POLITICA
Sin el aval de sus aliados, el Gobierno volverá a la carga con un proyecto para eliminar las PASO
El Gobierno ultima detalles para enviar al Congreso una nueva reforma electoral que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), reducir el financiamiento estatal de los partidos y endurecer las condiciones para su reconocimiento nacional y permanencia.
Se trata de una iniciativa políticamente compleja. No solo porque el oficialismo no cuenta por sí solo con los votos necesarios para aprobar una reforma electoral, sino porque sus aliados más importantes, Pro y la UCR, ya anticiparon que no respaldarán la eliminación de las primarias, un mecanismo que consideran clave para ordenar las internas dentro de las coaliciones.
Según pudo saber , el texto se encuentra en su etapa final de elaboración. Los equipos técnicos del Poder Ejecutivo trabajan en la redacción junto con la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal, responsable de revisar los proyectos que llegan a la firma del presidente Javier Milei.
La propuesta busca eliminar la instancia de primarias obligatorias, pensada originalmente para que la ciudadanía participe en la definición de candidaturas que antes quedaba restringida a los afiliados partidarios. “Las PASO desgastan a la gente”, sostuvo el Presidente el domingo pasado en diálogo con Luis Majul en LN+.
No es la primera vez que el oficialismo intenta avanzar en ese sentido. La eliminación de las primarias ya había sido incluida en la primera versión de la Ley Bases, que fue rechazada en Diputados. Más tarde, en febrero de 2025, el Congreso aprobó su suspensión por un año. Ahora el objetivo del Gobierno es eliminarlas de manera definitiva de cara a la próxima elección presidencial.
La supresión de las PASO implicaría también la desaparición del piso electoral del 1,5% de votos que actualmente se exige para competir en las elecciones generales. Ante ese escenario, en el oficialismo analizan incorporar otros filtros para evitar la proliferación de partidos con escasa representatividad.
Sería en paralelo la modificación de la ley de partidos políticos. Una de las medidas en evaluación es incrementar el número mínimo de afiliados necesarios para constituir una fuerza política, que hoy tiene un techo de 4000 afiliados. La idea del Poder Ejecutivo es, como mínimo, duplicar ese requisito.
También se plantea endurecer las condiciones para obtener la personería jurídica nacional. Actualmente, un partido que logra reconocimiento en cinco distritos puede obtener esa categoría. La propuesta oficial apuntaría a llevar a 10 ese requisito.
El Gobierno también evalúa modificar las causales de caducidad de los partidos con bajo nivel de representación. Hoy una fuerza pierde su personería si no alcanza el 2% del padrón electoral en dos elecciones consecutivas. En el oficialismo consideran elevar ese umbral y evitar maniobras que permiten a partidos pequeños sostener su vigencia a través de alianzas electorales.
El objetivo declarado es reducir la fragmentación del sistema político y limitar la existencia de los llamados “sellos de goma”: partidos con escasa representación que terminan cediendo su personería para integrar coaliciones electorales. Paradójicamente, varias de esas estructuras fueron las que permitieron a Milei construir su candidatura presidencial en 2023, como Unite, Pumas Libertarios, el Partido Demócrata y el partido FE.
El paquete electoral incluye además cambios en el financiamiento político. El Gobierno busca eliminar los aportes públicos extraordinarios para campañas electorales. Con la implementación de la boleta única de papel, dejaría de financiarse la impresión de boletas partidarias y los espacios publicitarios. En cambio, se mantendría un único aporte anual al Fondo Partidario Permanente destinado al funcionamiento general de los partidos.
En paralelo, se analiza flexibilizar los límites a los aportes privados. Actualmente, las personas humanas o jurídicas tienen un tope anual equivalente al 2% del monto que surge de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores del distrito. Para las campañas electorales, el límite individual también se fija en el 2% del gasto máximo permitido para esa elección.
En el oficialismo reconocen que el camino legislativo será complejo. Las reformas electorales requieren mayoría absoluta en ambas cámaras: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado, números que La Libertad Avanza no puede reunir sin el apoyo de sus aliados.
Pro y la UCR, actores clave para alcanzar esos votos, ya manifestaron su rechazo a eliminar las primarias. Consideran que suprimirlas fortalecería el poder de las conducciones partidarias y debilitaría los mecanismos de competencia interna dentro de las coaliciones.
Durante un seminario organizado por la Cámara Nacional Electoral a fines de marzo, dirigentes de ambos espacios plantearon que cualquier modificación debería contemplar algún mecanismo alternativo para ordenar las candidaturas.
“Nos opondremos a cualquier intento de eliminar las PASO que le devuelva la lapicera a las cúpulas partidarias o a sistemas uninominales que silencien a las minorías”, advirtió el senador radical Maximiliano Abad. En la misma línea, la legisladora porteña de Pro Silvia Lospennato señaló: “No quedan claros los objetivos de eliminar las PASO y eso es algo que tenemos que resolver”.
