POLITICA
Fuerte contrapunto entre dos altos oficiales de la Armada por el estado del ARA San Juan antes de la tragedia

RIO GALLEGOS.- EL excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide calificó de impreciso e inexacto el informe que realizó el contraalmirante Eduardo Pérez Bacchi, quien en su rol de Inspector General de la Armada en 2017, puso en tela de juicio el estado en que se encontraba el submarino ARA San Juan. Impugnó el documento durante la ampliación de la declaración de indagatoria que brindó -a pedido de su defensa- ante el Tribunal Oral Federal Criminal de Río Gallegos que investiga el hundimiento del buque.
Villamide, quien fue destituido de la Armada en un juicio militar y se encuentra ahora procesado, declaró por más de dos horas y exhibió documentación para respaldar sus dichos, a la vez que se mostró emocionado y, por momentos, enojado. “Siento mucha bronca”, resumió sobre el final de la indagatoria ante una pregunta del presidente del tribunal, Mario Reynaldi, quien le ofreció detener la declaraciones y le recordó que podría volver a ampliarlas a lo largo del juicio.
Su abogado defensor, Juan Pablo Vigliero, le consultó si se había sentido escuchado estos años, ante lo cual el extitular del arma submarina aseguró: “Cuando fui a dar mi primera declaración indagatoria, en Caleta Olivia, llevé todo esto y veía todas las cajas de los allanamientos que se habían efectuado al Comando de la Fuerza de Submarinos y otros organismos sin abrir y con fajas selladas, todo fajado”, al advertir que probablemente no habían sido analizadas. “Yo decía cosas, me miraban y me cansé de decir esto, y mi abogado [también se cansaba] de presentar escritos”.
Villamide recordó que expuso ante la Comisión Bicameral del Congreso creada para investigar la tragedia y tras su presentación un diputado le preguntó por qué no había concurrido antes. Ante lo cual, respondió: “Nadie me llamó, no me llamaban a Caleta Olivia, no me llamaban a ningún lado, yo era el comandante de la fuerza de submarinos, el almirante [Marcelo] Srur, jefe de la Armada, no me llamaba, el ministro de Defensa [Oscar Aguad] nunca me llamó. Yo podría haber explicado cosas”.
La indagatoria, que tuvo lugar el jueves, surgió luego de que en la sexta audiencia del juicio el contraalmirante Pérez Bacchi, quien asumió como Inspector General de la Armada el 27 de diciembre de 2016, se explayara sobre una auditoría sobre el submarino que había dictaminado que las fallas encontradas en el equipamiento operativo del ARA San Juan dificultaban su capacidad para cumplir con los planes navales en vigor, y aseguró que el submarino operaba con “fallas de seguridad no subsanadas”.
La ampliación indagatoria de Villamide apuntó a rebatir aspectos técnicos y operativos a los que se refirió Pérez Bacchi en la audiencia anterior. “En esa exposición había ciertas imprecisiones e inexactitudes. El informe expresa una situación… como una fotografía que está un poco atrasada y no representa la película a octubre de 2017”, resumió.
Y, en referencia a Perez Bacchi, preguntó “si el almirante creía que había riesgos institucionales, si él tenía la percepción de que había riesgos institucionales y él era almirante de la Armada, ¿por qué no lo dijo antes?, ¿porqué no se opuso a que el submarino zarpara?”.
Villamide cuestionó que Pérez Bacchi realizara una inspección en el Comando de la Fuerza de Submarinos en Mar del Plata, cuando él y gran parte de la Armada se encontraban embarcados en la búsqueda del ARA San Juan. “El informe presentaba ciertas imprecisiones porque no contó con submarinistas, los que no fueron a bordo».
“Tal vez recibieron demasiada información o no lograron interpretar algo”, dijo Villamide, al relativizar las conclusiones de las inspecciones conocidas después del naufragio. “Nunca dijo nada antes”, remarcó.
La indagatoria se concentró en contestar los puntos observados en el informe de los inspectores en 2016. Uno de ellos marcaba las deficiencias en su equipamiento operativo. “En febrero de 2017, la fuerza ya contaba con las radiobalizas. El ARA zarpó en octubre de 2017 con el nuevo modelo de radiobalizas”, afirmó. Y, sobre el ingreso de agua por el interior de los cables, remarcó que “al momento de la zarpada, ya estaba resuelto”.
En relación con la falta de pirotecnia en el submarino, para eventuales señales de alarma y pedidos de auxilio, Villamide explicó que el ARA San Juan contaba con radiobalizas, “un elemento mucho más moderno y superador”.
En tanto, sobre el tronco de embarque de torpedo, que presentaba una pérdida del 40% al 60% de su espesor de casco resistente, aseguró que un informe técnico de la empresa supervisora indicaba que se encontraba en buenas condiciones, pero que como estaba en inglés, se demoró su traducción.
Otro de los aspectos del informe técnico refería que los materiales utilizados en la reparación de media vida no eran adecuados o de baja calidad, “esto no es así” afirmó y que los repuestos habían sido provistos y controlados por el Proyecto Submarino, y es refirió a lo declarado por testigos en el juicio.
Acerca del cuestionamiento sobre el estado de los equipos que miden el oxígeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono, Villamide aseguró que la empresa Service Instrument SA efectuó la calibración de la central marca Draguer –incorporada durante la reparación de media vida- y expidió los tres certificados correspondientes en junio de 2017. En tanto que sobre el planteo que los trajes de escape tenían fechas vencidas, aseguró que los trajes vencían entre el 2020 y el 2021.
Otro punto en cuestionamiento al estado del submarino era la limitación de la vida útil de las baterías, a lo que Villamide refutó que en 2017 dichas baterías aún estaban en garantía y la empresa responsable había calificado que se encontraban con una capacidad operativa que alcanzaba el 94% y 97%, respectivamente. Frente al incumplimiento de la inspección de carenado que debía realizarse a los 24 meses, aseguró que esta situación no afectaba la seguridad del buque y repitió que ya tenía fecha de entrada a dique para el primer semestre del 2024
Villamide fue interrogado por los jueces del tribunal acerca de la prueba con la válvula CO-19, que el capitán Pedro Fernández, comandante de la nave, realizó en la navegación de julio, considerado hoy el lugar por el que se habría desencadenado la tragedia de noviembre. “Respecto de la prueba de la ECO-19 no me pidió permiso, pero si me lo informó. La hizo en condiciones de seguridad. No produjo ninguna avería ni ningún inconveniente al buque”, aseguró. Y reiteró que “la prueba fue efectuada en condiciones de seguridad”.
pic.twitter.com/H70VgDvhmI,April 10, 2026,Conforme a
POLITICA
Aliados en duda y presión opositora: el Gobierno entró en la recta final para destrabar una ley clave

