Como ocurre con el gas, su principal insumo, los fertilizantes representan tanto un aumento de costos y una posible baja de producción agrícola, por la coyuntura internacional y el clima, como una oportunidad para grandes inversiones gracias a dos ventajas clave: recursos y salida atlántica.

Los recientes anuncios de reducción de retenciones a las exportaciones de los principales cultivos difícilmente compensen en la campaña 2026/2027 el impacto negativo que tendrá el aumento del precio internacional de los fertilizantes debido a la guerra en Medio Oriente.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó para la campaña 2026/27 una reducción del 3% en la superficie de trigo (junto a la cebada, uno de los dos cultivos en los que la baja de retenciones empieza en junio, mientras que en los demás casos comenzará en 2027) respecto del ciclo previo.

La causa de la reducción, explicó Ramiro Costa, gerente de la entidad, es la volatilidad de los mercados, con subas muy fuertes en los costos de energía y fertilización. La urea llegó a aumentar más del 100%, mientras los granos solo subieron 7 por ciento.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) reconoció que el precio de la urea bajó desde mediados de abril y hay una leve mejora en el precio del trigo. El recorte en área será del 12%, unas 220.000 hectáreas menos.

“En las últimas dos semanas, el precio de la urea bajó de USD 1.000 hasta USD 830 la tonelada. En la región núcleo, la campaña ya está lanzada: los ciclos largos y la siembra temprana mandan y ya se ‘enterró’ la urea pagada más cara, pero con la niebla complicando la siembra, hay pocos cambios en los ánimos trigueros”, destacó la Bolsa rosarina, que había llegado a pronosticar una caída de hasta 17% (300.000 hectáreas) del área triguera. Aun así, aclaró, la superficie sería esta vez la cuarta más alta de los últimos 17 años.

“Hoy los precios locales de urea en Argentina están en línea con su paridad de importación, por lo que los ajustes de precios tendrán que ver con las variaciones que se sigan registrando en el mercado internacional. En este contexto, el agricultor argentino espera y compra cuando la demanda de siembra lo requiere”, dice el más reciente informe semanal de “Ingeniería en Fertilizantes”.

Se observa una tensión entre el atractivo de retenciones más bajas en el futuro y la realidad de fertilizantes más caros en el presente. Esa pulseada se definirá, en el caso del maíz y la soja (“temprano” y “de primera” respectivamente), entre septiembre y octubre, al inicio de la siembra.

Para maíz y trigo, el principal fertilizante es la urea, un nitrogenado. Para la soja, los fosfatados (MAP y DAP). En 2025, Argentina importó más de USD 2.000 millones de ambos tipos, pero principalmente urea (70% del total), para sumar a la oferta local de Profertil en Bahía Blanca, empresa propiedad en un 90% de Adecoagro (con Tether, firma de criptoactivos con base en Estados Unidos, como principal inversor) y en 10% de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

“La fertilización es clave para que los cultivos rindan. Como a los animales y a la gente, a las plantas también hay que alimentarlas y esa comida se llama fertilizantes”, explicó Javier Preciado Patiño, fundador de RIA Consultores, quien dijo a Infobae que el aumento del precio de los fertilizantes por la guerra en Medio Oriente complicó los márgenes agrícolas. “A algunos productores les da negativo, a otros neutro”, destacó el consultor.

Preciado Patiño resaltó: “Tenemos disponibilidad, porque al tener a Profertil el nitrógeno hay que pagarlo, pero está, otros países directamente no lo tienen. Hay empresas que tuvieron que importar porque la originación de granos es parte de su negocio. La urea pegó un salto al principio, de menos de USD 500 a más de USD 900 la tonelada. Ante el dilema de precios, los importadores traen lo indispensable. La urea hizo pico en abril, está bajando y si sigue así el productor la tendrá no tan cara para fertilizar el trigo”.

Según Preciado Patiño, “si aplicás menos fertilizante la producción esperada tiene que ser menor, sobre todo en trigo y maíz, los más sensibles al nitrógeno. Eso también va a depender mucho del clima. El año pasado el clima fue muy benévolo, la producción de trigo y maíz voló”.

Agregó el consultor: “Si el clima acompaña la afectación no será tan fuerte, pero cuando comparemos con 2025, que fue espectacular, seguramente vamos a ver números menores”.

