La causa contra el expresidente Mauricio Macri y los actuales ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger por tomar un crédito de 57.100 millones de dólares del FMI se encamina a su cierre definitivo por inexistencia del delito.

El fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé, en un dictamen al que accedió , desistió de la apelación que habían planteado sus colegas de las instancias inferiores contra el cierre del caso, por lo que ahora, sin impulso fiscal, el tribunal decidiría el fin del expediente.

Hay un pretenso querellante en el caso, Antonio De Martino, un ciudadano que adhirió al recurso de queja, por lo que se analizará su escrito de 70 páginas a todo color, en tonos amarillo y azul, con fotos y dibujos de personajes públicos, políticos, empresarios, el presidente Javier Milei y periodistas especializados en corrupción.

En esta causa están imputados Macri, Caputo, que en aquel entonces ocupaba la Secretaría de Finanzas, y Sturzenegger, quien encabezaba el Banco Central.

Se trata de la investigación relacionada con el acuerdo stand by celebrado con el FMI en 2018, por el cual la Argentina obtuvo inicialmente un financiamiento de 50.000 millones de dólares, luego ampliado a 57.100 millones de dólares.

La investigación procuró determinar si el crédito era innecesario y en verdad se tomó para fugar los dólares con acuerdo de empresarios y financistas allegados al poder.

También el caso trata de determinar si durante la negociación, la suscripción y la ejecución del acuerdo se produjeron incumplimientos de las normas que regulaban este tipo de operaciones.

En primera instancia, la jueza María Eugenia Capuchetti archivó el caso, fallo que fue confirmado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

La decisión fue recurrida primero por el fiscal Franco Picardi. Luego, el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe interpuso un recurso de Casación, que fue desestimado, y finalmente un recurso de queja, que ahora fue desistido por el fiscal Raúl Pleé.

Por lo tanto, los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos de la Cámara Federal de Casación deberán resolver definir si archivan el caso, como todo parece indicar, ya que sin impulso fiscal no hay delito que investigar.

Pleé argumentó que por un lado no hay requisitos previos para admitir el recurso y por otro dijo que las hipótesis presentadas por el fiscal Picardi “no corresponden con inferencias lógicas” de las constancias de la causa y tampoco “fueron sustentadas sobre la base de alguna propuesta de medidas concretas”.

Repasó que los jueces que intervinieron consideraron agotada la investigación, tras cinco años de medidas de prueba, contra la opinión de los fiscales, que identificaron cuáles son las medidas pendientes de realización.

La fiscalía también descartó que hubiera incumplimientos en el trámite del préstamo, como señalaron los fiscales, y sostuvo que la jueza Capuchetti los analizó y los valoró.

Dijo Pleé que, para que el caso prospere, el hecho a investigar debe ser delictivo o bien debe proponer diligencias probatorias que permitan corroborarlo.

Asimismo, el fiscal Pleé descartó la existencia de un esquema defraudatorio. Dijo que no hubo “infracción concreta” en la aplicación de los fondos, sino que hubo un cuestionamiento general a la política pública del macrismo, sobre su destino.

Los fiscales habían basado sus cuestionamientos al préstamo del FMI en el informe de la Auditoría General de la Nación, firmado por tres auditores a favor, del peronismo, y tres en contra, de la oposición. El presidente votó y desempató en favor de la crítica del peronismo.

Por eso es que Pleé dice que no puede ponderarse “con grado de certeza” un informe “cuyas conclusiones y metodología están cuestionadas por la opinión de tres auditores del mismo cuerpo”.

Al contrario, Capuchetti no es que no lo tuvo en cuenta, sino que lo ponderó, pero con estas limitaciones.

Dijo que tras el préstamo hubo misiones del FMI de seguimiento y revisiones del programa, que evaluaron la ejecución y el desembolso de los fondos. Por eso hubo una supervisión continua del acuerdo, lo que no se condice con la afirmación de que se lo incumplió adrede como parte del plan delictivo.

“Sin diligencias probatorias pendientes de producción, independientemente de cualquier construcción teórica, la hipótesis de los fiscales recurrentes se revela equivocada y amerita el desistimiento de la vía intentada en resguardo de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, por los que me toca velar, en relación con la necesidad de tener una racional y objetiva administración de justicia”, subrayó Pleé, en negritas en el original.

El juez federal de Rosario Gastón Salmain, quien está acusado de un supuesto cobro de coimas para facilitar el acceso al dólar oficial en momentos en que regía el cepo cambiario y de haber omitido información de su currículum, se defendió ante un jury de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura.

Fue después de que la fiscalía integrada por el senador Luis Juez, la abogada Jimena De la Torre y el juez Diego Barroetaveña pidiera su destitución por mal desempeño.