El jueves de la semana que viene el Senado de la Nación retomará el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, a pocos días de que termine el receso invernal, el oficialismo todavía no cuenta con los votos para asegurar la media sanción, principalmente por el rechazo de los aliados al capítulo del proyecto que propone eliminar los límites para la venta de tierras a extranjeros.
Si bien el amplio proyecto que diseñó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también contempla mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego y modificaciones a la ley de expropiaciones, el principal escollo gira en torno a la venta de tierras. Justamente por diferencias en torno a la redacción de este capítulo es que la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich tuvo que pedir un cuarto intermedio en la sesión que naufragó al día siguiente de la victoria de la Selección Nacional contra Inglaterra en el Mundial, en medio del fervor que despertó la bandera que desplegaron los jugadores reivindicando la soberanía de las Islas Malvinas.
El gobierno de Milei pretende modificar la Ley de Tierras vigente desde 2011, que limita la tenencia extranjera al 15% de la superficie nacional y a 1.000 hectáreas por titular. Así apuestan a facilitar el ingreso de capitales extranjeros al mercado rural.

El borrador del proyecto fue objeto de intensas negociaciones durante el debate en comisión y se llegaron a redactar 15 borradores. En la última versión, a la que tuvo acceso Infobae, se estipulaba en el artículo 25 que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites y ejercen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus respectivos territorios de conformidad con los arts. 121 y 124 de la Constitución Nacional”. Y a pedido de las provincias se aclaraba también que “en ejercicio de sus competencias, cada provincia podrá establecer el régimen jurídico aplicable a tal efecto”.
Esta redacción no había dejado satisfecho al ministro Sturzenegger pero la semana pasada, en una reunión de más de una hora, este habría aceptado los términos que Bullrich negoció con las provincias.
Los libertarios tienen 21 votos propios y cuentan con 3 del PRO, otros 4 aliados como Carlos Espínola (Provincias Unidas), Flavia Royón (Salta), Julieta Corroza (Neuquén) y Beatriz Ávila (Tucumán).
Hasta el momento generan incertidumbre los votos de los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia, que están afectados por la pelea interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y su ex jefe político Carlos Rovira; la dupla de senadores de Santa Cruz; y el radicalismo, que se alza con 10 votos determinantes.

