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POLITICA

Un robo de fibra óptica destapó la corrupción y expuso a un funcionario con miles de dosis de drogas

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Todo empezó como un robo en un depósito de fibra óptica de Arsat, la empresa nacional de telecomunicaciones, pero a medida que la investigación avanzó, afloraron pruebas que complican a funcionarios en delitos de corrupción.

El robo fue raro. Requirió un gran despliegue y varios días de trabajo, según declaró un especialista en la causa. Las cámaras de seguridad que debían custodiar el predio no funcionaban. Escuchas judiciales afianzaron luego la hipótesis de que el depósito robado habría sido adjudicado con una licitación irregular. Los investigadores sospechan que a cambio de sobornos.

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El principal acusado es Facundo Leal, expresidente de Arsat durante la gestión de Alberto Fernández, reconvertido en funcionario del gobierno de Javier Milei como titular del Orsna, el organismo que controla el sistema de aeropuertos nacionales. Leal es el protagonista del último giro de esta trama y el más llamativo: los investigadores le encontraron más de 2 millones de dólares en efectivo y una cantidad de drogas equivalentes a miles de dosis recreativas.

El 4 de enero de 2024, empleados de Arsat descubrieron que en 15 contenedores que estaban en un depósito en San Fernando faltaban flejes de cobre y componentes internos de equipos de fibra óptica que se usan para llevar internet de alta velocidad a todo el país. No fue un robo sencillo: Marcelo Garozzo, del área de Infraestructura de Arsat, declaró que un asalto semejante requirió escaleras, herramientas especiales y varios días de trabajo durante el horario diurno.

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El depósito era operado por la firma Argentina Logistic Services SA. Las cámaras de seguridad no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral llevaba tiempo cortado.

La denuncia del robo quedó radicada en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli y en la fiscalía de Fernando Domínguez.

A medida que el caso fue avanzando, se amplió la investigación porque aparecieron indicios de corrupción en la contratación de la empresa de logística que custodiaba el predio. Se analizaron comunicaciones y la semana pasada se ordenaron más de una decena de allanamientos. Incluyeron inmuebles de Leal en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza.

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Lo que encontraron los investigadores abrió un tercer capítulo del caso: en lo de Leal había más de 2,4 millones de dólares, monedas de otros países -algunas exóticas, como chelines tanzanos- y una importante cantidad de drogas.

Leal es un mendocino que desembarcó en Arsat hace 20 años, cuando se creó el organismo. Llegó junto con el primer presidente, Rodolfo Gabrielli, un peronista que había sido gobernador de Mendoza. Entre 2022 y 2024, durante el gobierno de Alberto Fernández, Leal presidió Arsat.

En 2025, el gobierno de Milei lo puso al frente del Orsna, el organismo que regula y supervisa el sistema aeroportuario nacional, un cargo que otorga mucho poder y que ejerció hasta enero de este año. Siempre siguió siendo, en paralelo, empleado de planta permanente de Arsat.

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Facundo Leal, expresidente de Arsat

Leal renunció al gobierno de Milei en enero, junto con Luis Pierrini, otro mendocino que era hasta entonces el secretario de Transporte de la Nación. Los dos habrían sido “invitados” a dejar el Gobierno por haber viajado a Barcelona en un avión privado ligado a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Carlos Pagni informó que se trató del mismo avión que trajo al gendarme Nahuel Gallo de Venezuela a la Argentina.

No está claro todavía qué apoyos políticos les permitieron a Leal y a Pierrini ascender a cargos tan relevantes en esta gestión, pero se trata de funcionarios que tejieron toda clase de lazos. Pierrini, conocido en Mendoza como un hombre de muy buen pasar económico, secunda al empresario Daniel Vila en el club Independiente Rivadavia, de Mendoza. También se le adjudica una relación con Leonardo Scatturice, un hombre de negocios muy cercano a Santiago Caputo, con un pasado en el espionaje y una muy diversificada cartera de inversiones.

En el departamento de Leal del barrio de Palermo se encontraron más de US$670.000 en una caja fuerte. Pero lo más llamativo es que además se hallaron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, es decir, drogas sintéticas, y 14 gramos de clorhidrato de cocaína. Según reportes de organismos especializados, los 128 gramos de ketamina equivalen a entre unas 1700 y 4300 dosis recreativas moderadas. Según declaró Leal en los tribunales, era para consumo personal.

