Con raíces en la Unión Soviética y en la KGB, la propaganda y la manipulación informativa han sido pilares de algunos de los sistemas políticos más rígidos. En ese marco, la adopción acelerada de tecnologías digitales se ha convertido, por su propia naturaleza, en una herramienta funcional a la influencia política, la invocación de la seguridad nacional y la administración de la narrativa pública.

En las últimas horas, diversas fuentes de inteligencia analizan la posibilidad de un atentado contra el líder ruso e incluso escenarios de desestabilización interna. Más allá de esas hipótesis, lo verificable es que desde mayo de 2026 Rusia ha intensificado las restricciones sobre la conectividad móvil en Moscú y otras regiones, en particular durante eventos sensibles como el Día de la Victoria. Si bien estas medidas se justifican formalmente en razones de seguridad —entre ellas la amenaza de ataques con drones ucranianos— su impacto cotidiano revela algo más profundo. La interrupción de servicios afecta pagos digitales, operaciones bancarias, transporte, navegación y comunicación básica, al tiempo que dificulta el uso de aplicaciones de mensajería como Telegram.

Vladimir Putin ha sostenido la necesidad de reforzar estos controles tras más de cuatro años de conflicto desde la invasión a Ucrania en 2022. Ambos países se encuentran inmersos en una guerra de drones sin precedentes, en la que dispositivos de largo alcance impactan tanto en centros de mando como en infraestructuras críticas, especialmente en el sector energético. En ese contexto, Ucrania ha logrado alcanzar objetivos en territorio ruso —incluso en zonas industriales como Kirishi— mientras que Moscú informó haber interceptado centenares de drones en una sola noche.

Las preocupaciones del entorno presidencial se han intensificado desde que ataques ucranianos lograron aproximarse a instalaciones sensibles, incluyendo el propio Kremlin y residencias vinculadas al mandatario. En paralelo, Rusia cuenta con la capacidad técnica de aislarse de la red global mediante el desarrollo de Runet, un sistema que el país viene probando desde hace años bajo el argumento de protegerse de interferencias externas.

Lo que en sus inicios se presentaba como una medida preventiva, comienza a consolidarse en 2026 como un instrumento de control interno. La progresiva implementación de este modelo no sólo permite regular el acceso a la información, sino también condicionar la formación de la opinión pública e incluso facilitar mecanismos de vigilancia. En este sentido, la hiperconectividad contemporánea se convierte en una fuente constante de datos, particularmente valiosa para regímenes con vocación de control.

Las restricciones se concentran en grandes centros urbanos como San Petersburgo, donde se registran cortes prolongados en determinadas zonas. Sin embargo, no se trata de un apagón uniforme, sino de un esquema selectivo que habilita únicamente plataformas incluidas en listas aprobadas por el gobierno. Esta lógica impacta de lleno en la vida cotidiana. Comercios y ciudadanos enfrentan dificultades para realizar transacciones, muchas de las cuales solo pueden concretarse en efectivo, mientras que tareas básicas como utilizar un GPS se vuelven inciertas.

En la práctica, esto se configura como un control estatal sobre las telecomunicaciones. El Servicio Federal de Seguridad dispone de facultades para ordenar interrupciones del servicio, respaldado por un marco legal que obliga a los operadores a acatar estas decisiones sin necesidad de fundamentaciones específicas. Frente a este escenario, los ciudadanos apelan a alternativas informales, como redes wifi públicas en cafeterías o cadenas gastronómicas, aunque la principal estrategia consiste en el uso de VPN. Aun así, estas herramientas también comienzan a ser bloqueadas con creciente rapidez.

Este esquema dista de ser novedoso, aunque su consolidación actual evidencia una tendencia más amplia hacia un modelo digital cerrado y centralizado. Se trata de una arquitectura que busca institucionalizar una “internet soberana”, en línea con el camino recorrido por China, cuyo sistema de control sobre el ciberespacio se ha convertido en referencia para otros regímenes.

Gabriel Zurdo es especialista en ciberseguridad, riesgo tecnológico y negocios.

El Parlamento taiwanés, con mayoría opositora, aprobó este viernes una partida presupuestaria de casi USD 25.000 millones destinada a Defensa, cifra considerablemente menor a la propuesta presentada en noviembre por el presidente Lai Ching-te, quien había solicitado un presupuesto suplementario de USD 40.000 millones.

La medida, que pone fin a meses de debate político sobre el gasto en defensa, representa un revés para el mandatario y su Partido Progresista Democrático (PPD).

Durante las negociaciones, el Kuomintang —principal partido de la oposición y favorable a incrementar los lazos con el régimen chino— propuso aumentar los fondos para la adquisición de armamento estadounidense.

Legisladores del partido gobernante criticaron la propuesta y advirtieron que podría dejar a Taiwán vulnerable en caso de un bloqueo o cerco por parte de China, al excluir compras nacionales del presupuesto final.

Por este motivo, el oficialismo acusó al grupo opositor de buscar “desarmar” la isla. El mandatario Lai, pretendía elevar el gasto en defensa al 5% del producto interior bruto (PIB) en su anuncio de finales de 2025 y resaltar el apoyo de Estados Unidos y el principio de “buscar la paz mediante la fuerza”.

Lai también afirmó que se está acelerando el desarrollo del T-Dome, un sistema de defensa integrado de múltiples capas para proteger Taiwán de misiles, cohetes, drones y aviones de combate chinos, en medio de los ejercicios de Beijng cerca de la isla y Japón. Su estrategia, señaló, busca “aumentar los costes de la escalada militar” y minimizar los riesgos de desescalada, para que el peligro de un conflicto “supere siempre el precio de la paz”.

