La mesa política del Gobierno se reunirá mañana en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para definir la agenda legislativa que se materializará en las próximas semanas. En las entrañas del oficialismo existe la convicción de que, para ayudar en términos mediáticos al ministro coordinador, se debe inundar la agenda política con la conversación sobre los proyectos libertarios.

Tal y como había adelantado Infobae, Adorni reunirá mañana al círculo de funcionarios más importantes del Gobierno en términos políticos. Estarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem.

No estará presente el ministro de Economía, Luis Caputo, porque se encuentra en Washington en las reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

La novedad es que, según marcan fuentes gubernamentales, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asistiría al encuentro pese a que en los últimos días se la tenía fuera de esa actividad. Finalmente partirá el sábado rumbo a Israel para acompañar al presidente Javier Milei a participar del acto por el Día de la Independencia de ese país. A ese viaje también asistirá el canciller Pablo Quirno y, en un gesto de respaldo, también se decidió llevar al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Es sobre la esfera judicial que se va a dar uno de los principales debates legislativos de la mesa política.

Mahiques tiene la intención de que en los próximos días se envíe al Congreso una reforma preliminar del Código Penal que contempla tipificaciones de nuevos delitos y una elevación de penas para otros tipos de actos punibles. Esta decisión busca lograr una aprobación legislativa más rápida de asuntos considerados más urgentes: y es que la reforma integral que trabajó el Gobierno durante los últimos años tiene más de 900 artículos. Además, el ministro decidió que a ese megaproyecto le hará modificaciones según su consideración.

Esta estrategia de dividir en dos la cuestión penal se determinó con la llegada del propio Mahiques al Ministerio de Justicia y tiene el aval de Martín Menem, que considera que no existe la posibilidad de debatir una iniciativa extensa con el panorama actual. “Necesita que sean proyectos cortos”, afirma una fuente inobjetable.

Esto colisiona con lo que considera Santiago Caputo, que coincide con la opinión de los especialistas jurídicos de su confianza acerca de que la reforma del Código Penal no puede no tratarse de manera integral. Uno de ellos explicó a Infobae: “Podés generar un desfasaje entre ciertas tipificaciones que quieras hacer con respecto a todo el resto del Código, que va a ser más viejo. Corrés el riesgo de tener una nueva Ley Blumberg”.

Según indican, mañana se determinará cuál será la decisión política que se tomará al respecto de esa reforma. El 24 de marzo pasado, Mahiques publicó en su cuenta de X que se había reunido con el Presidente y que había acordado la redacción de un nuevo Código Penal.

“A su vez, en la transición trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos tales como: delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”, anotició.

De acuerdo a fuentes inobjetables, la Casa Rosada impulsa en la Cámara de Diputados la votación de la ley de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), medida considerada estratégica para afianzar el vínculo comercial con Estados Unidos.

El compromiso forma parte del acuerdo comercial firmado recientemente entre ambos países y exige la sanción de esta norma antes de fin de abril, por lo que en la mesa política se acordará tratarlo de manera exprés.

Asimismo, en el Gobierno confirmaron a Infobae que demorará en tratarse el denominado proyecto “Hojarascas”, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a derogar más de setenta normas consideradas obsoletas.

La intención es priorizar los esfuerzos para la reforma política, que contempla la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el rediseño de la Boleta Única de Papel y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos.

El asunto es que el debate de esa cuestión, en particular la eliminación de las PASO, acarrea una negociación política más compleja con los gobernadores que el Gobierno parece no haber encarado aún. Existe cierto pesimismo entre algunos alfiles libertarios de que esa reforma en particular se pueda llegar a concretar en el cortísimo plazo. Y es que será una determinación política que muchos actores no quieren dar ahora porque les es más seguro tomar decisiones con un panorama algo más claro en unos meses.

