INTERNACIONAL
Runet y el Día de la Victoria: la arquitectura del control digital ruso se pone a prueba en su fecha más sensible
Con raíces en la Unión Soviética y en la KGB, la propaganda y la manipulación informativa han sido pilares de algunos de los sistemas políticos más rígidos. En ese marco, la adopción acelerada de tecnologías digitales se ha convertido, por su propia naturaleza, en una herramienta funcional a la influencia política, la invocación de la seguridad nacional y la administración de la narrativa pública.
En las últimas horas, diversas fuentes de inteligencia analizan la posibilidad de un atentado contra el líder ruso e incluso escenarios de desestabilización interna. Más allá de esas hipótesis, lo verificable es que desde mayo de 2026 Rusia ha intensificado las restricciones sobre la conectividad móvil en Moscú y otras regiones, en particular durante eventos sensibles como el Día de la Victoria. Si bien estas medidas se justifican formalmente en razones de seguridad —entre ellas la amenaza de ataques con drones ucranianos— su impacto cotidiano revela algo más profundo. La interrupción de servicios afecta pagos digitales, operaciones bancarias, transporte, navegación y comunicación básica, al tiempo que dificulta el uso de aplicaciones de mensajería como Telegram.
Vladimir Putin ha sostenido la necesidad de reforzar estos controles tras más de cuatro años de conflicto desde la invasión a Ucrania en 2022. Ambos países se encuentran inmersos en una guerra de drones sin precedentes, en la que dispositivos de largo alcance impactan tanto en centros de mando como en infraestructuras críticas, especialmente en el sector energético. En ese contexto, Ucrania ha logrado alcanzar objetivos en territorio ruso —incluso en zonas industriales como Kirishi— mientras que Moscú informó haber interceptado centenares de drones en una sola noche.
Las preocupaciones del entorno presidencial se han intensificado desde que ataques ucranianos lograron aproximarse a instalaciones sensibles, incluyendo el propio Kremlin y residencias vinculadas al mandatario. En paralelo, Rusia cuenta con la capacidad técnica de aislarse de la red global mediante el desarrollo de Runet, un sistema que el país viene probando desde hace años bajo el argumento de protegerse de interferencias externas.
Lo que en sus inicios se presentaba como una medida preventiva, comienza a consolidarse en 2026 como un instrumento de control interno. La progresiva implementación de este modelo no sólo permite regular el acceso a la información, sino también condicionar la formación de la opinión pública e incluso facilitar mecanismos de vigilancia. En este sentido, la hiperconectividad contemporánea se convierte en una fuente constante de datos, particularmente valiosa para regímenes con vocación de control.
Las restricciones se concentran en grandes centros urbanos como San Petersburgo, donde se registran cortes prolongados en determinadas zonas. Sin embargo, no se trata de un apagón uniforme, sino de un esquema selectivo que habilita únicamente plataformas incluidas en listas aprobadas por el gobierno. Esta lógica impacta de lleno en la vida cotidiana. Comercios y ciudadanos enfrentan dificultades para realizar transacciones, muchas de las cuales solo pueden concretarse en efectivo, mientras que tareas básicas como utilizar un GPS se vuelven inciertas.
En la práctica, esto se configura como un control estatal sobre las telecomunicaciones. El Servicio Federal de Seguridad dispone de facultades para ordenar interrupciones del servicio, respaldado por un marco legal que obliga a los operadores a acatar estas decisiones sin necesidad de fundamentaciones específicas. Frente a este escenario, los ciudadanos apelan a alternativas informales, como redes wifi públicas en cafeterías o cadenas gastronómicas, aunque la principal estrategia consiste en el uso de VPN. Aun así, estas herramientas también comienzan a ser bloqueadas con creciente rapidez.
Este esquema dista de ser novedoso, aunque su consolidación actual evidencia una tendencia más amplia hacia un modelo digital cerrado y centralizado. Se trata de una arquitectura que busca institucionalizar una “internet soberana”, en línea con el camino recorrido por China, cuyo sistema de control sobre el ciberespacio se ha convertido en referencia para otros regímenes.