El bonaerense Maximiliano Abad ya dio señales de rechazo a la ley mientras que el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger juegan al misterio.
Otra muestra de las tensiones internas que atraviesa el radicalismo fue el comunicado que difundieron desde el Comité Nacional del partido, que lidera Leonel Chiarella, en contra de la iniciativa oficialista y de los propios gobernadores radicales que juegan como aliados de Milei.
“La Unión Cívica Radical rechaza la modificación de la Ley de Tierras que el gobierno promueve en el Senado de la Nación por considerar que se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”, plantearon.
Y agregaron: “Para la UCR defender la soberanía es hacer cumplir la ley vigente porque hoy en Argentina hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas, equivalente al 5% del país y ya existen más de 30 zonas que ya pasaron el límite permitido del 15%. Todos los países que buscan promover el desarrollo promueven una protección responsable de sus recursos estratégicos. Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria. Nueva Zelanda, entre otros, regulan la compra de tierras por extranjeros”.

Sin al menos 9 votos radicales, el oficialismo podría verse en problemas en las sesión del jueves 6 de agosto para llegar a los 37. A esto se suma la presión de la oposición, que ante la impotencia legislativa apuesta por la presión popular y convocó a una movilización a la plaza del Congreso el día de la sesión.
Las dos CTA ya convocaron formalmente a participar de la marcha. También se sumarán el peronismo, partidos de izquierda, organizaciones sociales y distintas agrupaciones ambientales.
POLITICA
Con los apoyos en duda y la letra chica en discusión, el Gobierno evalúa mandar en partes la reforma del BCRA


Mientras tantea, aún, el nivel de apoyos legislativos para el proyecto que más entusiasma a Javier Milei, el Gobierno evalúa enviar en partes y en momentos distintos el paquete que engloba la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), un eventual cierre de la administración y una posible penalización para quienes recurran a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.
Las “baterías” de proyectos de ley suelen girarse al Congreso de una vez. Pero en este caso, si bien señalan que se trata de un “paquete”, en el Gobierno reconocen que deberán mandarlo por segmentos, en diferido, por falta de apoyos y por dudas en torno a la letra chica. Primero avanzarán con la reforma de la Carta Orgánica de la entidad monetaria. Y luego con el segundo tramo de las reformas, que englobarían, respectivamente, un “shutdown” y cambios en el Código Penal. El segundo y tercer punto, hipotéticamente, se enviaría “dentro del segundo semestre”, pero sin fecha definida, dijeron en la Casa Rosada.
Las tres iniciativas son parte de un mismo combo que anunciará el presidente mañana. El jefe de Estado grabará un mensaje sobre el envío de la iniciativa desde el señorial Salón Blanco de Balcarce 50, y luego lo emitirá por cadena nacional, decidido a darle toda la relevancia posible a un plan que considera “estructural”.
En Gobierno dicen que la división de proyectos es porque “conviene no mezclar”. “Son dos temas distintos, si lo metes en el mismo se confunden las discusiones”, señalaron.
Quienes trajinan los pasillos del Congreso reconocen que no están los apoyos para todo el combo, y quieren asegurarse que la reforma del Banco Central salga o salga. “Es una de las grandes propuestas de Javier para su gobierno, no sería una buena estrategia mandarlo todo junto”, deslizaron en el bloque libertario.
Según aseguran en el oficialismo, el segmento central, sobre la carta orgánica, tiene “mucho envión” y creen que “puede salir relativamente fácil”. Distinto es el panorama para el proyecto de cierre administrativo, que en principio consistiría en obligar a los gobiernos a pasar por el Congreso para aprobar cualquier aumento del presupuesto por fuera de lo planificado, bajo apercibimiento de forzar el cierre de áreas de la administración.
Ante la alarma opositora, ya les aclararon que en la letra chica quedarían exceptuados los llamados gastos gatillo -seguridad, salud y educación-, y “sólo” se verían afectados gastos corrientes, o pagos a proveedores. El detalle de este punto aún no está definido, y en parte por eso es que se demorará su presentación ante el Legislativo. “Hay que ver el alcance de lo que vamos a entender por cierre del gobierno”, reconocen en el Gobierno. Y admiten que, junto con la reforma del Código Penal, es el frente más sensible: “El shutdown y Código Penal es lo más discutible o lo que puede traer más resistencia”.
Todavía no se definió si ingresarán por el Senado y no por Diputados, donde respectivamente tienen roles centrales Patricia Bullrich, que acuerda con el primer tramo, y Martín Menem. En principio, no quieren que enturbie las negociaciones con los gobernadores, a los que Karina Milei junto a Diego Santilli, por otro lado, buscan convencer para que apoyen la eliminación de las elecciones Primarias al menos el año que viene.
El proyecto tendrá impacto sobre la independencia de la autoridad monetaria y el financiamiento del Tesoro. Milei lo armó con Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y el titular del BCRA, Santiago Bausili. A priori, se apoya en dos puntos: la modificación del artículo tres de la Carta Orgánica vigente, que habilita un mandato múltiple incorporado en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, y la prohibición de los adelantos transitorios al Tesoro.
“No sabemos bien aún cómo vamos a hacer la tipificación del delito”, admitió una fuente con conocimiento del proyecto.
POLITICA
A qué hora es la cadena nacional de Milei el jueves