En el reciente Congreso de Maizar, el tema de los fertilizantes se abordó en un panel moderado por Armando Allinghi, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa). Allí, la brasileña Renata Cardarelli, editora de agricultura y fertilizantes del “Informe Argus”, describió el mapa de la oferta y demanda mundial de fertilizantes y de sus insumos básicos, como amoníaco, azufre y fósforo. Tras el aumento inicial por el inicio de la guerra en Medio Oriente, los precios empezaron a descender luego del 15 de abril, cuando India pagó precios extraordinarios para asegurar su producción agrícola y destruyó parte de la demanda mundial.

El balance de provisión es complicado tanto en amoníaco como en azufre, esenciales en la producción de fertilizantes fosfatados y nitrogenados. En azufre, será negativo hasta agosto y en amoníaco, si bien Estados Unidos aún tiene volúmenes disponibles, en el segundo semestre volcará más a su mercado interno y el balance global se volverá muy inestable. Para Argentina, será clave el efecto de “El Niño” (ciclo húmedo) que la meteorología pronostica para los próximos meses.

Marcos Prenna, director de Insumos Agropecuarios y Ganadería de ACA, dijo que el uso de fertilizantes en el país fue de 5,1 millones de toneladas en 2025, satisfecho con 35% de producción local (1,3 millones de toneladas de urea de Profertil y unas 500.000 de compuestos producidos localmente a partir de insumos importados). En fertilizantes líquidos, Estados Unidos abastece 35% del UAN (Urea y Nitrato de Amonio) que usa Argentina, que también importa de Rusia, Trinidad & Tobago y Lituania.

Manuel Santiago, director de la Red de Provisión de Fertilizantes para el Cono Sur de Bunge, destacó el cruce de factores geopolíticos y técnicos. “Hoy China no tiene comprado el azufre para producir DAP y MAP para exportar”. Proyectó que la provisión de DAP y MAP estará disponible en septiembre/octubre, lo que puede significar una reducción de hasta el 30% para Argentina. Sin embargo, la producción local de 500.000 toneladas anuales de sustitutos frente a un consumo local de 400.000 toneladas otorga cierta seguridad al abastecimiento.

Los datos de importación del primer cuatrimestre del año, puntualizó Santiago: “vienen acorde a la demanda de la cosecha fina, no es que por el conflicto en Medio Oriente haya menos producto importado, aunque puede haber influido un ‘arrastre’ de enero, de importación de urea, y un ‘adelantamiento’ de fósforo”.

Entre las conclusiones, se mencionó que el cronograma de baja de retenciones mejoraría la aplicación de fertilizantes en un 3% respecto de un escenario sin cambios de alícuotas y que la eliminación total del tributo impulsaría un 10% los niveles de fertilización. Según Penna, de ACA, “al actual nivel de precio insumo/producto sigue siendo rentable fertilizar. El campo argentino alcanzó un piso tecnológico que ya no se rompe”.

Los vaivenes de la geopolítica muestran para Argentina una oportunidad a partir de la abundancia de gas, el principal insumo para la producción de fertilizantes. Profertil planea duplicar su capacidad productiva con una inversión de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para construir una segunda planta de urea en su complejo de Ingeniero White, Bahía Blanca, generando incluso saldos exportables. El proyecto se presentará al RIGI o incluso podría ser uno de los primeros del Super-RIGI.

Además, el municipio de Bahía Blanca firmó un memorando de entendimiento con Fértil Pampa SAU, subsidiaria de Pampa Energía, para construir una planta de amoníaco y urea granulada de gran escala en el puerto bahiense. El convenio, destacó Gustavo Elías, de la Unión Industrial de Bahía Blanca, supone una inversión de USD 2.400 millones para producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea granulada y la creación de unos 3.500 puestos de trabajo en la etapa de construcción.

“Lo que dejó este conflicto es que grandes productores agrícolas como India, Canadá, Australia, Brasil y EEUU son muy dependientes de urea y de fertilizantes en general. Va a haber una deslocalización de plantas de urea respecto de Medio Oriente. India anunció que construirá una planta propia. Donald Trump dijo que pondrá USD 3.700 millones para hacer la planta de amoníaco más grande del mundo en Estados Unidos. Petrobras reactivó una planta menor», enumeró Preciado Patiño.

