Hay un debate que divide al campo argentino desde hace décadas y que ahora volvió a la superficie con fuerza inusitada. Está relacionado con quién tiene derecho a cobrar y cuánto por las semillas que los agricultores siembran cada año en el campo. El Gobierno de Javier Milei decidió meterse de lleno en el asunto, pero con una estrategia que busca evitar el pantano legislativo, ya que, en lugar de reformar la ley, pretende cambiar cómo se controla.

Todo parte de una norma que cumplió más de 50 años: la Ley de Semillas sancionada en 1973. En aquel momento no existía la soja transgénica, ni el trigo con tolerancia a herbicidas, ni las variedades de alto rendimiento desarrolladas por laboratorios privados con inversiones millonarias. El mundo agropecuario de hoy es radicalmente distinto, pero la ley que regula quién puede usar qué semilla —y en qué condiciones— sigue siendo, en lo esencial, la misma.

El corazón del conflicto es simple: los semilleros y empresas de biotecnología invierten años y millones en desarrollar una nueva variedad. Cuando esa semilla llega al productor, éste tiene el derecho histórico de guardar parte de su cosecha para volver a sembrarla al año siguiente. Es el llamado «uso propio», una práctica tan antigua como la agricultura misma. Las empresas sostienen que eso les recorta los ingresos y desincentiva la inversión en nuevas tecnologías. Los productores, en cambio, lo defienden como un derecho adquirido que no están dispuestos a resignar.

Legislación sobre semillas: la idea del Gobierno

A fines de abril, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el secretario de Agricultura Sergio Iraeta y el director del INASE (Instituto Nacional de Semillas) Martín Famulari convocaron a las entidades rurales —SRA, CRA, FAA, Coninagro— y a los semilleros para presentarles una propuesta concreta.

La idea es incorporar la identificación varietal en el primer eslabón de la cadena comercial: los acopios, las plantas de procesamiento y los puertos. En esos puntos ya se toman muestras rutinarias para medir humedad, calidad e impurezas. La novedad sería sumarle a ese análisis la identificación genética de la variedad entregada. Esa información llegaría al INASE y al titular de la variedad. Si no hay ningún problema, la muestra queda archivada y luego se descarta. Si surge un conflicto, el organismo actúa como árbitro.

Lo que resulta clave políticamente es que el esquema no sería retroactivo, sino que solo aplicaría a las variedades que se registren después de que la norma entre en vigencia. Quien hoy produce bajo las reglas actuales no vería alterada su situación. Además, el costo operativo de los análisis correría por cuenta de los obtentores —es decir, las empresas dueñas de la genética—, no de los agricultores.

La implementación no requiere pasar por el Congreso: se haría mediante una resolución conjunta publicada en el Boletín Oficial, con sanciones encuadradas en la propia Ley 20.247 vigente.

Javier Milei prepara cambio clave para el campo: los pasos siguientes

La hoja de ruta oficial establece primero la resolución de fiscalización y luego el proyecto de reforma legislativa. El tema ya figura en la agenda que el propio Milei mencionó en la apertura de sesiones ordinarias, lo que le da rango político al proceso. Las conversaciones abiertas con entidades del campo y del sector semillero, más una mesa de trabajo en marcha entre el Gobierno, la producción y los representantes del sector, dan sustento a esta iniciativa.

La próxima reunión de esa mesa está prevista para el 9 de junio. En el Ejecutivo la presentan como una instancia para seguir acercando posiciones antes de abrir la discusión en el Congreso. El cronograma sugiere que el Gobierno quiere llegar a esa instancia legislativa con el mayor consenso posible, evitando repetir el fracaso de intentos anteriores que naufragaron antes de llegar a votación.

El Gobierno apuesta a que esta solución por etapas —fiscalización primero, reforma de fondo después— pueda descomprimir años de tensión acumulada. Si lo logra, habrá dado un paso que sus predecesores no pudieron.

La recepción del campo: cautelosa, pero no hostil

Históricamente, cada vez que se intentó tocar el tema de semillas, la reacción del sector agropecuario fue de rechazo frontal. Esta vez la recepción fue diferente, aunque con matices.

Carlos Castagnani, presidente de CRA, calificó la propuesta como «un adelanto» y destacó especialmente el carácter no retroactivo del esquema. «No hay manera de que el productor esté peor o menos protegido que ahora», señaló. Y agregó que cree que la iniciativa «puede lograr un consenso que sería bueno».

