POLITICA
Un robo de fibra óptica destapó la corrupción y expuso a un funcionario con miles de dosis de drogas
Todo empezó como un robo en un depósito de fibra óptica de Arsat, la empresa nacional de telecomunicaciones, pero a medida que la investigación avanzó, afloraron pruebas que complican a funcionarios en delitos de corrupción.
El robo fue raro. Requirió un gran despliegue y varios días de trabajo, según declaró un especialista en la causa. Las cámaras de seguridad que debían custodiar el predio no funcionaban. Escuchas judiciales afianzaron luego la hipótesis de que el depósito robado habría sido adjudicado con una licitación irregular. Los investigadores sospechan que a cambio de sobornos.
El principal acusado es Facundo Leal, expresidente de Arsat durante la gestión de Alberto Fernández, reconvertido en funcionario del gobierno de Javier Milei como titular del Orsna, el organismo que controla el sistema de aeropuertos nacionales. Leal es el protagonista del último giro de esta trama y el más llamativo: los investigadores le encontraron más de 2 millones de dólares en efectivo y una cantidad de drogas equivalentes a miles de dosis recreativas.
El 4 de enero de 2024, empleados de Arsat descubrieron que en 15 contenedores que estaban en un depósito en San Fernando faltaban flejes de cobre y componentes internos de equipos de fibra óptica que se usan para llevar internet de alta velocidad a todo el país. No fue un robo sencillo: Marcelo Garozzo, del área de Infraestructura de Arsat, declaró que un asalto semejante requirió escaleras, herramientas especiales y varios días de trabajo durante el horario diurno.
El depósito era operado por la firma Argentina Logistic Services SA. Las cámaras de seguridad no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral llevaba tiempo cortado.
La denuncia del robo quedó radicada en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli y en la fiscalía de Fernando Domínguez.
A medida que el caso fue avanzando, se amplió la investigación porque aparecieron indicios de corrupción en la contratación de la empresa de logística que custodiaba el predio. Se analizaron comunicaciones y la semana pasada se ordenaron más de una decena de allanamientos. Incluyeron inmuebles de Leal en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza.
Lo que encontraron los investigadores abrió un tercer capítulo del caso: en lo de Leal había más de 2,4 millones de dólares, monedas de otros países -algunas exóticas, como chelines tanzanos- y una importante cantidad de drogas.
Leal es un mendocino que desembarcó en Arsat hace 20 años, cuando se creó el organismo. Llegó junto con el primer presidente, Rodolfo Gabrielli, un peronista que había sido gobernador de Mendoza. Entre 2022 y 2024, durante el gobierno de Alberto Fernández, Leal presidió Arsat.
En 2025, el gobierno de Milei lo puso al frente del Orsna, el organismo que regula y supervisa el sistema aeroportuario nacional, un cargo que otorga mucho poder y que ejerció hasta enero de este año. Siempre siguió siendo, en paralelo, empleado de planta permanente de Arsat.
Leal renunció al gobierno de Milei en enero, junto con Luis Pierrini, otro mendocino que era hasta entonces el secretario de Transporte de la Nación. Los dos habrían sido “invitados” a dejar el Gobierno por haber viajado a Barcelona en un avión privado ligado a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Carlos Pagni informó que se trató del mismo avión que trajo al gendarme Nahuel Gallo de Venezuela a la Argentina.
No está claro todavía qué apoyos políticos les permitieron a Leal y a Pierrini ascender a cargos tan relevantes en esta gestión, pero se trata de funcionarios que tejieron toda clase de lazos. Pierrini, conocido en Mendoza como un hombre de muy buen pasar económico, secunda al empresario Daniel Vila en el club Independiente Rivadavia, de Mendoza. También se le adjudica una relación con Leonardo Scatturice, un hombre de negocios muy cercano a Santiago Caputo, con un pasado en el espionaje y una muy diversificada cartera de inversiones.
En el departamento de Leal del barrio de Palermo se encontraron más de US$670.000 en una caja fuerte. Pero lo más llamativo es que además se hallaron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, es decir, drogas sintéticas, y 14 gramos de clorhidrato de cocaína. Según reportes de organismos especializados, los 128 gramos de ketamina equivalen a entre unas 1700 y 4300 dosis recreativas moderadas. Según declaró Leal en los tribunales, era para consumo personal.
