En paralelo a las audiencias públicas para avanzar con los más que demorados pliegos judiciales que empezó a enviar -por secciones- el Ejecutivo, el oficialismo senatorial ya armó un esquema provisorio junto a dialoguistas para volver al recinto, en principio, el 29-30 de abril y el 13-14 de mayo próximo.

La Cámara alta “trabajó” el jueves pasado. Allí, en una sesión de escaso vuelo y algunos discursos para el olvido, el pleno activó a la dos veces senadora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- en Canadá. También se aprobaron ascensos de los jefes de las tres fuerzas militares y, sobre todo, ingresó un lote de más de 70 pliegos judiciales.

Este paso es clave para que las designaciones en cuestión tomen estado parlamentario y, de esa manera, sean giradas a la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto. Allí, La Libertad Avanza (LLA) fileteó al kirchnerismo y le dejó, de 17 lugares, tres.

La bancada cristinista, que lidera el formoseño José Mayans, volvió a tener que contener días atrás a algunos integrantes que ya repiten su incomodidad por no “laburar” y ni siquiera ubicar, en agenda, iniciativas sin demasiado conflicto. Ni hablar de las bicamerales, con nombres de oficialistas y dialoguistas que acrecentarán, sin dudas, la puja entre peronistas y libertarios, como contó Infobae.

Si bien no se descartan otras reuniones en las próximas horas, hasta el fin de semana, la única en pie y oficial es la de Acuerdos, por un único tema: la propuesta de la Casa Rosada para que Carlos Mahiques continúe, por cinco años, en la Cámara Federal de Casación Penal. Esto ocurre debido a que el juez está a meses de cumplir los 75 años. Es el límite para jubilarse, excepto que el Ejecutivo pida una extensión por el plazo mencionado.

El magistrado es el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Como los legisladores pueden participar de cualquier comisión, por más que no formen parte de ella, se aguardan fuertes cruces con el kirchnerismo. Y será un buen termómetro para saber si Pagotto, el “amigo” de casi todo el Senado -según su visión-, merece su sitial en Acuerdos, que es estratégico.

La postulación de Mahiques -padre- había tomado estado parlamentario en la penúltima sesión, y por ello el proceso de avales e impugnaciones que corrió desde hace varios días. En tanto, para los que aterrizaron el jueves pasado en el recinto, se tendrá que esperar casi al cierre del corriente mes. Y seguirá en mayo.

Junto a ello, LLA dejó prefijado el 29-4, por un lado, para dar luz verde a Mahiques, si es que consigue el dictamen en Acuerdos. En segundo término, aparece el despacho -exprés- rubricado días atrás sobre falsas denuncias, la gran manía de la radical Carolina Losada (Santa Fe). En Diputados no parece ser prioridad -por ahora-, ni siquiera, para la propia UCR. Allí perciben a su colega legisladora como “demasiado” teñida de violeta, en referencia al color partidario del oficialismo.

Sí se espera, para la corriente semana, que se reactive el análisis del texto que blindaría la propiedad privada. Lo empuja la Casa Rosada y, en particular, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que ya asistió al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Ambas son presididas por oficialistas.

La primera es liderada por Agustín Coto (Tierra del Fuego); la segunda, por Nadia Márquez (Neuquén). El libertario intentó no pelearse con cristinistas y hasta se preocupó por repetir, en un puñado de ocasiones, que ese día no dictaminarían. En cambio, su compañera pastora, cuando quedó a cargo de manera parcial -por algunos minutos-, lo hizo sin titubear y no ofreció gestos extra a quienes denostan sin cesar a sus jefes, Javier y Karina Milei. Como el texto aún presenta dudas, quizá quede en línea para la sesión de mayo. O no, si el despacho logra rápido las firmas.

El Gobierno nacional designó al titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima (BICE) luego de que finalizaran las funciones de Felipe Núñez, quien asumía este rol anteriormente.

El nuevo funcionario es Máximo Dupont, quien ocupará el cargo durante el período 2026-2027, de acuerdo con el decreto 239/2026, publicado esta madrguada en el Boletín Oficial.

