La decisión de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) de desactivar por completo el sistema de armas A-4AR Fightinghawk coloca a los recién incorporados F-16 como la única opción de caza operativo a nivel nacional. Los aviones quitados de operación eran los herederos de una larga vinculación con esa alternativa de combate, que en su primera versión —los Douglas A-4B Skyhawk— arribó a nuestro país en el lejano 1966. A esa primera «camada» le siguieron luego la modernización A-4C y la alternativa A-4AR Fightinghawk, que aterrizó en las bases argentinas durante la segunda mitad de la década de los 90. En ese derrotero de décadas, los A-4 tuvieron una actuación por demás destacada en la Guerra de Malvinas. La muerte del piloto Mauro Javier Testa La Rosa, ocurrida en julio de 2024 y por una falla en su aeronave, volvió a poner en discusión la operatividad de los cazabombarderos, afectados por la falta de repuestos, los recortes presupuestarios y la antigüedad de sus respectivas células.

Ahora, el interrogante que queda es qué ocurrirá con el inventario de 12 aeronaves A-4AR Fightinghawk que aún se mantienen en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, en la provincia de San Luis. En ese sentido, la primera medida que tomará la FAA será concentrar todo el material disponible de esos aviones —células, repuestos y herramientas— en la base puntana para luego definir un nuevo destino para ese material.

Esto implicaría, según plataformas especializadas como Zona Militar, «el traslado de los componentes del sistema de armas presentes en el Área Material Río Cuarto, unidad que dio por décadas apoyo, mantenimiento y sostenimiento a la plataforma Skyhawk/Fightinghawk».

Evalúan nuevo destino para los A-4AR Fightinghawk

«Con estas acciones, que comprenderán el minucioso proceso de clasificación y catalogación de todo lo que ha englobado al sistema de armas A-4AR, se servirá próximamente al proceso de enajenación y evaluación de cara a posibles oferentes que estén interesados en adquirir estos sistemas», indicó la fuente.

Claro que, al tratarse de equipamiento desarrollado por los Estados Unidos, toda operación de transferencia de esas aeronaves deberá contar antes con el aval del país norteamericano.

«Si bien la baja de los A-4AR argentinos convierte a la Marina de Brasil, con sus AF-1, en el último operador militar de la aeronave, el Skyhawk continúa teniendo una segunda vida brindando servicio de agresores a varias de las más importantes Fuerzas Aéreas del mundo, como la de Estados Unidos y Canadá, por solo citar algunos ejemplos», afirmó el portal.

El «servicio de agresores» comprende a aquellos aviones que son utilizados en el entrenamiento aéreo de los pilotos de combate. Por poner un ejemplo cercano, Top Aces, la empresa que asesora a la FAA en la instrucción de las tripulaciones argentinas de los F-16, incluye aeronaves A-4N Skyhawk de origen israelí en sus ejercicios de formación.

Para tal fin, la flota que opera Top Aces ha sido sometida a programas de modernización que incorporan nuevas tecnologías, como radares AESA y sistemas de búsqueda y seguimiento por infrarrojos.

«Además de la empresa canadiense, otros operadores privados también emplean los A-4 con similar fin, como es el caso de la firma Draken International, la cual posee ejemplares provenientes de las Fuerzas Aéreas de Nueva Zelanda e Israel», precisó la plataforma.

Resta conocer qué cotización se le impondrá a los A-4AR Fightinghawk desactivados y, por supuesto, si Estados Unidos estará de acuerdo en darle un nuevo horizonte a un sistema de armas que marcó una época en la aviación nacional.

La Libertad Avanza acelera la llegada de más cazas F-16

En paralelo a este escenario, y enfocado en recuperar la capacidad de vigilancia y respuesta aérea militar, el Gobierno evalúa la posibilidad de anticipar el arribo de otra flotilla de cazas F-16.

La FAA recibió un primer grupo de 6 aviones de combate en el transcurso de diciembre de 2025 y la hoja de ruta indicaba que otra media docena aterrizaría en el país durante el mismo mes pero ya de este año.

