La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) manifestó su respaldo a la decisión del gobierno de Javier Milei de enviar al Senado los pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales, calificándola como una “primera y contundente respuesta” frente al problema estructural de vacantes en el Poder Judicial y los Ministerios Públicos.

Según el comunicado difundido este jueves por la AMFJN, la entidad resaltó la medida impulsada por el Ministerio de Justicia, liderado por Juan Bautista Mahiques, y subrayó que la persistencia de vacantes afecta el funcionamiento adecuado del servicio judicial en la Argentina. En las últimas semanas, el Gobierno remitió al Senado más de 100 pliegos para cubrir cargos en distintos fueros y jurisdicciones.

El pronunciamiento se conoció semanas después de que el Gobierno enviara al Senado más de 100 pliegos para cubrir vacantes estratégicas en distintos fueros judiciales del país, en una medida impulsada por el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.

Tal como informó Infobae, el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara alta una amplia nómina de candidatos para ocupar juzgados y tribunales vacantes, luego de varios meses de revisión interna de expedientes y negociaciones políticas. Entre los cargos incluidos aparecieron posiciones sensibles en la Justicia federal, tribunales orales y juzgados nacionales de distintos puntos del país.

El reclamo por la cobertura de vacantes y el diálogo con el Gobierno

En el comunicado, la Asociación de Magistrados sostuvo que viene reclamando “desde hace años, de manera sostenida y permanente, la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes de magistrados en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos”.

La entidad advirtió además que “la persistencia y el agravamiento de esta problemática afectan directamente la adecuada prestación del servicio de justicia en nuestro país”.

En ese marco, destacó especialmente la decisión del Gobierno nacional de avanzar con nuevos nombramientos. “Como es de público conocimiento, recientemente el Poder Ejecutivo Nacional ha remitido al Senado de la Nación numerosos pliegos, dando una primera y contundente respuesta a esta necesidad”, afirmó la AMFJN.

En distintos sectores judiciales venían creciendo las preocupaciones por el volumen de vacantes acumuladas en tribunales nacionales y federales. En muchos casos, los juzgados funcionan desde hace años con subrogancias o esquemas transitorios, situación que impacta directamente en los tiempos procesales y en la carga de trabajo de magistrados y funcionarios.

El respaldo institucional de la Asociación de Magistrados adquiere además relevancia política porque se produce en medio de las discusiones sobre el funcionamiento de la Justicia federal y la necesidad de acelerar los mecanismos de designación de jueces.

En el comunicado, la entidad presidida por Andrés Basso expresó “su reconocimiento a las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación” y sostuvo que el mecanismo constitucional impulsado por el Ejecutivo “permitirá avanzar progresivamente en la cobertura del significativo número de vacantes existentes en todos los fueros de la justicia nacional y federal, a lo largo y ancho del país”.

La declaración institucional fue difundida luego de una reunión realizada la semana pasada en la sede de la Asociación de Magistrados, donde participaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el secretario de Justicia, Santiago Viola.

Por parte de la AMFJN estuvieron presentes, además de Basso, la vicepresidenta por el estamento de los jueces, María Elena López; el vicepresidente por el Ministerio Público Fiscal, Ricardo Sáenz; el vicepresidente por el Ministerio Público de la Defensa, Hernán Figueroa; la representante de los funcionarios, Maite Soprano; la secretaria general María Carolina Ocampo; el prosecretario general Ariel Ovelar; el tesorero Marcelo Gallo Tagle; la protesorera Gabriela Iturbide; y la consejera María Jimena Monsalve.

De acuerdo con el comunicado de prensa, durante el encuentro “se abordaron distintas propuestas orientadas a fortalecer y mejorar el servicio de justicia para la ciudadanía”.

Además, se analizó específicamente “la situación vinculada con la cobertura de vacantes existentes en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos, destacándose especialmente el reciente envío al Senado de la Nación de pliegos para la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales”.

