POLITICA
Fuerte contrapunto entre dos altos oficiales de la Armada por el estado del ARA San Juan antes de la tragedia
RIO GALLEGOS.- EL excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide calificó de impreciso e inexacto el informe que realizó el contraalmirante Eduardo Pérez Bacchi, quien en su rol de Inspector General de la Armada en 2017, puso en tela de juicio el estado en que se encontraba el submarino ARA San Juan. Impugnó el documento durante la ampliación de la declaración de indagatoria que brindó -a pedido de su defensa- ante el Tribunal Oral Federal Criminal de Río Gallegos que investiga el hundimiento del buque.
Villamide, quien fue destituido de la Armada en un juicio militar y se encuentra ahora procesado, declaró por más de dos horas y exhibió documentación para respaldar sus dichos, a la vez que se mostró emocionado y, por momentos, enojado. “Siento mucha bronca”, resumió sobre el final de la indagatoria ante una pregunta del presidente del tribunal, Mario Reynaldi, quien le ofreció detener la declaraciones y le recordó que podría volver a ampliarlas a lo largo del juicio.
Su abogado defensor, Juan Pablo Vigliero, le consultó si se había sentido escuchado estos años, ante lo cual el extitular del arma submarina aseguró: “Cuando fui a dar mi primera declaración indagatoria, en Caleta Olivia, llevé todo esto y veía todas las cajas de los allanamientos que se habían efectuado al Comando de la Fuerza de Submarinos y otros organismos sin abrir y con fajas selladas, todo fajado”, al advertir que probablemente no habían sido analizadas. “Yo decía cosas, me miraban y me cansé de decir esto, y mi abogado [también se cansaba] de presentar escritos”.
Villamide recordó que expuso ante la Comisión Bicameral del Congreso creada para investigar la tragedia y tras su presentación un diputado le preguntó por qué no había concurrido antes. Ante lo cual, respondió: “Nadie me llamó, no me llamaban a Caleta Olivia, no me llamaban a ningún lado, yo era el comandante de la fuerza de submarinos, el almirante [Marcelo] Srur, jefe de la Armada, no me llamaba, el ministro de Defensa [Oscar Aguad] nunca me llamó. Yo podría haber explicado cosas”.
La indagatoria, que tuvo lugar el jueves, surgió luego de que en la sexta audiencia del juicio el contraalmirante Pérez Bacchi, quien asumió como Inspector General de la Armada el 27 de diciembre de 2016, se explayara sobre una auditoría sobre el submarino que había dictaminado que las fallas encontradas en el equipamiento operativo del ARA San Juan dificultaban su capacidad para cumplir con los planes navales en vigor, y aseguró que el submarino operaba con “fallas de seguridad no subsanadas”.
La ampliación indagatoria de Villamide apuntó a rebatir aspectos técnicos y operativos a los que se refirió Pérez Bacchi en la audiencia anterior. “En esa exposición había ciertas imprecisiones e inexactitudes. El informe expresa una situación… como una fotografía que está un poco atrasada y no representa la película a octubre de 2017”, resumió.
Y, en referencia a Perez Bacchi, preguntó “si el almirante creía que había riesgos institucionales, si él tenía la percepción de que había riesgos institucionales y él era almirante de la Armada, ¿por qué no lo dijo antes?, ¿porqué no se opuso a que el submarino zarpara?”.
Villamide cuestionó que Pérez Bacchi realizara una inspección en el Comando de la Fuerza de Submarinos en Mar del Plata, cuando él y gran parte de la Armada se encontraban embarcados en la búsqueda del ARA San Juan. “El informe presentaba ciertas imprecisiones porque no contó con submarinistas, los que no fueron a bordo».
“Tal vez recibieron demasiada información o no lograron interpretar algo”, dijo Villamide, al relativizar las conclusiones de las inspecciones conocidas después del naufragio. “Nunca dijo nada antes”, remarcó.
La indagatoria se concentró en contestar los puntos observados en el informe de los inspectores en 2016. Uno de ellos marcaba las deficiencias en su equipamiento operativo. “En febrero de 2017, la fuerza ya contaba con las radiobalizas. El ARA zarpó en octubre de 2017 con el nuevo modelo de radiobalizas”, afirmó. Y, sobre el ingreso de agua por el interior de los cables, remarcó que “al momento de la zarpada, ya estaba resuelto”.