El Gobierno se encuentra a menos de dos semanas para que Manuel Adorni responda preguntas en el recinto de la Cámara de Diputados por su Informe de Gestión. Su equipo ya contestó centenares de preguntas hechas por escrito semanas atrás, pero el ministro coordinador deberá hacerse eco de las consultas que le hagan en vivo los legisladores de la oposición.

La oposición busca que aclare el manejo de fondos y su rol en la administración; mientras que Adorni anticipó que no brindará detalles sobre su patrimonio personal, limitando sus respuestas a cuestiones vinculadas estrictamente a su función oficial.

Otra de las reformas centrales es la revisión y eventual aprobación de pliegos judiciales, que incluye tanto nombramientos en la Corte Suprema como en otros tribunales federales. El oficialismo considera fundamental acelerar estos procesos para cubrir vacantes estratégicas en el Poder Judicial y así fortalecer la estructura institucional del Estado.

Se prevé que en la reunión de mesa política se abarquen dos cuestiones atinentes al Senado: la disposición para tratar ciertas reformas como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por Federico Sturzenegger; y los pliegos judiciales que el oficialismo busca mover con rapidez.

El proyecto libertario propone habilitar desalojos exprés, modificar requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado, eliminar límites para el uso agrícola de terrenos incendiados y descentralizar el programa de regularización dominial de barrios populares. El constitucionalista Daniel Sabsay, invitado por el oficialismo, apoyó algunos puntos, pero advirtió sobre la necesidad de controlar la reglamentación y alertó sobre los riesgos para la protección ambiental y habitacional. El debate continuará la próxima semana, con el oficialismo buscando acuerdos para lograr el dictamen.

En tanto, este jueves expondrá en la Comisión de Acuerdos el camarista Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista, para conseguir la renovación por cinco años más en su cargo de juez de Cámara Federal de Casación Penal. De recibir luz verde, Patricia Bullrich se prepara para movilizar esa cuestión en una sesión el 29 de abril.

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Resolución 42/2026,Lucía Pereyra,Federico Sturzenegger,Conforme a,,»Sin autorización». El Gobierno de Tierra del Fuego pidió explicaciones a Uruguay por un vuelo británico a las Malvinas,,Senado. Polémica entre libertarios y kirchneristas por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada,,Cartelización. El juez Lijo ordenó una nueva indagatoria a Spagnuolo en la causa por supuesta corrupción en la Andis,Federico Sturzenegger,,Adiós a las demoras en los desalojos. El proyecto de ley de Milei que preocupa a los inquilinos: los principales puntos,,Punto por punto. Qué es el proyecto de ley de Propiedad privada de Milei: las principales modificaciones,,En comisión. El Senado reanuda el debate del proyecto de propiedad privada

En medio de los reclamos de prestadores y médicos de cabecera del PAMI por la demora en los pagos, en las últimas horas, se conocieron dos novedades: en primer lugar, el titular de la obra social de jubilados y pensionados, Esteban Leguízamo, afirmó: “Los vencimientos de deuda que teníamos con los prestadores al 31 de marzo están regularizados. Los vencimientos de abril los estamos pagando en este momento”. Por otro lado, los controles que realiza el organismo revelaron nuevas irregularidades en las prestaciones de algunos servicios.

Veteranos de guerra

Uno de los nuevos casos de “desvío” fue identificado en el “módulo de Veteranos de Guerra” durante las auditorías. En los últimos 90 días, fueron validadas 4.409 órdenes médicas para Veteranos de Guerra, emitidas a afiliados que no poseen este beneficio. Este desvío implicó para el Instituto pérdidas por un total de $102.803.877 “por prestaciones que no corresponden”.

Por este hecho, están bajo investigación “más de 400 médicos de cabecera, lo que equivale al 5,6% de la nómina”, según describen los funcionarios de La Libertad Avanza.

