El polémico diseño de la Ferrari Luce, el primer modelo 100% eléctrico de la marca italiana, sigue siendo uno de los temas de conversación del mundo del auto a varios días de su develación en público el pasado lunes.

Aunque con el correr de los días parece estar cada vez más claro que lo que quiso hacer la cúpula de Maranello fue diferenciar completamente este auto de los Ferrari convencionales –precisamente por su tren de propulsión inédito para la marca-, la gran crítica es que el auto no guarda ninguna referencia al ADN de la marca italiana.

El auto sale de lo común no sólo por lo estético, sino también por el concepto que representa, ya que es una berlina de cuatro puertas de grandes dimensiones, que tiene capacidad para cinco pasajeros, lo que también es una novedad para la marca más allá de su tecnología.

Sin embargo, lo que parece sobresalir por sobre cualquiera de estos aspectos es el objetivo del auto en sí mismo, claramente destinado a un nuevo público, como manera de extender el alcance de una marca que construyó su mística alrededor de los autos deportivos de alto rendimiento y las carreras de Fórmula 1, como máxima expresión de potencia y velocidad.

De hecho, apenas unas horas después del lanzamiento del Ferrari Luce, uno de sus eternos rivales históricos, incluso personales entre los dos creadores de ambas marcas, Lamborghini, aumentó aún más la polémica al hacer posteo de X con cuatro imágenes de un modelo Revuelto Hybrid V12 casualmente de color celeste, acompañado de una leyenda que decía “Orgullosos de mantenerte soñando”, en clara alusión a los amantes de los autos deportivos extremos como los que fabrican ambas marcas italianas.

Juan Manuel Díaz, diseñador argentino que fue jefe de diseño en Alfa Romeo y Audi, y tuvo a su cargo proyectos icónicos y revolucionarios como el Alfa Mito o el Audi RS Q e-tron para competir en el Rally Dakar, es palabra autorizada para dar su opinión, no sólo porque conoce el tema sino porque también conoce al director de diseño de Ferrari, Flavio Manzoni.

“A Manzoni lo conozco de mi tiempo en Alfa Romeo, él estaba en Lancia. Es un gran profesional y gran diseñador. Creo que tanto él como el centro de diseño de Ferrari, que hacen cosas muy expresivas, no tienen nada que ver con este auto. Hasta me animo a decir que debe haber habido algún problema interno muy fuerte cuando se decidió darle a estos dos grandísimos diseñadores industriales y de renombre como Jony Ive y Marc Newson el diseño del auto, porque al ser la primer Ferrari eléctrica, seguramente, más allá de lo que el marketing diga, hubiera querido hacerla él y no que se la den a otro”, dijo el argentino como introducción al tema del momento.

En su análisis de la silueta y el concepto del auto, Díaz no dudó en señalar su desaprobación.

“Creo que el producto es totalmente errado. No tiene nada que ver con Ferrari, no tiene nada que ver con el futuro del diseño del automóvil, porque es algo que no tiene expresión, no tiene expresividad. No hay un solo elemento que uno diga: ‘Mirá qué bueno esto como tema para desarrollarlo’. Creo que hay un error grande de parte del marketing, creyendo que el diseñador del iPhone o de una tablet iba a hacer que este proyecto sea un éxito; es un error garrafal”, sentenció.

Incluso, analizando en profundidad cada parte del auto, el argentino fue por algo sobre lo que no se habían leído tantas críticas: el interior del Ferrari Luce.

“Es espantoso. Para mí es mucho más feo el interior que el exterior. El interior parece los tableros de auto que yo me hacía en mi casa cuando era chico, agarrando una caja, agarrando el frisbee. Creo que ahí hay un grave error, un grandísimo error de parte de marketing. Y bueno… las críticas al auto lo demuestran”, sentenció.

Justamente, la mirada de este diseñador, que tuvo que lidiar siempre con los procesos de desarrollo de nuevos vehículos en las grandes marcas, intentando que diseño y marketing se pongan de acuerdo, apunta al resultado de ventas que logre tener el auto.

“Como digo siempre, lo que manda es el mercado. Generalmente, a este tipo de productos así, tan discutidos, no le veo mucho futuro. Salvo que Ferrari le meta presión a los concesionarios para matricular autos sin que sean vendidos y poder declarar que el auto se vende, que ese también es un gancho de marketing”, dijo el diseñador, en alusión a lo que ya se está comunicado respecto a una producción de un año prácticamente vendida antes de la develación del modelo.