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán advirtió que el presupuesto especial aprobado por los legisladores podría generar “brechas” en las capacidades de combate de la isla.

El Legislativo, dominado también el Partido Popular de Taiwán, ratificó la ley que aporta financiación adicional para la compra de sistemas militares estadounidenses, pero excluye proyectos de compras comerciales y de producción por encargo.

Ante este panorama, en un comunicado, el MDN señaló que la normativa aprobada por la oposición “perjudica la integridad de la planificación militar” y “podría generar fácilmente brechas en las capacidades de combate”.

El presupuesto no contempla recursos para el misil antibalístico de alcance medio ‘Chiang Kung’, considerado la “columna vertebral” del sistema integrado de defensa aérea T-Dome, ni para el dron táctico de vigilancia marítima ‘Rui Yuan II’ y otros sistemas de vehículos no tripulados.

La cartera de Defensa advirtió que la exclusión de los drones “retrasará considerablemente el calendario de desarrollo de las capacidades asimétricas de las fuerzas armadas y afectará al crecimiento de la industria nacional de drones, provocando pérdidas en el crecimiento económico esperado y en oportunidades de empleo”.

El presidente taiwanés sostuvo que el nuevo presupuesto permitirá avanzar en la adquisición de “múltiples equipos clave” procedentes de Estados Unidos, entre ellos el sistema de lanzacohetes múltiple HIMARS, aunque advirtió que la medida todavía no representa una “respuesta completa”.

“Cualquier brecha afectará la integridad del sistema defensivo en su conjunto; cualquier retraso incrementará los riesgos de seguridad que toda la ciudadanía deberá asumir colectivamente. En el objetivo de reforzar la autodefensa y proteger al país y a sus ciudadanos no deberían existir diferencias entre oficialismo y oposición”, aseveró el mandatario a través de Facebook.

(Con información de Europa Press y EFE)

Estados Unidos revisó su propuesta de resolución ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir al régimen de Irán el cese de los ataques en Medio Oriente y la actividad minera en el estrecho de Ormuz, aunque diplomáticos consideran poco probable que los cambios eviten vetos de China y Rusia.

El borrador actualizado, distribuido a los miembros del Consejo el jueves por la tarde y al cual la agencia Reuters tuvo acceso, eliminó una cláusula que invocaba el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el cual habilita al órgano a imponer sanciones o autorizar acciones militares.

Sin embargo, el texto mantiene un tono firme contra Teherán y estipula que, en caso de incumplimiento, el Consejo “se reuniría de nuevo para considerar medidas efectivas… incluidas medidas de sanción, con el fin de garantizar la libertad de navegación en la zona”.

Un eventual veto chino colocaría un manto de tensión para Estados Unidos antes del viaje del presidente Donald Trump a China la próxima semana, donde la guerra con Irán figura como uno de los principales temas de la agenda bilateral que debatirán ambos líderes mundiales.

Hasta el momento, no fue definida la fecha para la votación de la resolución en el Consejo de Seguridad. Aunque el texto no autoriza explícitamente el uso de la fuerza, tampoco lo descarta y “reafirma el derecho de los Estados miembros… a defender sus buques de ataques y amenazas, incluidas aquellas que menoscaban los derechos y libertades de navegación”.

Desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el martes la resolución propuesta por su país ante la ONU, como una prueba de la utilidad de las Naciones Unidas. Rubio instó a China y Rusia a no ejercer nuevamente el derecho de veto.

El Consejo inició el martes conversaciones a puerta cerrada sobre el texto redactado por Estados Unidos junto con Bahréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. De ser aprobada, la resolución podría derivar en sanciones contra Irán y, potencialmente, autorizar el uso de la fuerza si Teherán no cesa los ataques y amenazas contra el transporte marítimo comercial.

Los recientes enfrentamientos registrados evidenciaron la magnitud de la disputa entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para la energía y el comercio mundial. La situación ha puesto en riesgo una frágil tregua de cuatro semanas y ha intensificado los bloqueos marítimos rivales.

Las fuerzas de Estados Unidos inutilizaron el viernes los buques M/T Sea Star III y M/T Sevda antes de que ambas embarcaciones pudieran ingresar a un puerto iraní en el Golfo de Omán, en el marco del bloqueo impuesto por Washington. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aplicó medidas de bloqueo contra estos dos petroleros de bandera iraní, que navegaban sin carga y pretendían arribar a Irán.

Un caza F/A-18 Super Hornet del portaaviones USS George H.W. Bush atacó ambos buques con municiones de precisión dirigidas a las chimeneas, impidiendo así su ingreso al país.

Una resolución anterior impulsada por Bahréin y respaldada por Estados Unidos, que apuntaba a legitimar acciones militares contra Irán, fue rechazada el mes pasado por el doble veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad.

El nuevo borrador evita un lenguaje que autorice de forma explícita el uso de la fuerza, aunque mantiene su base en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que permite al Consejo imponer desde sanciones hasta acciones militares.

En paralelo a la pulseada diplomática en la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que espera una respuesta de Irán a la propuesta más reciente de Washington para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

“Supuestamente recibiré una carta esta noche (viernes), así que veremos qué pasa”, afirmó Trump ante periodistas en la Casa Blanca. Consultado sobre la posibilidad de un retraso deliberado por parte de Teherán, el mandatario respondió: “Pronto lo sabremos”.

El mandatario advirtió que, si no se concreta el acuerdo, su administración considerará “un camino diferente”. Trump también indicó que Pakistán, mediador en el proceso, solicitó a Estados Unidos no abandonar la vía negociadora.

(Con información de Reuters)