POLITICA
Fuerte contrapunto entre dos altos oficiales de la Armada por el estado del ARA San Juan antes de la tragedia
RIO GALLEGOS.- EL excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide calificó de impreciso e inexacto el informe que realizó el contraalmirante Eduardo Pérez Bacchi, quien en su rol de Inspector General de la Armada en 2017, puso en tela de juicio el estado en que se encontraba el submarino ARA San Juan. Impugnó el documento durante la ampliación de la declaración de indagatoria que brindó -a pedido de su defensa- ante el Tribunal Oral Federal Criminal de Río Gallegos que investiga el hundimiento del buque.
Villamide, quien fue destituido de la Armada en un juicio militar y se encuentra ahora procesado, declaró por más de dos horas y exhibió documentación para respaldar sus dichos, a la vez que se mostró emocionado y, por momentos, enojado. “Siento mucha bronca”, resumió sobre el final de la indagatoria ante una pregunta del presidente del tribunal, Mario Reynaldi, quien le ofreció detener la declaraciones y le recordó que podría volver a ampliarlas a lo largo del juicio.
Su abogado defensor, Juan Pablo Vigliero, le consultó si se había sentido escuchado estos años, ante lo cual el extitular del arma submarina aseguró: “Cuando fui a dar mi primera declaración indagatoria, en Caleta Olivia, llevé todo esto y veía todas las cajas de los allanamientos que se habían efectuado al Comando de la Fuerza de Submarinos y otros organismos sin abrir y con fajas selladas, todo fajado”, al advertir que probablemente no habían sido analizadas. “Yo decía cosas, me miraban y me cansé de decir esto, y mi abogado [también se cansaba] de presentar escritos”.
Villamide recordó que expuso ante la Comisión Bicameral del Congreso creada para investigar la tragedia y tras su presentación un diputado le preguntó por qué no había concurrido antes. Ante lo cual, respondió: “Nadie me llamó, no me llamaban a Caleta Olivia, no me llamaban a ningún lado, yo era el comandante de la fuerza de submarinos, el almirante [Marcelo] Srur, jefe de la Armada, no me llamaba, el ministro de Defensa [Oscar Aguad] nunca me llamó. Yo podría haber explicado cosas”.
La indagatoria, que tuvo lugar el jueves, surgió luego de que en la sexta audiencia del juicio el contraalmirante Pérez Bacchi, quien asumió como Inspector General de la Armada el 27 de diciembre de 2016, se explayara sobre una auditoría sobre el submarino que había dictaminado que las fallas encontradas en el equipamiento operativo del ARA San Juan dificultaban su capacidad para cumplir con los planes navales en vigor, y aseguró que el submarino operaba con “fallas de seguridad no subsanadas”.
La ampliación indagatoria de Villamide apuntó a rebatir aspectos técnicos y operativos a los que se refirió Pérez Bacchi en la audiencia anterior. “En esa exposición había ciertas imprecisiones e inexactitudes. El informe expresa una situación… como una fotografía que está un poco atrasada y no representa la película a octubre de 2017”, resumió.
Y, en referencia a Perez Bacchi, preguntó “si el almirante creía que había riesgos institucionales, si él tenía la percepción de que había riesgos institucionales y él era almirante de la Armada, ¿por qué no lo dijo antes?, ¿porqué no se opuso a que el submarino zarpara?”.
Villamide cuestionó que Pérez Bacchi realizara una inspección en el Comando de la Fuerza de Submarinos en Mar del Plata, cuando él y gran parte de la Armada se encontraban embarcados en la búsqueda del ARA San Juan. “El informe presentaba ciertas imprecisiones porque no contó con submarinistas, los que no fueron a bordo».
“Tal vez recibieron demasiada información o no lograron interpretar algo”, dijo Villamide, al relativizar las conclusiones de las inspecciones conocidas después del naufragio. “Nunca dijo nada antes”, remarcó.
La indagatoria se concentró en contestar los puntos observados en el informe de los inspectores en 2016. Uno de ellos marcaba las deficiencias en su equipamiento operativo. “En febrero de 2017, la fuerza ya contaba con las radiobalizas. El ARA zarpó en octubre de 2017 con el nuevo modelo de radiobalizas”, afirmó. Y, sobre el ingreso de agua por el interior de los cables, remarcó que “al momento de la zarpada, ya estaba resuelto”.
