Créditos ANSES de hasta $1.500.000 podrían regresar, pero con una diferencia fundamental respecto al esquema anterior. Un proyecto de ley impulsado por bloques opositores propone un sistema donde los fondos nunca llegan a la cuenta del beneficiario. En su lugar, ANSES pagaría directamente a bancos, financieras y emisoras de tarjetas para cancelar deudas existentes.

El objetivo no es fomentar consumo ni entregar efectivo, sino ofrecer una salida concreta para quienes hoy enfrentan tasas asfixiantes en tarjetas de crédito y préstamos informales con intereses impagables.

La iniciativa llegó en marzo, después de que el decreto 421/2025 eliminara definitivamente los créditos ANSES tradicionales. Legisladores de distintos espacios buscan ahora restituir líneas de financiamiento utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero con un enfoque totalmente distinto.

El proyecto no tiene fecha de tratamiento y su aprobación está en duda ya que el oficialismo cuenta con amplio respaldo en el Congreso y anticipó su rechazo. Sin embargo, la propuesta pone sobre la mesa un debate central: cómo rescatar a millones de hogares atrapados en deudas imposibles de pagar.

Quiénes podrían pedir los nuevos créditos ANSES

El universo de potenciales beneficiarios está definido con precisión en el texto legislativo. Se prioriza a quienes reciben ayuda estatal y tienen ingresos bajos, sectores que históricamente quedaron fuera de los productos financieros formales.

De aprobarse la ley, estas personas podrían solicitar el crédito:

• Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE) vigentes en todo el país
• Jubilados y pensionados bajo el régimen SIPA con ingresos que no superen seis haberes mínimos
• Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)
• Personal de casas particulares registrado
• Monotributistas inscriptos en las categorías A, B, C y D

La lista abarca a más de 10 millones de personas que hoy tienen acceso limitado o nulo a préstamos bancarios convencionales. El foco está puesto en la vulnerabilidad financiera, no en la capacidad de consumo.

A diferencia de los esquemas anteriores, esta propuesta pone un candado claro. No se puede usar el dinero para gastos discrecionales. Todo debe destinarse a cancelar pasivos existentes.

Cómo funcionaría el pago directo de ANSES a bancos y tarjetas

La operatoria marca un cambio radical respecto a los Créditos ANSES que estuvieron vigentes hasta 2025. El beneficiario no recibirá ni un peso en mano ni en su cuenta bancaria: todo el proceso será 100% digital y el solicitante deberá indicar a qué banco, financiera o emisor de tarjeta le adeuda dinero para que ANSES realice la transferencia directa a ese acreedor.

El monto máximo establecido es de $1.500.000, con un mecanismo de ajuste automático según la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil. Esto busca evitar que la inflación licúe el alcance del programa en pocos meses.

Las condiciones financieras también están reguladas en el proyecto. La tasa de interés se fijará en TAMAR más 10 puntos porcentuales. Esto la mantiene siempre por debajo de los costos de las tarjetas comerciales y créditos personales tradicionales.

Otro tope clave aparece en el descuento mensual. No podrá exceder el 30% del ingreso neto del solicitante. Esto garantiza que la persona mantenga capacidad de pago para sus gastos básicos sin comprometer su subsistencia.

El esquema incluye auditorías automáticas para verificar que los fondos lleguen efectivamente al destino declarado. No habrá intermediarios ni gestores. Todo se tramitará a través de la plataforma Mi ANSES.

Qué dijo el Gobierno sobre el regreso de los créditos ANSES

La semana pasada, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cerró la puerta a cualquier expectativa oficial. Aclaró que el regreso de los Créditos ANSES para jubilados y pensionados no está en estudio.

De esta manera, el funcionario desmintió las versiones que circularon en redes sociales y distintos portales sobre un relanzamiento del programa de préstamos desde el Ejecutivo.

Los Créditos ANSES fueron un programa que permitió a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares acceder a financiamiento con la menor tasa de interés del Estado. Se usaron para viajes, arreglos de viviendas y compra de electrodomésticos, entre otras cosas.

Las declaraciones de Adorni refuerzan la postura oficial de no utilizar los fondos del sistema previsional para otorgar préstamos personales. Esta política quedó establecida con el decreto 421/2025.

En consecuencia, quienes actualmente perciben haberes de ANSES no tienen acceso a líneas de financiamiento desde el Estado. Deben recurrir a entidades privadas si necesitan solicitar un préstamo, enfrentando tasas significativamente más altas que las que ofrecía el programa eliminado.

La petrolera aplica un incremento mínimo y extiende el mecanismo de compensación para evitar que la volatilidad del Brent impacte de lleno en surtidores

13/05/2026 – 19:26hs

YPF anunció que a partir de mañana jueves aplicará un leve incremento del 1% en el valor de sus naftas y gasoil. Según la compañía, este movimiento responde a una evaluación técnica de la coyuntura energética actual tras 45 de congelamiento de los valores en los surtidores.

El presidente y CEO de YPF Horacio Marin anunció esta tarde que «YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda», como parte de una estrategia para contener la volatilidad del sector.

Para evitar incrementos abruptos que afecten directamente al bolsillo de los ciudadanos en la Argentina, la firma decidió extender sus mecanismos de control temporal. «De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de «buffer de precios» por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor», explicó el directivo.

Este esquema de contención busca desacoplar, al menos momentáneamente, los valores locales de las fuertes oscilaciones que presenta el crudo internacional por el conficto armado en Medio Oriente que se mantiene sin resolución y generó una crisis energética global.