En cambio, concluyó, “Argentina tiene el gas de Vaca Muerta, es una región sin conflictos bélicos y, además, desde Bahía Blanca se sale al Atlántico sin pasar por ningún estrecho, como pasó en la guerra Rusia-Ucrania con el Mar Negro y el estrecho de Bósforo, ahora con el estrecho de Ormuz, también tenés el de Bab el-Mandeb, el de Malacca, donde un conflicto de China y Taiwán puede ser un enorme problema. En cambio, Argentina tiene salida directa al Atlántico y puede llegar a Brasil, Australia, EEUU sin inconvenientes. Pasaría de importar urea a ser un exportador neto, con Brasil, casi un mercado cautivo, al lado. Estamos en el lugar y el momento exactos. Esto es un hecho, no creo que haya vuelta atrás”.

Argentina apuesta a operar en un mercado global radicalmente distinto al de hace años atrás. El Mercosur cerró esta semana una nueva ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Canadá, mientras avanza con Japón, Singapur y Corea del Sur. Además, ya tiene en vigor el tratado con la Unión Europea (UE), al tiempo que aguarda la ratificación parlamentaria del acuerdo con Estados Unidos. Para el Gobierno, estos movimientos representan el acceso preferencial a mercados que concentran una porción sustancial del consumo y la inversión globales.

El último avance en este sentido se informó este sábado, cuando los gobiernos de Brasil y Paraguay difundieron comunicados sobre la décima ronda negociadora del acuerdo Mercosur–Canadá, celebrada entre el 25 y el 29 de mayo en Toronto, donde se discutió sobre comercio de bienes y servicios, reglas de origen, propiedad intelectual, salvaguardas bilaterales y desarrollo sostenible.

Para Argentina, abriría un mercado de 41 millones de personas con un producto bruto interno de aproximadamente 2,2 billones de dólares e importaciones totales del orden de 541.000 millones de dólares anuales. El acuerdo permitiría que el 80% de las exportaciones industriales del Mercosur ingresen a Canadá con arancel cero. En las negociaciones, Argentina busca cuotas de exportación para queso y leche en polvo, además de condiciones preferenciales para miel, carnes y granos.

Según tres fuentes gubernamentales de Argentina, Brasil y Canadá consultadas por la agencia Reuters en marzo de 2026, la firma podría concretarse entre septiembre y octubre de este año.

Por otro lado, el acuerdo con Singapur es el más avanzado del frente asiático y el que más cerca está de generar beneficios concretos para los exportadores argentinos. El Senado lo aprobó por unanimidad el 14 de mayo y lo remitió a Diputados para su sanción definitiva. Una vez ratificado, el 100% de las exportaciones argentinas ingresarán al mercado singapurense con arancel cero, según precisó el canciller Pablo Quirno al celebrar la media sanción.

El tratado, firmado en diciembre de 2023, ya está en vigor para Paraguay y Uruguay. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, lo presentó ante el Senado como una puerta de entrada estratégica al sudeste asiático: “servirá para poder negociar con Japón, Corea y Vietnam, Indonesia, quienes vuelven a mirar el acceso a la energía”, afirmó.

A su vez, el vínculo con Japón dio un salto en los últimos días. Según reportó la agencia Kyodo News el 26 de mayo, confirmado por Reuters y la agencia Jiji Press, el gobierno japonés anunciará formalmente el inicio de negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con el Mercosur en el marco de una cumbre entre la primera ministra Sanae Takaichi y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al margen de la reunión del G7 en Francia, prevista para mediados de junio.

El anuncio coronaría un proceso que arrancó en diciembre de 2025 con la firma del “Marco de Asociación Estratégica” y tuvo dos reuniones formales en enero y marzo de 2026, la segunda al margen de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Yaundé, Camerún.

Para Argentina, el acuerdo abriría el acceso preferencial a un mercado que hoy recibe principalmente pescados, crustáceos, aluminio, minerales y cereales del país. Tokio, a su vez, apunta a las reservas de litio y minerales críticos argentinos para sus cadenas de producción de vehículos eléctricos. La industria automotriz japonesa impulsa el acuerdo, aunque persiste en Japón la preocupación por una eventual entrada masiva de productos agrícolas, en particular carne vacuna.

El acuerdo con Corea del Sur atraviesa su propio proceso de reactivación. Las negociaciones se lanzaron en 2018, se suspendieron en 2021 —en parte por la resistencia del sector industrial argentino a la apertura— y volvieron a la agenda el 23 de febrero de 2026, tras una cumbre celebrada en Seúl entre el presidente surcoreano Lee Jae-myung y Lula da Silva.

Ambos líderes elevaron la relación bilateral al rango de “asociación estratégica” y firmaron diez memorandos de entendimiento en minerales críticos, inteligencia artificial, defensa y agricultura. Las partes acordaron además constituir grupos técnicos de trabajo con el objetivo de presentar un primer marco negociador antes de fin de año. Corea del Sur no figura aún en la lista de negociaciones activas de la Cancillería argentina.

