoba; Ayelén Cabaña, referente de la organización Techo, y Débora Koraj, vecina de un barrio popular.
La organización Techo sumó su cuestionamiento al proyecto oficial y advirtió que elimina tres pilares fundamentales: la declaración de utilidad pública y expropiación, la suspensión de desalojos por diez años y la participación de cooperativas y la economía popular.
En tanto, el presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, presidió una misa en La Matanza, al cumplirse un año de la muerte del papa Francisco, y advirtió que “los barrios que no se integran se entregan al narcotráfico”. Junto con los obispos de San Justo, monseñor Eduardo García, y de Laferrere, monseñor Jorge Torres Carbonell, advirtió sobre los riesgos a los que se enfrentan los vecinos cuando no hay una presencia del Estado.
Hace dos semana y media, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas, monseñor Gustavo Carrara, expuso la posición de la Iglesia en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado y advirtió sobre el impacto social que la iniciativa puede tener en los sectores más vulnerables.
Carrara dijo que algunas modificaciones incluidas en el proyecto, como las que alcanzan a la ley de barrios populares, podrían tener un efecto regresivo y dar un paso atrás”, al dejar de lado una ley que se generó con mucho diálogo y consenso. Y pidió mantener un rol activo del Estado nacional en los procesos de regularización dominial y urbanización.
“En su momento se hablaba de erradicar las villas. Después, en el discurso se pasó a la urbanización, que fija un piso mínimo de dignidad, pero considera a los vecinos como un sujeto pasivo. El concepto de integración sociourbana dice que los pobres se pueden organizar para sacar adelante a sus familias. Se los considera protagonistas”, explicó el arzobispo de La Plata en la reunión informativa presidida por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez.
Con la colaboración de Gabriela Origlia
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Conforme a,Iglesia,,El titular del Episcopado en La Matanza. La Iglesia pidió “no acostumbrarse a la violencia, ni a naturalizar el descarte”,,Milei definió a Francisco como “uno de los argentinos más trascendentes de la historia”,,La celebración del Episcopado. Adorni encabezará la delegación de la Casa Rosada en la misa por Francisco que se hará en Luján
POLITICA
Javier Alonso: “Patricia Bullrich está nerviosa porque el gobierno está cayendo mucho en la consideración de la opinión pública”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, continuó hoy el cruce que mantuvo este sábado con la senadora y exministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, que se inició luego del robo a un nene de 12 años ocurrido en la ciudad de La Plata.
Durante una entrevista con la periodista Mariana Contartessi en Radio La Red, el funcionario de Axel Kicillof apuntó contra Bullrich y afirmó que la exministra “está nerviosa porque el gobierno está cayendo mucho en la consideración de la opinión pública”.
Además, indicó que los dichos de Bullrich responden a una estrategia política, en un contexto en el que, según él, el gobierno nacional está perdiendo respaldo en la opinión pública y crece la imagen del gobernador Kicillof. Alonso expresó que el discurso de la senadora va en sintonía a una maniobra para desviar la atención de la caída en la consideración social, y no a una preocupación técnica en materia de seguridad.
De acuerdo con Alonso, la actual ministra de Seguridad de la provincia, María Fernanda Monteoliva, cuenta con conocimientos técnicos, pero se encuentra limitada por un gobierno nacional que “no pone un peso” ni impulsa políticas concretas. A su vez, señaló que Monteoliva habría advertido la falta de fundamento en las acusaciones y, por esa razón, la vocera principal terminó siendo Bullrich. “ (Bullrich) está tratando de volver a traer la idea del baño de sangre, la idea de que es un descontrol el conurbano”, remarcó Alonso.
Durante la entrevista, Alonso sostuvo que el año pasado, la provincia de Buenos Aires registró la menor cantidad de crímenes en ocasión de robo desde el retorno de la democracia. “Desde que se contabilizan seriamente los homicidios, el año pasado fue el año con menos homicidios en ocasión de robo”, afirmó. El mandatario provincial reconoció la gravedad de cada hecho puntual y el impacto sobre las víctimas y sus familias, pero remarcó que el trabajo conjunto con los intendentes apunta a mejorar el espacio público y fortalecer los patrullajes.

