POLITICA
Fuerte contrapunto entre dos altos oficiales de la Armada por el estado del ARA San Juan antes de la tragedia
RIO GALLEGOS.- EL excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide calificó de impreciso e inexacto el informe que realizó el contraalmirante Eduardo Pérez Bacchi, quien en su rol de Inspector General de la Armada en 2017, puso en tela de juicio el estado en que se encontraba el submarino ARA San Juan. Impugnó el documento durante la ampliación de la declaración de indagatoria que brindó -a pedido de su defensa- ante el Tribunal Oral Federal Criminal de Río Gallegos que investiga el hundimiento del buque.
Villamide, quien fue destituido de la Armada en un juicio militar y se encuentra ahora procesado, declaró por más de dos horas y exhibió documentación para respaldar sus dichos, a la vez que se mostró emocionado y, por momentos, enojado. “Siento mucha bronca”, resumió sobre el final de la indagatoria ante una pregunta del presidente del tribunal, Mario Reynaldi, quien le ofreció detener la declaraciones y le recordó que podría volver a ampliarlas a lo largo del juicio.
Su abogado defensor, Juan Pablo Vigliero, le consultó si se había sentido escuchado estos años, ante lo cual el extitular del arma submarina aseguró: “Cuando fui a dar mi primera declaración indagatoria, en Caleta Olivia, llevé todo esto y veía todas las cajas de los allanamientos que se habían efectuado al Comando de la Fuerza de Submarinos y otros organismos sin abrir y con fajas selladas, todo fajado”, al advertir que probablemente no habían sido analizadas. “Yo decía cosas, me miraban y me cansé de decir esto, y mi abogado [también se cansaba] de presentar escritos”.
Villamide recordó que expuso ante la Comisión Bicameral del Congreso creada para investigar la tragedia y tras su presentación un diputado le preguntó por qué no había concurrido antes. Ante lo cual, respondió: “Nadie me llamó, no me llamaban a Caleta Olivia, no me llamaban a ningún lado, yo era el comandante de la fuerza de submarinos, el almirante [Marcelo] Srur, jefe de la Armada, no me llamaba, el ministro de Defensa [Oscar Aguad] nunca me llamó. Yo podría haber explicado cosas”.
La indagatoria, que tuvo lugar el jueves, surgió luego de que en la sexta audiencia del juicio el contraalmirante Pérez Bacchi, quien asumió como Inspector General de la Armada el 27 de diciembre de 2016, se explayara sobre una auditoría sobre el submarino que había dictaminado que las fallas encontradas en el equipamiento operativo del ARA San Juan dificultaban su capacidad para cumplir con los planes navales en vigor, y aseguró que el submarino operaba con “fallas de seguridad no subsanadas”.
La ampliación indagatoria de Villamide apuntó a rebatir aspectos técnicos y operativos a los que se refirió Pérez Bacchi en la audiencia anterior. “En esa exposición había ciertas imprecisiones e inexactitudes. El informe expresa una situación… como una fotografía que está un poco atrasada y no representa la película a octubre de 2017”, resumió.
Y, en referencia a Perez Bacchi, preguntó “si el almirante creía que había riesgos institucionales, si él tenía la percepción de que había riesgos institucionales y él era almirante de la Armada, ¿por qué no lo dijo antes?, ¿porqué no se opuso a que el submarino zarpara?”.
Villamide cuestionó que Pérez Bacchi realizara una inspección en el Comando de la Fuerza de Submarinos en Mar del Plata, cuando él y gran parte de la Armada se encontraban embarcados en la búsqueda del ARA San Juan. “El informe presentaba ciertas imprecisiones porque no contó con submarinistas, los que no fueron a bordo».
“Tal vez recibieron demasiada información o no lograron interpretar algo”, dijo Villamide, al relativizar las conclusiones de las inspecciones conocidas después del naufragio. “Nunca dijo nada antes”, remarcó.
