POLITICA
Tres gobernadores elogiaron el rumbo económico, pero pidieron cambios impositivos y obras públicas
Cómo sobrevivir y crecer en medio de las severas restricciones fiscales que impone la Casa Rosada. Fue ese uno de los puntos centrales del debate que los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Alberto Weretilneck (Río Negro) sostuvieron en el contexto de la jornada organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham).
Durante más de media hora de debate, coordinado por la periodista Sofía Terrile, los gobernadores mostraron coincidencias y apoyo al rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Pero hicieron suyas críticas hacia la falta de obras públicas financiadas por Nación, y pidieron un nuevo pacto fiscal, con baja o eliminación de impuestos productivos. También se oyeron, fuera del salón principal, críticas de Weretilneck al freno al consumo y el torniquete fiscal a las provincias.
“Necesitamos un gobierno nacional al que le vaya bien, y hoy la política se divide entre quienes queremos eso y quienes ponen palos en la rueda”, dijo Frigerio, de Pro. “No hay que cambiar el rumbo nacional de la macro”, coincidió el radical Cornejo, aunque pidió “una reforma fiscal más profunda” y una “mejor ley de coparticipación”. “El país productivo es el de las provincias. Comparto la propuesta de la agenda legislativa del Gobierno, la ley de Glaciares y bosques, es un buen camino”, dijo Weretilneck, quizá el más crítico de los tres mandatarios.
El inicio de las exposiciones se centró en la inserción internacional de cada una de las provincias. Weretilneck habló de la “decisión” de adherir al RIGI impulsado por la Casa Rosada, con un gran monto de inversiones, unos USS 18.000 millones. Habló de “previsibilidad económica”, la necesidad de que los acuerdos con Nación “se mantengan en el tiempo”. Cornejo, algo “nervioso” por el formato, similar al de los debates electorales, con atril incluido, prefirió centrarse en que “Mendoza ha hecho su tarea en el Estado, ha reducido sustantivamente la planta pública, y un gasto público “controlado y en descenso”, y siendo “la única provincia que no entró en default”. Frigerio destacó el “acuerdo Mercosur-Unión Europea y la alianza con Estados Unidos”, y pidió “eficientizar” el desarrollo de la provincia, con “alivios fiscales” internos y externos, y aprovechar la coyuntura favorable para “aprovechar las nuevas condiciones”.
Ya ingresando en las condiciones económicas de cada provincia, Weretilneck afirmó que “asistimos a una incipiente competencia entre las provincias para asegurar fuentes de empleo, y competir hacia el futuro”. Destacó las exenciones y beneficios impositivos para empresas y particulares. “Mendoza está muy enfocada en ampliar su matriz productiva”, sostuvo Cornejo, habló de “reconvertir áreas”, y se entusiasmó con la lengua norte de Vaca Muerta y la minería, en especial de cobre y potasio, en el turismo y la ganadería. Frigerio dijo que “Entre Ríos tiene el norte de generar empleo en el sector privado”, y polos como el de la economía del conocimiento.
En tren de destacar como se trabaja en medio de las restricciones fiscales que impone Nación, Weretilneck detalló que los proyectos de inversión que “tiene una ley específica” que da seguridad jurídica a las inversiones. “De nada vale una buena administración provincial sin estabilidad macro, y la verdad es que el Gobierno está trabajando bien y muy fuerte para esa estabilidad macro”, elogió el gobernador mendocino, en guiño a la Casa Rosada. “Estamos construyendo confianza en estos dos años”, terció Frigerio y afirmó que “hacemos lo que podemos en relación al crédito”, dejando en claro que es uno de los puntos complicados de la actual coyuntura.
¿Habrá un nuevo pacto fiscal para bajar impuestos? Allí hubo disenso. “No la veo en términos reales, cada uno está buscando sus propias inversiones, sí veo acuerdos regionales”, dijo Weretilneck. “Es imperativo un nuevo acuerdo fiscal federal”, dijo Frigerio, y pidió “eliminar el impuesto al cheque”, antes de recoger aplausos. “Ratifico en un cien por ciento”, bromeó Cornejo, y pidió “eliminar muchos impuestos distorsivos”.
Weretilneck pidió poner en agenda “las obras de infraestructura esenciales para el crecimiento”. Cornejo dijo que “no es fácil lograr el equilibrio entre las provincias”, y pidió combatir el “chauvinismo” de la oposición en distintas provincias. “Formosa no tiene hoy incentivos para desarrollar el sector privado”, dijo el gobernador de Mendoza, en referencia al amplio sector público que tiene la provincia gobernada por el peronista Gildo Insfrán desde 1995. Frigerio también pidió inversiones en infraestructura en rutas, puertos, hospitales, escuelas “de manera coordinada” con Nación, “no importa quien pone la plata”.