Dado los avances en términos de entrenamiento brindado a las dotaciones de pilotos nacionales, y la evolución de la infraestructura y la cadena de asistencia técnica establecida para ese sistema de armas, la intención del área de Defensa es anticipar ese arribo cuanto menos un trimestre.

La FAA viene de completar vuelos de prueba en torno al Área Material Río Cuarto, junto a la localidad cordobesa de Las Higueras. Dichas acciones contaron con la asistencia de Top Aces, la firma canadiense antes mencionada y que en su momento fue objeto de controversia por el abultado contrato abrochado con el oficialismo —del orden de los 33 millones de dólares—.

En medio de la tensiones en el plano político con el relanzamiento del PRO, el Ministerio de Economía y la Ciudad de Buenos Aires (caba) acordaron la cancelación de la deuda generada durante el último año por la Coparticipación Federal de Impuestos. Este entendimiento contempla la transferencia de una cartera de bonos con un vencimiento de siete meses, que regulariza los fondos pendientes y restablece la normalidad en las cuentas fiscales porteñas. Aunque los reclamos continuaran los pagos no realizados desde 2020.

El proceso de negociación entre el Gobierno y la Ciudad comenzó tras los retrasos en las transferencias que debían realizarse en cumplimiento del acuerdo alcanzado en septiembre de 2024. Ese pacto se produjo bajo la supervisión de la Justicia, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) reconociera a la Ciudad un coeficiente del 1,55 en la distribución de la coparticipación, sumando ese porcentaje al 1,4% ya transferido automáticamente. Así, el coeficiente total para la Ciudad ascendía al 2,95%.

La CSJN dictó una medida cautelar a fines de 2022 que establecía la obligación del Gobierno Naciona de transferir estos fondos de manera diaria a través del Banco de la Argentina (BNA). Pese a esa orden, la administración de Alberto Fernández no realizó los pagos correspondientes en tiempo y forma. En esa instancia, la Ciudad había aceptado, a solicitud del Ejecutivo, que las transferencias se hicieran semanalmente desde el Tesoro nacional, aunque esa modalidad tampoco garantizó la regularidad de los envíos.

En los primeros meses posteriores al acuerdo de septiembre de 2024, el Gobierno cumplió con el pago de los fondos comprometidos. Sin embargo, a partir de julio, los pagos comenzaron a ralentizarse y se acumuló una deuda significativa por la que hasta este momento Jorge Macri reclamaba. Este atraso llevó a nuevas instancias de diálogo entre los equipos técnicos y políticos de ambas jurisdicciones.

La resolución de este conflicto se consolidó cuando el Gobierno nacional se comprometió a transferir a la Ciudad una cartera de bonos con vencimiento en siete meses, cubriendo así la deuda acumulada durante el último año. El acuerdo excluye la deuda anterior generada durante la gestión de Alberto Fernández, cuya cancelación sigue en disputa.

El conflicto por la coparticipación tuvo su origen en septiembre de 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández dispuso, mediante el Decreto 735/2020, una reducción del porcentaje asignado a la Ciudad de Buenos Aires del 3,5% al 2,32%. Más tarde, el Congreso nacional sancionó la Ley 27.606, que redujo aún más ese coeficiente al 1,40% básico, sumando un monto fijo destinado a Seguridad.

Esta medida generó un reclamo inmediato de la Ciudad de Buenos Aires, que consideró inconstitucional la quita de recursos. La disputa escaló al ámbito judicial, hasta que la CSJN resolvió a favor de la Ciudad, estableciendo el coeficiente del 1,55%. No obstante, la administración nacional anterior no acató el fallo y no transfirió los fondos según lo dictado por la Justicia.

La normalización de la deuda actual forma parte del presupuesto 2026 de la Ciudad, que ya contemplaba la posibilidad de un acuerdo para regularizar los pagos atrasados. El entendimiento alcanzado ahora no incluye el pago de los USD 6.000 millones que la Ciudad reclama por la quita de recursos desde 2020. Este monto corresponde a fondos no transferidos tras la reducción intempestiva del coeficiente de coparticipación implementada por la gestión de los Fernández.