En relación con la falta de pirotecnia en el submarino, para eventuales señales de alarma y pedidos de auxilio, Villamide explicó que el ARA San Juan contaba con radiobalizas, “un elemento mucho más moderno y superador”.
En tanto, sobre el tronco de embarque de torpedo, que presentaba una pérdida del 40% al 60% de su espesor de casco resistente, aseguró que un informe técnico de la empresa supervisora indicaba que se encontraba en buenas condiciones, pero que como estaba en inglés, se demoró su traducción.
Otro de los aspectos del informe técnico refería que los materiales utilizados en la reparación de media vida no eran adecuados o de baja calidad, “esto no es así” afirmó y que los repuestos habían sido provistos y controlados por el Proyecto Submarino, y es refirió a lo declarado por testigos en el juicio.
Acerca del cuestionamiento sobre el estado de los equipos que miden el oxígeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono, Villamide aseguró que la empresa Service Instrument SA efectuó la calibración de la central marca Draguer –incorporada durante la reparación de media vida- y expidió los tres certificados correspondientes en junio de 2017. En tanto que sobre el planteo que los trajes de escape tenían fechas vencidas, aseguró que los trajes vencían entre el 2020 y el 2021.
Otro punto en cuestionamiento al estado del submarino era la limitación de la vida útil de las baterías, a lo que Villamide refutó que en 2017 dichas baterías aún estaban en garantía y la empresa responsable había calificado que se encontraban con una capacidad operativa que alcanzaba el 94% y 97%, respectivamente. Frente al incumplimiento de la inspección de carenado que debía realizarse a los 24 meses, aseguró que esta situación no afectaba la seguridad del buque y repitió que ya tenía fecha de entrada a dique para el primer semestre del 2024
Villamide fue interrogado por los jueces del tribunal acerca de la prueba con la válvula CO-19, que el capitán Pedro Fernández, comandante de la nave, realizó en la navegación de julio, considerado hoy el lugar por el que se habría desencadenado la tragedia de noviembre. “Respecto de la prueba de la ECO-19 no me pidió permiso, pero si me lo informó. La hizo en condiciones de seguridad. No produjo ninguna avería ni ningún inconveniente al buque”, aseguró. Y reiteró que “la prueba fue efectuada en condiciones de seguridad”.
pic.twitter.com/H70VgDvhmI,April 10, 2026,Conforme a
POLITICA
El gobierno de Kicillof no descarta una foto con Milei durante la visita del Papa, pero reclama los fondos adeudados
El gobierno de Axel Kicillof no descartó que el gobernador coincida con el presidente Javier Milei durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, afirmó que no existen objeciones a un cruce institucional, aunque aclaró que los actos por la gira papal no serán el ámbito para discutir los reclamos pendientes de la Provincia ante la Nación.
“Respecto de una posible foto con Milei, nosotros no tenemos ningún problema”, sostuvo Bianco este lunes desde la Sala de Conferencias de la Gobernación provincial en La Plata, al ser consultado sobre un acercamiento Milei-Kicillof.
El funcionario explicó que Kicillof participará en las actividades que se acuerden con el Vaticano y señaló que la administración bonaerense ya trabaja en la organización junto con el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Asesores del Gobernador. De hecho, el propio Bianco mantuvo una reunión multidistrital en la que también participó la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de ordenar la logística ante la llegada del Papa.
Javier Milei y Axel Kicillof coincidieron por primera vez el 19 de diciembre de 2023, cuando el Presidente recibió en la Casa Rosada a los 23 gobernadores y al entonces jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; volvieron a participar de una convocatoria nacional el 8 de marzo de 2024, en una reunión con mandatarios provinciales organizada en la Casa Rosada por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos; y el 12 de marzo de 2025 coincidieron en Bahía Blanca, durante la emergencia provocada por el temporal e inundación del 7 de marzo, cuando Milei recorrió la ciudad y Kicillof encabezaba el operativo de asistencia de la provincia.
La agenda de León XIV incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. En ese marco, el Gobierno nacional decretó un feriado nacional para el 9 de noviembre y estableció jornadas no laborables diferenciadas en los distritos que el pontífice visitará durante su estadía.
La posibilidad de una coincidencia entre Kicillof y Milei surge en una agenda que tendrá actos oficiales, celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores. El presidente recibirá al Papa el domingo 8 de noviembre en la Casa Rosada, luego de su llegada al Aeroparque Jorge Newbery.