La indagatoria se concentró en contestar los puntos observados en el informe de los inspectores en 2016. Uno de ellos marcaba las deficiencias en su equipamiento operativo. “En febrero de 2017, la fuerza ya contaba con las radiobalizas. El ARA zarpó en octubre de 2017 con el nuevo modelo de radiobalizas”, afirmó. Y, sobre el ingreso de agua por el interior de los cables, remarcó que “al momento de la zarpada, ya estaba resuelto”.
En relación con la falta de pirotecnia en el submarino, para eventuales señales de alarma y pedidos de auxilio, Villamide explicó que el ARA San Juan contaba con radiobalizas, “un elemento mucho más moderno y superador”.
En tanto, sobre el tronco de embarque de torpedo, que presentaba una pérdida del 40% al 60% de su espesor de casco resistente, aseguró que un informe técnico de la empresa supervisora indicaba que se encontraba en buenas condiciones, pero que como estaba en inglés, se demoró su traducción.
Otro de los aspectos del informe técnico refería que los materiales utilizados en la reparación de media vida no eran adecuados o de baja calidad, “esto no es así” afirmó y que los repuestos habían sido provistos y controlados por el Proyecto Submarino, y es refirió a lo declarado por testigos en el juicio.
Acerca del cuestionamiento sobre el estado de los equipos que miden el oxígeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono, Villamide aseguró que la empresa Service Instrument SA efectuó la calibración de la central marca Draguer –incorporada durante la reparación de media vida- y expidió los tres certificados correspondientes en junio de 2017. En tanto que sobre el planteo que los trajes de escape tenían fechas vencidas, aseguró que los trajes vencían entre el 2020 y el 2021.
Otro punto en cuestionamiento al estado del submarino era la limitación de la vida útil de las baterías, a lo que Villamide refutó que en 2017 dichas baterías aún estaban en garantía y la empresa responsable había calificado que se encontraban con una capacidad operativa que alcanzaba el 94% y 97%, respectivamente. Frente al incumplimiento de la inspección de carenado que debía realizarse a los 24 meses, aseguró que esta situación no afectaba la seguridad del buque y repitió que ya tenía fecha de entrada a dique para el primer semestre del 2024
Villamide fue interrogado por los jueces del tribunal acerca de la prueba con la válvula CO-19, que el capitán Pedro Fernández, comandante de la nave, realizó en la navegación de julio, considerado hoy el lugar por el que se habría desencadenado la tragedia de noviembre. “Respecto de la prueba de la ECO-19 no me pidió permiso, pero si me lo informó. La hizo en condiciones de seguridad. No produjo ninguna avería ni ningún inconveniente al buque”, aseguró. Y reiteró que “la prueba fue efectuada en condiciones de seguridad”.
pic.twitter.com/H70VgDvhmI,April 10, 2026,Conforme a
POLITICA
Diego Santilli, jefe de Gabinete: “Si el domingo que viene hay elecciones, Milei les gana a todos”
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, criticó este domingo al peronismo y se mostró confiado en el respaldo electoral al presidente Javier Milei. “Si el domingo que viene hay elecciones, Milei les gana a todos”, afirmó durante una entrevista en La Cornisa (LN+), en la que pronosticó que los distintos sectores peronistas terminarán unidos pese a sus diferencias.
Consultado sobre la reunión de Sergio Massa con Cristina Kirchner, el funcionario puso en duda que los referentes de ese espacio mantengan posiciones separadas. “Creo que cuando llegue el momento final, van a estar juntos”, señaló. En ese sentido, insistió: “Se muestran separados, van a terminar juntos”.
Santilli calificó al peronismo como “el tren fantasma” y rechazó la posibilidad de volver al pasado. Frente a ese escenario, sostuvo que los argentinos “están mirando hacia adelante” y vinculó esa mirada con el debate sobre la delincuencia. “Los argentinos no están discutiendo si los delincuentes son víctimas sociales”, expresó.
Noticia en desarrollo.