La cuestión de las vacantes judiciales se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda del Ministerio de Justicia durante los últimos meses. En el Gobierno sostienen que el volumen de cargos sin cubrir genera demoras procesales, dificultades administrativas y una creciente dependencia de mecanismos de subrogancia que, en algunos casos, se extienden durante años.

En ese contexto, la administración de Milei decidió acelerar la elaboración y remisión de pliegos al Senado, aunque el escenario parlamentario continúa atravesado por tensiones políticas. La aprobación definitiva de los candidatos requerirá acuerdos entre el oficialismo y distintos bloques opositores en la Cámara alta.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, desmintió este sábado las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el financiamiento de los hospitales universitarios y acusó al Gobierno de retener fondos ya aprobados en el presupuesto 2026 como mecanismo de presión para debilitar el reclamo universitario. La polémica se produce días antes de la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes 12 de mayo a las 17 horas en la Plaza de Mayo.

En una entrevista con Radio Mitre, Yacobitti rechazó punto por punto los argumentos de Adorni, quien este viernes, durante una conferencia de prensa, calificó de “falsa” la denuncia de la UBA por el desfinanciamiento de sus hospitales. El jefe de Gabinete sostuvo que el Ejecutivo transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el presupuesto 2026 para la función salud, y que lo que la UBA reclama es “una partida adicional de 75.371 millones de pesos, equivalente al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país”. “Una sola universidad pretende apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales”, sentenció el funcionario.

Yacobitti respondió que esa descripción mezcla deliberadamente partidas distintas. La cifra en disputa —que el propio Ministerio de Capital Humano calculó en unos 80.000 millones de pesos— no es una demanda adicional ni extraordinaria, sino una partida específica para hospitales universitarios que figura en el presupuesto 2026, aprobado por el Congreso y propuesto por el propio Ejecutivo. “No estamos hablando de la Ley de Financiamiento Universitario, sino de una ley que ni siquiera fue vetada y que el Gobierno reconoce que todavía no cumplió absolutamente nada», afirmó el vicerrector.

Esa partida cubre los gastos operativos de los hospitales universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba, la UBA, la de La Rioja y la de Cuyo. Según los directores de los hospitales Clínicas, Roffo y Lanari, que el 5 de mayo dieron una conferencia de prensa para alertar sobre la situación, al cabo de cuatro meses del año el Gobierno no había girado un solo peso de esos fondos. El propio comunicado de Capital Humano reconoció que el ministerio aún analiza cómo distribuir esa partida. Para Yacobitti, ese reconocimiento implícito contradice la versión pública de Adorni: “Lo que está haciendo Adorni es pretender confundir a la gente para deslegitimar un reclamo”.

Sobre el argumento de la proporcionalidad —que la UBA pretende el 94,5% de los fondos destinados a todo el sistema—, el vicerrector explicó que esa distribución no es nueva ni arbitraria. En 2024, el Gobierno asignó casi el 90% de esa partida a la UBA; en 2025, el 85%. La razón es de escala: los hospitales de la universidad porteña atienden a un volumen de pacientes muy superior al del resto. El Hospital Roffo, centro oncológico de alta complejidad que recibe pacientes de todo el país, ya redujo tratamientos y derivó algunas patologías a otros centros por falta de insumos.

Yacobitti fue más allá en su caracterización de la estrategia oficial. Afirmó que el Gobierno retiene los fondos del presupuesto 2026 de forma deliberada para presionar a las universidades y que moderen su reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. “Lo que está haciendo es decirle a las universidades de manera indirecta: si ustedes siguen reclamando, yo no les voy a pagar en tiempo y forma el presupuesto 2026”, sostuvo. Al ser consultado sobre si esa situación del Gobierno era una extorsión, el vicerrector respondió: “Sí, claro. Lo es”.