La Provincia prepara su participación en las actividades con el Vaticano
Bianco aseguró que el Ejecutivo bonaerense tiene previsto intervenir en todas las instancias que se definan con las autoridades eclesiásticas. “El gobernador va a participar en todas las actividades”, afirmó al referirse a las negociaciones abiertas para cerrar el cronograma.
Según explicó, la Provincia articula el operativo con el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Jefatura de Asesores, que concentra las cuestiones relacionadas con los cultos religiosos. El dispositivo deberá contemplar la llegada de peregrinos y la coordinación de las actividades previstas en territorio bonaerense, entre ellas la misa que León XIV celebrará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
La recorrida del Papa comenzará el 8 de noviembre. Tras aterrizar a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Florida, Uruguay, visitará el Monumento al General San Martín en la Plaza San Martín. Luego se reunirá con Milei en la Casa Rosada y participará de un acto en el Palacio Libertad con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil. Luego, el lunes 9 de noviembre, el sumo pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Ahí participará el gobernador bonaerense. Seguidamente, presidirá a las 11:30 una misa frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), se reunirá con líderes religiosos en el Palacio San Martín y participará de vísperas en la Catedral Metropolitana.
Mientras tanto, el Gobierno nacional formalizó el cronograma de feriados mediante un decreto de necesidad y urgencia firmado por Milei y publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida invoca razones de seguridad, logística y ordenamiento del tránsito ante la magnitud de los eventos previstos.
El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la misa en Palermo. El martes 10 será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba, donde el Papa celebrará una ceremonia en la Escuela de Aviación Militar. El miércoles 11 será jornada no laborable solo en la provincia de Buenos Aires, debido a la misa de cierre en Luján que prevén en el gobierno provincial será multitudinaria.
Además, el decreto firmado por Milei creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El organismo tendrá como objetivo planificar, articular y conducir las tareas necesarias para el desarrollo de la gira apostólica. Estará encabezado por un funcionario con rango de secretario, que ejercerá el cargo ad honorem, y tendrá vigencia de hasta 12 meses.
El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, convocó a 20 mil voluntarios para colaborar con el operativo. Según informó, ya había alrededor de 14 mil inscriptos. También anticipó que quienes participen tendrán acceso gratuito a la red SUBE durante los días de la visita.
“Más allá de lo que cada uno piensa sobre el Presidente, es un presidente constitucional en un sistema democrático votado por el pueblo”, sostuvo Bianco. Pese a mostrar predisposición ante un eventual encuentro con Milei, el ministro de Gobierno bonaerense diferenció una posible aparición compartida en una ceremonia de una reunión formal entre los gobiernos nacional y provincial. “Ese no va a ser el contexto para tener una reunión de gestión de trabajo”, remarcó. Recordó que Kicillof pidió públicamente “cinco o seis veces” una audiencia con Milei. También afirmó que él mismo solicitó una reunión con su par nacional, Diego Santilli, para revisar asuntos vinculados con la administración de la Provincia.
A la par, 13 gobernadores de distintas provincias y buena sintonía con el gobierno nacional se preparan para participar de la Argentina Week París. Como contó Infobae, los mandatarios que formarán parte de la comitiva son: Jorge Macri (CABA), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut). La Casa Rosada buscará, entre otros puntos, regresar de la gira con la garantía de que los gobernadores se moverán en el Congreso para eliminar las PASO.
Mientras, en Buenos Aires, el ministro de Gobierno volvió a cuestionar los recortes dispuestos por la Nación y aseguró que el Gobierno nacional le debe a Buenos Aires $28,4 billones. El reclamo por esos recursos forma parte de la agenda que el Ejecutivo provincial pretende discutir con la Casa Rosada desde la primera etapa de la gestión de Javier Milei. Una pretensión que, de momento, es infructuosa.
POLITICA
El fiscal Pollicita pidió reconstruir el patrimonio de Adorni desde 1998 y verificar sus billeteras virtuales
El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió el rango temporal de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y solicitó además verificar sus billeteras virtuales, preservadas por claves secretas que el acusado entregó a la Justicia.
Pollicita le había requerido al exfuncionario que justificara su patrimonio, Adorni presentó la semana pasada un escrito en respuesta a esa solicitud y ahora el fiscal ordenó reconstruir los ingresos y el patrimonio de su matrimonio con Bettina Angeletti desde que cada uno alcanzó la mayoría de edad: el 28 de febrero de 1998, en el caso de él, y el 10 de octubre de 2000, en el de ella.