Pese a esas resistencias, en el oficialismo aseguran que enviarán al Congreso su propuesta en su versión más ambiciosa. “Después vendrá la instancia de negociación política”, resumió un referente libertario en Diputados.
pic.twitter.com/dcHSk3G2dK,March 2, 2026,Cámara Nacional Electoral,Delfina Celichini,Conforme a
Mientras avanza la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni, la Justicia busca determinar en qué condiciones se vendió el departamento en el que actualmente vive el Jefe de Gabinete con su familia.
TN pudo acceder a las imágenes que muestran el antes y después del inmueble ubicado en la calle Miró al 550, en el barrio porteño de Caballito.
El departamento fue vendido a un precio declarado de US$230 mil. Según la documentación y el testimonio de la escribana, Adorni solo depositó US$30 mil en efectivo, mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las vendedoras. La deuda, a pagar en cuotas, se deberá cubrir para noviembre próximo.
En las últimas semanas se supo que el departamento pertenecía originalmente al exfutbolista Hugo Morales, que declaró en la causa penal que se lo vendió a las dos jubiladas a cambio de US$200 mil, 140 mil dólares menos de la oferta original que administraba la Inmobiliaria Rucci.
De acuerdo a lo que explicó Morales, la propiedad necesitaba un refaccionamiento y no se vendía, por lo que finalmente aceptó la rebaja.
En ambas declaraciones, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo afirmaron este miércoles que sus hijos fueron quienes se encargaron de llevar adelante la compra del inmueble y se dedicaron a hacerle una remodelación profunda.
De hecho, las imágenes muestran que el departamento sufrió muchas modificaciones: desde el cambio de piso en algunos sectores a la modificación de la disposición de los ambientes. Por lo que, vendieron el inmueble prácticamente nuevo a US$230.000, solamente 30 mil dólares más de lo que lo habían comprado.
Esto le llamó la atención a los fiscales, que buscan confirmar si los arreglos del lugar efectivamente costaron US$30.000 o si lo vendieron a un precio mayor y pusieron otro valor en la escritura. A partir de esas dudas, la Fiscalía analiza el presunto enriquecimiento ilícito.
En paralelo, la Justicia confirmó que Adorni viajó en diciembre de 2024 a Aruba con toda su familia y sacó pasajes en primera clase en la empresa Latam.
Pagó US$1450 cada uno, es decir, un total de US$5800. El viaje fue desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025. En ese entonces, Adorni era vocero del Gobierno. La Justicia todavía no tiene información del costo del alojamiento.
La semana pasada, a pedido de fiscal, el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Así, el fiscal podrá acceder a todas sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio, con el fin de determinar si se corresponden con su situación financiera como funcionario público que hasta enero de este año tuvo su sueldo congelado desde 2023 en $3.584.006.
Manuel Adorni, departamento
La fiscalía de Gerardo Pollicita confirmó el viaje de Manuel Adorni y su familia a Aruba, una pequeña isla del Caribe situada frente a las costas de Venezuela. El periplo, que se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025, incluyó cuatro pasajes en primera clase que, de acuerdo con una fuente judicial, fueron pagados en efectivo.
Hasta ahora solo existía la sospecha de que Adorni había visitado el Caribe durante sus vacaciones de aquel verano. La Dirección Nacional de Migraciones no registraba el destino, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador, pero en aquel momento no había, como ahora, vuelos directos.
Los investigadores sumarán el viaje a la lista de erogaciones del jefe de Gabinete, que es investigado por un presunto enriquecimiento ilícito. Por estas horas, en la fiscalía trabajan para tener más detalles sobre el viaje, comenzando por los costos de estadía en el hotel.
Para obtener una foto lo más precisa posible de sus gasts, el fiscal pidió la semana pasada levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, medida que fue habilitada por el juez Ariel Lijo. Eso le entregará a Pollicita informes sobre cuentas, tarjetas, plazos fijos, préstamos, deudas y más datos.
En la información recabada hasta ahora en la causa consta que Adorni obtuvo un préstamo en efectivo de 100 mil dólares y la postergación de los 200 mil dólares para la compra del departamento en Caballito, donde vive. Esos dos movimientos explicarían a trazo grueso cómo el jefe de Gabinete pudo comprar dos inmuebles desde que está en la función pública, hace menos de tres años, pero sería insuficientes para explicar la totalidad de sus gastos, según la visión de uno de los investigadores.
Los viajes de Adorni son objeto central de la investigación patrimonial que inició tras la denuncia de la diputada nacional, Marcela Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza.