Díaz, sin embargo, cree que el diseño del auto no es adecuado para Ferrari, pero en cambio lo ve como una tendencia que sí podría aplicar otra marca generalista.

“Veo con buenos ojos que una empresa como Fiat, Citroën, Dacia, pueda llegar a contratar a un diseñador como Ive o Newson, porque sí, esas empresas venden productos más conectados con los dispositivos que nosotros usamos el día a día. Una Ferrari no, una Ferrari tiene que tener otra cosa”, finalizó.

En un contexto de fuerte suba de la morosidad, un jubilado con domicilio en Posadas, Misiones, presentó ante la Justicia Federal una demanda por “sobreendeudamiento inducido” contra dos bancos, organismos de crédito, una billetera digital y una agencia de cobranzas, y dejó planteada la posibilidad de declararse en quiebra si el tribunal rechaza la reestructuración de sus deudas, que superan los $150 millones frente a un ingreso neto mensual inferior a 1.500.000 pesos.

La acción fue impulsada por una consultora legal misionera e involucra a dos instituciones bancarias, dos organismos de crédito vinculados a las Fuerzas Armadas, un proveedor de servicios financieros digitales, una agencia de cobro extrajudicial y tres administradoras de tarjetas de crédito. El planteo central sostiene que el hombre no incurrió en morosidad voluntaria: fue víctima de un circuito de refinanciación encadenada que, con el tiempo, lo condujo a una cesación de pagos de la que no puede salir por sus propios medios.

De acuerdo al escrito presentado, el jubilado tenía un historial crediticio sin antecedentes negativos. Había cancelado un crédito hipotecario en 2017 y no registraba deudas relevantes al momento de iniciar el proceso de endeudamiento.

Sin embargo, todo cambió en enero de 2024, cuando tomó un primer préstamo bajo la modalidad UVA para realizar refacciones en su vivienda. A partir de ese momento, la dinámica financiera se convirtió en una espiral difícil de detener y cada nuevo crédito se destinaba, en su mayor parte, a cancelar el anterior, a cubrir cuotas de tarjetas de crédito o a sostener los gastos cotidianos del grupo familiar.

A lo largo de 2024 y los primeros meses de 2025, el denunciante contrató nueve préstamos sucesivos con una de las entidades bancarias demandadas, bajo la modalidad UVA. El capital total otorgado ascendió a $49.312.068, pero por efecto de la indexación y la capitalización de intereses, la deuda con esa sola entidad trepó a 83.168.321,75 pesos.

Al sumar los pasivos con los restantes acreedores —tarjetas de crédito, organismos de crédito con descuento directo sobre el haber previsional y una billetera digital—, el total supera los $150.000.000, monto acumulado, exigible y ejecutable que la demanda califica de materialmente imposible de afrontar.

La carga mensual estimada para cubrir el conjunto de las obligaciones supera $1.600.000, cifra que excede el haber previsional neto del jubilado. La demanda señala que todos los créditos fueron contratados de forma digital, sin instancia presencial ni asesoramiento personalizado, y sin que el actor recibiera información clara sobre el costo financiero total, la evolución de las cuotas bajo el sistema UVA ni el impacto acumulativo del endeudamiento sobre sus ingresos.

Uno de los ejes del reclamo apunta a la entidad bancaria señalada como “agente originante del endeudamiento”, a quien se le atribuye responsabilidad principal, directa e integral. La acusación incluye haber otorgado los nueve créditos UVA sin evaluación real de solvencia, haber montado una refinanciación estructural encubierta mediante nuevos préstamos destinados a cancelar los anteriores, haber incumplido el deber de informar sobre el costo financiero real y los riesgos del sistema UVA, y haber cerrado unilateralmente la cuenta bancaria del actor, privándolo de acceso a información esencial sobre sus deudas.

A esa misma entidad se le atribuye un hecho autónomo de particular gravedad: haber inducido al jubilado a destinar parte de los fondos crediticios a fondos comunes de inversión bajo promesas de rentabilidad que nunca se materializaron. Según la demanda, el banco no solo omitió informar adecuadamente los riesgos de esa operatoria, sino que luego bloqueó el acceso al homebanking, impidiendo al actor conocer el estado de esas inversiones, verificar movimientos o ejercer cualquier control sobre su propio patrimonio.

