Hubo un mensaje y varios destinatarios. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, abogó por la mañana, ante empresarios, por el “acatamiento obligatorio” de los fallos del máximo tribunal. La exhortación apuntó a quienes hicieron “oidos sordos” ante decisiones de los supremos y que eligieron desafiarlas con medidas que ignoraban lo dispuesto por la Corte.

Los fallos de la Corte Suprema son de cumplimiento obligatorio para las partes del proceso y los tribunales deben ejecutarlos sin apartarse de lo decidido.

A diferencia de lo que ocurre en el sistema anglosajón del common law, donde existe una obligatoriedad estricta de los precedentes judiciales, en la Argentina el sistema contempla excepciones.

Sin embargo, para que un juez inferior se aparte de un precedente de la Corte Suprema debe tener una justificación muy sólida, pero los casos se repitieron en este año.

El objetivo, como lo señaló Rosatti, es preservar el principio de seguridad jurídica y de la función de la Corte Suprema como intérprete final de la Constitución.

Todo esto, que es de perogrullo en la Facultad de Derecho, no ocurrió en la Argentina de los últimos meses, lo que obligó a la Corte Suprema a insistir con conceptos básicos para no dejar pasar este abierto desafío a su autoridad.

Tal era la dispersión de fallos y dichos que los legisladores aprobaron hace un mes la reforma laboral y en su artículo 89 recordaron que los jueces deben ajustar sus decisiones a la interpretación de la Constitución y las leyes que realice la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”, dice la reforma laboral.

El objetivo era terminar con los librepensadores en materia de justicia laboral como una manera de dar certeza a las decisiones para el futuro.

Pero la nueva ley laboral fue suspendida en su aplicación por un magistrado, lo que hizo que la Corte Suprema tuviera nuevamente que reclamar lo básico: que se cumplan sus decisiones y respeten sus precedentes.

Es que los últimos desafíos provinieron de la justicia laboral. La Corte tuvo que fallar no una, sino tres veces para que la Cámara del Trabajo adecuara las tasas que se debían aplicar en los casos de ajuste de las indemnizaciones por despidos y accidentes laborales.

La Cámara laboral, controlada en algunas salas por el kirchnerismo, la desafió y dictó sentencias en contrario. La Corte las revocó.

Los fallos de la Corte donde debió poner un límite a las decisiones de la Cámara del Trabajo en la aplicación de intereses desmedidos son tres: Oliva, Lacuadra y Domínguez.

En una de las sentencias se anuló la aplicación de una multa de 53 sueldos impuesta a una empresa.

En la sentencia Oliva, la Corte estableció la prohibición de aplicar intereses sobre intereses en contra de una acordada de la Cámara del Trabajo que contemplaba esa posibilidad, elevando los montos de las indemnizaciones hasta cifras inverosímiles.

En la causa Lacuadra, la Corte dejó sin efecto una sentencia de la cámara laboral que ordenaba el pago de más de 137 millones de pesos de indemnización por despido y elevaba en casi un 20.000% el monto de condena de primera instancia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, descalificó el caso Oliva “por arbitrario” al cuestionar intereses que arrojaban “un resultado económico desproporcionado”.

En Oliva, la Corte había dejado sin efecto una sentencia que ordenaba la capitalización sucesiva de intereses. Luego de Oliva, con el fin de reemplazar aquel criterio de cálculo de los intereses, la cámara laboral dictó una nueva acta en la que contempló el reajuste de “los créditos laborales sin tasa legal de acuerdo a la tasa CER más una tasa pura del 6% anual”.

Al respecto, la Corte entendió que “este nuevo criterio de reajuste, aplicado al caso en examen, tampoco se fundamenta en el Código Civil y Comercial, y dijo que “arroja resultados igualmente irrazonables”.

Con el mismo criterio, la Corte revocó en la causa Domínguez una sentencia laboral que ordenaba el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales, en un vínculo laboral que había durado un año y ocho meses.