Noticia en desarrollo
Federico González del Solar,Manuel Adorni,Conforme a,,Estaba primera y quedó afuera. Una concursante a jueza federal reclama que le bajaron puntos “sin la correspondiente fundamentación”,,Créditos y morosidad. La oposición activó una agenda incómoda para el Gobierno y Diputados TV no transmitió el debate,,“No va a investigar a la AFA”. El extitular de la IGJ de Milei apuntó a los vínculos del ministro Mahiques con Chiqui Tapia,Manuel Adorni,,A cinco meses de su salida. Francos tildó la situación de Adorni como “muy particular” y opinó sobre las acusaciones: “Se agrandó mucho”,,“Tengo la idea de competir”. Guillermo Francos admitió que no descarta volver a la política y ser candidato en 2027,,El patrimonio de Adorni. Declararon las jubiladas que le vendieron el departamento: una de ellas no recordó detalles de la operación
POLITICA
Más de 40 mil argentinos que viven sin papeles en España podrán beneficiarse de una nueva regularización migratoria: los requisitos
El Gobierno de Pedro Sánchez oficializó hoy, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto 316/2026, una regularización extraordinaria de migrantes que modifica el Reglamento de Extranjería. La medida permitirá que personas sin papeles accedan a permisos de residencia y trabajo en todo el país, y podría beneficiar a más de 40 mil argentinos.
Según un estudio divulgado por el think tank español Funcas, dedicado a la investigación económica y social, los argentinos registrados a inicios de 2025 son 148.585. De ellos, 106.139 tienen su situación regularizada, mientras que otros 42.446 están sin documentos.
Se trata de la séptima iniciativa de este tipo en España. A partir de mañana, se podrán iniciar los trámites de forma virtual, y desde la semana que viene se podrán hacer de manera presencial. “Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones. Que quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”, expresó el mandatario español en X.
“Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones. Que quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”, expresó Sánchez en su cuenta de X.
Los requisitos
El texto del decreto recoge los requisitos para beneficiarse de la medida, que son prácticamente iguales para los dos grandes grupos a los que se dirige: solicitantes de asilo que hayan hecho su petición antes del 1 de enero y las personas en situación irregular que estén en España desde antes de esa fecha.
En ambos casos, los interesados tienen que ser mayores de edad, haber permanecido en España cinco meses seguidos antes del momento de la solicitud, aportar una copia de un documento identificativo caducado o en vigor, no tener antecedentes penales en España ni en los países donde haya vivido los cinco años anteriores a su entrada en España y abonar una tasa.
Además, en el caso de los que no son solicitantes de asilo, se deberá cumplir una de las siguientes condiciones: haber trabajado o tener una oferta de empleo, tener hijos menores o mayores dependientes a su cargo o padres con los que convivan o encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Para acreditar este último extremo, deberá aportarse un informe de vulnerabilidad expedido por los servicios sociales o las entidades acreditadas como colaboradoras de extranjería.
Desde el Gobierno señalaron que el objetivo de la medida es “favorecer la integración social, garantizar seguridad jurídica y reducir la irregularidad administrativa”. Sin embargo, desde la oposición manifestaron sus críticas: el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la calificó como un “disparate”.
A la hora de demostrar la estancia de cinco meses en el país, podrá hacerse “mediante cualquier prueba válida en derecho”, siempre que esta incluya datos personales que permitan acreditar la identidad.
Antecedentes penales
En el caso de los antecedentes penales, se debe aportar el correspondiente certificado, y, de forma excepcional, para aquellos que no obtengan respuesta de su país de origen en un mes, será el Gobierno de España el que lo solicite por la vía diplomática; si este tampoco lo consigue en tres meses, se comunicará al interesado y, después de otros quince días, se dará por desistida la solicitud.
El texto del decreto establece que las solicitudes se resolverán por la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería en un plazo de tres meses y, desde el momento de la admisión a trámite, se habilitará de forma provisional a las personas a residir y trabajar en España.
Una vez recibida la resolución estimatoria, el interesado tendrá un mes para pedir su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). La autorización concedida tendrá una vigencia de un año y habilitará a sus titulares a residir y trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia en cualquier lugar del territorio español, ocupación o sector de actividad.
El texto contempla que, en el caso de que las personas extranjeras que se vayan a beneficiar de esta regularización tengan hijos menores de edad o mayores dependientes, podrán presentar la solicitud para ellos también, de forma simultánea, y en su caso las autorizaciones tendrán una vigencia de cinco años.
Una vez pasado un año, el beneficiario podrá pasar a otros permisos contemplados en el reglamento de extranjería para mantener su situación administrativa regular y, excepcionalmente, si no cumple los requisitos para ello, podrá optarse a una prórroga por otro año más.
Para ello, se debe acreditar estar en búsqueda activa de empleo o aportar un informe de esfuerzo de integración emitido por los órganos competentes de la comunidad autónoma en el que se certificará, entre otros elementos, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia.
Es posible obtener una prórroga sin cumplir estos últimos requisitos en casos en los que el beneficiario no pueda buscar empleo, como padecer una enfermedad grave o discapacidad o estar en edad de jubilación. En estos casos, la prórroga será de cuatro años.
09 abril 2024,category_code_new,congreso,jacobo gonzález-robatto,jesús hellín,pleno,sesión plenaria
Las fotos del antes y el después del departamento que Manuel Adorni compró en Caballito
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