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Entre los elementos hallados también había 15 cucharas presuntamente utilizadas para consumo, un vaper con aceite de cannabis y 15 bolsas tipo Ziploc.

Dinero y drogas secuestrados en el allanamiento a Facundo Leal en el barrio de Palermo

En la casa de Leal de Palermo también fueron secuestrados 165 euros, $2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6258 reales, 3040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos y 2000 chelines tanzanos.

Pero la mayor cantidad de dinero se secuestró en el domicilio de Leal de Mendoza, que también fue allanado: allí había cerca de US$1.700.000.

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En un primer momento, el caso se limitaba a la investigación de un robo de material sensible de Arsat, pero las características de ese hecho desataron la sospecha de un presunto pago de coimas. La sospecha es que los funcionarios de Arsat que debían controlar al proveedor eran, en paralelo, sus beneficiarios. La firma Argentina Logistic Services (ALS) y 10 personas están bajo investigación. El fiscal pidió las primeras indagatorias por una serie de delitos que incluyen, además de cohecho, defraudación contra la administración pública, malversación de caudales y negociaciones incompatibles con la función pública.

Además, se abrió una investigación específica por las drogas encontradas en lo de Leal, que la semana pasada ya declaró en indagatoria -exclusivamente por los estupefacientes- y dijo que no comercializaba sustancias sino que las consumía.

El otro ex alto directivo de Arsat acusado en la misma investigación es Gerardo Boschin, que fue gerente de compras del organismo durante la gestión de Alberto Fernández y que, como Leal, obtuvo un cargo importante en el gobierno de Milei, que lo nombró presidente de Trenes Argentinos, puesto que ocupó hasta enero pasado. Como Leal, nunca dejó de ser empleado de planta permanente de Arsat.

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Gerardo Boschin, expresidente de Trenes Argentinos

Boschin fue determinante en la contratación del depósito donde se guardaba la fibra óptica robada a Arsat. De acuerdo con las comunicaciones analizadas en la causa, él les filtraba el estado interno del expediente a los empresarios que supuestamente concursaban mientras el proceso administrativo estaba en marcha. Mensajes recuperados de los teléfonos secuestrados aluden a dinero en efectivo que Boschin habría recibido en las oficinas de Arsat de parte de empresarios beneficiados por sus gestiones. Boschin renunció a Trenes Argentinos en enero, junto con Pierrini y Leal.

El juez debe decidir ahora si hace lugar a los pedidos de indagatorias que presentó la fiscalía. El viernes pasado dispuso el secreto del sumario. Mientras tanto, se siguen analizando los documentos, teléfonos y computadoras secuestrados.

Resta definir además qué destino tendrá la parte del caso que investiga la droga encontrada en lo de Leal. Todo indica que esa parte de la investigación se desprenderá del resto del caso y será enviada a los tribunales federales de Comodoro Py porque fue en la ciudad de Buenos Aires donde se produjo en hallazgo.

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POLITICA

Senado: los aliados toman el control de la agenda que cede Bullrich y cambian a gusto leyes y plazos

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Después del paso arrollador de las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero pasados, y en medio de la crisis política por Manuel Adorni, la jefa oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cedió una fracción considerable de la agenda legislativa a manos de aliados que, desde hace largas semanas, manejan los tiempos y cambian a gusto las leyes que reclama el Ejecutivo en la Cámara alta, sin importar lo que haga o diga la porteña. Y, clave: los recientes tándems de la ex ministra de Seguridad con el líder del kirchnerismo, José Mayans, preocuparon aún más a dialoguistas, quienes a esta altura reactivaron los canales informales con Balcarce 50 para no quedar atrapados en las picardías “republicanas” de la legisladora.

Lo que comenzó con iniciativas que aterrizaron gracias a la supuesta muñeca de Bullrich derivó rápido en proyectos despedazados por aliados, sin resistencia alguna. El caso más concreto es la “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”. Su dictamen fue apurado de manera innecesaria por la libertaria. Vale recordar que, ese día, hasta se encontraba de viaje en el exterior su colega de bancada y titular de la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (Tierra del Fuego), cabecera del plenario que discutía el asunto.