La designación de Dupont responde al proceso habitual de actualización del BICE, que actúa como eje en el financiamiento de proyectos productivos y de exportación en la Argentina.

El nombramiento fue oficializado para garantizar la continuidad operativa de la institución, que tiene como misión principal facilitar el acceso al crédito y promover el desarrollo económico mediante el respaldo a empresas nacionales. No se especificaron modificaciones adicionales en la composición del directorio para este período.

Como director titular, Dupont participará en la definición de las estrategias institucionales, la evaluación de líneas de crédito y el seguimiento de los programas de financiamiento destinados a empresas. Su rol es fundamental para asegurar la transparencia en la gestión y el cumplimiento de los objetivos fijados por la entidad.

La designación de Dupont abarca la totalidad de las funciones inherentes al cargo, incluyendo la intervención en las sesiones del directorio y la suscripción de decisiones clave para el desarrollo de la banca pública especializada en inversión y comercio exterior.

El BICE

Su misión principal es otorgar financiamiento a empresas destinadas a proyectos de inversión productiva y operaciones de comercio exterior, orientando su acción al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), la tecnificación de los sectores económicos y la mejora de la competitividad del sector privado.

La entidad desarrolla líneas de crédito adaptadas a sectores y regiones estratégicas, posicionándose como una herramienta clave dentro del sistema bancario nacional. Los productos financieros que ofrece contemplan plazos de financiación más largos, en concordancia con los tiempos de maduración que requieren las inversiones productivas. Esta característica permite a las empresas planificar y ejecutar proyectos de mayor envergadura, sin restricciones que suelen imponer otros esquemas de crédito tradicionales.

En el ámbito internacional, la entidad brinda financiamiento integral a exportadores, facilitando la internacionalización de empresas argentinas y promoviendo el acceso a mercados externos. El objetivo declarado es contribuir al desarrollo de inversiones y potenciar la competitividad del sector privado, acompañando el proceso de expansión y crecimiento de la economía nacional mediante herramientas financieras específicas para cada segmento productivo.

El banco implementa una serie de programas de financiamiento dirigidos a fortalecer las economías regionales. Entre sus propuestas, se destacan las líneas de crédito pagaderas en valor producto, que ofrecen mayor previsibilidad a los productores al vincular los pagos a la evolución de los precios de sus productos.

En el sector ganadero, el BICE dispone de créditos en valor producto orientados a la adquisición de vaquillonas a servir o preñadas, facilitando la renovación y ampliación del rodeo ganadero bajo condiciones acordes a la dinámica del sector.

Para el sector porcino, la entidad ofrece créditos en valor producto destinados a la tecnificación del proceso productivo, apuntando a modernizar instalaciones y procesos que incrementen la productividad y la calidad.

En cuanto al sector tambero, el BICE habilita líneas de crédito otorgadas en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), liquidables en litros de leche. Esta modalidad está especialmente diseñada para impulsar la tecnificación de los establecimientos lecheros, permitiendo que los productores accedan a mejores condiciones de financiamiento adaptadas a su realidad productiva.

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Luego del triunfo que significó para el oficialismo la aprobación definitiva de la ley de Glaciares, el Gobierno se prepara para debatir en el Congreso la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), una norma clave para las relaciones con los Estados Unidos.

En el acuerdo de libre comercio que firmó meses atrás con Washington, la Argentina se comprometió a cumplir con una serie de puntos, entre los cuales está el de sancionar esta medida antes del próximo 30 de abil.

La contraparte norteamericana está especialmente interesada en que se modernice a nivel local toda la legislación vinculada a la propiedad intelectual, ya que advierte que se trata de una de las regiones con más complicaciones en esta área.

En el informe “Special 301″ del 2025, por ejemplo, la Oficina del Representante de Comercio de la Casa Blanca señaló que nuestro país “continúa presentando desafíos de larga data y ampliamente conocidos para las industrias intensivas” y menciona como caso paradigmático “el mercado físico de La Salada, en Buenos Aires”.