Gabriel Zurdo es especialista en ciberseguridad, riesgo tecnológico y negocios.
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INTERNACIONAL
El presidente surcoreano le pidió ayuda a Donald Trump para lograr la paz con Corea del Norte, como lo hizo “en Medio Oriente”
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, solicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que lo ayude a alcanzar la paz con Corea del Norte, “tal como resolvió el conflicto en Medio Oriente”. Según un comunicado de la oficina presidencial surcoreana, durante una conversación mantenida en la cumbre del G7 en Francia, Trump consultó a Lee sobre los avances en las relaciones intercoreanas.
La petición se produjo en el contexto de la inminente firma de un memorando de entendimiento entre Washington e Irán para poner fin a su guerra, un hecho que ha alimentado la expectativa de que la administración de Trump podría concentrarse a continuación en la península coreana. El mandatario estadounidense avivó esa especulación tras anunciar el acuerdo con Teherán al publicar en sus redes sociales una imagen junto al dictador norcoreano Kim Jong-un, tomada durante su cumbre de 2018 en Singapur.
En el diálogo entre el mandatario estadounidense y el surcoreano, “el presidente Lee le pidió que él (Trump) tomara la iniciativa para lograr una resolución pacífica de la cuestión norcoreana, tal como resolvió el conflicto en Medio Oriente”. El boletín añadió que el inquilino de la Casa Blanca “expresó su compromiso de trabajar” para alcanzar esa distensión.
El presidente Lee mantiene una postura conciliadora hacia Corea del Norte, en contraste con la más firme de su predecesor, Yoon Suk Yeol. En esa línea, el Ministerio de Defensa de Seúl anunció nuevas normas que amplían el acceso público a la zona fronteriza altamente militarizada, permitiendo a los civiles acercarse varios kilómetros más al límite con Corea del Norte.
Las dos Coreas continúan técnicamente en guerra desde 1953, cuando el conflicto finalizó con un armisticio y no con un tratado de paz, y se hallan separadas por una zona desmilitarizada. Por años, la Línea de Control Civil (CCL) restringió el paso de surcoreanos a menos de 10 kilómetros al sur de la frontera fortificada. El ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, informó que la CCL se reducirá a un promedio de 6 kilómetros, lo que incrementará el acceso para residentes, agricultores y visitantes.
Pyongyang rechazó en reiteradas ocasiones los intentos de acercamiento de Lee, calificando oficialmente a Seúl como su enemigo “más hostil” y reafirmando su condición de estado nuclear “irreversible”. Analistas especializados en la península coreana consideran que las probabilidades de un nuevo encuentro entre Kim Jong-un y Trump son bajas.
Cabe recordar que Corea del Sur y Estados Unidos restablecieron la referencia a la desnuclearización de Corea del Norte en la declaración conjunta emitida tras una reunión clave sobre asuntos nucleares en Seúl la semana pasada. El texto, correspondiente a la sexta sesión del Grupo Consultivo Nuclear (NCG) y difundido la noche del jueves, señala que ambos países “reafirmaron su objetivo común de lograr la desnuclearización de Corea del Norte”.
En la anterior sesión del NCG, celebrada en diciembre en Washington, se había omitido toda mención directa al régimen norcoreano y a la desnuclearización de la península, hecho que alimentó especulaciones acerca de un posible intento de facilitar un acercamiento entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el dictador norcoreano, Kim Jong-un.
El retorno del compromiso bilateral ocurre después de la reciente cumbre en Pyongyang entre Kim y el líder chino, Xi Jinping, en la que no se abordó públicamente el tema. La Casa Blanca sostuvo que, tras la reunión del mes pasado entre Trump y Xi en Beijing, ambos mandatarios ratificaron el objetivo compartido de desnuclearizar el territorio norcoreano.
