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El Gobierno postergó hasta el 6 de mayo la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Rosario

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Debido a objeciones presupuestarias y de organización de la Justicia, el Gobierno postergó hasta el 6 de mayo la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Rosario para agilizar las causas por narcotráfico.

El nuevo código deja las investigaciones en manos de los fiscales y no de los jueces como es hasta ahora y ya fue implementado con éxito en Salta y Jujuy.

En una resolución, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona informó que luego de “mantener sucesivas reuniones de trabajo en el distrito judicial correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, hemos advertido la necesidad de reforzar el apoyo institucional de los órganos que conforman el sistema de justicia federal”.

Además, señaló el ministro que antes se debe “elaborar un plan de contingencia que posibilite la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal”.

Entonces, la puesta en marcha de sistema del llamado sistema acusatorio no empezará el lunes, sino el 6 de mayo.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, hizo el jueves un viaje relámpago a Rosario bajo una torrencial lluvia para tratar con la Cámara Federal local esta decisión de Cúneo Libarona a quien mediante un DNU el presidente Javier Milei le dio la responsabilidad de implementar el nuevo Código Procesal Penal. Rosatti se reunió cinco horas con la presidenta de ese tribunal, Silvina Andalaf Casiello.

En la reunión con Rosatti, también estuvieron los camaristas José Guillermo Toledo, Élida Vidal y Aníbal Pineda.

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El vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, estuvo en diálogo permanente con Rosatti y conversando con el Ministerio de Justicia sobre este tema. En fuentes judiciales se destacó el diálogo institucional con Cúneo Libarona, a diferencia del ex ministro de Justicia ultra K, Carlos Soria que se la pasaba insultado a los jueces y no conversaba sobre este tipo de temas.

Tanto la Corte como el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, están de acuerdo con la idea de Cúneo pero pidieron tiempo porque quieren que «salga bien y luego tenga un efecto de derrame» hacia otras jurisdicciones.

Por lo pronto, el martes una delegación de la Corte y el Consejo de la Magistratura viajará a Rosario para diseñar una Oficina Judicial que se encargue de suministrar la infraestructura que falta. Los equipos técnicos que van «son para empezar a relevar las necesidades y empezar a trabajar sobre ellas».

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), que preside Ricardo Toranzo, apoyó la medida pero no su inmediata implementación como quería originalmente Cúneo Libarona. Es que los fiscales necesitan más empleados y equipos para hacerse cargos de las investigaciones, sobre todo de casos complejos.

En un comunicado la AFFUN dijo que la tarea urgente de perseguir el narcotráfico en Rosario se debe “hacer con instituciones fortalecidas y con un plan de trabajo”.

La AFFUN recordó que de la Cámara Federal de Rosario dependen también fiscalías de otras ciudades y llega hasta San Nicolás en la provincia de Buenos Aires.

Además, faltan cubrir vacantes de jueces y fiscales federales en la provincia de Santa Fe, como el juzgado de Rafael.

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Pacto con Irán: Oscar Parrilli está procesado como «nexo» con la «la diplomacia paralela» de Esteche y D’Elía

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El Senador K Oscar Parrilli está procesado por encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional en la causa por el encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA que denunció el ex fiscal Alberto Nisman y tiene falta de mérito en la causa por la fuga del financista de la efedrina Ibar Pérez Corradi, entre otros casos.

Por esas causas judiciales es que senadores de la Libertad Avanza solicitaron suspender a Parrilli hasta que se resuelva su situación procesal.

La Corte ordenó hacer, el año que viene, el retraso juicio oral por el pacto con Irán en el que también está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner.

En la causa por el pacto con Irán, Parrilli está acusado de haber sido el nexo con la “diplomacia paralela” del líder de Quebracho, Esteche, el piquetero Luis D’Elía y el referente iraní Jorge Yusuf Khalil con el Gobierno en las negociaciones que terminaron en 2013 con el pacto con Irán y la flexibilización de hecho de las alertas de Interpol contra cinco iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado a la AMIA.

En el procesamiento de Parrilli, el ex juez Claudio Bonadio recordó las conversaciones telefónicas entre que Khalil, que hablaba con el ex agregado cultural de Irán y otro acusado, Mohse Rabbani, días después de la firma del Pacto

Así Khalil le indicó a D‘elía que: “… hay un poquito de desazón allá… Me parece que el ruso este de mierda (el canciller Héctor Timerman) se mandó alguna… estaba firmado algo donde estaba el tema de las cautelares y aparte tampoco gustó… el comentario ese que dijo: “ ¡A ver si ustedes se piensan que a mí me gusta negociar… con los iraníes!”.

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D’Elía se encontraba en la Casa Rosada ese día y se reunió con Oscar Parrilli, entonces secretaria General de la Presidencia y Carlos Alberto Zannini. Además, esa misma tarde, Zannini recibió a Héctor Timerman en un encuentro que duró poco menos de tres horas.

Después de la denuncia de Nisman, el 14 de enero de 2015, Esteche llamó a Khalil y le pidió que guardaba silencio por solicitud de Cristina. La charla fue así:

–Khalil: ―…más vale que lo tengo que decir, pero ¿Qué hago? ¿Conferencia de prensa voy a hacer? No sé.

–Esteche: “no, no, no… pero a ver, en todo caso… que una cosa es la estrategia del Gobierno y otra cosa es… viste que porque ellos se lavan ellos y después te dejan a vos engrapado. Lo que te digo es una cosa: va a haber una reunión en dos o tres días o mañana con Parrillii o con Zannini con los involucrados, ¿me escuchás?

En el 2017, la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento del ex titular de la AFI Oscar Parrilli por el encubrimiento del ex prófugo y financista de la efedrina Ibar Pérez Corradi. El tribunal convirtió la medida en una falta de mérito y ordenó al juez Ariel Lijo seguir investigando.

El caso empezó en diciembre del 2015 cuando por una denuncia de la diputada Graciela Ocaña se descubrió que los fiscales Juan Ignacio Bidone y Franco Picardi le habían encomendado a la AFI el 25 corroborar los datos aportados por un testigo sobre la ubicación de Pérez Corradi en Paraguay. Parrilli dijo en su indagatoria que no mandó inmediatamente un informe porque mandó a profundizar los datos obtenidos. Al respecto, la defensa planteó que la imputación –basada sólo en la supuesta demora de 10 días hábiles- contra el nombrado nunca podría ser delito.

Por otra parte, en un reciente libro sobre Nisman se revela que Parrilli le ordenó en el 2015 al director de Reunión de la SIDE, Fernando Pocino, espiar a la fiscal Viviana Fein que tenía la causa por el crimen de Nisman.

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