“Las ventas de falsificaciones en otros lugares físicos siguen siendo elevadas, con aumentos repentinos en la venta de productos falsificados en ferias pequeñas, por vendedores ambulantes ilegales y en el Barrio Once”, remarca el estudio.

Para que entre en vigencia, las autoridades nacionales no solo tienen que lograr que el acuerdo comercial sea ratificado en el Congreso, sino que también deben aprobar otras normas complementarias, como este tratado sobre patentes.

Si bien la Argentina es miembro de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y firmó el Convenio de París, todavía no se adhirió al PCT, que ha sido históricamente una cuestión de intenso debate interno.

Ahora, la el oficialismo quiere volver a discutir la cuestión y analiza hacerlo retomando un proyecto que ya consiguió media sanción en el Senado en 1998, pero nunca se votó en Diputados.

Aunque la regla general es que una iniciativa venza un año después de su aprobación parcial si no es tratada por la otra Cámara, esto no aplica para los convenios internacionales.

Sin embargo, la cúpula libertaria todavía está planificando la estrategia que se llevará adelante: algunos integrantes del espacio aseguran que ya la semana que viene se va a presentar el texto, mientras que otros actores involucrados reconocen que se podría demorar un poco más.

En cuanto al contenido, en la Casa Rosada sostienen que la iniciativa de la década de los 90 va a ser enviada con modificaciones, por lo que necesariamente deberá volver al Senado después de que se apruebe en Diputados.

“Se van a hacer retoques, porque estamos hablando de un texto muy viejo, tiene algunas cosas que quedaron obsoletas y además se tiene que adaptar a los requisitos del acuerdo que firmamos con Washington ahora”, manifestó un miembro del cículo íntimo de Javier Milei.

Por el contrario, algunas de las fuentes que están trabajando desde hace meses en el proyecto aseguraron a Infobae que eso no es necesario y que, por lo tanto, lo más probable es que se envíe la misma propuesta de la época de la presidencia de Carlos Menem, para aprovechar la media sanción y reducir los tiempos parlamentarios.

“La media sanción del Senado de 1998 es el instrumento correcto y suficiente para avanzar. No es necesario ni conveniente reabrir el debate con un nuevo proyecto de ley”, explicó un integrante del Gabinete que está atrás de la redacción.

El conflicto, puntualmente, está en que la medida que se debatió en ese momento no incluía la posterior actualización de los plazos de ingreso al tratado, que se detallaron en el artículo 22, adoptado recién en 2001.

Al respecto, el funcionario remarcó que los cambios adoptados por la Asamblea de la Unión PCT y vigente desde el 1° de abril de 2002, únicamente extendió el plazo estándar de entrada en fase nacional de 20 a 30 meses a partir de la fecha de prioridad. “Esta es la reforma más relevante para los solicitantes desde la creación del tratado”, señaló.

Sobre la necesidad de un nuevo proyecto, la posición oficial es que “el PCT opera como un sistema unitario administrado por la OMPI”, por lo que “no existen versiones paralelas del tratado para distintos adherentes”.

“Quien adhiere, ingresa al sistema tal como está configurado al momento de la adhesión, con su texto consolidado y su Reglamento vigentes”, sostuvo.

Además, se aclaró que la iniciativa con media sanción “no genera por sí sola el riesgo de quedar atrapados en el plazo de 20 meses”, porque “la modificación de 2001 se aplica a todos los Estados contratantes sin necesidad de ratificación parlamentaria separada”.

EN este sentido, la fuente consultada indicó que, frente a eventuales dudas, “puede subsanarse mediante una declaración al momento del depósito del instrumento de adhesión ante la OMPI”, una opción que “ha sido aclarada e indicada por el propio organismo internacional”.

“El mecanismo de incompatibilidad del artículo 22 del PCT es opt-in: solo si Argentina notifica expresamente al Director General de la OMPI la incompatibilidad del plazo de 30 meses con su legislación interna, se aplicaría el plazo de 20 meses. En ausencia de tal notificación, el plazo de 30 meses opera como regla por defecto, con independencia del texto de la ley aprobatoria”, se argumentó.