INTERNACIONAL
El antisemitismo del régimen iraní no es discurso: es una política de Estado
Mientras la República Islámica de Irán vuelve a situarse en el centro de una guerra regional cada vez más amplia, hay una realidad que merece más atención: el antisemitismo del régimen no es solo retórico ni ideológico. Es sistémico, patrocinado por el Estado y plenamente operativo.
Teherán no solo ha propagado el odio antijudío: lo ha institucionalizado dentro de sus fronteras y exportado al exterior mediante propaganda, incitación, terrorismo y violencia por delegación. Ese odio se ha traducido en política, propaganda y violencia.
La campaña antisemita del régimen comenzó inmediatamente después de la revolución de 1979. El 9 de mayo de 1979, el prominente líder de la comunidad judía y filántropo Habib Elghanian fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento tras un juicio sumario de 20 minutos, acusado de “espionaje sionista” y de ser un “corruptor en la Tierra”. Su ejecución conmocionó a la comunidad judía iraní y desencadenó un éxodo masivo que redujo la población de aproximadamente 80.000 personas a menos de 10.000. Desde entonces, al menos 17 judíos iraníes han sido ejecutados por el régimen.
Los libros de texto estatales iraníes enseñan sistemáticamente contenidos antisemitas, presentando a los judíos como astutos enemigos conspirativos del islam y recurriendo a estereotipos sobre la supuesta codicia, deslealtad y conspiraciones de dominación mundial. En 2025, el régimen obligó a los judíos iraníes a asistir a manifestaciones progubernamentales para denunciar a Israel y al sionismo, mientras los medios estatales promovían simultáneamente la negación del Holocausto y citaban escritos de Adolf Hitler sobre los judíos.
La negación del Holocausto es una política oficial iraní. En diciembre de 2005, el entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad calificó el Holocausto como “un mito”. En 2006, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní organizó una conferencia internacional de negación del Holocausto a la que asistieron 67 personas de 30 países. El régimen también ha patrocinado tres importantes concursos internacionales de caricaturas sobre el Holocausto en 2006, 2016 y 2020, organizados a través de instituciones culturales financiadas por el Estado.
El régimen opera medios de comunicación en varios idiomas para difundir el antisemitismo a nivel global. Press TV, fundada en 2007, apunta a audiencias de habla inglesa con teorías conspirativas antisemitas, negación del Holocausto y entrevistas con figuras como el líder del Ku Klux Klan, David Duke. Un informe de 2023 de ADL y el Center for Countering Digital Hate concluyó que el sitio web de Press TV recibe alrededor de un millón de visitas mensuales, con más de la mitad provenientes de países occidentales, y que su proyecto “Palestine Declassified” funciona como una “operación de odio de un Estado extranjero”.
En febrero de 2026, la ADL informó que HispanTV, el canal propagandístico en español de Irán con un alcance potencial de casi 600 millones de personas, intensificó de forma drástica su contenido antisemita tras el 7 de octubre de 2023. Según el informe, el medio recicló sistemáticamente teorías sobre el supuesto poder global judío, promoviendo conspiraciones sobre el control “sionista” de gobiernos y medios, y difundió libelos de sangre, equiparó el sionismo con el nazismo y glorificó a las organizaciones terroristas de Hamás y Hezbollah.
Las marchas anuales del Día de Quds, establecidas por el ayatolá Jomeini en 1979, sirven como plataforma global de incitación antisemita. En Teherán y en varias ciudades del mundo, estas manifestaciones incluyen consignas de “Muerte a Israel” y “Muerte a Estados Unidos”, la glorificación de grupos terroristas aliados del régimen y la difusión de teorías conspirativas antisemitas.
El denominado “Centro de Estudios Judíos” de Irán, fundado en 2016, ha publicado más de mil artículos, informes, columnas, libros y videos de carácter antisemita como parte de un intento por dar apariencia de legitimidad a la negación del Holocausto y a la ideología del régimen.
Pero el antisemitismo del régimen de los ayatolas va más allá que la retórica. A través de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y su Fuerza Quds, Irán ha cultivado una red de grupos proxy cuya ideología incluye el antisemitismo, entre ellos Hezbollah en el Líbano, Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Gaza, y los Hutíes en Yemen. En el período previo a los ataques del 7 de octubre 2023 y la guerra posterior, la República Islámica de Irán financiaba a Hezbollah con aproximadamente 700 millones de dólares anuales. Para estos grupos, el antisemitismo y la destrucción del Estado de Israel son principios fundamentales.