El compromiso de la empresa es absorber las variaciones externas para garantizar estabilidad. «Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio», detalló Marin.

Claves del precio de los combustibles

El precio de la nafta y el gasoil se define a partir de una combinación de factores: el valor internacional del barril de Brent —referencia para el mercado local y actualmente en torno a u$s105—, los costos de refinación, el tipo de cambio, los tributos nacionales (como los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono) y los gastos de logística y comercialización.

En este esquema, el «amortiguador» de YPF radica en no trasladar de manera plena las subas del crudo, aunque el resto de las variables puede igualmente presionar los precios al alza.

En ese marco, la actualización de los impuestos impacta de forma directa en el costo de cargar combustible, tanto para particulares como para empresas. Si bien el aumento es acotado en términos absolutos, tiene efecto en sectores como el transporte y la logística, donde el precio del gasoil es un componente central de los costos.

Con una participación de mercado superior al 50%, la petrolera estatal suele marcar el piso de precios en las estaciones de servicio. Esa referencia condiciona al resto de las compañías, que ajustan sus valores en función de esos movimientos.

Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, los precios en los surtidores argentinos acumulan una suba cercana al 25%. Las tensiones en el estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo y el gas a nivel global—, las restricciones en puertos iraníes y la falta de acuerdos entre ambos países continúan presionando al alza el precio del crudo, que se mantiene elevado por más tiempo del previsto por la mayoría de los analistas.

En una entrevista con el abogado Matías Olivero Vila, se reveló que solo tres distritos reglamentaron la exhibición de impuestos provinciales y municipales en los tickets de compra en Argentina, pese a la vigencia de la Ley de Transparencia Fiscal desde hace casi dos años.

Durante una charla con el equipo de Infobae al Regreso, Olivero Vila explicó: “Ayer fue un día importante porque es el día que se vio el primer ticket en el país que incluye los impuestos provinciales”.

Señaló que, aunque la ley nacional se sancionó hace casi dos años y su implementación nacional fue rápida, el proceso se trabó a nivel provincial y municipal: “Todo el viento a favor que teníamos a nivel nacional lo tuvimos en contra a nivel provincial y municipal”.

Olivero Vila detalló que Entre Ríos, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires son las únicas jurisdicciones que “reglamentaron este régimen” y comenzaron a mostrar en los tickets los impuestos provinciales y, en algunos casos, las tasas municipales. “En el día de ayer mostramos el primer ticket del país que incluye ingresos brutos y opcionalmente, voluntariamente, también pueden exponerse la tasa municipal”, señaló.

En contraste, “las otras 18 provincias no hicieron absolutamente nada” y, aunque Mendoza y Santa Fe habían adherido formalmente, “ninguna reglamentó”.

El entrevistado subrayó que la intención de la ley es “concientizar” y brindar información clara al consumidor: “Dice el artículo 41 de la Constitución: ‘Derecho a una información adecuada y veraz’. Si a vos te dan la información del 1% de sodio, del 0,8 de azúcares y el 1,2 de grasas saturadas, me tenés que decir el 21% de IVA, el 5% de ingresos brutos y el 3% de tasas municipales”.

En Entre Ríos, ejemplificó, la reglamentación incluye la obligación de informar tanto el precio total como el neto en góndolas y publicidades: “La gente se va a encontrar allí con un precio que es sustancialmente distinto al del precio total”.

Durante la conversación, Olivero Vila remarcó que la carga impositiva no solo afecta productos, sino también préstamos y financiamientos: “En el caso de los préstamos a los hogares, hoy llega a ser entre el 48% y el 60% de la tasa, dependiendo de cuál es la tasa que se está aplicando, es impuestos”.

Detalló que “tenemos 21% de IVA que apenas un puñado de países aplican sobre financiamiento. Segundo, ingresos brutos, entre el 8 y 9%, otra vez sobre los intereses totales. Tercero, tasas municipales de hasta el 7,5%”.

Olivero Vila ilustró el efecto acumulativo: “Tres impuestos, 21% más el 9% más el 7,5%, hacen que finalmente hasta el 60% de la tasa de interés sean impuestos”. Concluyó que esta superposición impositiva “le quitó a toda una generación, aquellos que tienen menos de 55 años, la posibilidad de acceder a algo tan básico como un préstamo bancario”.

Al analizar los modelos internacionales, Olivero Vila explicó que solo Brasil, además de Argentina, implementó un régimen similar de transparencia fiscal, motivado por la presión social y empresarial: “Cuando mostraron el 40% de impuestos en la nafta, 45% en restaurantes y hoteles, la gente reaccionó. Dijo: ‘¿Qué es esto de estar pagando casi la mitad del precio en impuestos?’”.

La discusión derivó en la relación entre la presión fiscal y la calidad de los servicios públicos: “En España, por ejemplo, el Estado te tiene que dar buenos servicios porque te los cobra. Nadie discute eso”. Olivero Vila advirtió que en Argentina “toda la gente que está bajo la línea de la pobreza está pagando 42% de impuestos en los alimentos, 48% en las bebidas, 50,3% en la ropa, 54% cuando el del taxi se quiere comprar un auto o una motito”.

En cuanto a la progresividad y los cambios recientes en Brasil, Olivero Vila reconoció que “el actual gobierno de Lula ha bajado los impuestos del 34% al 27% en forma gradual desde este año, por demanda de la gente”.

El cierre del debate remarcó la necesidad de equilibrio: “Nosotros no estamos en contra de los impuestos. Estamos en contra de tener los impuestos más altos del mundo”.

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