Entre los elementos hallados también había 15 cucharas presuntamente utilizadas para consumo, un vaper con aceite de cannabis y 15 bolsas tipo Ziploc.
En la casa de Leal de Palermo también fueron secuestrados 165 euros, $2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6258 reales, 3040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos y 2000 chelines tanzanos.
Pero la mayor cantidad de dinero se secuestró en el domicilio de Leal de Mendoza, que también fue allanado: allí había cerca de US$1.700.000.
En un primer momento, el caso se limitaba a la investigación de un robo de material sensible de Arsat, pero las características de ese hecho desataron la sospecha de un presunto pago de coimas. La sospecha es que los funcionarios de Arsat que debían controlar al proveedor eran, en paralelo, sus beneficiarios. La firma Argentina Logistic Services (ALS) y 10 personas están bajo investigación. El fiscal pidió las primeras indagatorias por una serie de delitos que incluyen, además de cohecho, defraudación contra la administración pública, malversación de caudales y negociaciones incompatibles con la función pública.
Además, se abrió una investigación específica por las drogas encontradas en lo de Leal, que la semana pasada ya declaró en indagatoria -exclusivamente por los estupefacientes- y dijo que no comercializaba sustancias sino que las consumía.
El otro ex alto directivo de Arsat acusado en la misma investigación es Gerardo Boschin, que fue gerente de compras del organismo durante la gestión de Alberto Fernández y que, como Leal, obtuvo un cargo importante en el gobierno de Milei, que lo nombró presidente de Trenes Argentinos, puesto que ocupó hasta enero pasado. Como Leal, nunca dejó de ser empleado de planta permanente de Arsat.
Boschin fue determinante en la contratación del depósito donde se guardaba la fibra óptica robada a Arsat. De acuerdo con las comunicaciones analizadas en la causa, él les filtraba el estado interno del expediente a los empresarios que supuestamente concursaban mientras el proceso administrativo estaba en marcha. Mensajes recuperados de los teléfonos secuestrados aluden a dinero en efectivo que Boschin habría recibido en las oficinas de Arsat de parte de empresarios beneficiados por sus gestiones. Boschin renunció a Trenes Argentinos en enero, junto con Pierrini y Leal.
El juez debe decidir ahora si hace lugar a los pedidos de indagatorias que presentó la fiscalía. El viernes pasado dispuso el secreto del sumario. Mientras tanto, se siguen analizando los documentos, teléfonos y computadoras secuestrados.
Resta definir además qué destino tendrá la parte del caso que investiga la droga encontrada en lo de Leal. Todo indica que esa parte de la investigación se desprenderá del resto del caso y será enviada a los tribunales federales de Comodoro Py porque fue en la ciudad de Buenos Aires donde se produjo en hallazgo.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, respaldó una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof para 2027 y reclamó que el peronismo defina sus postulantes mediante elecciones primarias.
En una entrevista con Infobae al Regreso, también se refirió a la reorganización del justicialismo tras el encuentro entre Cristina Kirchner y Sergio Massa, denunció al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo por el presunto desvío de fondos para infraestructura y confirmó que le gustaría competir por la gobernación bonaerense.
Katopodis respaldó a Kicillof y pidió primarias en el peronismo
En medio de las discusiones por el liderazgo del PJ, Katopodis defendió las elecciones primarias como mecanismo para resolver las candidaturas y evitar acuerdos entre las conducciones partidarias. “Hacer unas buenas primarias en el peronismo sería muy, pero muy saludable”, sostuvo, al cuestionar que las decisiones queden en manos de unos pocos dirigentes.
“Tenemos que generar las condiciones para que los candidatos los elija la gente y no los elijan cuatro dirigentes”, afirmó. Para el ministro, quien aspire a conducir el país deberá construir una autoridad política propia, respaldada por la sociedad y no solamente por un acuerdo de cúpula.
Consultado sobre quién reúne mejores condiciones para representar al peronismo en las próximas elecciones presidenciales, respaldó al gobernador bonaerense. “No tengo dudas de que Axel (Kicillof) es el que está en mejores condiciones”, respondió. Como argumento, mencionó la confianza que, según afirmó, encuentra en sus recorridas por la provincia.