El antisemitismo y el terrorismo del régimen iraní no se limita a Israel. El 17 de marzo de 1992, la organización Yihad Islámica bombardeó la embajada de Israel en Buenos Aires, causando 29 muertes. Dos años después, el 18 de julio de 1994, un atacante suicida de Hezbollah, actuando bajo órdenes iraníes, destruyó la sede de la AMIA en Buenos Aires, causando 85 muertes y más de 300 heridos, en el peor atentado antisemita fuera de Israel desde el Holocausto. En 2024, la justicia argentina dictaminó que el régimen iraní dirigió ese ataque y lo calificó como un crimen de lesa humanidad.
Este terrorismo antisemita sigue hasta hoy en día. En 2024, la Guardia Revolucionaria estuvo detrás de ataques incendiarios contra un restaurante kosher en Sídney y una sinagoga en Melbourne, Australia. En Suecia, el régimen utilizó redes criminales para atacar blancos israelíes, y en el Reino Unido, el MI5 reveló al menos 20 complots vinculados a Irán entre 2022 y 2024, incluyendo operaciones de espionaje contra ciudadanos judíos.
El antisemitismo violento de la República Islámica de Irán no es incidental. Es estructural: está entretejido en su ideología fundacional, su sistema educativo, en su aparato mediático y su política exterior. Desde los concursos de caricaturas que niegan el Holocausto hasta los atentados contra centros comunitarios judíos y el incendio provocado de sinagogas, la evidencia es clara: durante casi cinco décadas, Teherán ha convertido el antisemitismo y la violencia contra los judíos en un pilar central de su política de Estado.
Mientras el mundo observa hoy su poder militar, no debería perder de vista otra amenaza global igual de persistente: la exportación sistemática del odio.
*Marina Rosenberg es la vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación (ADL). @_MarinaRos
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INTERNACIONAL
Un juez dio luz verde para que Trump pueda organizar un evento de la UFC en el Jardín Sur de la Casa Blanca
Un juez federal se negó a impedir que la Casa Blanca organice este fin de semana un espectáculo de la UFC en un elaborado ring ya construido en el Jardín Sur para celebrar el 250° aniversario de la Independencia de Estados Unidos, justo en el 80° cumpleaños del presidente Donald Trump.
El fallo del juez Amit Mehta permite que los organizadores usen el césped de la Casa Blanca como sede del evento de artes marciales mixtas de la UFC previsto para el domingo.
Mehta concluyó que es probable que los demandantes no tengan legitimación legal para impugnar el evento y que no han logrado demostrar que sufrirían un daño irreparable si el evento se realiza según lo previsto. El juez también mencionó el “retraso irrazonable” de los demandantes al presentar su reclamo para cuestionar un evento que lleva meses en preparación.
“En el contexto de una solicitud de emergencia -y sumado al hecho de que la fecha de la pelea de la UFC se conocía desde hace mucho- es justo decir que los demandantes demoraron irrazonablemente en presentar la demanda, lo que socava sus alegaciones de daño irreparable”, escribió Mehta.
Abogados de la organización sin fines de lucro Public Integrity Project presentaron la demanda para impugnar el evento “UFC Freedom 250” de Trump en nombre de un activista y un veterano de la guerra de Vietnam. Ambos demandantes también pidieron al tribunal que impidiera que los organizadores construyan cualquier cosa para el evento en los terrenos de la Casa Blanca, incluida una estructura de acero de 28 metros de altura y 600 toneladas llamada The Claw (“La garra”).
Los supuestos “daños estéticos” aludidos por los demandantes, señaló el juez, son temporales, ya que The Claw será desmontada a partir del lunes por la mañana y el equipo de montaje en el Monumento a Lincoln debe retirarse antes de ese momento. “Las divagaciones del presidente sobre la permanencia de The Claw no cambian la situación frente a la clara afirmación de un funcionario de la Casa Blanca”, escribió el juez.
La Casa Blanca calificó la demanda como un intento sin fundamento de impedir que Trump organice un evento que no es diferente de muchos otros que se celebran de manera rutinaria en espacios públicos de la capital del país.
Según los abogados de los demandantes, el gobierno de Trump no puede emitir permisos para eventos deportivos en el Jardín Sur ni en el Monumento a Lincoln, donde los peleadores de la UFC planeaban realizar el viernes una conferencia de prensa frente a aficionados. Señalaron que el evento es una iniciativa empresarial privada y con fines de lucro, con paquetes VIP que cuestan millones de dólares.