Dos acuerdos sí ya están en vigor o en aplicación parcial. El Mercosur–UE, firmado el 17 de enero de 2026 tras 27 años de negociaciones, entró en aplicación provisional el 1° de mayo: elimina aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque y deja alcanzado al 99% de las exportaciones agrícolas argentinas.

El acuerdo bilateral Argentina–Estados Unidos, firmado el 5 de febrero de 2026, incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos y aguarda ratificación del Congreso argentino para entrar en vigor pleno.

Por fuera de ese acuerdo, el presidente Donald Trump firmó el 6 de febrero una orden ejecutiva que amplió de 20.000 a 100.000 toneladas anuales la cuota de importación de carne vacuna argentina con arancel cero, distribuida en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas. La medida aplica específicamente a recortes magros —piezas de bajo contenido graso destinadas principalmente a la elaboración de carne picada y hamburguesas— y tiene vigencia durante 2026. En 2025, Argentina exportó 44.300 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos por un valor de 341,5 millones de dólares, según datos del Consorcio ABC.

Con el nuevo esquema, el sector estima ingresos adicionales de más de 700 millones de dólares en divisas durante el año. El sector advierte, no obstante, que la cuota es temporal y que será necesario incorporarla de forma permanente al acuerdo para garantizar su continuidad más allá de 2026.

La agenda no se agota allí. El acuerdo Mercosur–Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), firmado en septiembre de 2025 con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, aguarda aprobación parlamentaria. Las tratativas con los Emiratos Árabes Unidos acumulan cuatro rondas. Las negociaciones con Vietnam —lanzadas el 20 de diciembre de 2025— y con El Salvador aún no tienen fecha para sus primeras rondas formales. En el plano regional, el bloque mantiene acuerdos vigentes con Chile, Bolivia, Colombia, Perú, la Comunidad Andina, Cuba, Israel, Egipto, India, la Unión Aduanera de África del Sur (SACU) y Panamá.

En su informe de gestión ante la Cámara de Diputados el 29 de abril, el jefe de Gabinete Manuel Adorni afirmó que “Argentina le está mostrando a la región que el camino es el libre comercio”. El sitio oficial de la Cancillería lista actualmente nueve escenarios negociadores activos o en proceso de ratificación parlamentaria, frente a los cuatro acuerdos extrarregionales en vigor con los que contaba el Mercosur al inicio de la gestión.

La imputación del gobierno de la provincia de Buenos Aires a Mercado Libre abre varios frentes en forma simultánea. El primero impacta específicamente sobre la empresa, ya que investiga a una de las empresas más importantes del país y de la región para evaluar si perjudicó a sus consumidores.

Otro frente es político, ya que es difícil separar la acusación del gobierno de Axel Kicillof sobre un empresario clave, Marcos Galperin, que no oculta su simpatía por el plan de Javier Milei.

Por último, el caso permite analizar las dificultades que hay para regular los vínculos de las grandes plataformas digitales con sus consumidores.

La Dirección de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, bajo la órbita del Ministerio de Producción bonaerense, imputó a Mercado Libre por la supuesta existencia de cláusulas contractuales que vulneran derechos de los usuarios. Todo el expediente se encuadra en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y la investigación se inició de oficio, aunque el organismo provincial dijo haber recibido casi 2.400 denuncias contra la empresa en el primer cuatrimestre.

Mercado Libre fue notificada y tiene un plazo de 5 días para presentar descargos y e informar modificaciones a las cláusulas objetadas. Si no realiza cambios en sus contratos, puede recibir una multa de $1.815 millones, según el Ministerio de Producción.

“Rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma, aportando toda la información y aclaraciones necesarias. Millones de personas utilizan nuestras plataformas todos los días y, en relación con el enorme volumen de operaciones que procesamos, tenemos un nivel muy bajo de reclamos», fue la respuesta de Mercado Libre ante la consulta de Infobae.

El expediente identifica al menos diez cláusulas que podrían perjudicar al consumidor. Según informó el ministerio de Producción bonaerense, Mercado Libre puede modificar unilateralmente los términos y condiciones del contrato sin consentimiento del usuario, hacer cargo al cliente de fallas en su propia plataforma, no asumir responsabilidad alguna si alguien hackea la cuenta del cliente, considerar vencido un préstamo por “sospechas de incumplimiento” o cobrarle determinadas tarifas al usuario sin informarle previamente su monto y su motivo.