Al referirse al esfuerzo operativo, Alonso destacó el alcance de los recorridos policiales: “Cada cuatro horas recorremos el setenta y cinco por ciento de las calles”, dijo, y subrayó el gasto sostenido en combustible a pesar del aumento de los precios. Para Alonso, el contraste con la ausencia de inversión nacional evidencia una diferencia de prioridades y compromiso.
El funcionario concluyó que quienes critican la situación de seguridad en la provincia deben actuar con seriedad, abandonar la política del espectáculo y priorizar la gestión. “Tienen que dejar el show, dejar las redes sociales y ponerse a gobernar en serio”, concluyó Alonso.
El violento robo a un niño de doce años ocurrido el jueves en el barrio de Tolosa, en La Plata, generó este sábado un fuerte intercambio en redes sociales entre Bullrich y Alonso. El asalto ocurrió cuando un delincuente encapuchado abordó al menor mientras se dirigía a la escuela, lo tiró al suelo y le robó sus pertenencias, entre ellas un teléfono móvil y un buzo. El episodio fue registrado por una cámara de seguridad y se viralizó en redes sociales.
Tras conocerse el caso, Bullrich utilizó su cuenta en X para cuestionar duramente la gestión del gobernador Axel Kicillof y de Alonso, a quien calificó como “no ministro”. La exministra de Seguridad criticó la respuesta de las autoridades ante el hecho, acusándolos de no actuar frente a la inseguridad y de abandonar a los ciudadanos, y reclamó mayor presencia y acciones concretas para brindar seguridad a los bonaerenses.
Alonso respondió horas después con un mensaje en el que recurrió a una frase de Néstor Kirchner para interpelar a Bullrich y defendió el trabajo realizado por la cartera de Seguridad provincial. Sostuvo que la función del ministerio no es dictar condenas, sino que esa tarea corresponde a la Justicia, y destacó el nivel de esclarecimiento de delitos alcanzado durante la gestión de Axel Kicillof. Además, recordó la colaboración de la provincia en operativos en Rosario y señaló fallas de Bullrich durante su paso por el Ministerio de Seguridad.

Para Alonso, las críticas de Bullrich forman parte de una “campaña sucia” que busca utilizar casos de inseguridad con fines políticos. El ministro cuestionó la instrumentalización de las víctimas y sugirió que estos ataques buscan desviar la atención ante la caída en la imagen del gobierno nacional. Y concluyó pidiendo a la senadora que actúe con dignidad y deje de emplear la inseguridad como herramienta electoral.
POLITICA
Atento a las últimas encuestas, el Gobierno busca retomar el protagonismo de la agenda pública y apuesta a una baja de la inflación en el corto plazo

Ante las múltiples encuestas que mostraron un impacto en el humor social por la situación económica, el Gobierno intenta recuperar los ejes de la agenda pública en medio de las investigaciones judiciales al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y apuesta además a una baja de la inflación en el corto plazo, luego de la cifra de 3,4% de marzo.
Después de su presentación de la semana pasada en el Congreso, con su informe de gestión, Adorni reaparecerá mañana con una conferencia de prensa en Casa Rosada ante periodistas. El funcionario se siente fortalecido, y el Gobierno apuesta a dar una vuelta de página para recuperar protagonismo en la agenda pública, que incluye el impulso de proyectos clave en el Congreso y el avance de reformas económicas.
Como panorama de fondo, múltiples estudios de opinión pública advirtieron sobre una baja en la percepción social de la evaluación de la gestión del presidente Javier Milei, el rumbo del Gobierno y la imagen del mandatario.
Por supuesto que las encuestas son una foto de un determinado momento de la realidad, lo que no necesariamente puede llegar a traducirse en un impacto negativo futuro para el oficialismo en las presidenciales de 2027 en las que el libertario irá por la reelección.
En medio de una situación económica fracturada, el ministro Luis Caputo dijo que hay sectores en alza, que registran un gran crecimiento, como minería y energía, al plantear que entre los dos sectores “hay casi un producto Bruto Interno (PBI)”.
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No obstante, se trata de dos actividades que aportan un bajo caudal de votos en las elecciones, porque representan menos de un millón de trabajos directos. En contrapartida con rubros como el industrial, que atraviesa por un fuerte impacto, y que emplea a muchas más personas, en lo que marca dos realidades de la economía.
Ante este panorama es que el Gobierno espera una baja de la inflación, algo que indudablemente tendrá un correlato en una mejora del humor social. El próximo 14 de mayo se conocerá el índice de inflación de abril del INDEC, que en la previa, según mediciones de consultoras privadas, sería de entre 2,4% y 2,6%, mucho menor al 3,4% de marzo.
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Justamente el Gobierno necesita un punto de inflexión en la inflación, que revierta la suba y empiece a ir hacia una tendencia a la baja. En este sentido, los alimentos aumentan a un ritmo menor que el mes anterior, y en grandes volúmenes el promedio es a la baja. Además se espera una estabilización del precio de las naftas, luego de la escalada de 30% por el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Tanto Milei como el ministro de Economía plantearon un escenario de baja de la inflación a partir de abril. El futuro del Presidente en las elecciones estará signado por la economía, y para eso necesita que este año el índice empiece con un “1″ hacia fin de año, de modo de consolidar una baja en la tendencia inflacionaria.
Manuel Adorni, Inflación
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