La demanda también denuncia prácticas de cobranza abusivas: una agencia que actúa en nombre de esa entidad bancaria habría contactado a familiares del jubilado por correo electrónico para informarles la existencia de la deuda y solicitarles que transmitieran el mensaje. Esa conducta, según el escrito, configura una violación del secreto bancario, una práctica abusiva de cobranza y una afectación directa al honor y la dignidad del consumidor, en contravención del artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor.

La segunda entidad bancaria demandada responde, según el escrito, por haber extendido financiamiento y tarjetas de crédito a un consumidor ya sobreendeudado. El análisis preliminar de la documentación aportada revela un costo financiero total que alcanza el 129,08% de tasa efectiva anual en una de sus tarjetas, y la existencia de capitalización de intereses que la demanda califica de “anatocismo indirecto”: aunque formalmente se prohíbe la capitalización, en la práctica los intereses se incorporan al saldo y generan nuevos intereses. Además, se señala que el banco absorbía automáticamente más del 50% del haber previsional del actor para cubrir sus propios productos, dejando al jubilado en cesación de pagos frente al resto de sus acreedores.

Los organismos de crédito vinculados a las Fuerzas Armadas son señalados por haber concedido créditos con descuento directo sobre el haber previsional sin analizar la capacidad de pago residual del actor. Uno de ellos otorgó en enero de 2026 una refinanciación por $21.339.000, con descuento automático sobre la jubilación.

El proveedor de servicios financieros digitales, por su parte, es acusado de haber otorgado financiamiento en un contexto de insolvencia verificable y de haber implementado planes de refinanciación que, lejos de resolver la situación, prolongaron el ciclo de deuda. La agencia de cobro extrajudicial responde por haber brindado información inconsistente sobre la composición de la deuda y por haber ofrecido planes de pago materialmente inviables.

Qué pide la demanda

El reclamo solicita a la Justicia Federal la nulidad parcial de los contratos y de las cláusulas consideradas abusivas, la sustitución del índice UVA por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) —un indicador atado a la evolución de los ingresos y no a la inflación—, la reliquidación integral de todas las deudas y la limitación de las cuotas futuras a un máximo del 30% del ingreso neto previsional.

También pide la suspensión inmediata de los descuentos automáticos sobre el haber, el cese del devengamiento de intereses y cargos, la eliminación de los reportes negativos en bases de datos crediticias como Veraz y Nosis, y la reapertura de la cuenta bancaria del actor para garantizarle el cobro íntegro de su jubilación.

Se reclaman, además, daños patrimoniales por la capitalización desproporcionada de la deuda y la pérdida de disponibilidad de ingresos, daño moral por el estrés financiero y la asfixia económica padecidos, daño a la dignidad del consumidor, daño existencial por la alteración del proyecto de vida del actor y su familia, y daño punitivo contra todas las entidades demandadas, bajo el argumento de que existe un esquema sistemático de lucro basado en el endeudamiento permanente de consumidores de ingresos fijos.

La demanda también solicita una medida cautelar urgente que incluye la suspensión de todos los débitos automáticos y acciones de cobro mientras dure el proceso, y la prohibición de nuevas ejecuciones individuales.

En forma subsidiaria, y únicamente para el caso de que la Justicia rechace la reestructuración solicitada, la presentación deja planteada la eventual apertura de un proceso de quiebra de persona humana no comerciante, en los términos de la Ley 24.522. La quiebra se plantea como una salida ordenada y universal que evitaría ejecuciones individuales descoordinadas, garantizaría la igualdad entre acreedores y permitiría organizar el pasivo del actor de forma equitativa.

Los abogados que impulsan la acción advierten que el caso no constituye un hecho aislado, sino que expone una problemática social más amplia vinculada al crecimiento de la mora bancaria, el endeudamiento digital y la utilización de mecanismos financieros complejos sobre sectores de ingresos fijos. El expediente, señalan, podría transformarse en un antecedente sobre el control judicial de las prácticas de crédito al consumo y la responsabilidad de las entidades financieras frente al sobreendeudamiento masivo de jubilados y trabajadores pasivos.

El Indec informó recientemente que la inflación de abril fue del 2,6%, el registro mensual más bajo en cinco meses. Sin embargo, ese dato no frena una nueva ronda de ajustes en servicios esenciales: desde el 1° de junio entrarán en vigencia aumentos en la medicina prepaga, el transporte público, los combustibles y los colegios privados, además de una nueva actualización en las tarifas de agua del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los incrementos responden a distintos mecanismos: algunos siguen la inflación oficial, otros aplican fórmulas que combinan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con costos operativos, y otros se deben a ajustes contractuales pactados de antemano.