Diego Santilli,,Conforme a
POLITICA
Martín Llaryora habló de la interna dentro del peronismo: “Entendemos el Justicialismo distinto a como lo entiende el kirchnerismo”
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba y precandidato a la reelección, cuestionó durante una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía la falta de medidas para las pymes y propuso un esquema desarrollista para el país
La confirmación llegó al comienzo de la charla. Ante la consulta sobre una postulación para un segundo mandato en las próximas elecciones provinciales, Llaryora respondió: “Confirmalo”.
En una entrevista con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, el mandatario describió las bases del cordobecismo y marcó sus diferencias con el kirchnerismo y el gobierno de Javier Milei.
“Nosotros somos un justicialismo que conforma un frente que se llama cordobecismo”, sostuvo Llaryora. También explicó que su espacio tiene una concepción propia: “Creemos que entendemos el justicialismo de una manera distinta a cómo lo entiende, por ejemplo, el kirchnerismo”.
El cordobecismo
El gobernador ubicó al cordobecismo dentro de una tradición orientada a la producción y el trabajo. “Somos un partido, le decimos de sentido común, lo que por lo general denominan de centro”, afirmó.
Para Llaryora, la creación de empleo debe ordenar la gestión pública. “Gobernar es generar trabajo”, señaló, antes de enumerar condiciones que, según dijo, permiten sostener al sector privado: acuerdos con la industria, la producción, el campo y reglas que se mantengan en el tiempo.
El mandatario asoció la seguridad jurídica con la previsibilidad de las decisiones oficiales. “No es solo una Justicia independiente, sino que es que se cumpla lo que uno se compromete y promete”, expresó.
En ese marco, mencionó la inversión en infraestructura como una herramienta para sumar competitividad. “Córdoba tiene la mejor infraestructura en materia de ruta, eléctrica”, afirmó, y la relacionó con la radicación industrial, las universidades y la formación de profesionales.
Llaryora sostuvo que la provincia aporta más recursos fiscales de los que recibe de la Nación. “Le aporta a la Argentina cuatro mil millones de dólares extra de lo que la Argentina le aporta a Córdoba”, dijo al referirse al balance entre los impuestos generados en el distrito y la coparticipación.
El gobernador cuestionó de forma particular las retenciones. “Ni Putin sostuvo las retenciones”, afirmó, y señaló que esos derechos de exportación perjudican especialmente a Córdoba y Santa Fe.
También remarcó la condición mediterránea de la provincia y su efecto sobre el modelo productivo. “Córdoba es una provincia totalmente mediterránea”, explicó. Según planteó, esa ubicación exige pensar de manera permanente en desarrollo industrial y generación de empleo privado.
Llaryora señaló que el cordobecismo reúne dirigentes de distintas procedencias partidarias. “Acompaño a una intendenta que proviene del radicalismo. Tenemos ministros del PRO, tenemos ministros que vienen del socialismo”, enumeró.
Sobre esa composición, sostuvo que existe un objetivo compartido: “Córdoba tiene que ser un motor productivo y generador de empleo”. A la vez, contrapuso ese modelo con la polarización nacional: “En Córdoba no ha entrado la grieta”.
El gobernador mencionó las pruebas educativas para describir resultados de las políticas provinciales. “Córdoba salió primera en educación, en materia de lengua y matemáticas”, afirmó sobre las evaluaciones Aprender. También indicó que la provincia ocupó el primer lugar nacional entre los distritos evaluados en PISA.
Las críticas al Gobierno nacional
Consultado sobre el impacto del rumbo económico nacional en la industria cordobesa, Llaryora sostuvo que la falta de intervención estatal también constituye una decisión. “La no política industrial es una política industrial”, respondió.
El mandatario planteó que la administración de Milei prioriza las variables macroeconómicas sin atender la situación de las empresas. “Tiene un grave problema en no pensar en la microeconomía y en las líneas de desarrollo”, afirmó.