“El gobierno del presidente otorga a la UFC una oportunidad comercial extraordinaria que quizá no pueda conceder legalmente, y a cambio, la UFC organiza un evento en el que su dirigencia, peleadores, anunciantes y diversas celebridades rendirán homenaje al presidente en su cumpleaños”, escribieron los abogados de los demandantes.
El abogado del Public Integrity Project, Brendan Ballou, dijo que los demandantes estaban decepcionados por la decisión del juez pero que la respetan y tienen la intención de “seguir presentando casos para revelar el costo de la corrupción en Estados Unidos”.
“Este no es un caso sobre un evento deportivo; es sobre corrupción, ya que un puñado de personas y empresas se beneficiarán de nuestros monumentos públicos”, afirmó Ballou en un comunicado.
El Servicio de Parques Nacionales y el Departamento del Interior figuran como demandados en el caso.
En 2019, durante su primer mandato, Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir a un espectáculo de la UFC. El republicano es amigo del presidente y director ejecutivo de la UFC, Dana White.
Mehta fue nominado para el cargo por el expresidente demócrata Barack Obama. Ha presidido otros casos relacionados con Trump, incluido un litigio civil que acusa al mandatario de incitar a una turba de sus simpatizantes a atacar el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, tras perder las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden.
Con información de Associated Press.
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A federal judge on Friday indefinitely blocked the Trump administration’s $1.776 billion Anti-Weaponization Fund, even as another federal judge earlier this week declined to intervene after the Justice Department said the fund was no longer moving forward.
The court disputes have heightened pressure on the administration to formally dismantle the fund. While Deputy Attorney General Todd Blanche told Congress the fund would not move forward, the settlement agreement and departmental directives that created the fund have not been formally rescinded. Critics argue this leaves open the possibility that the fund could still proceed in the future.
U.S. District Judge Leonie Brinkema, a Clinton-appointed judge, extended a court order Friday preventing implementation of the fund, concluding that public assurances from administration officials were insufficient to eliminate concerns that it could later be revived.
Brinkema noted how Trump, «says he’s disappointed that something is not going forward,» suggesting this was evidence that the fund may «rear its head» at some point in the future.
JUDGE TEMPORARILY BLOCKS TRUMP DOJ’S NEARLY $2B ‘ANTI-WEAPONIZATION’ FUND
President Donald Trump signs an executive order during an event in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., on June 3, 2026. (Kevin Dietsch/Getty Images)
Over the weekend Trump shared on «Meet the Press» that he’d like to continue with the fund.
«If it was up to me, I’d pay them the kind of money that they deserve. People have been destroyed. Lives have been destroyed,» Trump said.
Brinkema gave the Justice Department a week to put in writing that the Anti-Weaponization Fund is being terminated and will not be reinstated.
The ruling comes days after U.S. District Judge Richard Leon rejected a separate request from Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) seeking emergency intervention, saying he was willing to rely on Justice Department representations that the fund had effectively been abandoned.
ACTING AG BLANCHE REVEALS FATE OF TRUMP’S ‘ANTI-WEAPONIZATION FUND’ UNDER PRESSURE FROM HOUSE LAWMAKERS
But Leon, a George W. Bush-appointed judge, simultaneously warned administration officials not to treat his decision as permission to revive the program.
«I give the Justice Department this warning: Don’t play possum with me,» Leon said from the bench.
Blanche announced during a hearing earlier this month that the Anti-Weaponization Fund, which was born out of President Donald Trump’s lawsuit settlement with the IRS, would not be proceeding. The fund was intended to compensate alleged victims of government «lawfare,» but its creation sparked immediate backlash from Democrats, who characterized it as a «slush fund» that could ultimately benefit Trump’s political allies and individuals charged in the Jan. 6 Capitol riot.
TRUMP ADMIN PUSHES BACK ON ‘SLUSH FUND’ ATTACKS AGAINST ANTI-WEAPONIZATION FUND AND LAYS OUT WHO QUALIFIES
FILE – Acting U.S. Attorney General Todd Blanche was directed to obtain a certificate of pardon for Buyer. (Andrew Harnik/Getty Images)
Justice Department attorney Andrew Block argued before Leon that Blanche’s congressional testimony effectively mooted CREW’s challenge because the government had publicly committed not to move forward.
Leon repeatedly questioned why Blanche has not formally rescinded a May 18 order that established procedures for the fund in the first place, a question Block could not answer.
CREW attorney Nikhel Sus argued the settlement agreement that established the fund remains legally operative and contains upcoming deadlines requiring action.