El presidente Javier Milei volverá a utilizar la cadena nacional para anunciar una de las iniciativas más relevantes de su gestión. Este jueves 30 de julio, a las 20 horas, el mandatario presentará oficialmente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), un proyecto que el Gobierno considera clave para consolidar su programa económico.
La confirmación fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien explicó que el mensaje será grabado previamente y estará destinado a detallar los principales cambios que impulsa el Poder Ejecutivo antes de enviar la iniciativa al Congreso.
“Comienzo anunciando que el presidente Javier Milei realizará una cadena nacional el próximo jueves a las 20 horas para explicar los ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Como saben, es un tema fundamental para este gobierno porque el principal mandato que nos han mandado tiene que ver con bajar la inflación. Y estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo”, informó Ravier.
Según adelantó el Gobierno, la reforma buscará redefinir el rol del Banco Central y restablecer como objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda. Entre los principales cambios previstos también se encuentra la prohibición expresa de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y un fortalecimiento de la independencia de la autoridad monetaria.
En los últimos días, el propio Presidente anticipó que la iniciativa incluirá sanciones para quienes vulneren ese principio. “Se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financie al fisco”, sostuvo Milei al referirse al proyecto. Además, el oficialismo analiza endurecer los requisitos para modificar la conducción del organismo, con el objetivo de darle mayor estabilidad institucional al Banco Central.
Una vez realizado el anuncio, el Gobierno prevé enviar el proyecto al Congreso durante los primeros días de agosto. Hasta el momento no fue confirmado por cuál de las dos cámaras comenzará su tratamiento legislativo.
Desde la Casa Rosada consideran que se trata de una de las reformas económicas más importantes del semestre y esperan avanzar con su discusión parlamentaria en las próximas semanas.
La decisión de presentar un proyecto de ley mediante cadena nacional representa un hecho poco frecuente. Ni siquiera la denominada Ley Bases, una de las iniciativas más ambiciosas impulsadas por el Gobierno, fue anunciada a través de este mecanismo.
Durante su gestión, Milei recurrió a la cadena nacional en contadas ocasiones para comunicar decisiones consideradas de alta trascendencia institucional. La primera fue en diciembre de 2023, cuando anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Posteriormente la utilizó para informar el superávit fiscal del primer trimestre de 2024 y, más adelante, para realizar el balance de su primer año de gobierno y presentar el proyecto de Presupuesto.
El uso de esta herramienta está contemplado en el artículo 75 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que el Poder Ejecutivo puede disponer de la cadena nacional en “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”.
la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA),pic.twitter.com/wiWGEOsmg9,July 28, 2026,Javier Milei,Agenda
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