El fiscal Guillermo Marijuan habló este miércoles respecto a las denuncias contra los piqueteros y puntualmente se refirió a la causa que está en sus manos sobre las casi 3 mil pensiones universales para el adulto mayor (PUAM).

«Todo lo que tiene que ver con detenciones es algo del proceso penal y tiene que ser valorado en la circunstancia en particular. Pero son delitos sumamente graves«, afirmó en diálogo con radio La Red.

Además, les respondió a las argumentaciones de los dirigentes de las agrupaciones denunciadas, como el Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, quienes hablaron de «persecución política».

«Siempre vienen con esta argumentación, pero hay cientos de personas. Mi unidad tomó conocimiento a propósito de los llamados que no son inventos, hay gente que se la cita, pone el DNI y ratifican lo que dijeron», señaló. Y agregó que «tendrán que enfrentar las consecuencias».

Sin embargo, sostuvo que no señala a los líderes piqueteros como los responsables de estos casos de corrupción, pero sí señaló que la importancia de la «infinidad» de llamados a la línea 134 que tienen que ver con distintos movimientos sociales donde las personas denuncian que las obligan a hacer cosas que no corresponden.

Marijuan tiene a su cargo los casos de las personas mayores de 65 años que perciben el PUAM y que en la actualidad residen en el exterior y, de esta forma, incumplen con uno de los requisitos de acceso a ese beneficio social.

Según contó, se tratan de 2954 personas que está certificado que residente en otro país y que cobran ese beneficio de «un Estado que está totalmente quebrado».

«Sabemos que no están en el país y cobran este beneficio y pedí la baja inmediata», afirmó respecto a los casi 3000 que perciben el PUAM.

Marijuan también sostuvo que hay otros 7500 casos «bajo observación» que es gente que entra y sale del país, que analizará con la ANSeS la situación y que adelantó también «podrían ser suspendidos».

El fiscal, además, se refirió a la posibilidad de indagar a funcionarias de otras gestiones respecto a estas irregularidades, que se detectaron a partir de las denuncias de la línea telefónica dipuesta por el Gobierno nacional desde diciembre.

«Se les va a preguntar a los funcionarios de ANSeS y organismos que correspondan por qué no detectaron esto. Tiene que haber control mes a mes para determinar que las personas cobran el beneficio y se fueron del país, por qué hay gente que reside fuera del país», concluyó.