WAY HARDER THAN IT SHOULD BE: WHY CONGRESS MAY BALK ON $1.7B COMPENSATION FUND
Acting U.S. Attorney General Todd Blanche testifies during a House Committee on Appropriations subcommittee hearing in the Rayburn House Office Building in Washington, D.C., on June 2, 2026. (Andrew Harnik/Getty Images)
According to Sus, a five-member board overseeing the fund must be established by June 17, while funding transfers are scheduled by July 17.
«On paper, the fund is still a legally operating entity,» Sus argued.
However, Leon ultimately accepted the government’s assurances for now that the fund is moot, but he noted that he can sanction attorneys who make false representations to the court.
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He also indicated he will continue considering CREW’s request for a preliminary injunction and suggested he could intervene if evidence emerges that the administration is attempting to revive the fund.
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INTERNACIONAL
Donald Trump anunció que un bombardeo estadounidense abatió a “Niño Guerrero”, el líder del cártel criminal Tren de Aragua
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes en un mensaje que, bajo su dirección, el Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM) ejecutó un ataque cinético, rápido y letal en Venezuela que eliminó a Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, organización calificada por el mandatario como “una de las más sanguinarias del planeta”.
“Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas, incluyendo a la pequeña Jocelyn Nungaray, de 12 años, a Laken Reilly, de 22, y a muchísimas otras personas”, afirmó vía Truth Social.
La publicación en redes sociales estuvo acompañada por un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio, con el techo de color verde, rodeado de vegetación poco antes de una explosión que genera una nube de humo. En las imágenes no se distingue claramente a ninguna persona.
El inquilino de la Casa Blanca también señaló que, “con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos”. Recordó que al inicio de su administración designó al Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, deportó a miles de criminales y declaró la guerra a los cárteles.
Trump sostuvo que, antes de su regreso al cargo, la administración de Joe Biden “abrió la frontera sur a millones de delincuentes ilegales” y permitió que el grupo cometiera crímenes en territorio estadounidense.
“Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación”, subrayó en relación a los nuevos vínculos entre Washington y Caracas tras la captura, el 3 de enero pasado, del ex dictador venezolano Nicolás Maduro.
Según Trump, los terroristas del cártel “ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar” y bajo su liderazgo, Estados Unidos “encontrará a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar”.
El Tren de Aragua surgió como una entidad delictiva entre 2004 y 2005 en la cárcel de Tocorón, en Venezuela. Por entonces, el gobierno de Hugo Chávez había declarado la emergencia carcelaria ante el aumento de la violencia en el sistema penitenciario, pero las medidas no lograron impedir el crecimiento del grupo criminal.
Con el tiempo, los reclusos fueron acumulando poder a través de negociaciones con el régimen de Maduro, el uso de la violencia y el pago de sobornos, lo que derivó en la creación del sistema de pranatos (pranes), líderes dentro de las prisiones. Estos grupos carcelarios se organizaron en estructuras más grandes conocidas como trenes, dando lugar a formas de gobernanza paralelas.
“Niño Guerrero ha estado involucrado en actividades delictivas durante más de dos décadas y ha expandido el Tren de Aragua, transformándolo de una pandilla carcelaria dedicada a la extorsión y el soborno a una organización con creciente influencia en todo el hemisferio occidental. El 11 de julio de 2024 , el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o la condena”, sostuvo el Departamento del Tesoro de EEUU en un comunicado de prensa el 17 de julio de 2025.
Entre 2015 y 2018, el Tren de Aragua se consolidó como la mayor de las 19 megabandas delictivas que operaban en Venezuela, lo que contribuyó a que la tasa de homicidios alcanzara niveles récord en el país.
La Fundación TAEDA e IBI Consultants destacaron en un informe conjunto en 2025 que aunque la estructura del Tren de Aragua es vertical y cuenta con líderes claramente definidos, las órdenes y decisiones se transmiten de manera general, permitiendo que cada división territorial las ejecute según su propio criterio.
Esta flexibilidad, junto con la dispersión de la migración venezolana a lo largo de la región y la porosidad de las fronteras de Venezuela y países vecinos tras la pandemia, facilitó que la organización estableciera una red ilegal centrada en el narcotráfico y el tráfico de personas, lo que impulsó su expansión por América Latina a partir de 2018.
El Tren de Aragua se expandió a Perú, Chile, Ecuador, Colombia y otros países de Latinoamérica, generando preocupación entre autoridades, ciudadanía y medios por su versatilidad delictiva y la ambición de controlar múltiples territorios.
Hoy, la organización es considerada una de las bandas criminales extranjeras más poderosas de la región y la que interviene en más actividades ilícitas. Obtiene millones de dólares a través de extorsiones, secuestros, trata de personas, narcotráfico, explotación sexual y asaltos, entre otros delitos.
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