En relación con la falta de pirotecnia en el submarino, para eventuales señales de alarma y pedidos de auxilio, Villamide explicó que el ARA San Juan contaba con radiobalizas, “un elemento mucho más moderno y superador”.
En tanto, sobre el tronco de embarque de torpedo, que presentaba una pérdida del 40% al 60% de su espesor de casco resistente, aseguró que un informe técnico de la empresa supervisora indicaba que se encontraba en buenas condiciones, pero que como estaba en inglés, se demoró su traducción.
Otro de los aspectos del informe técnico refería que los materiales utilizados en la reparación de media vida no eran adecuados o de baja calidad, “esto no es así” afirmó y que los repuestos habían sido provistos y controlados por el Proyecto Submarino, y es refirió a lo declarado por testigos en el juicio.
Acerca del cuestionamiento sobre el estado de los equipos que miden el oxígeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono, Villamide aseguró que la empresa Service Instrument SA efectuó la calibración de la central marca Draguer –incorporada durante la reparación de media vida- y expidió los tres certificados correspondientes en junio de 2017. En tanto que sobre el planteo que los trajes de escape tenían fechas vencidas, aseguró que los trajes vencían entre el 2020 y el 2021.
Otro punto en cuestionamiento al estado del submarino era la limitación de la vida útil de las baterías, a lo que Villamide refutó que en 2017 dichas baterías aún estaban en garantía y la empresa responsable había calificado que se encontraban con una capacidad operativa que alcanzaba el 94% y 97%, respectivamente. Frente al incumplimiento de la inspección de carenado que debía realizarse a los 24 meses, aseguró que esta situación no afectaba la seguridad del buque y repitió que ya tenía fecha de entrada a dique para el primer semestre del 2024
Villamide fue interrogado por los jueces del tribunal acerca de la prueba con la válvula CO-19, que el capitán Pedro Fernández, comandante de la nave, realizó en la navegación de julio, considerado hoy el lugar por el que se habría desencadenado la tragedia de noviembre. “Respecto de la prueba de la ECO-19 no me pidió permiso, pero si me lo informó. La hizo en condiciones de seguridad. No produjo ninguna avería ni ningún inconveniente al buque”, aseguró. Y reiteró que “la prueba fue efectuada en condiciones de seguridad”.
pic.twitter.com/H70VgDvhmI,April 10, 2026,Conforme a
POLITICA
Pablo Moyano rechazó el intento de municipalizar el servicio de recolección de residuos: “Es precarización”
El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, rechazó este sábado el intento de municipalización del servicio de recolección y barrido de residuos, al advertir que un traspaso de convenio esas características implicaría una “precarización de los trabajadores”.
“Es un ataque directo contra los trabajadores camioneros”, alertó Pablo Moyano, después de que el titular de la Federación de Municipales, Hernán Doval, se mostrara proclive al traspaso del servicio a la órbita de los municipios de la provincia de Buenos Aires.
Para el referente camionero, Doval es “vocero de los intendentes y empresarios que buscan bajar salarios y destruir convenios colectivos de trabajo”.
“¿Qué diferencia hay entre Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Manuel Adorni, Jorge Macri y este señor Doval? Ninguna. Todos quieren lo mismo: precarizar trabajadores, bajar salarios y destruir derechos laborales”, expresó Moyano a través de un comunicado.
Y añadió que “mientras algunos marchan contra la reforma laboral, después quieren aplicarla sobre los trabajadores de la recolección. Quieren reducir salarios y empujar a miles de familias trabajadoras a la pobreza”, insistió.
Pablo Moyano, quien viene subiendo el perfil después de una pelea con su padre Hugo, remarcó que los convenios conquistados en la actividad fueron producto de “años de lucha, sacrificio y resistencia de miles de trabajadores y trabajadoras”.
De esta forma el sindicalista rechazó el traspaso del convenio del gremio de Camioneros a la órbita municipal para los trabajadores de recolección y barrido.
“Hubo compañeros perseguidos, detenidos, desaparecidos y compañeros que dejaron la vida para conseguir derechos laborales dignos. No vamos a entregar ni un solo puesto de trabajo”, sostuvo.
El referente camionero recordó el reciente conflicto en Villa Gesell donde el gremio defendió más de 45 puestos laborales después de que el intendente local, el peronista Gustavo Barrera, rescindiera parcialmente el contrato con la empresa Santa Elena, prestadora del servicio de recolección de residuos.