Hasta ahora, la pesquisa abarcaba el período iniciado el 1° de enero de 2012.
En ese escrito de la semana pasada, que el abogado de Adorni, Matías Ledesma, entregó a la Justicia, la defensa sostuvo que el capital que el exfuncionario aplicó a la compra de bitcoins a partir de 2014 provenía de un ahorro familiar consolidado por años con el producto de la actividad profesional de ambos cónyuges. Para corroborar esa explicación, Pollicita dispuso una batería de medidas sobre el período 1998-2011.
El fiscal pidió a la Anses la historia laboral completa de ambos, con aportes, remuneraciones, empleadores y la actividad que hubieran ejercido como autónomos o monotributistas.
Requirió a los registros de la Propiedad Inmueble porteño y bonaerense todos los inmuebles que tuvieron a su nombre, con los datos de las escrituras y los escribanos intervinientes.
También solicitó a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor los vehículos que figuraron a su nombre. A la Inspección General de Justicia y a su par bonaerense les preguntó si integraron sociedades, asociaciones o fundaciones.
A los consejos profesionales de Ciencias Económicas de la ciudad y la provincia les consultó si ambos estuvieron matriculados.
Además, Pollicita le pidió al juez federal Ariel Lijo que amplíe el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti para ese período.
Con esa autorización, ARCA deberá informar sus declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, los regímenes en los que estuvieron inscriptos y la información aportada por terceros. También deberá informar si adhirieron a blanqueos o moratorias, con los bienes y montos exteriorizados.
El fiscal pidió además el detalle de todas las compras de dólares registradas, validadas o rechazadas a nombre de ambos entre 2011 y 2015, es decir, durante el cepo cambiario, con el destino que declararon y el resultado de la validación del organismo.
La apertura de las billeteras
Adorni informó la existencia de ocho direcciones de bitcoin con las que Adorni habría operado, según su versión, antes de llegar a la función pública, entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018.
Según esa explicación, la liquidación de esas critomonedas le habría reportado 591.544,61 dólares.
Con ese dinero, Adorni justificó los dólares en efectivo que incluyó como “venta de activos” en su declaración jurada inicial (rectificada) de 2023.
La defensa acompañó actas de escribano según las cuales Adorni firmó las ocho direcciones ante el escribano Flavio Murruni y entregó a Ledesma, en un sobre cerrado y lacrado, las claves privadas, que solo podrán abrirse por orden judicial.
Pollicita convocó al abogado Ledesma a presentarse en la fiscalía con el perito de parte, el sobre y una computadora portátil propia.
Allí, el especialista de la defensa deberá ingresar a las billeteras mediante programas como Sparrow o Electrum y firmar, en cada una de las ocho direcciones, un mensaje que la fiscalía le entregará en ese mismo momento.
Luego, personal técnico de la Policía Federal hará una verificación criptográfica de cada firma y dejará constancia del resultado.
El procedimiento será grabado y las claves privadas quedarán resguardadas: solo la defensa tendrá acceso a ellas.
Para evitar eventuales planteos, el fiscal pidió al juez que autorice la medida. Si la aprueba, se fijará fecha y hora con la defensa.
presentó la semana pasada,Hernán Cappiello,Manuel Adorni,Gerardo Pollicita,Conforme a
POLITICA
Discapacidad: LLA retrocedió con el recorte y logró un dictamen para avanzar con una ley propia
La Libertad Avanza junto a sus aliados logró revertir una compleja situación en el debate de los fondos para el colectivo de personas con discapacidad.
En el plenario de comisiones de Discapacidad y Presupuesto que la oposición forzó a realizar con la intención de obtener un dictamen que le permita prorrogar por un año la Ley de Emergencia en Discapacidad, el bloque de LLA anunció su proyecto el cual toma varios de los puntos de la ley de Emergencia y se contrapone al Capítulo 6 del proyecto de Presupuesto Nacional que, básicamente, desfinancia y elimina buena parte de los derechos del sector.
El proyecto fue presentado por la ex diputada del PRO hoy de LLA, Laura Rodríguez Machado, quien señaló que el texto era “superador” y que respetaba buena parte de lo que estaba establecido en la ley de emergencia. “No venimos a demonizar la emergencia sino a establecer una ley”.
El texto circuló en los minutos previos y generó el primer debate entre los diputados ya que unos entendían que el mismo no podía ser tratado porque no había sido ingresado.