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Tras deslizar en -al menos- dos o tres ocasiones que había un consenso blindado por este tema con bloques dialoguistas, Bullrich tuvo que volver sobre sus pasos y blanqueó la desprolijidad a la hora de cerrar un asunto. Fácil de detectar para quienes tienen votos clave y no dejan llevarse de las narices. Esto llevó, por caso, a que en la última sesión se aplazara el debate sobre propiedad privada, con bancadas que desconocían, ante tanta voltereta, el texto final que empujaba la titular de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger

Otro de los límites ya notificados a Bullrich y al Ejecutivo es que cada sesión tendrá, como mucho, un solo tema de los “pesados” que interesen a Balcarce 50. Por ejemplo, en caso de ir al recinto este jueves -por fuera de Adorni-, aparece propiedad privada. Podría haberse incluido la ley “Hojarasca”, otro de los articulados que pretende el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Su despacho fue rubricado el miércoles último, donde la porteña dio a entender un supuesto adiós al libre estacionamiento y circulación de legisladores como algo que contenía la iniciativa. Era falso: en Diputados se mantuvo ese beneficio.

De regreso en propiedad privada, en mayo pasado desapareció el capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), un duro golpe para el funcionario. También se modificaron ítems sobre expropiaciones y se amortiguó la situación de los desalojos exprés. Como espina sí quedó la flexibilización en la venta de tierra a extranjeros. De tantos borradores, ya hay un mareo generalizado. Para la zona de frontera se incorporaría, además del aval de Nación, un guiño obligatorio desde el Congreso. El resto, cedido a voluntad de los gobernadores. Pocos se animan a agregar que también habría reparos para dinamitar las prohibiciones que por largos años impuso Máximo Kirchner en la ley de Manejo del Fuego, durante la era Alberto Fernández. Suele ser el problema cuando uno se ocupa más de lo personal que de lo colectivo. Lo que menos precisa la Casa Rosada es que se sume otro conflicto.

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AGN

El renovado y -de nuevo- peronista friendly y titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, asistirá mañana a la bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que comanda el senador libertario Ezequiel Atauche (Jujuy). Será interesante conocer lo actuado por el organismo -que revisa los gastos a posteriori del Estado- sobre áreas que interesaron tanto a la oposición y también al oficialismo durante 2025.

La gigantografía de Lionel Messi y la urna de las promesas encontradas por Infobae en el anexo del Senado

Messi manía en medio del drama

Antes que finalizara la semana pasada, llamó la atención la aparición de un ambiente estilo Fan Fest en el edificio anexo de la Cámara alta. Según corroboró Infobae, en un pasillo hasta se dispuso la gigantografía de Lionel Messi, junto a globos celestes y blancos. Dos preocupaciones surgieron. Primero, una bandera nacional tapó por completo un plano de salidas de emergencia. Y, la más curiosa: una mini urna para depositar notas o cartas bajo la leyenda “si gana Argentina, prometo…”.

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POLITICA

Javier Milei y sus medidas, en vivo: el viaje del Presidente a España y las repercusiones de la elección en Colombia

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WASHINGTON.− En medio de los cuestionamientos de diversos sectores en la Argentina al proyecto sobre lobby que impulsa el Gobierno en el Congreso, Human Rights Watch (HRW) advirtió este lunes que en caso de aprobarse podría imponer “cargas irrazonables” a las organizaciones independientes de derechos humanos y a otros grupos de la sociedad civil, y pidió “correcciones”.

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La modelo Jesica Cirio emitió un descargo sobre los videos publicados este sábado por en los que ella aparece manipulando bolsas y fajos de dólares escondidos presuntamente en un vestidor de la casa en la que vivía junto a Martín Insaurralde en San Vicente.

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albert ramdin y carlos cherniak, oea,mundo,oea

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POLITICA

Human Rights Watch advierte por el proyecto sobre lobby que impulsa el Gobierno y pide “correcciones”

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WASHINGTON.− En medio de los cuestionamientos de diversos sectores en la Argentina al proyecto sobre lobby que impulsa el Gobierno en el Congreso, Human Rights Watch (HRW) advirtió este lunes que en caso de aprobarse podría imponer “cargas irrazonables” a las organizaciones independientes de derechos humanos y a otros grupos de la sociedad civil, y pidió “correcciones”.

La organización internacional con sede en Nueva York señaló mediante un comunicado que el proyecto de ley busca promover la transparencia e integridad, pero que tal y como está diseñado “impondría nuevas cargas administrativas y riesgos legales tan serios que, en la práctica, impedirían que muchos grupos de la sociedad civil participen en el proceso de formulación de políticas públicas”.