Las empresas de medicina prepaga ya comunicaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos que aplicarán en junio, con subas que llegarán hasta el 2,9% según la compañía y el plan contratado. La carga de esos datos en el sistema digital de la SSS es ahora obligatoria.

Swiss Medical, Osde, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud definieron un aumento del 2,6%, en línea con la inflación de abril. Omint irá por encima de ese valor, con subas de hasta el 2,9% dependiendo del plan. En varios casos, los ajustes también alcanzarán a los copagos.

En mayo, las cuotas habían subido un 2,7% en el AMBA y un 2,5% en el interior del país. Acumulado en los primeros cuatro meses del año, el aumento total de las prepagas ronda el 10,5%, mientras que la suba interanual promedio a nivel nacional se ubica cerca del 29,7 por ciento.

A partir de junio, los usuarios de colectivos y subte en el AMBA pagarán tarifas más altas. El incremento será de entre el 4,6% y el 4,8%, calculado sobre la base del último dato de inflación del Indec más un 2% adicional correspondiente a los costos operativos de las empresas.

En la Ciudad de Buenos Aires, las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro del distrito verán una suba del 4,6 por ciento. El boleto mínimo de hasta 3 kilómetros pasará de $753,74 a 788,41 pesos. El tramo de 3 a 6 kilómetros costará $876,05; el de 6 a 12 kilómetros, $943,53; y el de 12 a 27 kilómetros, 1.011,07 pesos. Todos esos valores corresponden a viajes realizados con tarjeta SUBE registrada.

En la Provincia de Buenos Aires, las líneas numeradas desde el 200 en adelante tendrán un alza del 4,8 por ciento. El boleto mínimo subirá de $968,57 a 1.015,06 pesos. El tramo de 3 a 6 kilómetros quedará en $1.141,94; el de 6 a 12 kilómetros, en $1.268,80; el de 12 a 27 kilómetros, en $1.522,59; y los recorridos de más de 27 kilómetros alcanzarán los 1.790,06 pesos.

El subte y el premetro también tendrán una nueva tarifa en junio. El viaje pasará de $1.490 a $1.558,54 para quienes tengan la SUBE registrada, y se mantendrán los descuentos para los pasajeros frecuentes que realicen más de 20, 30 o 40 viajes por mes.

Además, el 15 de junio entrará en vigencia una segunda etapa de actualizaciones para las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, que conectan el Conurbano con la Ciudad de Buenos Aires. Esas líneas sumarán un 2% adicional sobre los valores vigentes al momento de ese ajuste, con lo que el boleto pasará a costar 728,28 pesos.

Los peajes porteños también se actualizarán a partir de junio, con un incremento del 4,6% que sigue la misma fórmula aplicada al transporte público: inflación de abril más un 2 por ciento.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura pagarán $4.518,33 en horario normal y $6.403,21 en hora pico. Las motocicletas abonarán $1.882,44 en horario normal y $3.012,29 en hora pico. Los vehículos pesados de hasta dos ejes tendrán un valor de $7.153,79, que sube a $10.542,41 en pico.

En la autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, el valor para autos de hasta dos ejes será de $1.882,44 en horario normal y $2.662,06 en hora pico, mientras que las motos pagarán $1.129,66 y $1.355,28 respectivamente.

Las escuelas privadas aplicarán nuevos aumentos en las cuotas a partir de junio, como consecuencia del traslado parcial de los últimos incrementos salariales docentes a los aranceles de cada institución. Los porcentajes finales dependerán del nivel de subsidio estatal que reciba cada establecimiento.

En la Provincia de Buenos Aires, las cuotas subirán en promedio entre un 4% y un 5 por ciento. En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento se ubicará en torno al 5 por ciento.

Las tarifas de AySA registrarán en junio un nuevo ajuste de hasta el 3% mensual, dentro del esquema de recomposición tarifaria que el Gobierno nacional extenderá hasta agosto de 2026. Hasta abril, el tope de actualización era del 4% mensual; desde mayo, la autoridad regulatoria lo redujo al 3% para moderar el impacto en las boletas.

Se mantienen los descuentos del 15% para usuarios residenciales de zonales bajos, que alcanzan al 48% de los usuarios residenciales, y los beneficios de la Tarifa Social para hogares vulnerables.