Para el gobernador, esa orientación repercute sobre el entramado productivo. “Es lo que está generando esta caída de pymes y esta caída del empleo formal, de una manera tremenda”, expresó.
Llaryora vinculó esa situación con las características laborales de Córdoba. “Cuando vos tenés una provincia que tenés la menor cantidad de empleados públicos de la Argentina, ¿qué necesitás? Empleo privado”, reiteró.
Al ser consultado por la pérdida de puestos de trabajo, aclaró que no contaba con el indicador mensual actualizado. Sin embargo, explicó que Córdoba representa cerca del 9% de la masa laboral nacional y aludió a un registro de “doscientos treinta mil puestos” en la discusión sobre el deterioro del empleo.
El gobernador también se refirió al cierre de empresas. “Cerraron treinta mil pymes”, afirmó, y ubicó a la industria metalmecánica entre los sectores afectados por la caída de la actividad.
Llaryora diferenció las medidas para las grandes inversiones de las herramientas destinadas a comercios y pequeñas empresas. “El actual tiene unas medidas macro, que ha generado un RIGI para las grandes inversiones, pero para la política micro y pyme no hay”, sostuvo.
El mandatario reconoció que existía consenso sobre la necesidad de estabilizar la economía. “Había que estabilizar la macroeconomía, había que bajar la inflación”, dijo. Aun así, señaló que los gobiernos subnacionales absorbieron parte de las consecuencias sociales del ajuste.
“En nuestro caso fuimos amortiguadores para la crisis”, afirmó Llaryora. Como ejemplo, mencionó la eliminación de subsidios nacionales al transporte en el interior: “A Córdoba le bajaron todos los subsidios al transporte”.
Según explicó, la provincia sostuvo con recursos propios el boleto educativo. “Nosotros subsidiamos, en definitiva, lo que la Nación dejó de subsidiar”, señaló.
También relató la situación de Marcos Juárez, donde cerró una clínica que brindaba atención a afiliados de PAMI. “Dejó cinco mil quinientos abuelos sin atención”, afirmó.
Frente a ese escenario, dijo que la Provincia debió reforzar su sistema hospitalario. “Triplicamos en Córdoba la atención a los abuelos de PAMI”, aseguró, y sostuvo que los recortes nacionales terminan por trasladarse a la salud pública provincial.
Al ser consultado por los dichos del secretario de Trabajo sobre el crecimiento de modalidades autónomas de empleo, cuestionó que se equiparen con la caída del trabajo registrado. “No podés comparar una cosa con otra”, respondió.
Llaryora sostuvo que la recesión utilizada para bajar la inflación derivó en un deterioro que requiere una nueva respuesta. “Esa recesión prolongada en el tiempo te está causando una pérdida del trabajo”, afirmó.
Consultado sobre si el Gobierno nacional está a tiempo de cambiar el rumbo, respondió: “Sí, yo creo que sí”. Para argumentarlo, recordó su gestión durante la pandemia: “Vino la pandemia. Cambió todo el programa de gobierno que teníamos, porque la situación te hace cambiar”.
El gobernador advirtió que, si el actual esquema se sostiene sin modificaciones, habrá consecuencias sociales y políticas. “La situación social se va a deteriorar y naturalmente la situación social te va a llevar después a que no puedas seguir sosteniendo políticamente este programa de gobierno”, expresó.
Llaryora sostuvo que la administración nacional apuesta a la baja de la inflación como principal activo. “Están jugados a que su bandera sea sostener ese nivel inflacionario”, afirmó.
Propuestas e ideas
Al analizar cómo las provincias sostienen obras y servicios ante la caída de transferencias, Llaryora descartó que una suba de impuestos sea una salida viable. “Hoy aumentar impuestos es imposible”, afirmó.
El gobernador describió un escenario de deterioro para hogares y empresas. “La sociedad argentina ya no da más, no se llega a fin de mes, está totalmente endeudada, hay una caída del empleo, están las pymes cerrando”, enumeró.