Katopodis consideró que una eventual reelección de Milei podría contribuir a ordenar las prioridades de la oposición. “Lo que podría ser más grave es una reelección, cuatro años más. Me parece que eso va a ordenar”, señaló.
También valoró el papel de Cristina Kirchner en la reorganización del espacio y sostuvo que su participación puede ayudar a que los distintos sectores encuentren su lugar. Además, descartó que Máximo Kirchner sea un impedimento para una eventual candidatura presidencial de Kicillof: “Cada uno va a dar seguramente su opinión, va a participar, va a proponer”.
La denuncia contra Milei y Caputo por los fondos para infraestructura
Katopodis cuestionó el rumbo económico del Gobierno y describió un deterioro de los ingresos familiares y del mercado laboral. “El que no se endeudó vendió pertenencias, el que no vendió pertenencias vendió dólares, el que no vendió dólares le pidió prestado a algún familiar”, sostuvo.
Frente a ese escenario, planteó que el peronismo debe elaborar una propuesta para 2027 que combine la explotación de los recursos naturales con el desarrollo industrial y la generación de empleo. Entre sus prioridades, mencionó agregar valor a la producción, ampliar las exportaciones y fortalecer una red de proveedores vinculada con Vaca Muerta, las pymes, los centros tecnológicos y las universidades públicas.
Uno de sus principales cuestionamientos al Gobierno estuvo relacionado con el destino de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles. El ministro informó que presentó una denuncia contra Milei y Caputo por el presunto desvío de fondos que, según afirmó, debían financiar obras viales e hidráulicas. “Nos cobraron un impuesto, se llevaron la plata, desviaron esos fondos y las obras no se hicieron”, denunció.
Según detalló, una parte de la recaudación debe destinarse por ley a rutas y caminos, mientras que otra financia el Fondo Hídrico, destinado a prevenir inundaciones. Katopodis cifró en $400.000 millones los recursos de este último y en $1,5 billones los vinculados con la infraestructura vial.
El funcionario reclamó la intervención de la Justicia federal para investigar el manejo de esos fondos y exigir que se restituyan a sus destinos específicos. También cuestionó la presunta colocación de recursos en instrumentos financieros, una operatoria que, según su interpretación, no estaría contemplada por la normativa aplicable.
“Queremos que un juez, la Justicia penal, en este caso federal, actúe y obligue al Gobierno nacional a que reponga esos fondos”, afirmó.
Las obras hidráulicas y la aspiración de Katopodis a la gobernación
La denuncia se enmarca en las advertencias del ministro sobre posibles inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño. Para reducir los riesgos, la Provincia trabaja en el monitoreo de los cursos de agua, la limpieza de arroyos y canales y la continuidad de las obras hidráulicas.
Katopodis anunció, además, una plataforma pública de seguimiento hidrometeorológico que reúne datos de más de 180 estaciones, entre dispositivos provinciales, universidades y bolsas de cereales. Según anticipó, la red llegará a 400 estaciones y permitirá consultar variables como precipitaciones, vientos, temperaturas y niveles de los ríos.
Entre las obras en marcha, destacó el tramo final del Plan Maestro del Río Salado y las intervenciones en las cuencas de los ríos Luján y Areco, además de los trabajos sobre el arroyo Maldonado, en Bahía Blanca. El ministro sostuvo que estos proyectos requieren coordinación entre las distintas jurisdicciones y reclamó la participación de la Nación. “Necesitamos que el Gobierno nacional actúe, que aparezca la plata y que se hagan las obras”, afirmó.
Hacia el final de la entrevista, Katopodis confirmó que le gustaría competir por la gobernación bonaerense si Kicillof avanzara hacia una candidatura presidencial. “Tengo ganas. Me han preguntado si me gustaría y dije que sí”, reconoció.
Para fundamentar esa aspiración, repasó su trayectoria como intendente de San Martín, ministro nacional de Obras Públicas durante la presidencia de Alberto Fernández y actual titular de Infraestructura bonaerense. También cuestionó la paralización de la obra pública dispuesta por Milei y aseguró que más de 2.300 proyectos quedaron frenados desde el 10 de diciembre de 2023. Según sus cifras, la interrupción de las obras contribuyó a la pérdida de unos 200.000 puestos de trabajo en la construcción.