La Corte habló de falta de proporcionalidad y reclamó “prudencia judicial, labor que ha de ser llevada a cabo por los jueces de la causa”.

Hoy todas estas dispersiones se acabaron porque ya hay un criterio fijado por el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad para aplicar un ajuste equivalente al índice de precios al consumidor más el 3% para las inmunizaciones, lo que quedó ratificado en la nueva ley de modernización laboral.

La Corte Suprema luego dictó el fallo Levinas, que obliga a que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad intervenga como tribunal de apelación de todas las causas de la justicia nacional, ya sea en el fuero laboral, civil, comercial o penal.

Hubo resistencia de los jueces nacionales y objeciones, pero finalmente la aplicación del precedente se impuso y hoy el TSJ de la Ciudad resuelve esos casos semanalmente. Fijó estándares respetados por los jueces.

No solo fueron fallos laborales. La primera desobediencia abierta de la época actual ocurrió tras la destitución del procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa, en 1995, cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia.

La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el caso en 1998, en 2000, 2001 y también lo hizo en 2009 y 2010. Nunca fue oída y Sosa nunca fue repuesto en su cargo.

El actual gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, estaba dispuesto a cumplir esa sentencia ahora, 30 años después de la remoción, pero el kirchnerismo reformó una ley, amplió el número de jueces del Tribunal Superior de Justicia provincial y le copó el tribunal.

Hoy Santa Cruz vive una parálisis institucional porque cada medida del Ejecutivo es impugnada en la Justicia local con fallos a favor del kirchnerismo y el TSJ local no puede funcionar pues está cuestionada su integración.

El caso fue llevado por Vidal a la Corte Suprema de Justicia que ahora trabaja en un fallo donde tiene la oportunidad de devolverle la gobernabilidad a Santa Cruz, destrabar el conflicto y de paso hacer cumplir el viejo fallo Sosa, removido hace treinta años y nunca repuesto en el cargo.

La Corte no olvida esos desaires que dinamitan la seguridad jurídica y desafían el acatamiento obligatorio de las decisiones del máximo tribunal.

En ese contexto, Rosatti aseguró que esa obligatoriedad es lo que permite “darle previsibilidad a una inversión”. Tras señalar que “el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte no está prohibido en la Constitución de ninguna manera”, el presidente del máximo tribunal aseveró que la doctrina del máximo tribunal es clave para las inversiones.

Por eso, la Corte condena que tribunales inferiores se aparten de los precedentes del máximo tribunal generando incertidumbre institucional.

No hay noticias buenas. La suerte del Presidente es esquiva dentro y fuera del país. Tenaz inflación nacional; denuncias de corrupción de funcionarios libertarios; la derrota de Viktor Orban, su amigo húngaro, el último domingo, y, encima, la encerrona iraní en la que se encuentra su aliado más poderoso: Donald Trump. Trump le hizo lo mismo a su más viejo amigo Mauricio Macri cuando este era presidente. Lo ayudaba en los trámites formales, sobre todo en el Fondo Monetario Internacional, pero las políticas internas y externas de los Estados Unidos complicaron seriamente el segundo tramo de la presidencia del líder argentino, que resultó su último trecho como jefe del Estado. A Milei también lo auxilió en el FMI para que lograra un nuevo acuerdo y lo socorrió cuando en septiembre del año pasado el peronismo ganó la provincia de Buenos Aires. Trump hizo algo más con Milei: le mostró un cheque de 20.000 millones de dólares a la sociedad argentina, pero le advirtió que solo se lo prestaría al actual presidente argentino. El cheque desaparecería si en las elecciones nacionales del siguiente mes de octubre el peronismo ganaba las elecciones. Milei triunfó ampliamente esa primavera de vértigo.