Ante la intervención del gobierno provincial, que dictó la conciliación obligatoria, se suspendieron los despidos y se restablecieron las tareas de barrido y recolección.
El sindicalista afirmó al respecto que el gremio no permitirá “ningún intento de municipalización que signifique salarios de pobreza y pérdida de derechos”.
Moyano convocó así a delegados y trabajadores de toda la provincia a mantenerse unidos y en estado de alerta para defender la actividad y el convenio colectivo.
“Vamos a seguir luchando para que cada trabajador de recolección y barrido continúe dentro del gremio camionero, con salarios dignos y condiciones laborales que costaron años de pelea”, concluyó.
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POLITICA
Quién es Pablo Gordillo Arriagada, el interventor de YCRT que niega vínculos con inteligencia y rechaza las acusaciones de Arroyo Salgado
El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo Arriagada, figura en el centro de la escena tras los señalamientos realizados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien lo vinculó públicamente con los servicios de inteligencia en el contexto de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Aunque la intervención a su cargo atraviesa un período de reorganización sin precedentes y la empresa niega vinculaciones con el técnico informático Diego Lagomarsino, la gestión de Gordillo Arriagada en uno de los mayores complejos energéticos de la provincia de Santa Cruz suma capítulos decisivos.
Gordillo Arriagada, licenciado en Ciencias Políticas y oriundo de Caleta Olivia, asumió la intervención en octubre de 2024 tras la salida de Thierry Decoud, apartado en el contexto de una denuncia por presunto pedido de coimas, hecho sobreseído luego por el juez federal Julián Ercolini.
Gordillo Arriagada es un referente de confianza del gobernador Claudio Vidal y fundó el partido provincial Somos Energía para Renovar (SER), con protagonismo en la vida política de Santa Cruz desde 2018.
Antes de su intervención en YCRT, el empresario fue gerente general de Servicios Públicos Sociedad del Estado, vocal en el Instituto de Energía Santa Cruz, y participó en las gestiones de los exgobernadores Daniel Peralta y Alicia Kirchner.
En su perfil profesional se destaca su desempeño como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación y la Secretaría de Minería, y su presidencia en la Agencia de Desarrollo Caleta Olivia entre 2012 y 2015, una etapa clave en el diseño de estrategias para el desarrollo productivo y la vinculación público-privada en la región.
En la estructura de YCRT, proviene de la reciente transformación de la empresa hacia sociedad anónima, con el Estado nacional ostentando el 51% de las acciones. Gordillo Arriagada, según detalla su perfil oficial de LinkedIn y declaraciones reproducidas por la Secretaría de Estado de Comunicación Pública de Santa Cruz, sostuvo que la asamblea de accionistas que definirá la composición del directorio y pondrá fin a la intervención, estableciendo un nuevo régimen de gestión.
Las declaraciones judiciales y el rechazo desde YCRT
La jueza Arroyo Salgado sorprendió el reciente miércoles al afirmar que existen trascendidos sobre supuestos vínculos con los servicios de inteligencia y su accionar en empresas del desarrollo en Río Turbio.
Las declaraciones de la magistrada se dieron en el marco de su exposición ante socios del Rotary Club de Buenos Aires, en donde abordó la temática “Investigaciones complejas y credibilidad en la justicia”.
Con respecto al caso de su exesposo, sostuvo que “la Justicia ya despejó un primer tramo: se demostró que fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder”. Y agregó: “Difícilmente se llegue a dirimir los responsables de este magnicidio”.
La magistrada mencionó una presunta reunión en abril pasado entre Diego Lagomarsino -procesado como partícipe en la causa Nisman-, el gerente Maxi Cáceres y el interventor Gordillo Arriagada.
Desde la empresa, los voceros negaron categóricamente la existencia de esta reunión y aseguraron que Lagomarsino “no mantiene ningún tipo de relación comercial con la empresa” y calificaron las versiones difundidas como una “operación”.
Además, el entorno de Gordillo Arriagada subrayó que la empresa sufrió tres ataques informáticos en los últimos años, incluido uno en septiembre de 2024 cuya investigación judicial sigue abierta, y vinculan el interés mediático a estos incidentes.
Inversiones privadas, déficit y exportación de carbón
En paralelo a la controversia judicial, la gestión de Gordillo Arriagada en YCRT se encuentra marcada por el impulso de inversiones privadas y la reducción del déficit operativo.