El primero en llegar, antes de las 9, fue el gobernador rionegrino, quien anticipó a los periodistas que lo aguardaban una visión crítica de la coyuntura, un día después de estar durante largo rato junto al ministro del Interior, Diego Santilli, en su despacho de Casa Rosada. “Hace falta reactivar el consumo, y lo conversamos con Diego que es un gran interlocutor”, dijo Weretilneck en diálogo con la prensa. También reconoció que “la caída del consumo” y afirmó que en la distribución de fondos “las provincias somos los más perjudicados”.
El contexto del vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores no es el mejor, aun en los casos de los mandatarios más cercanos al Gobierno. Según un informe del Iaraf, publicado por , entre enero de 2024 y febrero pasado, dejaron de percibir por la caída de las transferencias nacionales el equivalente a US$18.000 millones.
De todos modos, la relación con Cornejo y Frigerio, con quienes el Gobierno acuerdo electoral provincial el año pasado, es relativamente mejor que el de Weretilneck. “Dentro de la escasez que hay, lo están cuidando como aliado”, dicen cerca del gobernador entrerriano, y dan como ejemplo la cesión de anticipos financieros, y aval para obras públicas como las rutas provinciales. También hay buen diálogo con Cornejo, que partió raudo hacia Chile, donde participará esta noche de una cena del Centro de Estudios de Cobre, con la presencia del presidente José Antonio Kast.
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POLITICA
Gerardo Martínez propuso en la OIT un nuevo contrato social para el trabajo: “La inteligencia artificial no es neutral”
En la clausura de la 114ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizada en Ginebra, Suiza, el dirigente de la CGT Gerardo Martínez, en su carácter de vicepresidente del encuentro por el sector trabajador, reclamó a los gobiernos, empleadores y sindicatos del mundo consolidar un nuevo contrato social centrado en la persona y la justicia social. Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de renovar el protagonismo de la OIT como garante multilateral de los derechos laborales ante la convergencia de crisis económicas, sociales, tecnológicas y geopolíticas.
Martínez situó el ambiente político de la conferencia bajo el impacto de la llamada “policrisis del hoy y ahora”, y reivindicó el diálogo tripartito como “llave” imprescindible para resistir las tensiones globales. Destacó que el pluralismo, el respeto entre el capital y el trabajo, y el diálogo social constituyen la única base realista para “la paz social que nutre a las sociedades”.
Un punto que calificó de trascendente fue el reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de la OIT, avalado “por una amplia mayoría”. Este gesto lo presentó como un reflejo del multilateralismo y la vocación inclusiva del organismo.
Uno de los ejes centrales del discurso fue el foco en la agenda de género. Martínez subrayó el nuevo “programa para avanzar en el tratamiento urgente de las condiciones de vida y de trabajo de la mujer en todos los ámbitos”, que adoptó la conferencia. Celebró que, por primera vez, la perspectiva de género quedó consagrada como principio transversal y sostuvo que para “frenar la desigualdad” se deben “mejorar los sistemas de cuidados y las políticas de desarrollo de competencias, incentivando el diálogo social y el tripartismo”.
El líder de la UOCRA también reivindicó el centenario de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT como una “columna vertebral” del sistema internacional para velar por el cumplimiento de los compromisos firmados por los Estados integrantes. Remarcó que, lejos de tratarse de simples procedimientos, estos mecanismos son esenciales para que los acuerdos se traduzcan en políticas que incidan sobre la vida de los trabajadores.
En un tramo destacado, Martínez valoró la aprobación de en la OIIT de un nuevo convenio sobre derechos para trabajadores de plataformas digitales, lo que consideró fundamental en los países donde aún no se reconocen derechos laborales en el sector. “No puede haber trabajadores sin derechos, y los trabajadores de la economía de plataformas no son la excepción”, remarcó.
Al abordar el impacto de la transformación tecnológica, señaló que tanto la memoria del director general de la OIT, Gilbert Houngbo, como la encíclica “Magnifica Humanitas” del Papa León XIV, coinciden al advertir sobre “la necesidad de custodiar a la persona frente al avance de la máquina y preservar los valores humanos frente a la exclusión y la concentración de poder”.
“La inteligencia artificial no es neutral. Puede orientarse hacia la ampliación de derechos y oportunidades o hacia la concentración de riqueza, el poder y el conocimiento en pocos actores”, afirmó. Martínez enfatizó que el destino colectivo no está fijado “por los algoritmos”: “Son las instituciones, la normativa y el diálogo social los factores que definirán si la IA contribuye al bienestar común o profundiza las desigualdades”, puntualizó.