Sin embargo, es el mismo Trump que emprendió una guerra, inconclusa aún, con los criminales ayatollah de Irán. El régimen teocrático de Teherán está desabasteciendo de energía al mundo porque todavía controla gran parte del estrecho de Ormuz. Nadie se puede explicar por qué Estados Unidos no previó el control del clave Ormuz antes de comenzar la guerra; atravesar esa angosta vía marítima, por la que pasa gran parte del petróleo y el gas de varios países árabes, es todavía un riesgo que ningún barco particular quiere correr. La escasez energética se apoderó del mundo. La caída en la oferta de combustibles fósiles significó un aumento en el precio del petróleo y el gas y una inflación más alta en el mundo, también en los Estados Unidos y en la Argentina.

Ese paisaje internacional complica aún más al presidente argentino, que ya estaba enredado sin la adversa contribución de Trump. En rigor, Milei está viviendo unos de sus peores días al frente del gobierno nacional, si se coincide en estimar que solo fueron más ingratos los días (un mes y medio) que transcurrieron entre la elección bonaerense perdida del 7 de septiembre último y los comicios ganados el 26 de octubre siguiente. El Indec dio a conocer ayer la inflación de marzo, un 3,4 por ciento, la medición mensual más alta del último año. La inflación no cesó de aumentar desde junio de 2025, y no existe consenso entre el Gobierno y los economistas privados sobre la futura evolución del costo de vida. Aunque todos acuerdan que la inflación bajará en los próximos meses, los privados creen que no perforará el 2 por ciento mensual durante este año, mientras Milei asegura que comenzará con un cero a partir de agosto. El presupuesto enviado al Congreso por el ministro de Economía, Luis Caputo, estimaba una inflación anual durante el año que corre del 10,1 por ciento. Ya se consumió casi toda su previsión: hasta ahora, durante los tres primeros meses de 2026, la inflación acumulada fue del 9,4 por ciento. Faltan todavía nueve meses. Seguramente acertará con más precisión el pronóstico del Fondo Monetario, que advirtió una inflación argentina durante 2026 del 30,4 por ciento. Casi el mismo nivel de aumento del costo de vida durante 2025, que fue del 31,5 por ciento.

El Fondo Monetario bajó lo que no era oportuno que bajara en las previsiones argentinas (pasó del 4 por ciento al 3,5 por ciento para el crecimiento previsto de la economía) y subió todo lo que no debía subir, como la inflación. La economía argentina creció en 2025 un 4,4 por ciento, pero venía de dos años de caída, en 2023 y 2024. Si se cumplieran las profecías del Fondo, la Argentina crecerá en 2026 casi el uno por ciento menos que el año pasado.

Un problema mayor de Milei es la caída del consumo y la insatisfacción social por la situación de la economía. Si se queda quieto, no podrá resolver el conflicto del consumo porque los salarios en blanco han seguido, en casi todos los casos, los índices de inflación. Pero los fuertes aumentos de los servicios (electricidad, gas, colegios, naftas, expensas o alquileres, entre otros) han encogido notablemente el poder de compra de los asalariados. Milei no puede cambiar esa ecuación porque significaría una regresión para sus ideas económicas, que son acertadas cuando promueve un sinceramiento de los precios de la economía. La solución que proponen los economistas y los expertos consiste en una agresiva política de aumento del crédito para la gente común y en una estrategia creíble de captación de inversiones. Esas son las salidas del laberinto, aparentemente sin escapatorias en las actuales circunstancias, porque Milei no se puede permitir, vale la pena repetirlo, un aumento desmedido de salarios (provocaría más inflación) ni un atraso en el sinceramiento de los precios de los servicios. Frenar artificialmente los precios termina siempre en un estallido inflacionario. Milei conoce el viejo y sabio axioma: con la economía se puede hacer cualquier cosa, excepto evitar sus consecuencias.