En declaraciones a FM El Portal y recogidas por Diario El Cóndor, el interventor anticipó que existen dos importantes propuestas de iniciativa privada: una por USD 120 millones que contempla la unidad productiva completa (mina, usinas, puerto y logística ferroviaria) y otra por USD 20-25 millones enfocada en la central termoeléctrica de 240 MW.
La materialización de estas inversiones no implica la venta de la empresa, sino la puesta en marcha y funcionamiento integral de sus operaciones bajo un esquema de control estatal. Este proceso prevé la incorporación de capital privado y la adaptación de la estructura societaria para facilitar la viabilidad financiera de YCRT.
Sobre el flujo operativo actual, Gordillo Arriagada informó, según la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios, que la reciente exportación de 60.000 toneladas de carbón santacruceño a Brasil representa un punto de inflexión en la estrategia empresarial.
Con este contrato, basado en la totalidad del stock de carbón disponible en Punta Loyola y la Usina 240 MW, YCRT prevé avanzar en la producción y aspira a despachar cargas similares cada 45 días en el futuro.
POLITICA
Pablo Moyano apuntó contra otro sindicalista y los intendentes bonaerenses por el control de la recolección de residuos
El secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, lanzó una ofensiva contra Hernán Doval, titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), tras el pedido público de este último de avanzar en la municipalización total del servicio de recolección de residuos y barrido manual de calles en toda la provincia de Buenos Aires. En un video difundido en redes sociales, Moyano equiparó a Doval con funcionarios del Gobierno nacional y lo acusó de promover la precarización laboral de los trabajadores del sector.
“¿Qué diferencia hay entre el ministro Caputo, Sturzenegger, Adorni, Jorge Macri y este señor Doval?”, preguntó el dirigente camionero, al trazar una línea directa entre la posición del líder municipal y las políticas de ajuste que atribuye al oficialismo. Moyano fue categórico: “Este señor actúa como jefe de prensa de sus patrones, que son los intendentes municipales”.
La disputa tiene un trasfondo económico concreto. Moyano advirtió que la municipalización implicaría una reducción salarial de casi el 50% para los trabajadores de recolección, ya que los empleados municipales perciben ingresos notoriamente inferiores a los encuadrados bajo el convenio colectivo de Camioneros. “Muchos municipales no llegan a cubrir la canasta básica con su salario. Y este señor quiere llevarnos a la pobreza, a la miseria”, afirmó.
La tensión entre el gremio camionero y los municipios bonaerenses no es nueva. A fines de marzo, Camioneros protagonizó un conflicto en Villa Gesell luego de que el intendente Gustavo Barrera rescindiera parcialmente el contrato con la empresa Santa Elena, prestadora del servicio de recolección, lo que dejó sin trabajo a más de 40 empleados de recolección y barrido. Moyano encabezó una protesta frente al municipio y calificó la decisión de Barrera como una “traición” hacia los trabajadores. La intervención del gobierno provincial, a través de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, logró suspender los despidos y restablecer las tareas de barrido y recolección. El dirigente invocó ese episodio en su video: “Venimos de un conflicto muy grande en Villa Gesell, en donde hemos defendido con huevo y con lucha 45 puestos de trabajo”.
El reclamo de Doval, que Moyano interpreta como un aval a la política de los jefes comunales, se produce en un contexto de presión financiera sobre los municipios bonaerenses. La caída en la recaudación y en los fondos de coparticipación empujó a varios intendentes a revisar contratos con empresas concesionarias de recolección, uno de los servicios más costosos para las administraciones locales. Esa tendencia es la que el gremio camionero busca frenar con movilizaciones y, si fuera necesario, con un paro provincial.
Moyano también apuntó contra la coherencia del dirigente municipal. Lo acusó de marchar públicamente contra la reforma laboral mientras, al mismo tiempo, impulsaba una medida que —según el camionero— implica exactamente eso para los trabajadores del sector: “Lo vemos a este señor marchando contra la reforma laboral y hoy pide la reforma laboral para los trabajadores camioneros”.
El dirigente de Camioneros convocó a trabajadores y delegados de las regionales bonaerenses a presionar a sus representantes municipales para bloquear cualquier avance en la municipalización. “Se acerquen a las regionales de los municipales y le digan a su dirigente que no vamos a permitir que se municipalice ni un servicio de la recolección”, indicó. La amenaza fue directa: el sindicato defenderá el convenio colectivo del sector, que Moyano describió como una conquista histórica obtenida con “compañeros detenidos, desaparecidos, compañeros muertos”.
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