Sin embargo, todas las entidades aclararon que esperarán recibir el texto escrito completo antes de tomar una posición definitiva. La historia de este debate enseñó que los detalles importan tanto como los titulares.

UPOV 91 y la presión de Donald Trump

Detrás de esta discusión técnica hay una dimensión geopolítica que no puede ignorarse. Argentina firmó el Convenio UPOV en su versión de 1978, que admite el uso propio con ciertas restricciones. Hay una versión más nueva y restrictiva —la UPOV 91— que amplía los derechos de los obtentores y reduce el margen de los productores para guardar semilla sin pagar regalías.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría condicionado la firma de un acuerdo comercial con Argentina a que el país adhiera a UPOV 91. Esa presión puso el tema en el centro de la agenda y también generó alarma en el sector agropecuario local. La Mesa de Enlace acepta modernizar la ley, pero rechaza adherir a UPOV 91. Organizaciones del norte del país fueron aún más terminantes, calificando esa adhesión como «el camino a la inmolación».

El Gobierno, por ahora, decidió no forzar ese frente. La estrategia de avanzar con una resolución administrativa —sin abrir el debate legislativo sobre UPOV 91— puede leerse como una forma de ganar tiempo, construir confianza con el sector productivo y mostrar voluntad de acción sin encender la mecha del conflicto mayor.

Un dato que habla del peso de Argentina en el sector

En mayo, en Lisboa, se celebró el Congreso Mundial de Semillas de la Federación Internacional de Semillas (ISF), que reunió a más de 1.300 representantes de más de 80 países. El evento tuvo un protagonismo inesperado para Argentina: Lorena Basso, referente de Basso Semillas —empresa familiar argentina de tercera generación— asumió como primera presidenta mujer en los cien años de historia de la organización.

Basso, que había presidido la Asociación de Semilleros Argentinos entre 2019 y 2023, llega a la conducción de la ISF en un momento en que su propio país debate el futuro del sistema semillero. Su presidencia podría darle mayor peso a la industria local en los foros globales donde se definen estándares y regulaciones internacionales.

Por qué importa más allá del campo

Argentina es una de las principales potencias agrícolas del mundo. La soja y el trigo —dos cultivos autógamos en los que el debate del uso propio es más intenso— representan una parte central de las exportaciones del país y, por ende, de la entrada de divisas.

Un sistema de semillas que funcione mal tiene consecuencias como menos inversión en nuevas variedades, menor adopción de tecnología y, a la larga, rindes más bajos. Pero una regulación que ahogue el uso propio también tiene costos, ya que sube los gastos de producción de miles de agricultores, muchos de ellos pequeños y medianos.

El Gobierno apuesta a que esta solución intermedia —controlar mejor sin cambiar la ley— pueda descomprimir años de tensión acumulada. Si lo logra, habrá dado un paso que sus predecesores no pudieron. Si no, el debate de fondo seguirá pendiente. Con o sin resolución administrativa, la ley de 1973 tarde o temprano tendrá que ponerse al día con el siglo XXI.

Las empleadas domésticas de casas particulares cuentan desde junio con nuevos valores de referencia para el pago por hora y sueldo mensual, tras la actualización determinada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El esquema salarial contempla aumentos acumulativos y escalonados que iniciaron en abril y continuarán hasta julio.

Las subas alcanzan a todas las categorías del sector e impactan también en el adicional por zona desfavorable. Además, una parte de las sumas no remunerativas pactadas en meses anteriores pasó a formar parte del salario básico, modificando la estructura de los recibos de sueldo.

Así, quienes se dedican a tareas de limpieza y mantenimiento en hogares ya disponen de nuevos pisos salariales para junio, tanto para personal con retiro como sin retiro.

La categoría de tareas generales, la más numerosa, abarca actividades como limpieza, lavado, planchado y mantenimiento. Para junio de 2026, el valor mínimo por hora se fijó en $3.600,66 para personal con retiro y $3.862,18 para quienes se desempeñan sin retiro.

En el rubro de asistencia y cuidado de personas —que incluye el acompañamiento a niños, adultos mayores o personas con requerimientos específicos—, la hora quedó en $3.862,18 si es con retiro y $4.295,26 sin retiro.