A partir de ese diagnóstico, reclamó un cambio en la estrategia del Gobierno nacional. “Tiene que entender la situación social en la cual está inmersa la Argentina”, sostuvo.
Llaryora cuestionó además el uso de recursos provenientes de los combustibles. “Hay un impuesto que se destina a ruta, pero no se arregla una ruta en Argentina”, dijo.
El mandatario detalló algunas medidas aplicadas en Córdoba para contener la caída del consumo. “Hemos puesto una tarjeta para comprar seis cuotas de alimento y seis cuotas a la farmacia”, señaló sobre un esquema de financiamiento a tasa de 0%.
También mencionó créditos para pequeños comercios y emprendimientos. “Hemos generado un crédito para las pymes más pequeñas, hasta diez millones de pesos para una panadería, para una pizzería”, afirmó.
Sobre los ingresos de la Provincia, sostuvo que hubo más de diez meses con deterioro de las transferencias. “Creo que de los diez meses, ocho con caída de transferencias”, expresó.
El gobernador vinculó esa merma con el freno de la actividad económica. “La actividad económica está parada y está muerta”, afirmó.
Ante la discusión por el superávit fiscal nacional, Llaryora no negó la existencia de un resultado positivo, aunque cuestionó la forma en que se alcanza. “Vos podés tener un superávit achicando continuamente o no pagando”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó el reclamo por fondos destinados a la Caja de Jubilaciones provincial. “A nosotros no nos pagan la plata de la caja de jubilaciones”, afirmó, y señaló que existen procesos judiciales aún pendientes.
Llaryora planteó que el equilibrio fiscal debe combinarse con medidas de reactivación. “A veces, cuando tenés una política contractiva, tenés que hacer una política anticíclica”, expresó.
Su propuesta consiste en sostener el orden macroeconómico con medidas de impulso productivo. “Nosotros creemos que se puede sostener el nivel inflacionario, pero haciendo cosas a la par para sostener la situación social”, dijo.
El mandatario resumió su posición con una definición: “Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.
Llaryora diferenció esa fórmula del mileísmo y del kirchnerismo. “Hay uno que cree que el Estado tiene que ser todo y otro que el mercado tiene que ser todo”, señaló.
Al mencionar una alternativa presidencial para su espacio, respaldó a Juan Schiaretti. “Yo creo que Juan Schiaretti, con la experiencia de haber sido tres veces gobernador, conduciría este país por la línea de la sensatez”, afirmó.
El mandatario provincial también destacó la construcción de 15 sedes universitarias en el interior cordobés. “Están desfinanciando el sistema universitario y nosotros estamos construyendo quince sedes universitarias en el interior de Córdoba”, dijo.
Frente a una hipótesis electoral entre Axel Kicillof y Javier Milei, Llaryora rechazó que la discusión nacional quede limitada a esos nombres. “¿Por qué no puede ser Schiaretti? ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando en los extremos?”, preguntó.
Consultado sobre una nueva candidatura presidencial del exgobernador, respondió: “Sí, claro”.
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POLITICA
La Justicia espera un peritaje en el caso Chocolate del Senado bonaerense y diez exlegisladores se desligaron
La investigación judicial de un caso de dinámica similar al que protagonizó el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau en la Cámara de Diputados bonaerense se desarrolla con la Cámara de Senadores provincial como escenario principal. El expediente, activo desde comienzos de 2024, registró novedades en las últimas semanas, con declaraciones testimoniales de diez exsenadores que se desligaron de los nombramientos de 39 empleados sospechados de ser “ñoquis”, que aceptaron o fueron inducidos a entregar sus sueldos a un recaudador, a cambio de hacerse de cobertura de obra social y de aportes jubilatorios.
En simultáneo, en la Justicia provincial se aguarda un peritaje económico de resultado próximo que permitiría avances en la causa, por la que están en la mira dos encargados de retirar el dinero de los salarios mediante tarjetas de débito en cajeros automáticos de La Plata, como lo hacía Rigau hasta ser detenido.