En un contexto de tantas limitaciones económicas, y de tanta inestabilidad internacional, los casos de corrupción cobran otra dimensión para la sociedad. Se ha puesto especial énfasis en establecer si Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, la segunda figura en la administración del país, compró un departamento en cuotas o si lo hizo con dinero que no puede justificar. Eso es lo que está investigando el fiscal Gerardo Pollicita, en quien delegó la investigación el juez Ariel Lijo. Desde ya, no son lo mismo las dos posibilidades. Sea como fuere, lo cierto es que a Adorni se le hace cada vez más difícil hacer su informe mensual, ordenado por la Constitución, a una de las dos cámaras del Congreso. Por ahora, se comprometió a ir el 29 de abril a la Cámara de Diputados, pero la oposición se entusiasmó con hacerle pasar un momento peor que malo.

De cualquier forma, es judicialmente más grave para el Presidente y su hermana el caso $LIBRA que el que asedia a Adorni, porque el escándalo de la criptomoneda acusa solo a las dos principales figuras del poder real. No hay otros funcionarios complicados en el asunto. Pero ese caso está en el lento despacho del juez Marcelo Martínez de Giorgi, cuya esposa, Ana María Juan, fue promovida por el actual gobierno al cargo de jueza federal de Hurlingham. La designación definitiva está pendiente ahora del acuerdo del Senado. El propio Martínez de Giorgi aspira a ascender a camarista, quizás como miembro de la Cámara Federal de la Capital. Nadie puede esperar, entonces, que avance en ninguna investigación para esclarecer si hay responsabilidades −o no− de funcionarios del gobierno nacional en supuestos hechos de corrupción. Jueces de esa naturaleza son los que desprestigiaron la Justicia.

Regresemos al escenario internacional. La derrota de Orban en Hungría el domingo último no compromete tanto a Milei porque la mayoría de los argentinos saben muy poco de los húngaros. Es cierto que algunos recuerdan que el presidente argentino estuvo hace poco en Budapest, capital de Hungría, para apoyar en el proceso electoral a su amigo Orban, con quien comparte muchas ideas. Con un sistema de gobierno parlamentario en ese país, Orban abandonó el poder después del fracaso del domingo. Un amigo menos. Es evidente que Milei influye poco y nada entre los húngaros, que tienen problemas con una inflación alta, que viven una fuerte desaceleración de la economía y sobrellevan un desempleo importante medido según los índices históricos de Hungría.

Pero el verdadero problema de Milei será la probable derrota de Trump en las elecciones legislativas de mitad de mandato que se realizarán en noviembre. Hoy por hoy, todas las encuestas y los análisis coinciden en que Trump será derrotado antes de fin de año. El presidente norteamericano está siendo analizado al mismo tiempo por algunos políticos, incluidos algunos que fueron cercanos a él, y por los medios periodísticos para establecer si su salud mental está en condiciones de seguir gobernando. Varios se han referido, incluso, a la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos, que prevé la destitución del presidente en caso de incapacidad para ejercer el cargo.

La marea de cuestionamientos sucedió luego de que Trump anunciara la victoria en la guerra con Irán y luego iniciara una negociación para firmar una tregua o un acuerdo con el despótico régimen de Teherán. ¿Dónde estuvo la victoria, entonces? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo la perdió? Es raro que un imperio no declare una victoria veraz cuando ha descerrajado una guerra contra un país que no es una potencia. Cuando eso sucede, es en verdad porque la guerra no ha sido ganada. Tampoco los ayatollah iraníes han ganado nada, pero hay una especie de empate virtual en tanto los Estados Unidos no puedan liberar totalmente el estrecho de Ormuz.

La virtual interrupción por parte de Irán de ese crucial cauce de agua, en contraste con los vanos alardeos verbales de Trump, provocaron ya un aumento importante en el precio de la gasolina en los Estados Unidos y de la inflación internacional. Los norteamericanos no le perdonan esos pecados a ningún presidente. Milei deberá buscar otros apoyos en el voluble mundo que le tocó si la mala hora se abate sobre su amigo norteamericano. El aborrecido Keynes solía repetir una frase exacta: “Lo inevitable rara vez sucede; es lo inesperado lo que suele ocurrir”.