(Con información de AFP)
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INTERNACIONAL
GOP Gov DeWine urges Ohio to abolish the death penalty, says it is no longer a deterrent
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Ohio Gov. Mike DeWine, a Republican, on Tuesday announced support for abolishing capital punishment in his state, reaffirming his change of heart on the policy he helped write as a legislator 45 years ago to reinstate the death penalty in Ohio.
DeWine, who has repeatedly postponed executions during his time as governor, pointed to data showing that the death penalty does not serve as a deterrent to violent crime.
«For the state to take a human life, there must, in my opinion, there must be evidence that in doing so it will help protect the public, that the threat of that action will deter someone from committing murder,» DeWine said at a news conference.
«I do not believe that argument today can be successfully made, nor do I believe that there’s any chance in the future the facts that I’ve cited to support that belief will change,» he said. «Therefore, I believe Ohio should abolish the death penalty.»
TEXAS LAWMAKER PROPOSES BILL TO ABOLISH DEATH PENALTY IN LONE STAR STATE: ‘I THINK SENTIMENT IS CHANGING’
Ohio Gov. Mike DeWine announced support for abolishing capital punishment in his state. (AP Photo/Patrick Aftoora-Orsagos)
As he made his case, DeWine brought out charts and graphs showing the decline in both the number of death sentences handed down by courts and the quantity of executions being carried out. The data also showed the exceedingly long wait times as legal appeals play out for inmates on death row.
The governor said condemned murderers are increasingly unlikely to be executed, as they sometimes die by natural causes or by suicide before they can be executed.
«Even if the murderer is caught, indicted, convicted and sentenced to death, the odds are still pretty good they’re not going to be executed,» he said.
«In summary, each decade that the death penalty has been in effect, the chances of a murderer getting executed get more and more and more remote,» he added.
The last 10 people to be executed in Ohio had been on death row between 14 and 32 years, he said. Since the state reinstated capital punishment in 1981 under a law co-written by DeWine, 56 people who received the death sentence have been executed and 41 died by natural causes or suicide while on death row. Another 89 death sentences were overturned due to «judicial action» such as legal errors.
DeWine emphasized the years of pain for victims’ loved ones due to the delays and the impact on the mental health of state employees who work on execution teams.
UTAH DEATH ROW INMATE WITH DEMENTIA DIES OF NATURAL CAUSES 3 MONTHS AFTER EXECUTION WAS HALTED
The governor cited data showing that the death penalty does not serve as a deterrent to violent crime. (AP Photo/Sue Ogrocki, File)
«I no longer believe the death penalty is a deterrent to murder,» DeWine said. «The moral justification I had for voting for the death penalty simply no longer exists.»
The governor, who is term-limited and cannot seek another term in the 2026 election, said he felt compelled to share his thoughts now after 50 years of experience with the death penalty issue, including as a Greene County prosecutor, a member of the U.S. House and Senate and as Ohio’s attorney general.
However, he said his outright opposition to the death penalty has become solidified in the past year.
DeWine urged the legislature to abolish the death penalty or to leave it up to state residents to vote on the issue, although Republican House Speaker Matt Huffman has said he would oppose such an effort. Other supporters of capital punishment have argued that Ohio’s yearslong execution pause has denied justice to victims’ families and weakened the deterrent effect of death sentences.
DeWine has not authorized an execution since taking office seven years ago, citing, on numerous occasions, pharmaceutical suppliers’ unwillingness to provide the drugs used in lethal injections. Last year, President Donald Trump ordered the U.S. Justice Department to help states to resolve that issue. In January 2025, President Donald Trump ordered the U.S. Justice Department to help states resolve that issue.
The governor has said he expects no more executions during the remainder of his term. Delaying executions has left Ohio with 30 scheduled over the next four years, according to the Ohio Department of Rehabilitation and Correction. The state has not put an inmate to death since July 18, 2018, before DeWine took office.