La presión recae con mayor fuerza sobre la UBA por su peso relativo en el sistema y su capacidad de visibilización, según Yacobitti, quien descartó que eso frene la movilización. Para el Gobierno, en cambio, el equilibrio fiscal justifica la demora: Adorni señaló que las transferencias a las universidades se realizan en forma mensual, que la inflación bajó del 211,4% al 31,5% respecto de la gestión anterior y que el presupuesto universitario 2026 creció hasta los 4,8 billones de pesos. También planteó que la Ley de Financiamiento Universitario “nació suspendida” hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.

Yacobitti rechazó también los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos universitarios. Las universidades son auditadas de forma permanente por la Auditoría General de la Nación (AGN) y los informes están disponibles en las páginas de cada facultad y en el sitio de la AGN. Añadió que el monto de los 80.000 millones para hospitales universitarios es inferior a lo que el Estado dejará de recaudar por la reducción del impuesto a los autos de lujo, y que el presupuesto universitario destina el 90% a salarios que el propio Gobierno transfiere directamente a docentes y trabajadores.

La crisis de financiamiento tiene además una dimensión de largo plazo que Yacobitti subrayó: en los últimos dos años, 438 docentes e investigadores abandonaron la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, sobre una planta de aproximadamente 3.200 personas. Muchos tienen posgrados y especializaciones en el exterior. Los procesos de investigación interrumpidos no se retoman de inmediato, advirtió el vicerrector.

La movilización del 12 de mayo fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), con epicentro en Plaza de Mayo y marchas simultáneas en todo el país. Yacobitti señaló que la vía legislativa y la judicial ya se agotaron: hay dos fallos judiciales favorables a las universidades que el Ejecutivo no acata.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al presidente Javier Milei de provocar un deterioro en el sistema de salud y el Gobierno salió a responder con crudeza: “Debe dejar de mentir y hacerse cargo de la provincia que gobierna”.

El mandatario provincial participó este viernes de un congreso de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) en Córdoba y estuvo acompañado por el secretario general del gremio y extitular de la CGT, Héctor Daer.

“El sistema de salud está en crisis en todo el mundo, pero en nuestro país eso se agrava por un Gobierno nacional que no considera importante entregar remedios, invertir en hospitales ni en ningún elemento que permita mejorar la atención tanto pública como privada”, escribió Kicillof en X.

Para el gobernador bonaerense, la salud no puede ser “un privilegio de unos pocos”. “No podemos tolerar tanto desprecio. El problema no son los médicos ni la salud pública; el problema es Milei”, apuntó.

La reacción de la Casa Rosada ante la crítica del gobernador bonaerense fue inmediata. La Oficina de Respuesta Oficial rechazó las acusaciones y planteó que su gestión mantiene una deuda con Nación por $630.635 millones en concepto de su porcentaje de participación en los hospitales SAMIC.

“Pese a esa deuda millonaria que obliga a Nación a sostener el 100% de su financiamiento, Kicillof sale a dar clases de federalismo e inventa que el Gobierno ‘no entrega remedios ni invierte en hospitales’”, plantearon desde la administración libertaria.

En esa línea, la Oficina de Respuesta Oficial desmintió los dichos de Kicillof y subrayó que “la salud es responsabilidad primaria de las provincias”, al sostener que la Constitución establece que las jurisdicciones conservan los poderes no delegados.

También rechazaron las acusaciones del gobernador sobre un supuesto recorte en el programa REMEDIAR.

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Según datos oficiales, el Ministerio de Salud invirtió más de $68.300 millones en 2025 y $25.595 millones en el primer trimestre del año en medicamentos de alto costo y oncológicos destinados a los bonaerenses. Con respecto al programa REMEDIAR PBA, la provincia recibió medicamentos por más de $5329 millones.

“El gobernador debe dejar de mentir y hacerse cargo de la provincia que gobierna, pagando lo que debe, atendiendo a sus afiliados de IOMA y, sobre todo, dejando de inventar culpables en Nación. Los recursos existen. El problema es cómo se administran”, concluyó la publicación de la Oficina de Respuesta Oficial.

Axel Kicillof, Javier Milei, salud