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POLITICA
ATE protestó frente a la Quinta de Olivos contra el nuevo plan de retiros voluntarios del Gobierno
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este miércoles a la Quinta Presidencial de Olivos para protestar contra el programa de retiros voluntarios lanzado por el Gobierno y el financiamiento previsto para su implementación a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La organziación sostuvo que se trata de un “nefasto programa” y un “negociado multimillonario” que pretende profundizar el proceso de ajuste sobre la estructura estatal.
El gremio también cuestionó la ausencia de Milei de las sedes oficiales de Gobierno. “Nunca van a la Casa Rosada y tampoco lo encontramos en Olivos. Se fue de nuevo a España sin una agenda oficial. Con la nuestra le estamos financiando a todo el Poder Ejecutivo el turismo internacional”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
“No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios. Este decreto es un negociado multimillonario. Si firmamos, no sólo estaremos perdiendo derechos logrados a través de los años sino que estaremos avalando que a través de sus consultoras (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo se sigan llenando de plata”, añadió Aguiar.
ATE denunció además despidos, no renovación de contratos, reducción de puestos permanentes, incertidumbre laboral y el cierre o vaciamiento de organismos públicos.
“Nos quieren correr del Estado por migajas y tercerizar nuestras funciones. Este régimen es el inicio de un proceso de privatización de más del 90% de la Administración Pública”, sostuvo Aguiar.
Y añadió: “Endeudarse con el BID para financiar estos despidos es un delito. Está prohibido tomar deuda en moneda extranjera para financiar gasto corriente como piensan hacerlo”, concluyó.
El plan del Gobierno para reducir la planta estatal
El programa de retiros voluntarios fue oficializado mediante el decreto 1203/26 y alcanza a alrededor de 21.187 trabajadores de la administración pública nacional. Según la normativa, quienes adhieran no podrán reingresar al Estado durante un plazo de ocho años.
Además, el Gobierno dispuso que los cargos que queden vacantes no serán cubiertos nuevamente.
La medida forma parte de la estrategia de reducción del empleo público impulsada por la gestión libertaria desde su llegada al poder. De acuerdo con datos oficiales citados por el Gobierno, de los aproximadamente 341.000 empleados que integraban la administración pública nacional al inicio de la gestión, ya dejaron de formar parte de la planta cerca de 72.000 personas.
El objetivo oficial es profundizar ese proceso y alcanzar una reducción equivalente al 25% de la estructura estatal nacional hacia fin de año.
A su vez, el Gobierno reglamentó a partir del decreto 1177/26 una línea de crédito con el BID por más de 800 millones de dólares con distintos objetivos, de los cuales 300 estarían destinados a solventar los costos de los retiros voluntarios.
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Desalojos, expropiaciones y tierras: los principales puntos de la ley de propiedad privada que se aprobó en Diputados
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que introduce cambios en los procedimientos de desalojo, limita las condiciones en las que el Estado puede expropiar bienes y restablece las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, en una concesión del oficialismo a sus aliados para destrabar el tratamiento de la reforma.
El proyecto obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como la Cámara baja incorporó modificaciones al texto que había aprobado el Senado el 6 de agosto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión.
Entre sus puntos principales, la iniciativa apunta a acelerar los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles urbanos y rurales. Para ello, establece que las acciones de desalojo tramiten mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento más abreviado que el proceso ordinario.
En los casos de falta de pago de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo no inferior a 10 días corridos desde la recepción de la notificación. La intimación deberá especificar el lugar de pago.
Si el incumplimiento persiste, el locador podrá iniciar la acción de desalojo. El proyecto contempla un procedimiento de restitución del inmueble en un plazo de 10 días hábiles y habilita a solicitar la desocupación inmediata en los casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria.
Esta última figura permite al solicitante asumir formalmente la responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar una medida indebida, sin que deba constituir necesariamente una garantía patrimonial.
La iniciativa también establece controles judiciales para determinados desalojos. Cuando se invoquen causas como el cambio de destino, el deterioro del inmueble, la realización de obras nocivas o el uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes.
En caso de que haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional, sin que eso implique suspender el proceso judicial.
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