“No soy lo que dice la acusación”, sostuvo Salmain, luego de los alegatos de sus abogados defensores.

El jury de enjuiciamiento, que deberá dictar si continúa con el cargo de juez, analizó hoy los dos casos que enfrenta Salmain. Uno de ellos se relaciona a la investigación en su contra por presuntamente recibir coimas para garantizar medidas judiciales que permitieron a un fideicomiso acceder a US$10 millones cuando el cepo lo prohibía. En este expediente se encuentra procesado y con prisión preventiva. Si fuera destituido, perdería fueros que hoy impiden su detención.

El segundo, se retrotrae en el pasado y analiza la omisión de sus antecedentes en la declaración que presentó cuando concursaba para juez. “Yo me caí, pero me levanté y camino. Lo único que les pido es que me dejen seguir caminando”, pronunció Salmain frente al jury del Consejo de las Magistratura en sus últimas palabras.

Hace más de veinte años, Salmain se desempeñó como auxiliar del juzgado N°8 de la Seguridad Social. En ese contexto, fue denunciado por intentar pagarle a una empleada para vulnerar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social y lograr que expedientes previsionales fueran asignados al juzgado donde trabajaba.

Según el senador Luis Juez, que formó parte de la acusación durante el jury, Salmain “pretendía darle trámite especial” a determinados expedientes. Finalmente, Salmain renunció y la Corte Suprema lo cesanteó. Luego, enfrentó una causa penal que derivó en una probation, por lo que debió hacer trabajo comunitario en el Jardín Botánico.

La fiscalía cuestionó que Salmain no haya informado sobre esa causa que derivó en una cesantía en el Poder Judicial cuando concursó para ser juez federal de Rosario. “Gran evasor de cumplimientos legales”, dijo el cordobés Juez.

La defensa de Salmain, que fue ejercida por los abogados Yamil Castro Bianchi y Juan Manuel Ubeira, planteó que Salmain no estaba obligado a incluir ese antecedente en su declaración jurada para concursar a juez. Incluso, Castro Bianchi redobló la apuesta. Mostró un video en el que Juez, en calidad de senador, habría votado afirmativamente la designación de Salmain. “Lo hiciste vos, levantaste la mano”, lanzó.

Castro Bianchi, además, expuso otro video en el que supuestamente Salmain pronunció ante preguntas de miembros del Consejo de la Magistratura, antes de ser designado juez, que él trabajó “hace muchos años, pero como auxiliar” en el Poder Judicial. Más allá de la disputa sobre sus antecedentes, su defensa habló de “errores saldados” y cuestionaron si la normativa señala que es obligatorio o deseable que los concursantes aclaren por escrito antecedentes como tal.

El otro de los hechos que el jury de enjuiciamiento consideró es la investigación sobre el supuesto cobro de sobornos al financista Fernando Whpei para facilitar acceso al mercado de cambios a través de medidas judiciales. El caso federal encuentra a Salmain en calidad de procesado y con prisión preventiva. No está en la cárcel porque, por su calidad de juez, posee fueros.

Por la parte acusadora, el juez de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, sostuvo que “Salmain no puede continuar siendo juez de la Nación”. Es decir, pidió su remoción.

Barroetaveña cuestionó las decisiones de Salmain en el caso conocido como Attila. Este es un fideicomiso que reclamaba al Banco Central el acceso al mercado oficial de cambios para obtener US$10 millones, en época de cepo. Luego de una cautelar firmada por Salmain, Attila pudo realizar seis operaciones que sumadas daban esos dólares que, según el juez de Casación, “fueron transferidos al exterior”.

El magistrado cuestionó la cautelar así como otros aspectos de la decisión de Salmain como una “caución juratoria”, pero también trajo a colación la declaración como imputado colaborador o arrepentido del financisWhpei. “Según su relato (el de Whpei), fue Santiago Busaniche quien le explicó que el costo sería un 10% de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue”, afirmó Barroetaveña. A su vez, mencionó impactos de antena de celulares que ubicaban en cercanías a Salmain y al financista Whpei, ya sea en adyacencias de su juzgado, en las de un hotel y las de un bar.

En este sentido, la defensa de Salmain respondió que eso no significa que se hayan reunido y negaron que el juez de Rosario conozca a Whpei. Lo tildaron de “arrepentido mentiroso”. El abogado Ubeira, defensor de Salmain, pidió: “Dejenlo en paz, rechacen los cargos, mándenlo a su juzgado”.

El jury de enjuiciamiento está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulliy la abogada Ana Beatriz Fernández. Ellos decidirán si Salmain conserva el cargo de juez.