Este miércoles declaró ante la Justicia el propietario de la casa que Manuel Adorni alquiló durante un año en el country Indio Cuá y brindó nuevos detalles para la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. Infobae accedió a fotografías de la vivienda por la que el funcionario pagó 21.000 dólares en efectivo para vivir entre enero de 2024 y junio de 2025.

Las imágenes obtenidas por el periodista Manuel Jove muestran que la propiedad cuenta con un amplio parque en su ingreso y un frente vidriado que le aporta luminosidad a los numerosos ambientes con los que cuenta.

La casa cuenta con dos plantas, y en la superior se observa un amplio balcón.

Mientras Adorni vivía allí con su familia, se sintió tan a gusto en el barrio que decidió adquirir, a pocas cuadras, otra propiedad. Por ella, pagó 120 mil dólares, a los que luego les agregó otros 245 mil dólares de gastos en reformas.

Si bien el fiscal federal Gerardo Pollicita ya tenía conocimiento de los 13.000 dólares que había abonado Adorni para su estadía entre marzo de 2024 y el mismo mes de 2025, este miércoles José Luis Rodríguez, dueño de la propiedad, sumó nuevos e importantes detalles.

Por un lado, una vez finalizado el contrato anual, el libertario extendió el plazo por tres meses más, con un costo de 2.400 dólares. Pero además Rodríguez reveló que en realidad Adorni y su familia se alojaron allí desde enero de 2024, ya que en octubre de 2023, antes de asumir como funcionario de Javier Milei, había arreglado el arrendamiento de la vivienda por enero y febrero, con un costo de 5.600 dólares.

De esa manera, no fue un año el tiempo en el que vivió allí, sino 18 meses. Y tampoco pagó 13.000 dólares, sino 21.000 dólares. Todos los pagos fueron realizados en efectivo y con billetes de la moneda estadounidense.

A esa cifra hay que sumarle el valor de las expensas de los dos lotes -el alquilado y el propio, adquirido a mediados de 2024-, que rondarían los 600.000 pesos cada uno.

El testigo aportó sus conversaciones de WhatsApp con el jefe de los ministros y dejó copias de los contratos que firmaron durante los últimos dos años.

La causa judicial, a cargo del fiscal Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, busca establecer si el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni se corresponde con sus ingresos declarados. El funcionario tuvo congelado su sueldo de aproximadamente 3.500.000 pesos hasta principios de este año, cuando se lo duplicaron.

La Justicia se encuentra en proceso de recolección de los movimientos financieros que hicieron el jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, durante los últimos cuatro años.

A pedido del fiscal Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal hará un cálculo entre todos los ingresos y egresos de dinero que constan en la causa para saber si existen inconsistencias.

De acuerdo a la reconstrucción que hizo este medio a partir de los datos que se desprenden del expediente, al funcionario libertario se le conocen erogaciones por al menos 380.000 dólares, solamente en el segmento de las propiedades.

En cuanto a sus deudas, Adorni y Angeletti tienen compromisos por más de 335.000 dólares, que en su mayoría vencen en noviembre de este año.

Manuel Adorni aún no brindó ninguna explicación sobre su patrimonio en la Justicia, ni tampoco se lo exigieron. La Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de julio el plazo para que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas. “Será en ese momento en que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral”, anticipó el jefe de Gabinete en su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el pasado 29 de abril.

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En el marco de la causa Seguros, el expresidente del Banco Central, Miguel Pesce, se presentó a declarar como testigo a pedido de Alberto Fernández.

El exmandatario está bajo investigación por presuntas negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público, tras la firma del decreto 823/2021 que obligaba a los organismos estatales a contratar pólizas con Nación Seguros.

Durante su declaración, Pesce respondió a las preguntas de la abogada de Fernández, Mariana Barbitta, y defendió la necesidad del decreto. Según explicó, la medida buscaba “ahorrar recursos públicos” en un contexto de fuerte caída del PBI y de la recaudación, producto del impacto de la pandemia.

“Se potencia la razonabilidad del decreto para resguardar las divisas”, dijo Pesce. En esa línea, justificó la contratación estatal y habló de los riesgos del mercado de seguros.

El extitular del Central remarcó que el Estado Nacional “seguramente se sentía más seguro contratando con Nación Seguros que con privados para evitar reaseguros innecesarios con el exterior”.

La defensa de Fernández pidió la testimonial de Pesce para intentar demostrar que el decreto formó parte de una política que benefició al Estado. Además, solicitó que también declare como testigo el exministro de Economía, Martín Guzmán, quien estuvo en el cargo entre 2019 y julio de 2022.

Cómo sigue la causa

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo suspendió la declaración de Santiago Cafiero, que estaba prevista para la próxima semana. La decisión se tomó a pedido del fiscal Carlos Rívolo, quien consideró necesario evaluar primero las presuntas vinculaciones de Cafiero con la contratación de seguros cuando era Canciller.

El magistrado entendió que, ante la posibilidad de citarlo como imputado, debía postergar la testimonial, que se realiza bajo juramento de decir verdad.

Días atrás, la Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito para el expresidente Alberto Fernández. Para los jueces, todavía deben realizarse nuevas medidas de prueba antes de definir si corresponde procesarlo nuevamente o desvincularlo de la investigación.

Con esta decisión, el expediente volvió al juzgado de Lijo que deberá analizar todas las medidas de pruebas solicitadas por el exmandatario.

La investigación se originó a partir del decreto 823/2021, firmado durante el gobierno de Fernández, que obligó a organismos y ministerios nacionales a contratar sus pólizas a través de Nación Seguros. Según la acusación judicial, ese esquema abrió la puerta a un sistema de intermediación en el que participaron brokers privados que cobraron millonarias comisiones.

De acuerdo con el expediente, se celebraron 45 contratos con intervención de 25 intermediarios. La Justicia puso el foco especialmente sobre Héctor Martínez Sosa, quien concentró casi el 60% de las comisiones liquidadas en operaciones vinculadas al Estado.

Martínez Sosa es amigo del expresidente y esposo de María Cantero, exsecretaria privada de Fernández. Para los investigadores, ese vínculo fue uno de los elementos centrales para sostener las sospechas de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.

Miguel Pesce, Banco Central, Alberto Fernández