Las dos personas investigadas como recaudadores son Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado. Sus identidades se difundieron a comienzos de 2024, en registros que los mostraban retirando dinero con tarjetas de débito de empleados del Senado bonaerense, cámara que preside la vicegobernadora Verónica Magario (Partido Justicialista).
Muguerza tiene vinculaciones con la Unión Cívica Radical (UCR) y con Pro. Fue subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de La Plata, cuando gobernaba Julio Garro (Pro, ejerció dos mandatos, entre 2015 y 2023). Desde la UCR, reconocieron que Muguerza es afiliado, aunque algunas fuentes subrayaron que no milita más en el partido.
En una seguidilla que comenzó hace dos semanas y se extendió hasta fines de la semana pasada, declararon como testigos diez exsenadores provinciales, que formaban parte del bloque Juntos (que integraban el radicalismo y Pro, y que actualmente no existe). Lo hicieron ante el fiscal Juan Mennucci, que está a cargo del expediente. Les consultaron si conocían a alguno de los 39 empleados que figuraban como titulares de las tarjetas de débito y todos contestaron que no.
Los exsenadores citados fueron Yamila Alonso, Nidia Moirano, Érica Revilla (actual intendenta de General Arenales), Agustín Máspoli, Elisa Carca y Marcelo Daletto (actual director del Banco Provincia), Joaquín de la Torre, Owen Fernández, Lorena Mandagaran y David Hirtz.
Según pudo saber , el fiscal los citó con sus mandatos ya cumplidos para evitar posibles pasos administrativos del Senado para autorizarlos mientras eran legisladores. En su artículo 14, el reglamento interno del Senado indica que “toda requisitoria o informes de cualquier naturaleza, provenientes de otros poderes u organismos de la constitución, tanto nacionales como provinciales, relacionados con la función de los Señores Senadores y Funcionarios de ley, para proceder, deberá contar con resolución favorable adoptada por la mayoría del Cuerpo señalada en el artículo 98 de la Constitución Provincial”.
A los senadores bonaerenses citados como testigos, además, se les mostró un modelo de decreto de designación de altas y se les consultó por el procedimiento. “La Cámara no informa a los legisladores [sobre esa designación de altas]. A los senadores se les da un determinado cupo, ellos designan a su equipo y lo envían”, dijo a una fuente legislativa que sostuvo que el control de los senadores llega hasta ese punto y no más allá. “No firman los nombramientos”, afirmó una informante que está al tanto de lo declarado por los senadores. El Senado, en tanto, le informó al fiscal que las planillas no son un acto administrativo, por lo que no las guarda.
Según se calculó al comienzo del caso, el perjuicio para las arcas públicas de la provincia de Buenos Aires rondaría los $300 millones. El delito investigado es peculado.
El fiscal Mennucci, según pudo saber este diario, aguarda los resultados de un peritaje económico en el que pueda constar alguna transferencia previa al descubrimiento de la trama, con la que pueda determinarse para quiénes recaudaban Muguerza y Ortellado. Los titulares de las tarjetas de débito tenían cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA, la obra social del Estado bonaerense) y aportes jubilatorios, pero no percibían el salario. En la Justicia provincial, sospechan que el mecanismo estaba vigente desde hacía unos 15 años.
Los teléfonos celulares de Muguerza y Ortellado fueron peritados, sin que se hallaran datos relevantes. Hay otro celular por analizar, de un tercero, al que los peritos aún no lograron tener acceso, aclaró una fuente judicial a . Se trata de un aparato cuyo potencial contenido genera expectativas en la pesquisa.
Como periodista político, estoy presente en desde el año 2015, con la sección Política como eje de mi actividad. Pasé por diversas áreas de cobertura, desde la conflictividad callejera a las internas políticas. Actualmente, la política bonaerense es mi principal foco de trabajo en .
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