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Organizaciones de la sociedad civil, entidades profesionales y cámaras empresarias han coincidido en cuestionar aspectos centrales de la iniciativa del Gobierno, desde la amplitud de las definiciones, la viabilidad práctica de varios artículos y hasta las sanciones previstas.

“Es valioso que el Gobierno quiera regular y garantizar la transparencia en torno a las actividades de lobby, pero debe asegurar los derechos de la población y de las organizaciones de la sociedad civil a incidir en políticas públicas”, indicó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.twitter,getty

El Congreso debería corregir las disposiciones excesivamente amplias del proyecto de ley para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer su trabajo sin restricciones indebidas”, agregó.

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La semana pasada, en la última reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ninguno de los 26 expositores convocados respaldó el texto oficial. La Libertad Avanza (LLA) optó por postergar el dictamen y abrir una instancia de negociación con bloques dialoguistas que ya trabajan en propuestas alternativas.

El objetivo de la norma, según la administración de Javier Milei, es limitar la influencia indebida sobre las decisiones de gobierno y aumentar la transparencia de las actividades de lobby, recordó HRW en la nota publicada este lunes, titulada “Argentina debe corregir la propuesta de ley sobre lobby“.

El proyecto de ley, presentado como “Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, prohibiría toda comunicación destinada a influir en las políticas gubernamentales, a menos que las entidades y las personas involucradas se registren primero como lobbistas y presenten, de manera rápida y detallada, informes sobre cada contacto y comunicación que mantengan, añadió HRW, que realizó una extensa descripción de las implicancias del plan.

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El organismo destacó que crearía un registro público de gestores de intereses y exigiría que se registren tanto los lobbistas profesionales como los representantes de empresas, cámaras empresariales y cualquier otra persona u organización que busque influir en las decisiones del Poder Ejecutivo o del Congreso.

“La inscripción en el registro no sería automática ni estaría garantizada. Por el contrario, las autoridades a cargo del registro, que operarían bajo la órbita del Poder Ejecutivo, podrían rechazar la inscripción, por ejemplo, si consideran que no es ‘compatible’ con el objeto social registrado de la organización”, detalló.

Las autoridades también podrían suspender o cancelar la inscripción por incumplimientos de la ley; por ejemplo, por no informar acerca de reuniones con la debida rapidez. Esto permitiría a las autoridades del Poder Ejecutivo impedir arbitrariamente que grupos de la sociedad civil participen en actividades de incidencia, señaló HRW.

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Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.Rodrigo Néspolo

Entre otros aspectos, el organismo advirtió que el proyecto exigiría que las personas u organizaciones registradas informen detalladamente sobre cada reunión o “contacto” que tengan con las autoridades públicas en un plazo de cinco días.

“Es muy probable que a las organizaciones de la sociedad civil les resulte más difícil que a los grupos empresariales hacer frente a estas cargas administrativas. Con ello, se corre el riesgo de inclinar la balanza de tal manera que, en última instancia, los grupos de interés con grandes recursos económicos aumenten su acceso al Gobierno y al Congreso y las organizaciones de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil lo disminuyan”, alertó HRW.

Otro de los puntos controvertidos, según HRW, es que el proyecto que impulsa el Gobierno modificaría el Código Penal para permitir penas de hasta dos años de prisión para cualquier persona que realice actividades de lobby sin previa autorización.

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Además, permitiría imponer una pena de prisión de hasta tres años a quienes lleve a cabo una “representación clandestina de intereses extranjeros”, incluyendo a quienes no declaren que están tratando de influir en decisiones vinculadas a la “defensa nacional, seguridad interior o relaciones exteriores” con financiamiento extranjero, añadió.

“En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Argentina está obligada a respetar los derechos a la libertad de asociación y de expresión. Cualquier restricción a estos derechos debe estar claramente definida, y ser necesaria y proporcional para alcanzar un fin legítimo, como la protección de los derechos de terceros”, recordó el organismo en el comunicado.

Tal como está redactado, el proyecto “no tiene en cuenta estas obligaciones de derechos humanos” e incluso otorgaría al Poder Ejecutivo “facultades excesivas para sancionar a las organizaciones de la sociedad civil que buscan mejorar la respuesta gubernamental ante hechos de corrupción y violaciones de derechos”, señaló HRW.

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“Si al Congreso le importa la transparencia en las decisiones públicas, debería regular debidamente el lobby sin obstaculizar el trabajo de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil”, cerró Goebertus.




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