Para actividades específicas, que requieren conocimientos particulares como cocina especializada, el mínimo se ubicó en $4.083,26 la hora con retiro y $4.453,26 sin retiro.

En la categoría de supervisores, el esquema salarial establece los valores más elevados: la hora se paga a $4.297,33 con retiro y a $4.683,64 sin retiro.

Por último, los caseros, quienes desarrollan tareas y residen en el mismo lugar de trabajo, tienen en junio un mínimo de $3.862,18 por hora.

Además de los valores establecidos por hora, la resolución oficial dispuso los salarios mínimos mensuales para el personal que se desempeña bajo la modalidad mensualizada:

• Para tareas generales, el salario mínimo mensual alcanzó $441.729,02 con retiro y $488.326,19 sin retiro.
• En asistencia y cuidado de personas, los montos pasaron a $488.326,19 con retiro y $541.255,35 sin retiro.
• En la categoría de tareas específicas, el salario mensual mínimo quedó en $499.868,28 para personal con retiro y $553.536,65 para quienes trabajan sin retiro.
• Los supervisores perciben los ingresos más altos dentro del régimen: $536.080,78 mensuales con retiro y $594.214,11 sin retiro.
• En el caso de los caseros, el mínimo mensual establecido para junio es de $488.326,19.

La actualización salarial para el sector se resolvió a través de un mecanismo de incrementos acumulativos, distribuidos en cuatro meses consecutivos.

El esquema estableció una suba del 1,8% en abril, seguida por un aumento del 1,6% en mayo, otro ajuste del 1,5% para junio y una recomposición adicional del 1,4% prevista para julio.

Según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, estas mejoras se aplican sobre los valores mínimos de cada categoría.

El acuerdo también modificó la situación de las sumas no remunerativas definidas previamente. Se determinó que el 50% de los montos fijados en marzo se incorporara al salario básico desde abril, mientras que el resto pasará a formar parte del básico a partir de julio.

Estos importes, que variaban según la cantidad de horas trabajadas —$20.000, $11.500 y $8.000—, modificaron la estructura del recibo de sueldo, aunque no necesariamente representaron un incremento extra en el ingreso final de las trabajadoras. La integración al salario básico sí tiene incidencia sobre conceptos como aportes y liquidaciones.

El esquema salarial también incorporó una actualización del adicional por zona desfavorable, que subió del 30% al 31% y se calcula sobre los salarios mínimos de cada categoría.

Este adicional corresponde a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires. Así, las personas comprendidas en ese régimen reciben ingresos superiores a los mínimos generales que rigen en el resto del país.

El personal de casas particulares recibirá en junio la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

Este pago corresponde tanto a quienes perciben un salario mensual como a quienes trabajan por hora o por jornada, siempre que la relación laboral esté debidamente registrada bajo el régimen vigente. La ley fija como fecha tope de pago el 30 de junio.

La normativa establece que el monto del SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual obtenida durante el semestre previo al pago. Para las trabajadoras que comenzaron su empleo después de enero o que no completaron seis meses, el aguinaldo se liquida de manera proporcional.

El cálculo se realiza tomando el sueldo mensual más alto del semestre, multiplicándolo por la cantidad de meses trabajados y dividiendo el resultado por 12.

Los cheques físicos se encuentran rumbo a la desaparición debido al avance tecnológico y a la practicidad brindada por el formato electrónico. En cifras, hoy apenas representan el 38% del total de unidades mensuales utilizadas de este medio de pago, pero en montos operados solo equivalen al 16% del global.

Se trata de una baja sensible si se tiene en cuenta que hace dos años, según datos de marzo de 2024, el 60% de estas transacciones en cantidad se realizaba con cheques físicos y equivalía al 35% del monto total negociado. Si se compara con los registros de principios de 2023, los papeles físicos representaban el 67% del total en volumen de unidades. Es decir, en apenas tres años, el uso de los cheques físicos cayó un 44% en unidades.

Según la definición del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el cheque es una orden de pago a un banco que permite a la persona que lo recibe cobrar la cantidad de dinero que indica el documento. Al momento de cobrarlo, debe estar disponible ese monto en la cuenta bancaria de la persona que lo emitió.