Entre otros cuestionamientos, también se consideró una traba al acceso a la justicia que cualquier litigio tramite exclusivamente en los tribunales porteños y se observó que Mercado Libre está eximido de responder ante cualquier daño que sufra el usuario.

Al mismo tiempo, más allá de lo llamativo de algunas de esas cláusulas, es difícil no añadirle condimentos políticos al caso. Marcos Galperin es uno de los apoyos centrales del Gobierno nacional dentro del mundo empresario, algo que no esconde en sus manifestaciones públicas, en especial en su cuenta de X.

Casi al mismo tiempo que el gobierno bonaerense preparaba una multa millonaria contra su empresa, Galperin se preguntaba en X: “¿Alguien más está viendo lo mismo que veo yo? Me parece que se dio vuelta la tortilla”, en relación a los indicadores macro favorables a la gestión de Milei. Según Galperin, esos éxitos llegaron “luego de meses de que todo el sistema de poder haya atacado al Gobierno de una manera inédita”, una frase que pudo haber dicho el propio Presidente.

No obstante, desde ambas partes le bajaron el tono a la arista política. Tras conocerse la sanción, Mercado Libre afirmó que mantiene “un diálogo permanente y constructivo” con los reguladores de todo el país, “incluyendo la Provincia de Buenos Aires”.

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, impulsor de la investigación, también descartó vincular la decisión con la afinidad de Mercado Libre con el gobierno nacional. “Esto no tiene ninguna motivación política, no tiene un espíritu anti-empresa, sino más bien al revés. Desde Defensa del Consumidor hicimos imputaciones a muchísimas empresas de varios rubros con resultados muy buenos en términos de defensa de los derechos del consumidor”, dijo Costa en declaraciones a Futurock.

“Hace dos semanas tuvimos una reunión de trabajo con los principales responsables de Mercado Libre, que tiene la mayor cantidad de operaciones en la provincia de Buenos Aires, un centro logístico muy grande en el Mercado Central y un funcionamiento completamente normal y planes de inversiones en la provincia. Y nos juntamos para trabajar con absoluto respeto. Lo de Galperín, sus formas y sus provocaciones no cambia para nada la voluntad de trabajar con cualquier empresa que quiera invertir en la provincia de Buenos Aires”, concluyó Costa.

En un campo paralelo al de la defensa del consumidor, el de la defensa de la competencia, Mercado Libre ya recibió acciones en su contra en el pasado reciente. De hecho, la billetera de los bancos, Modo, todavía mantiene expedientes abiertos contra la empresa de Galperín en el ámbito de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC). Reclama que a los usuarios no se les permite elegir qué billetera usar y están obligados a pagar o cobrar únicamente con Mercado Pago.

El caso Mercado Libre se inscribe en una serie de intervenciones previas de la provincia sobre grandes plataformas. La tecnología crea vínculos de consumo innovadores y, por lo general, la regulación los corre desde atrás. En 2023, el ministerio de Producción multó a Rappi con $59 millones y le exigió devolver a los usuarios bonaerenses el dinero cobrado por la “tarifa de servicio”. La sanción se aplicó porque la empresa impuso cargos adicionales no informados previamente, en violación de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

Rappi tuvo la opción de evitar la multa retirando el recargo, pero decidió mantenerlo. Además, la firma debió restituir desde enero de 2022 un monto de $13 millones actualizado a la fecha de devolución, según el comunicado oficial.

Otro caso ocurrió con Netflix, que modificó sus condiciones de contratación tras una imputación del gobierno bonaerense. La plataforma eliminó cláusulas consideradas abusivas, como la aplicación de jurisdicción extranjera y la prohibición de reembolsos y créditos. Desde 2023, los términos de uso de Netflix en el país se ajustan al Código Civil y Comercial y dejaron de regirse por la legislación del Estado de Delaware. También reconoció mayor libertad para la cancelación de suscripciones a favor de los usuarios, según la información oficial.

Desde el gobierno de Kicillof aseguran que esta clase de acciones, como la iniciada contra Mercado Libre, no busca confrontar con empresas sino corregir desequilibrios.

“En una relación de consumo entre una empresa tan grande y monopólica y que tiene un poder tan importante como Mercado Libre, la parte más fuerte siempre tiene las de ganar. Y millones de consumidores que tienen que celebrar contratos individuales con una empresa grande, están en desventaja. Para eso existe el Estado, para equilibrar esas relaciones”, concluyó Costa.