The governor urged the legislature to abolish the death penalty or to leave it up to state residents to vote on the issue. (Jahi Chikwendiu/The Washington Post via Getty Images)
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«The most important way to protect the public is to lock up violent criminals and to keep them out of society,» DeWine said. «That is a proven way of saving lives and protecting our citizens. Our money and energies are much better spent focusing on keeping these repeat violent offenders out of society.»
Currently, 27 states allow the death penalty while 23 states and Washington, D.C., do not, according to the Death Penalty Information Center.
Since 2019, including that year, three states have abolished capital punishment, while five states now authorize nitrogen hypoxia as an execution method amid ongoing controversy over lethal injection protocols.
At the federal level, Trump has pushed to expand executions. During his first term, 13 federal executions were carried out, which was more than any president in modern history.
The Associated Press contributed to this report.
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INTERNACIONAL
Hay 2,4 millones de jóvenes en el padrón de Guatemala hasta junio de 2026, menos que en 2023
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala informó que hasta el 15 de junio de 2026 había 2,4 millones de jóvenes empadronados menores de 30 años, por debajo del registro del proceso electoral de 2023. El dato fue analizado por la Comisión de la Juventud del Congreso junto con planes de formación cívica y preparación para las elecciones generales de 2027.
De acuerdo con Omar Alexander Gereda Franco, jefe del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones del TSE, el padrón electoral sumaba 10.095.713 ciudadanos inscritos, de los cuales 2.405.563 correspondían a personas menores de 30 años. Ese grupo representa cerca del 24% de los ciudadanos empadronados en el país.
Gereda explicó que en el proceso electoral de 2023 se registraron aproximadamente 2,5 millones de ciudadanos empadronados de entre 18 y 30 años, dentro de un total de 10,9 millones de electores. La comparación con el registro actualizado para 2026 muestra una disminución en ese segmento de la población electoral.
La reunión de trabajo de la comisión se centró en la participación juvenil en las últimas elecciones, los programas de educación cívica, el empadronamiento juvenil, la inclusión de personas con discapacidad y el presupuesto para iniciativas dirigidas a la juventud.
El diputado Héctor Aldana expresó su preocupación por la falta de información dirigida a grupos juveniles para incentivar su participación en temas electorales. También señaló la necesidad de aprovechar con mayor fuerza las redes sociales y otras herramientas digitales para conectar con ese sector.
La jefa del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, Virginia García, informó que a finales de julio será lanzada la campaña Alianza Juvenil por la Democracia, orientada a la capacitación y formación de jóvenes voluntarios que participarán en las Juntas Receptoras de Votos en los próximos procesos electorales. Según la representante del programa de Voluntariado Cívico, el proyecto busca fomentar la participación de la juventud y de las personas con discapacidad en los asuntos democráticos del país.
Las autoridades del TSE buscarán apoyo de las organizaciones políticas para fortalecer las secretarías de juventud y ampliar los procesos de capacitación dirigidos a esa población.
Según lo expuesto en la reunión, en los próximos meses se prevé el desarrollo de campañas de empadronamiento y actividades de formación ciudadana enfocadas en jóvenes, con apoyo de universidades, organizaciones sociales e instituciones públicas. Los diputados también plantearon ampliar las oportunidades de participación para jóvenes con discapacidad y promover la participación ciudadana de cara a los comicios de 2027.
En una segunda reunión, la comisión citó a María Victoria Peneleu, viceministra de Previsión Social y Empleo del Ministerio de Trabajo; a Elizabeth Ugalde, viceministra de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía; y a delegados de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor para fiscalizar el avance del programa Mi Primer Empleo y otras acciones orientadas a ampliar las oportunidades laborales para los jóvenes.
La funcionaria añadió que el programa mantiene alianzas con 60 empresas en todo el país mediante un esquema de financiamiento compartido: el Estado absorbe el 51% del salario mínimo y las empresas participantes cubren el 49% restante. Durante cuatro meses, los beneficiarios reciben capacitación y adquieren experiencia laboral para facilitar su incorporación al mercado de trabajo.
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