La diputada de San Luis Luciana Perano falleció este domingo tras sufrir un infarto en la localidad pampeana de Parera, donde había nacido.

La legisladora de 46 años se encontraba junto a su familia cuando, al momento de iniciar su regreso a San Luis cerca de las 7, sufrió una descompensación. Ante el deceso repentino, el cuerpo fue trasladado a General Pico para la realización de la autopsia correspondiente, según informó El Diario de La Pampa. Fuentes cercanas al caso confirmaron que se trata de un deceso por causas naturales y que no existe ninguna circunstancia extraña en el hecho.

Perano había iniciado su segundo mandato como diputada provincial el 10 de diciembre de 2025, en representación del departamento Juan Martín de Pueyrredón, bajo la bandera del Frente Ahora San Luis. Su primer mandato había comenzado en diciembre de 2021, cuando fue electa bajo el ala de “Unidos por San Luis”, la fuerza liderada por el gobernador Claudio Poggi, quien también le dedicó un sentido mensaje.

“De manera inesperada y con profundo dolor despido hoy a la LUCHI. Luciana Perano era Diputada Provincial por el Frente Ahora San Luis, dirigente de Avanzar, y excelente madre, esposa y amiga. Mi pésame para Martín, sus hijos y demás familia. Te vamos a extrañar Luchi QDEP”, escribió en su cuenta de X el mandatario provincial.

Su participación en la política

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, se había desempeñado como concejal en la ciudad de La Punta, donde compartió bloque con el legislador Luciano Ayala.

En el plano institucional, presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales e integraba la Comisión Bicameral Permanente de Control de Legalidad de Ordenanzas Dictadas por Intendentes Comisionados Municipales. En los últimos tiempos, su actividad parlamentaria estuvo centrada en el impulso a la creación del municipio del Suyuque.

Perano estaba casada con Martín Olivero, senador provincial y ex intendente de La Punta, también oriundo de Parera, con quien se encontraba en la localidad pampeana al momento de su muerte.

En noviembre del año pasado, la legisladora estuvo al frente de la exposición de los puntos centrales del proyecto durante la sesión en la que la Cámara de Diputados de San Luis aprobó, por unanimidad, la reducción de la feria judicial en la provincia. La votación arrojó 27 votos afirmativos y ninguno negativo.

Durante su intervención señaló que la elaboración de la nueva ley contó con el consenso de los distintos bloques y que todos los sectores involucrados coincidieron en la necesidad de garantizar el acceso de la población al servicio de Justicia. También subrayó que, desde el bloque Cambia San Luis y en conjunto con los espacios que respaldan al gobierno provincial, continuarían impulsando iniciativas para reducir la mora y perfeccionar el funcionamiento de los tribunales en la provincia.

La sesión también contó con la intervención de la presidenta del bloque oficialista, Eugenia Gallardo, quien enfatizó la importancia de la reforma para combatir la lentitud en la resolución de causas. “La mora judicial es un problema que nos aqueja, es un problema que hace que la justicia sea menos accesible para quienes la necesitan. Una justicia cuando es lenta, cuando es ineficiente, cuando es ineficaz, no es justicia”, expresó, según palabras reproducidas por el área de prensa de la Legislatura provincial.

El proyecto tuvo su origen en una serie de acuerdos entre el gobernador Claudio Poggi, el vicegobernador Ricardo Endeiza, el presidente de la Cámara, Alberto Leyes, los presidentes de los bloques oficialistas de ambas cámaras y representantes de los colegios de abogados, magistrados, empleados judiciales y el Colegio Forense.

La nueva normativa estableció que la feria judicial se desarrollará en dos semanas durante enero y una semana a mitad de año, cuyas fechas fijará el Superior Tribunal de Justicia. Durante esos períodos, los plazos procesales quedarán suspendidos, aunque se garantizará la atención de asuntos urgentes a través de magistrados y funcionarios designados por la autoridad judicial.

En el comienzo de una semana corta, el Gobierno vuelve a impulsar el proyecto para cambiar la ley de Inocencia Fiscal y permitir que los grandes contribuyentes también puedan adherir al régimen, con la esperanza de que las esquirlas del caso Manuel Adorni no enturbien las negociaciones.

Se trata de una de las tres medidas, junto a la reforma política y la normativa sobre Zonas Frías, que el presidente Javier Milei planteó días atrás como las primeras metas del oficialismo en esta nueva etapa tras el cambio de jefe de Gabinete.