Modelos económicos, desigualdad y justicia social
En otro segmento del discurso, Martínez alertó sobre la desconexión entre el crecimiento económico y la distribución social: “Las últimas décadas demuestran que el crecimiento de la productividad puede coexistir con estancamiento salarial y caída de la participación del trabajo en el ingreso”. Sin mecanismos de regulación, advirtió, “las ganancias serán para quienes controlan el capital, los datos y las plataformas”.
Recordó que “ninguna revolución tecnológica por sí sola edificó sociedades más justas” y enumeró como conquistas políticas la jornada laboral, la seguridad social y la negociación colectiva. Para enfrentar la “profundización de la desigualdad y la exclusión social”, propuso una agenda integral asentada en “un nuevo contrato social sostenido en trabajo decente y digno, distribución equitativa de la riqueza, protección social universal, acceso democrático al conocimiento, formación continua, igualdad de oportunidades, soberanía tecnológica y diálogo social”.
“El respeto a la persona es la idea central que aparece tanto en la Encíclica como en la memoria del director general (de la OIT)”, dijo, y añadió que “sin ese mandato moral estamos condenados a sociedades donde el trabajo es disvalioso, el vulnerable es un fracasado y el éxito de la opulencia es el que marca el mandato social”.
Martínez mencionó que es “impostergable achicar las profundas brechas que dividen a nuestras sociedades, mejorar en forma urgente los ingresos de las mayorías y garantizar pisos de protección social universal”. Para el sindicalista, “necesitamos más que nunca fortalecer el multilateralismo. Es la llave para resolver las controversias geopolíticas a través del diálogo”.
“El crecimiento económico y el bienestar humano no pueden correr por carriles separados”, reclamó ante los delegados presentes, e instó a que la OIT asuma un papel determinante en la construcción de una transición justa.
El último mensaje fue directo: “Sólo con una OIT fortalecida, con instituciones sólidas y con voluntad política inquebrantable, seremos capaces de asegurar que el futuro deje de ser el privilegio de pocos y se convierta en un futuro real para todos”.
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Tras las explicaciones del jefe de gabinete sobre su patrimonio, legisladores de la oposición buscan avanzar con una moción de censura contra Manuel Adorni. Senadores kirchneristas y diputados de distintos espacios opositores activaron, en paralelo, el proceso que podría terminar con la remoción del ministro coordinador de su cargo.
La moción de censura es una herramienta institucional al alcance del Congreso para exigir rendición de cuentas y responsabilidad política al Poder Ejecutivo. El mecanismo está contemplado en el artículo 101 de la Constitución Nacional y aplica únicamente al jefe de gabinete. Ni el presidente ni los demás funcionarios nacionales están alcanzados por este instrumento.
La moción apunta a remover al ministro coordinador de su cargo, cuyo reemplazo deberá ser definido luego por el Presidente. Es decir, a diferencia del jefe de Estado, el Congreso no tiene poder de designación.
La moción de censura consta de dos etapas. La primera es el pedido de interpelación: el jefe de gabinete debe comparecer en una sesión especial ante la cámara que haya suscrito el proyecto con su citación y someterse a las preguntas de sus miembros. Tanto Diputados como el Senado están habilitados a pedir una interpelación y basta con que una de las cámaras apruebe la convocatoria para que se active el proceso.
A diferencia de lo que sucede durante los informes de gestión, en caso de interpelación, el funcionario no recibe de antemano las preguntas de los legisladores. Según explicaron fuentes parlamentarias a , la convocatoria abre una instancia de preguntas “libre” que, de todos modos, deben atenerse al temario o los motivos del llamado detallados en la solicitud.
Tras la rendición de cuentas del jefe de gabinete, la cámara que activó la citación debe votar su remoción del cargo. Para avanzar en esta dirección, se requiere de la mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros).
En caso de que la remoción saliera favorable, la moción de censura deberá ser ratificada en la otra cámara para que se ponga en práctica. Es decir, aunque una cámara en soledad puede activar el proceso, la remoción final exige un acuerdo tanto de diputados como de senadores.
Aunque similar, una moción de censura no es equiparable a un juicio político. Sucede que, ante este último escenario, se requiere que esté demostrada la comisión de un delito o un mal desempeño de sus funciones. En el caso de la moción de censura, esta condición no es necesaria.
