A un año del inicio de la investigación judicial por el ingreso al país de quince bultos sin controles aduaneros en un avión del exagente de inteligencia Leonardo Scatturice, la pesquisa está empantanada. Espera una respuesta que no llega de Estados Unidos y una “limitación probatoria estructural” para verificar si una llamada desde o hacia el poder abrió las compuertas de Aeroparque, según reconstruyó .

La investigación comenzó el 17 de marzo de 2025 por presunto contrabando. Pero nació con una debilidad de origen: el Bombardier Global 5000, matrícula N18RU, había aterrizado el 26 de febrero proveniente de Miami y partido el 5 de marzo hacia París con sus pilotos y su pasajera central, Laura Belén Arrieta, mano derecha de Scatturice. Los investigadores jamás pudieron revisar la aeronave, ni los bultos, y la demora de diecinueve días hasta la denuncia resultó determinante para la pérdida de evidencia crítica.

El factor tiempo sentenció la suerte de varias pruebas: se perdieron los registros de los escáneres aduaneros, cuya conservación es temporalmente acotada.

En el Gobierno, negaron primero toda irregularidad. “Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas”, dijo el vocero Manuel Adorni, quien afirmó entonces que todo el equipaje fue revisado. Pero cuando la Fiscalía aportó un dictamen que demostró que las valijas no habían sido controladas, la posición oficial descargó la responsabilidad en el personal aduanero. “Ellos deciden quién pasa y quién no” por los controles, dijo el presidente Javier Milei. “Es algo absolutamente convencional”.

Arrieta y Scatturice, cabe remarcar, participaron en la organización de la conferencia conservadora CPAC en Buenos Aires, en la que participó Milei. Y fue a través de la CPAC que Milei accedió en Estados Unidos al presidente Donald Trump, en tanto que Scatturice es ahora uno de los accionistas de Flybondi, una de las aerolíneas low-cost habilitadas en la Argentina, mientras asesora a Santiago Caputo en temas de seguridad e inteligencia.

Transcurrido un año, sin embargo, la pesquisa judicial que está en manos del juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, y el fiscal Claudio Navas Rial —con la participación del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez—, quedó en una zona de grises.

* Un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Alfredo Flores Herbas, declaró que había observado un comportamiento inusual durante el procedimiento de control realizado tras el aterrizaje. Declaró que, al descender del avión, Arrieta le entregó su teléfono a una aduanera, quien respondió con un gesto afirmativo antes de que Arrieta pasara a la zona de arribos internacionales. El Juzgado logró verificar que esa aduanera fue Cintia Vanesa Cali, aunque la baja calidad de las cámaras de la PSA y de Aeropuertos Argentina 2000 en Aeroparque no permitieron confirmar el relato de Herbas.

* Se verificó que vehículos de Royal Class -la empresa que desde 2007 quedó en medio del escándalo por el caso Antonini Wilson– y otros no identificados operaron alrededor de la aeronave. Un informe de la Policía Federal identificó al menos siete vehículos distintos —combis y camionetas de Royal Class en su mayoría— que operaron junto al Bombardier entre las 8.13 y las 9.39 de ese día, con maniobras en reversa detrás de la aeronave cuyo propósito no pudo determinarse.

Además, entre las 8.17 y las 9.29 el operador de una de las cámaras movió el encuadre de manera deliberada, perdiendo de vista la aeronave durante ese lapso crítico, antes de que la toma volviera a enfocarla con otro vehículo ya estacionado junto al avión. Hubo también otros cambios de encuadre y movimientos de cámara que impidieron observar lo ocurrido.

* Se constató también que la aduanera Cali se comunicó por teléfono con otro aduanero, Ronaldo Humberto Basiluk durante la franja horaria en que la aeronave estuvo en pista, incluida una llamada de 52 segundos a las 8:42, pero tampoco se pudo vincular de manera directa esa comunicación con una maniobra concreta de facilitación o encubrimiento de un eventual ilícito aduanero.

* Se verificó que el equipaje del avión no pasó por los escáneres. El dictamen fiscal estableció que el desvío no obedeció a congestión operativa ni a un procedimiento aleatorio del semáforo de selectividad: fue “una decisión expresa y directa del personal aduanero”, adoptada a pesar de la disponibilidad de los medios tecnológicos para realizar la inspección. En el mismo lapso —entre las 8:56 y las 9:20—, todos los demás pasajeros que ingresaron al sector fueron sometidos sin excepción al control por escáner. Los aduaneros pueden invocar el sistema de “selectividad” que los habilita, bajo ciertos parámetros operativos, a dejarlo pasar por el “canal verde”, de acuerdo a la Resolución General RG3991-E/2017.

* Se verificó que la responsable interina de la División Aeroparque de la Aduana, Silvana Abalsamo, estuvo en el salón cuando Arrieta y los pilotos salieron con el equipaje, interactuó con ellos, les dio indicaciones y sería quien autorizó su salida como “canal verde”, aunque su rol específico durante esa mañana sigue bajo investigación judicial, indicaron fuentes tribunalicias a .

* Se probó que parte del equipaje ingresó al país, aunque dos bultos declarados como “en tránsito” permanecieron a bordo de la aeronave, como lo habilita el Código Aduanero y lo habían declarado los pilotos, sin que se haya probado una violación a ese régimen dentro del hangar de Royal Class. El dictamen fiscal identificó, además, que sólo cinco bultos habían sido declarados.

A la labor del Juzgado se sumó la de los fiscales, que identificaron seis “inconsistencias significativas”: omisiones en los controles de equipaje al momento del arribo; ausencia de registros que acrediten la trazabilidad del equipaje; deficiencias en el registro migratorio de tripulantes y pasajeros; falta de documentación sobre la inmovilización y resguardo del contenido de la aeronave; ausencia del registro del vuelo en las bases de datos estatales correspondientes; y dudas respecto del aeropuerto de procedencia declarado.

La última novedad en el expediente judicial, en tanto, se registró el último sábado de marzo, cuando Telecom Personal envió un informe al Juzgado. Reportó que no es técnicamente posible determinar si Arrieta llamó o recibió una llamada por WhatsApp u otro servicio de mensaje digital durante los minutos decisivos o si navegó por Internet, envió o recibió correos electrónicos o si se conectó a redes sociales, entre otras opciones. Pero sí se constató que las líneas involucradas registraron tráfico de datos durante ese lapso crítico.

Tras recibir otros informes de la Policía Federal y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que tampoco destrabaron la pesquisa, el Juzgado espera una respuesta de las autoridades aduaneras de Estados Unidos al pedido de colaboración enviado. Quiere saber si revisaron el contenido de los bultos bajo sospecha antes del despegue del Bombardier rumbo a la Argentina. La respuesta sigue sin llegar.

“Hasta hoy no se puede probar que estemos ante una maniobra de contrabando, pero tampoco podemos descartarlo de manera definitiva”, indicó una fuente de los tribunales. “La clave sigue dependiendo de lo que puedan informar, si responden, de Estados Unidos”.