Sin embargo, el oficialismo -que aunque se mostró triunfador el proyecto le significó una derrota respecto de su posicionamiento los últimos 12 meses- logró contener a los socios y obtuvo 41 firmas con el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan); y el MID, La Neuquinidad y Argentina Federal, que sumaron sus firmas pero con disidencias, básicamente, porque persiste en estos bloques las dudas respecto al cumplimiento del financiamiento.
Por el lado de la oposición las firmas las pusieron Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca y el Frente de Izquierda.
Al final, el oficialismo sumó 42 firmas y la oposición 36, lo que significa que cuando el tema llegue al recinto será el proyecto de LLA el que se tratará en primer término y, si no consigue los votos, cederá el debate a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Mientras se iban recogiendo firmas, la oposición fue encadenando discursos de los opositores que empujan la prórroga. La primera fue María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, quien no solo hizo referencia con cierto sarcasmo que celebraba el cambio de opinión del oficialismo pero que desconfiaba del mismo. “El proyecto que plantea el oficialismo no fue tratado en esta comisión. No tiene el análisis de los diputados ni de las organizaciones y colectivos”, dijo la jujeña que después señaló que “primero tenemos que dar la discusión presupuestaria porque no fue sacado el Capítulo 6”.
En esa línea, el diputado Eduardo Valdez, quien dijo que “nos hubiera gustado resolver antes la situación del colectivo de personas con discapacidad. No nos gustan las emergencias, nos obligaron a la emergencia. Sinceramente es difícil trabajar bien cuando nos corren permanentemente el arco. Me encantaría votar este tema por unanimidad, hasta sería un gran ejemplo antes que llegue el Papa. Pero retiren el presupuesto del parlamento, pongan las partidas de discapacidad con la firma de Caputo, y les vamos a creer”.
Germán Martínez, presidente del bloque peronista, señaló que si el oficialismo quería trabajar a favor de los discapacitados “el artículo 1 del proyecto debería decir que sigue la Emergencia y después todo lo demás. Con este dictamen del oficialismo no habrá ni un solo juez del país que tome una decisión sobre la Emergencia”.
Por la Coalición Cívica fue Maximiliano Ferraro quien le apuntó al oficialismo diciendo que “no nos tomen el pelo. El Gobierno y sus diputados dieron una verdadera vuelta carnero en el aire después de haber enviado un Presupuesto que buscaba destruir la homogeneidad de las prestaciones y recortar derechos de las personas con discapacidad, y luego de que tuviéramos que obligarlos a emplazar a las comisiones para que el tema pudiera avanzar”.
“Durante un año incumplieron la Ley de Emergencia, les faltaron el respeto a las familias y abandonaron a terapeutas y prestadores”. “Hoy pretenden lavarse la cara y saldar culpas con el dictamen que impulsan. Pero no puede pasar inadvertida la intención que tuvieron, los 15 procesados en la ANDIS por corrupción, ni el abandono y los incumplimientos hacia las personas con discapacidad y sus familias”, agregó.
Pero el que quizás graficó mejor el cambio de posicionamiento de LLA respecto a Discapacidad fue el diputado de origen radical Pablo Juliano quien hizo un punteo de la “copia” de la ley de Emergencia en Discapacidad que la oposición propone prorrogar por un año, pero evitando que la instancia jurídica de la emergencia continúe vigente un año más.
“¿A quién le tenemos que creer? Al presupuesto que mandó Caputo o a Silvana Giúdici que dice que se necesita una política pública y sustentable, total acá (la diputada libertaria) dice una palabra y luego mañana dice otra. Piden seguridad jurídica, pero es la que nosotros decimos que piden los familiares»
El dictamen
Según estipula el artículo 1 de la nueva propuesta del oficialismo, el objetivo de la reforma es “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”.
A diferencia de la propuesta incluida en el proyecto de Presupuesto 2027, el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad seguirá vigente y se continuará actualizando por inflación de manera mensual como en la actualidad. Los beneficiarios tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. Además, por pedido de la oposición, la pensión será compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles. A su vez, quienes empleen personas con discapacidad por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos.
Uno de los principales reclamos de las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad giraba en torno a la eliminación del nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado porque hubiera implicado que cada obra social, prepaga o provincia fijara sus propios valores. Sin embargo, el nuevo dictamen del oficialismo ratifica ambas cuestiones, tal como están en la actual ley de Emergencia en Discapacidad.
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