El acuerdo actual se limita exclusivamente al pasivo generado a partir de los retrasos en las transferencias posteriores al acuerdo de septiembre de 2024. La transferencia de una cartera de bonos con vencimiento a siete meses constituye el mecanismo elegido por el Gobierno nacional para cumplir con este compromiso. Las partes destacaron el carácter constructivo del diálogo que permitió arribar a esta solución en el corto plazo.

La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, sigue evaluando alternativas legales y administrativas para obtener la cancelación total de la deuda acumulada desde la reducción de la coparticipación en 2020. El conflicto, que tuvo origen en una medida considerada inconstitucional por la administración porteña, permanece abierto en lo que respecta a los fondos anteriores a 2024.

La brecha escaló un 37%. Factores como acceso al crédito y cambios en la demanda impactan en valores, ubicación y oferta de inmuebles en barrios porteños

18/05/2026 – 13:12hs

El mercado inmobiliario argentino atraviesa un momento de profundas paradojas. Tras años de letargo, la dinámica actual muestra signos de reactivación, pero con una fragmentación interna que no tiene precedentes históricos.

Según el último informe de la consultora EconViews, que dirige el economista Miguel Kiguel, la distancia entre el valor del metro cuadrado de una unidad nueva y una usada nunca fue tan alta como ahora.

Esta brecha, que redefine las estrategias de inversores y compradores, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿el mercado prevé una especie de fin del atractivo de lo «usado» o es simplemente un ajuste de costos y preferencias?

Una brecha histórica en la Ciudad

En la ciudad de Buenos Aires, el «spread» promedio entre el metro cuadrado a estrenar y el usado ya escaló hasta el 37%.

Para tomar dimensión de la magnitud del fenómeno, basta observar lo que ocurre en barrios como Monserrat: allí, una propiedad nueva cuesta hoy un 67% por encima que una vivienda usada, cuando antes de la pandemia esa diferencia era de apenas el 17%.

Este fenómeno no es exclusivo de la Capital Federal.

La tendencia se replica con fuerza en plazas como Rosario y Córdoba, a pesar de tener perfiles mucho más residenciales en sus zonas céntricas. Sin embargo, en Buenos Aires, el «efecto lastre» de las oficinas vaciadas por el home-office profundizó la caída del valor de lo usado en el centro porteño.

El nuevo rol del crédito hipotecario

Uno de los motores detrás de este comportamiento es el sesgo del financiamiento. De los casi $5 billones (equivalentes a u$s3.500 M) otorgados en créditos hipotecarios desde el año 2023, el 70% se destinó a la compra de propiedades nuevas.

Esta dinámica representa un giro de 180 grados respecto a las décadas de los ’90 o los años 2000, cuando el 85% de las hipotecas se volcaban al mercado de usados.

Hoy, el mercado empuja al comprador hacia lo «a estrenar», consolidando una preferencia que deja rezagadas a las unidades antiguas que no ofrecen las prestaciones o la eficiencia de las nuevas construcciones, resume el reporte de la consultora.

Ganadores y perdedores en el mapa del AMBA

El informe de EconViews destaca una heterogeneidad extrema. Mientras que los precios generales en la CABA se estancaron en 2025 y 2026 —con un valor promedio de u$s2.460 el metro cuadrado, todavía está un 33% por debajo de los máximos de 2018—, hay barrios que «vuelan» y otros que «se hunden».

Los ganadores y perdedores del mapa inmobiliario:

• «Los estrellas»: Barrios como Núñez (+27%), Colegiales (+20%) y la parte comercial de Flores (+29%) lideran las subas de los últimos años. En estos distritos, incluso las propiedades usadas se encarecieron un 5% promedio desde 2023
• «Los golpeados»: El corredor norte del GBA vive una realidad distinta. El informe menciona que la expansión de la «frontera country» post-pandemia generó una sobreoferta de lotes que hundió los precios. Ajustado por la inflación de EE.UU., el metro cuadrado cayó un 20% en San Fernando y un 17% en Tigre

En el centro de la ciudad de Buenos Aires, las oficinas de San Nicolás derraparon un -22% y Monserrat, -23%. Siguen sin encontrar su piso.