Mauricio Macri encabezó este viernes en San Salvador de Jujuy la sexta edición de “Próximo Paso”, el ciclo de encuentros federales del PRO, en un contexto de tensión entre el partido y La Libertad Avanza, sobre todo por los recortes en materia de discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 y la falta de alianzas en diferentes distritos del país.

Antes del acto central, realizado en el Hotel Altos de la Viña, Macri mantuvo una reunión institucional con el gobernador Carlos Sadir en la Casa de Gobierno provincial. Luego visitó el Centro Cultural Lola Mora y finalmente, en el Hotel Altos de la Viña, encabezó el encuentro de presidentes del PRO del NOA, con referentes de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, más invitados de otras provincias.

La jornada incluyó dos actividades previas al acto central: una de PRO Mujeres, conducida por la titular Carolina Barone, y otra de la Juventud del PRO, a cargo de Pilar Brown y de la diputada nacional Antonela Giampieri. El acto arrancó con la bienvenida de la presidenta del PRO provincial, Claudia Machaca, acompañada por los titulares partidarios del NOA, y siguió con las palabras de Luciano Angelini, presidente de la Fundación Pensar Jujuy.

El cierre del encuentro en Jujuy estuvo a cargo de De Andreis y del propio Macri.

“Nosotros apoyamos a este Gobierno, quizás como nunca nadie lo hizo sin ser gobierno. Para que ganaran, para que saquen las leyes que se necesitan para transformar y poner al Estado al servicio de la gente, y no de políticos corruptos que se enriquecen cada vez que llegan al gobierno. Pero todavía queda mucho por hacer: hemos logrado empezar a tener un equilibrio económico, reducir el déficit fiscal y transformarlo en superávit, y todavía tenemos que trabajar en reducir la inflación para que llegue a un dígito anual y que accedamos al crédito”, expuso Macri.

Por otro lado, destacó que Argentina “necesita un superávit fiscal de calidad”. Consideró que si bien, al superávit, “el Presidente lo ha logrado con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia de la Argentina y diría de la humanidad”, el mismo “es de baja calidad”.

“Si el Presupuesto no puede incluir mantener la infraestructura que tenemos y construir nueva, es que está mal hecho el Presupuesto. Pero son años de populismo que han sostenido subsidios, y desmontar toda esa situación de subsidios dañinos, perversos y tramposos lleva su tiempo. Pero falta hacerlo, y ese es el próximo paso”, evaluó.

Lejos de una posible candidatura, Macri aclaró que hoy en día su rol en el PRO “es tratar de ser mentor”.

“Estamos acá porque seguimos apostando a la gestión, a prepararnos para gobernar en cada lugar. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Queremos tener un candidato a intendente en cada ciudad del país”, manifestó.

“Próximo Paso NOA” fue la sexta parada de la gira que el PRO viene desarrollando durante 2026. Antes de Jujuy, el ciclo pasó por Resistencia (Chaco), Mendoza, Santa Fe, Vicente López y Mar del Plata, con el lanzamiento oficial en Parque Norte en marzo pasado.

Días de tensión entre el PRO y el oficialismo

En paralelo a la reaparición de Macri, el economista Hernán Lacunza continúa con su campaña en modo precandidato presidencial. Esta semana publicó una foto en sus redes, acompañado -entre otros- por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el exsenador Alfredo De Angeli, el presidente del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling Lara; y el expresidente del PRO, Humberto Schiavoni. Se trata, en su mayoría, de dirigentes que rechazan una alianza con La Libertad Avanza.

El pasado miércoles, el PRO difundió un comunicado con cuestionamientos políticos al oficialismo. “En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó. Y volvió a hacerlo al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones”, se afirmó en el texto.

En la publicación se remarcó que “la discapacidad debe ser abordada como una verdadera política de Estado, con previsión, responsabilidad y respuestas sostenidas”, y concluyó con una advertencia: “Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos”.

El secretario general del partido y diputado nacional Fernando de Andreis fue un paso más allá. “En esta se equivocaron”, indicó en X, y argumentó que la discapacidad alcanza a casi el 13% de la población, con miles de familias expuestas a situaciones que pueden ser “desesperantes”.

El dirigente, mano derecha de Macri, también delimitó el rol del PRO ante el conflicto: ser “el guardarraíl del Gobierno cuando algunas de sus acciones lo llevan a desviarse del rumbo” y, al mismo tiempo, una barrera contra quienes buscan usar el tema “con fines electorales”.

Reunión en Casa Rosada

En este contexto el jefe de Gabinete Diego Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, recibieron el jueves en Casa Rosada al jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y al propio De Andreis. El cónclave —el cuarto encuentro formal desde que institucionalizaron el canal de diálogo quincenal— estuvo a punto de suspenderse: desde el macrismo admitían en la previa que “no hay muchos temas para hablar”.

Sin embargo, la reunión terminó durando más de dos horas. Buena parte de ese tiempo estuvo dedicada a seguir en tiempo real el debate en el Congreso sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El dato del Indec que se conoció esa tarde también ocupó parte de la agenda: la pobreza subió a 32,3% en el primer semestre de 2026, 4,1 puntos porcentuales por encima del período anterior. A la salida, Ritondo reconoció que “hablar de un acuerdo electoral también está lejos”, aunque ratificó que el PRO va “a garantizar el blindaje del cambio”.

