El Gobierno de Javier Milei imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga, por los aumentos que aplicaron por encima de la inflación entre diciembre del año pasado y abril de 2024. Además, apuntó contra la entidad que las agrupa (UAS) y el empresario que la dirigía en aquel momento, Claudio Belocopitt.

«La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga, a la Unión Argentina de Salud y a Claudio Belocopitt. A partir de ahora, las firmas del sector imputadas tienen 20 días hábiles para formular su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar las conductas imputadas», anunció este jueves Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

«Las empresas alcanzadas son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, la confederación Unión Argentina de Salud (UAS), y Claudio Belocopitt, que en ese entonces ejercía el doble rol de presidente de Swiss Medical y de la UAS», detalló el vocero presidencial.

En su exposición, el funcionario sostuvo que la medida surge a partir de una denuncia por cartelización vinculada a la fijación de precios entre los meses de diciembre 2023 y abril 2024. «En abril, el Ministerio de Economía intervino dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre, y dictaminó que los aumentos no podrán ubicarse por encima de la inflación», detalló.

Si bien Adorni no precisó qué denuncia se usó como base para tomar esta medida, en enero de este año dirigentes de la Coalición Cívica que responden a Elisa Carrió presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra las empresas de medicina prepaga que integran la UAS por incurrir en una cartelización para incrementar los precios a usuarios y proveedores de manera coordinada. «Ahí no hay competencia, hay abuso», denunciaron.

En su escrito, explicaban que los aumentos registrados fueron del 40% durante enero y del 30% durante febrero y en ambas oportunidades fueron presentados por Belocopitt como resultado de un acuerdo celebrado en el marco de la cámara de empresas que los nuclean: la UAS.

Lo cierto es que, tal como informó Clarín, en abril el Gobierno puso en marcha una investigación por la presunta coordinación en los aumentos de las cuotas dispuestos por las prepagas, que orillaron el 160% en los primeros cuatro meses del año y derivaron en una ola de reclamos judiciales por parte de los usuarios para frenar los fuertes incrementos.

Tras el anunció de Adorni, que cerró su alocución con la advertencia de que «en la Argentina ya no hay lugar para este tipo de avivadas», la Secretaría de Industria y Comercio emitió un comunicado en el que afirma que «la CNDC fijará un plazo, que no podrá ser mayor a 90 días hábiles -y que de considerar necesario podrá prorrogar por hasta 90 días hábiles más- para que se produzca la prueba concedida. Concluido este periodo, las partes imputadas contarán con seis días hábiles para presentar sus alegatos».

El comunicado agrega que «en caso de que la prueba producida resulte suficiente para desvirtuar la imputación, la CNDC podrá disponer el archivo de las actuaciones. En caso contrario, la Secretaría de Industria y Comercio en conjunto con la CNDC podrán multar a las imputadas con hasta el 30 por ciento de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido».

La denuncia por cartelización supone no sólo el hecho de que los aumentos se ubicaron muy por encima de la inflación, sino que además se habrían dado de manera coordinada, con índices de subas muy similares entre las prepagas imputadas, que son las que aglutinan a la mayor cantidad de afiliados del país. A esto, las prepagas suelen argumentar que los costos de salud y los atrasos en los precios eran similares para todas las empresas.

Junto con la denuncia administrativa por cartelización, en paralelo la Superintendencia de Servicios de Salud llevó adelante una denuncia judicial que a fines de mayo terminó con un acuerdo para que las prepagas más importantes del país devolvieran lo cobrado por encima de la inflación entre enero y abril en 12 cuotas y ajustado por la tasa de plazo fijos del Banco Nación. Desde julio, las cuotas volvieron a quedar liberadas.

Defensa de la Competencia, en tanto, es un organismo que depende de Comercio y está bajo la órbita del Ministro Luis Caputo. Su presidente es Alexis Pirchio, un economista de la UADE y magíster en esa misma especialidad en la Universidad del CEMA y durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como director nacional de conductas anticompetitivas en el mismo organismo.