No fue el único hecho irregular detectado en el PAMI. Hay registros de profesionales de la salud que declaran atender en un consultorio a la mañana y, una hora después de terminar el servicio, registran en los documentos que presentan a la obra social la atención de jubilados que forman parte de su cápita en otro establecimiento ubicado a 240 kilómetros, un hecho materialmente imposible.

Para las autoridades de la mayor obra social del país, la unificación del nomenclador “Nomenclador de Médicos de Cabecera unificado y actualizado” es clave para fiscalizar los datos de cada uno de los especialistas. Las bases de este sistema fueron aprobadas mediante la Resolución 1107/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa entró en vigencia el 9 de abril y fue rechazado por prestadores. Principalmente, introduce cambios al Nomenclador Común y al modelo de médicos de cabecera, con tres ejes centrales:

Unificación del nomenclador

Esto significa:

• integrar en un solo esquema las prácticas;

• eliminar la dispersión normativa previa;

• ordenar códigos y prestaciones.

Modificaciones concretas al nomenclador

La Resolución 1107 introduce cambios específicos en la forma en que se organizan y se pagan las prestaciones médicas dentro del PAMI. En primer lugar, establece un reordenamiento integral de las prácticas, lo que implica revisar, actualizar y depurar el listado de prestaciones vigentes.

En ese proceso, se eliminan ciertos códigos que correspondían a prácticas individuales, como algunas consultas de control o prestaciones específicas (por ejemplo, pediátricas), que dejan de facturarse de manera separada. En lugar de eso, pasan a estar incluidas dentro de la cápita, es decir, el pago fijo mensual que recibe el médico por cada afiliado a su cargo.

Cambio en el modelo de pago

Se mantiene un sistema mixto, pero con actualizaciones importantes:

• Aumento del valor de la cápita (pago fijo por paciente).
• Reducción/eliminación de pagos variables por prácticas. Algunas prácticas siguen pagándose aparte, como las atenciones domiciliarias.

De esta manera, la resolución reduce el peso de los procedimientos individuales y refuerza el modelo capitado. También se elimina el incentivo económico para formación de posgrado de médicos.

“Unificar el nomenclador nos va a permitir también controlar mejor el accionar del médico y la prestación efectivamente realizada”, explicaron desde el PAMI a este medio.

Desde la obra social de jubilados y pensionados, remarcaron que el foco actual de la administración está puesto “en ordenar, regularizar y dar previsibilidad”. Sobre este punto, Esteban Leguízamo aclaró que “esta gestión audita” y esto “fortalece la administración de una institución que prioriza la atención a más de 5 millones de afiliados en todo el país”.

Las nuevas auditorías realizadas por el PAMI en áreas sensibles como cardiología y gastroenterología ya habían encendido las alarmas dentro del sistema de salud de los jubilados. Los relevamientos internos, a los que Infobae tuvo acceso exclusivo, detectaron volúmenes de prestaciones médicas imposibles de justificar, incompatibles con cualquier jornada laboral razonable y con la infraestructura declarada por los prestadores.

Uno de los casos más llamativos se registró en el área de gastroenterología: un prestador que cuenta con solo dos quirófanos declaró haber realizado 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas, un número que, según los auditores, excede de manera evidente la capacidad operativa del establecimiento.

En una entrevista con Infobae en Vivo, el titular del instituto remarcó que la gestión actual revitalizó la auditoría interna, un área que, según él, permaneció inactiva durante años. Este control apunta a identificar desvíos y verificar que los pagos correspondan a prestaciones efectivamente realizadas. “Soy responsable del fondo del instituto, que proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos, lo tengo que cuidar. Corresponde que se audite”, dijo y adelantó que “se va a regularizar el pago”.

Las nuevas irregularidades detectadas se suman a denuncias ya presentadas por las máximas autoridades del organismo, que incluyen fraude, sobrefacturación y recetas truchas, y que derivaron en una batería de controles más estrictos, sumarios administrativos, sanciones y denuncias penales por maniobras millonarias.

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