Presionado por propios y ajenos, el oficialismo terminó dando marcha atrás a los cambios en discapacidad. La Casa Rosada presentó una iniciativa alternativa que conserva el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, incorpora actualizaciones mensuales por inflación para las pensiones no contributivas por discapacidad y garantiza la continuidad de la cobertura médica para los beneficiarios.

La nueva redacción le permitió a La Libertad Avanza (LLA) reconstruir parte de la negociación parlamentaria: el oficialismo obtuvo un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de Diputados, con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros sectores dialoguistas. “Cambia completamente la discusión”, describieron desde el macrismo al conocer los cambios.

Hernán Lacunza,Propuesta Republicana

La Corte Suprema de Justicia determinó que el exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay desde 2024, siga siendo investigado en dos causas que tramitan por separado en la justicia federal argentina y en la justicia provincial de Entre Ríos. Uno de los expedientes es por presunto enriquecimiento ilícito y el otro, por presuntos sobornos.

En lo formal, el fallo del máximo tribunal rechazó el planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal n° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, y dispuso que, por ahora, sigan tramitándose en forma separada dichas investigaciones contra el exlegislador.

La resolución, fechada el 23 de septiembre de 2026, fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se remitió al Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia.

Kueider fue arrestado en 2024, junto a su secretaria, en el puente internacional que une Argentina con Paraguay, con más de 200 mil dólares sin declarar. En Paraguay fue condenado por tentativa de contrabando de dinero y se lo investiga por lavado. En la Argentina, en tanto, enfrenta dos causas que ahora la Corte determinó que sigan su curso.

Las causas argentinas contra Kueider

La primera causa contra Kueider tramita en los tribunales federales de San Isidro, donde la jueza Arroyo Salgado investiga sobornos pagados por la empresa de seguridad privada Securitas a distintos organismos públicos y privados, nacionales y provinciales. Entre ellos figura ENERSA, la empresa estatal de distribución eléctrica de Entre Ríos, que Kueider integraba como representante de la provincia con derecho a voto. La jueza también analiza posibles delitos conexos, como cohecho, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de dinero.

La segunda se lleva adelante en el juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, que investiga si Kueider incrementó de manera apreciable y no justificada su patrimonio entre 1999 y 2019, período en el que ejerció cargos en el gobierno municipal y provincial. Según el dictamen, esa causa se abrió formalmente por enriquecimiento ilícito, por la presunta adquisición de bienes muebles e inmuebles.

El conflicto entre expedientes es que ambas causas tendrían una conexión. La denuncia en Entre Ríos tuvo su origen por parte de un periodista contra Kueider, entonces senador nacional: lo acusó de estar comprometido en hechos de corrupción que le habrían permitido incrementar su patrimonio, y mencionó que sería dueño de la mitad de las acciones de una sociedad anónima con la que habría adquirido departamentos y cocheras en un edificio de Paraná. Ese edificio fue construido por dos hermanos que, a su vez, habían sido imputados en San Isidro por sobornar a integrantes de ENERSA para obtener un contrato a favor de Securitas. Por esa relación, el juzgado federal ordenó acumular la denuncia a la causa principal, aunque mantuvo su trámite por separado.

Más tarde, el fiscal federal planteó la inhibitoria del juzgado de Entre Ríos, y Arroyo Salgado la aceptó y libró un oficio para que el tribunal provincial no avanzara sobre el período 2015-2019. Alegó conexidad con la causa Securitas y riesgo de doble persecución penal, ya que el enriquecimiento ilícito es una figura subsidiaria, y sostuvo que en el fuero federal se investigan “acontecimientos históricos que explicarían en mejor medida” el aumento patrimonial. También invocó razones de economía procesal.

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Pero el juez provincial, Edwin Ives Bastian, titular del Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, rechazó inhibirse. Sostuvo que el enriquecimiento ilícito de un funcionario en cargos provinciales es materia local, que el auto de mérito de la causa Securitas no describe con precisión la participación de Kueider, y que no se trata del mismo hecho histórico. La Cámara de Apelaciones entrerriana confirmó esa decisión y precisó que, en la causa federal, la intervención de Kueider sería posterior a abril de 2019, mientras que en el fuero local se analizan incrementos patrimoniales desde 1999. La jueza federal insistió y elevó el conflicto a la Corte.

En su dictamen del 28 de mayo de 2026, el procurador general interino Eduardo Casal recomendó rechazar el planteo. Consideró que “un incremento patrimonial puede tener las más diversas causas”. Casal señaló además que la pretensión federal no tiene en cuenta que, mientras integraba ENERSA, Kueider seguía siendo secretario general de la gobernación de Entre Ríos. Y que ni los hechos de la causa Securitas ni el presunto blanqueo de su producto excluyen que en ese tiempo hayan ocurrido otros hechos penalmente relevantes al alcance de la justicia local.

El Procurador reconoció la inquietud de la jueza federal por el riesgo de doble juzgamiento, pero entendió que la inhibitoria no era la decisión adecuada. La Corte Suprema, entonces, ahora resolvió “de conformidad con lo dictaminado” por el Procurador interino. Así, rechazó el planteo de inhibición del Juzgado Federal n° 1 de San Isidro y ordenó comunicar la decisión al Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, por lo que ambas causas contra Kueider seguirán su curso en paralelo.

Edgardo Kueider, Corrupción, enriquecimiento ilicito, Corte Suprema