El texto en cuestión ya está listo desde junio pasado y plantea una serie de modificaciones al sistema que el propio Poder Ejecutivo logró aprobar en el Congreso a finales del 2025.

Aunque ya fue reglamentada, la herramienta no generó el impacto que la Casa Rosada esperaba y es por eso que la cúpula libertaria decidió ampliar el universo de beneficiarios.

El nuevo proyecto, de hecho, fue consensuado con todos los colegios y agrupaciones de contadores del país, los cuales previamente habían cuestionado algunos aspectos de la ley original.

El cambio más importante que plantea ahora el Gobierno tiene que ver con quiénes pueden acceder al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, que actualmente es solo para aquellos que tienen ingresos menores a $1.000 millones al año y un patrimonio inferior a los $10.000 millones.

La iniciativa es para que también se permita la adhesión de grandes contribuyentes a esta modalidad, aunque con alcances restringidos en cuanto a los beneficios y presunciones fiscales.

El oficialismo deberá llevar ahora el tema al Congreso, como parte del primer paquete de propuestas tras la salida de Adorni del Ejecutivo.

El propio -ahora- ex jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, realizaron en mayo el trámite ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para inscribirse en el régimen de inocencia fiscal.

De esta forma, el entonces funcionario accedió a la posibilidad de declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente, sin sanciones penales ni antecedentes impositivos.

La decisión fue fuertemente cuestionada por la oposición debido a que el ministro coordinador en ese momento ya estaba siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Con Adorni afuera del Gobierno, las autoridades nacionales esperan que esa situación no sea un impedimento a la hora de tener que negociar con el resto de los bloques.

“A esta altura eso ya no está influyendo, por lo menos no en lo que respecta a la dinámica política”, sostuvo a Infobae un integrante de la cúpula libertaria.

Por el momento, sin embargo, el proyecto no comenzó a ser discutido con los otros espacios parlamentarios y tampoco tiene el respaldo de las provincias, que no fueron consultadas sobre este asunto.

“No conozco qué es lo que quieren modificar y tampoco me vino a hablar nadie por ese tema“, explicó un gobernador aliado de la Casa Rosada, que esperará a ver el texto final antes de tomar una posición.

Aunque Milei ya lo planteó como una meta a corto plazo, el Ejecutivo aún no envió la iniciativa al recinto y aún no definió por qué Cámara entrará, aunque este medio pudo saber que la opción más segura por estas horas era que ingresara por Diputados.

De todas estas cuestiones conversará la mesa política en su siguiente reunión, todavía sin fecha confirmada. Si bien el próximo encuentro estaba previsto para el martes, finalmente se suspendió porque ese día, a las 13:00, la selección argentina juega contra Egipto por los octavos de final del Mundial.

Los especialistas en la materia están presionando para que las modificaciones se traten lo antes posible, teniendo en cuenta que el vencimiento para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025 está previsto para fines de julio.

Es que, el retraso en la sanción de la nueva ley deja en suspenso a quienes evalúan adherir al régimen, por lo que los expertos advierten que la demora podría dejar contribuyentes fuera del sistema y desalentar a quienes buscan certezas antes de exteriorizar fondos.

Quienes opten por la modalidad simplificada deberán mantener la condición de residentes fiscales durante todo el período fiscal. Si ARCA detecta la pérdida de esta condición, podrá excluir al contribuyente del régimen y habilitar procesos de verificación, fiscalización, determinación de oficio y aplicación de sanciones. Esta disposición apunta a garantizar la integridad del sistema y la correcta aplicación de los beneficios del régimen.

Para los Grandes Contribuyentes Nacionales, la adhesión a la modalidad simplificada solo tendrá validez para la presentación de la declaración jurada y el pago correspondiente, sin acceso a otros efectos, presunciones o ventajas que ofrece el régimen para el resto de los pagadores de impuestos.

El proyecto también contempla la eximición de las multas previstas en los artículos 45 y 46 de la Ley N° 11.683 para quienes hayan cancelado o regularizado el tributo y los intereses antes de adherir al régimen, salvo que esas sanciones ya se encuentren firmes.

Además, la Unidad de Información Financiera (UIF) tendrá la obligación de dictar la normativa complementaria en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial.

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