Cómo sigue el caso Adorni en el Congreso
Ayer, 31 diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda (FIT), entre otros, convocaron a una sesión especial para el 23 de junio, a las 14. Ese día, esperan tratar distintos proyectos vinculados a la situación patrimonial del jefe de gabinete: desde pedidos de informes al Poder Ejecutivo hasta pedidos de interpelación para iniciar una moción de censura contra Adorni.
Para abrir el recinto, se debe contar con la presencia de 129 diputados. En caso de reunir ese número, como ninguno de los proyectos presentados cuenta con dictamen de comisión, se debería aprobar su tratamiento sobre tablas. Para ello, se requiere de una mayoría especial de dos tercios. En caso de no conseguir esos votos, se deberá proceder al emplazamiento de las comisiones correspondientes para activar su discusión.
Si se reuniesen los dos tercios necesarios para su tratamiento sobre tablas, recién entonces los diputados podrán someter a votación la iniciativa. Los pedidos de interpelación con motivo de una eventual moción de censura se aprueban por mayoría absoluta (la mitad más uno de sus miembros, es decir, 129 diputados). Si se obtiene un resultado favorable, se procederá a fijar una fecha para la citación que dará inicio al proceso para intentar remover a Adorni del cargo.
En paralelo a los proyectos que deberá discutir la Cámara baja el 23 de junio, diez senadores kirchneristas presentaron hoy un proyecto propio para avanzar con una moción de censura. En este caso, si se quiere tratar el proyecto sobre tablas, se deberá replicar el mismo proceso ya descrito, pero en la Cámara alta, donde la mayoría absoluta se consigue con 37 legisladores.
Ambos procesos se moverán de manera independiente en el Senado y Diputados, pese a que, en última instancia, la moción de censura que prospere (si alguna lo hace) deberá contar con el aval de la otra cámara para efectivizar la remoción.
En simultáneo, la Justicia deberá avanzar con la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni. Ayer, el fiscal Gerardo Pollicita pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que le envíe de “forma urgente” la nueva declaración jurada del jefe de gabinete y su esposa Bettina Angeletti.
Como contó , en la Justicia esperan que el funcionario acredite cómo se obtuvieron los primeros 200.000 dólares que habría utilizado para invertir en criptomonedas y se transformaron en el medio millón de dólares que omitió declarar.
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POLITICA
Francisco Hauque, uno de los investigados en el caso de las SIRA y de las casas de cambio: «Alberto Fernández estaba al tanto de todo»
El señalado como exsocio de Elías Picirillo, Francisco Hauque, negó tener ningún tipo de relación comercial con él. “Solo le presté dinero”, afirmó en el programa ¿La Ves? de TN, luego de informar que la suma que le dio fue de cerca de US$3.000.000.
“Alberto Fernández lo sabía”, denunció sobre las maniobras por las que se lo investiga a Picirillo. “También sabía (Matías) Tombolini”, indicó el financista en referencia al exsecretario de Comercio.
No obstante, evitó relacionar con la investigación al exministro de Economía Sergio Massa y los funcionarios relacionados a su gestión en el gobierno de Fernández.
“Estar en tu programa es una póliza de seguro de vida”, manifestó Hauque, a la vez que aseguró que se demostró que “Piccirillo junto a otros sectores oscuros del poder” le “metieron la droga”. “Estoy amenazado y tengo custodia policial”, sumó.
En cuanto fue consultado sobre el trasfondo de la investigación actual, el denunciante de Piccirillo sostuvo que ambos “son perejiles”. “En varias ocasiones estuve sentado en mesas donde compartí mucho con Elías, y en esas reuniones pude presenciar muchas situaciones que parecen de ciencia ficción”, señaló.
En su testimonio, Hauque dijo que fue Valeria Fernández, la auditora externa del Banco Central que ahora está imputada en la causa SIRA, quien le acercó el “modelo de negocio” a Juan Pablo Biondi, secretario de Comunicación y Prensa entre 2019 y 2021. Este expediente investiga una supuesta red de cobro de coimas para agilizar permisos de importación y acceso a dólares oficiales.
“Biondi se lo lleva a Miguel Ángel Pesce, que estaba al tanto de todo”, sostuvo sobre el expresidente del Banco Central. Además, también apuntó contra el exmandatario Alberto Fernández: “Él participaba como en todos los negocios”.
Hauque se desligó de las acusaciones sobre que él participaba de las maniobras ilícitas a través de casas de cambio, aunque reconoció que tuvo una agencia en 2019, que tiempo después cerró. “Yo de la operatoria en sí no tengo los conocimientos de cómo funcionaba esa trama”, se defendió.
Noticia que está siendo actualizada.-
Elías Piccirillo, Corrupción, investigacion
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