Para tener una idea de cuál es el volumen que opera este mercado, de acuerdo con las cifras de abril pasado —que es el último dato relevado por la autoridad monetaria—, se compensaron en ese mes 4,7 millones de cheques (físicos y electrónicos en pesos) por un total de $22,2 billones.

Así, la participación del echeq sobre el total de los cheques compensados alcanzó el 62,5% en cantidades, lo que equivale a 2,9 millones de cheques electrónicos en abril, y el 83,9% del total en montos ($18,6 billones), con incrementos de 8 puntos porcentuales (p.p.) y 4,7 p.p. respecto a abril de 2025. En cantidad, hoy solo el 38% de los cheques es físico.

«En nuestro caso, un 40% del volumen sigue siendo de cheques físicos, en especial utilizados por las pymes más pequeñas, que son depositados, mayormente, en cuentas recaudadoras de las grandes compañías», indican, como ejemplo, fuentes del banco Santander a iProfesional.

Asimismo, también se implementó el cheque electrónico en dólares, por lo que, según informa el BCRA, en abril se compensaron 156 cheques de este tipo por un monto total de u$s21 millones.

Por el lado de la mora y los rechazos de cheques por no tener fondos suficientes, los números muestran cierta «normalidad», debido a que la relación con el total de compensados totalizó 2,2% en cantidades y 1,4% en montos, manteniéndose sin cambios respecto a marzo en términos de cantidades y evidenciando una reducción de 0,2 puntos porcentuales en montos en igual período.

Las claves tecnológicas y fiscales que impulsan el auge del echeq

Lo concreto es que cada vez se utilizan menos cheques físicos por cuestiones tecnológicas, rapidez y practicidad, aunque existen distintas aristas respecto a la razón de ser de su subsistencia.

«Diría que el formato de cheque físico casi que desaparece por el avance tecnológico y la adopción del cheque electrónico. Este último ofrece una mayor trazabilidad y un control más eficiente dentro de las empresas, especialmente en las pymes, evitando errores comunes de las chequeras tradicionales», resume a iProfesional Sebastián Menescaldi, economista y director de Eco Go.

Al respecto, Marcelo Bastante, analista de mercados y experto en bancos, suma: «El uso del echeq es cada vez mayor, no solo por un tema de practicidad sino también por seguridad, y porque no tiene una cantidad limitada de endosos, como ocurre con el cheque físico».

De hecho, hubo recientes cambios normativos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para favorecer los endosos de los cheques, operatoria que se ha facilitado a través del mercado de capitales por medio de las ALyCs.

«Muchas empresas utilizan este mecanismo como una estrategia de tesorería para reducir costos, ya que depositar cheques en una ALyC y recibir pagos a través de ella les permite evitar de forma legal el impuesto al cheque«, puntualiza Menescaldi. Es decir, la nueva normativa de la CNV elimina trabas y costos, por lo que las pymes pueden ahorrar el 0,6% del impuesto al cheque en cada cobro.

«Muchos utilizan las cooperativas, mutuales, ALyCs y fondos comunes de inversión (FCI) como forma de eludir el impuesto al cheque», detalla una fuente de mercado off the record. En montos operados totales, solo el 16% se canaliza por cheques físicos.

En montos operados totales, solo el 16% se canaliza por cheques físicos.

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Por qué el cheque físico sobrevive en la economía informal argentina

De acuerdo con la normativa de la CNV, «el ingreso de cheques destinados a su aplicación en la operatoria del mercado de capitales continúa sin limitaciones, y la normativa de CNV no impone restricciones a la cantidad de endosos admitidos para los mismos».

También los expertos destacan otras ventajas del cheque electrónico en cuanto a los costos, debido a que algunos bancos brindan paquetes de productos para fomentar el uso del echeq, sumado a que se evita el valor de la impresión de la chequera física.

Ahora bien, el cheque físico mantiene su utilidad en el segmento informal de la economía como forma de financiamiento.

«El cheque físico se sigue utilizando en operaciones informales, ya que es más dificultosa su trazabilidad, a diferencia del echeq, por lo que pasa de mano en mano y no ocurre nada, nadie se entera. De hecho, en las causas de corrupción indicaban que te daban un cheque físico y tenías que ir a descontarlo a una cueva predeterminada. En cambio, con el echeq no lo podés hacer porque quedás pegado», concluyen fuentes del mercado.