En los últimos años, el Ingreso Universal Básico dejó de ser una idea marginal para convertirse en un tema central de debate. Su impulso proviene de dos mundos que rara vez dialogan: el de la tecnología de punta y el de la religión.

Por un lado, referentes de la inteligencia artificial advierten que la automatización podría dejar a millones de personas sin empleo. Por el otro, el papa Francisco y otros religiosos de peso sostienen que un salario básico universal es una cuestión de justicia social y dignidad humana.

La coincidencia resulta llamativa: Silicon Valley y el Vaticano, cada uno desde su lógica, terminan defendiendo la misma propuesta.

Líderes de la IA como Sam Altman, Elon Musk y Geoffrey Hinton sostienen que el avance de los algoritmos y los robots hará desaparecer muchas tareas humanas. Frente a ese escenario, el Ingreso Universal Básico aparece como un ingreso garantizado que permita a las personas vivir con seguridad, aun si el mercado laboral se achica.

La idea es pragmática: si la IA multiplica la productividad, parte de esa riqueza debería distribuirse. El ingreso básico funcionaría como puente entre un futuro más automatizado y una sociedad que intenta evitar la exclusión.

El papa Francisco hablaba desde la doctrina social de la Iglesia y entendía el salario universal como un mandato ético frente a la exclusión. Sin embargo, el texto plantea que esa discusión alcanzó su máxima jerarquía magisterial con el papa León XIV, a partir de la encíclica Magnifica Humanitas (mayo de 2026), con la que la Iglesia Católica habría oficializado y elevado el debate a un plano doctrinal.

Francisco insistía en que no se trata de asistencialismo: el ingreso básico reconoce el valor de trabajos invisibles, como el cuidado familiar, y busca liberar a las personas para actividades que den sentido a la vida. En tiempos de crisis y automatización, lo presentaba como una medida de justicia elemental.

Según el texto, León XIV advirtió que la inteligencia artificial no es moralmente neutra y pidió un “desarme tecnológico” regulado por instituciones públicas independientes. También comparó el peligro de los algoritmos corporativos con el del armamento nuclear y planteó que el avance descontrolado de la IA no solo amenaza el empleo: también pone en riesgo la soberanía del pensamiento humano y la democracia.

En ese marco, medidas de compensación económica como el Ingreso Universal Básico ya no se discuten solo como respuesta al desempleo, sino como un resguardo para la dignidad humana y un límite a la vigilancia automatizada.

El discurso tecnológico y el religioso terminan en el mismo lugar: la IA lo propone como solución práctica ante la reducción del empleo; la Iglesia, como exigencia moral frente a la exclusión. En ambos casos, el Ingreso Universal Básico aparece como un mecanismo para garantizar que nadie quede fuera de los bienes esenciales.

La convergencia sugiere un problema de fondo: los desafíos del futuro -automatización y pobreza estructural- obligarán a repensar la economía desde la perspectiva de la dignidad humana. En ese cruce, algoritmos y fe convergen en un lenguaje común.

También llama la atención que la tecnología y la religión, dos ámbitos que suelen transitar por carriles separados, se encuentren en un punto compartido. El Ingreso Universal Básico queda, así, como símbolo de esa convergencia: una forma de articular productividad y solidaridad.

El debate no se agota en lo económico. Sam Altman lo resumió así: “Lo que la gente realmente quiere es prosperidad, autonomía, la capacidad de tener una vida interesante, sentirse realizado y tener algún impacto”. La pregunta es cómo lograrlo en un mundo donde la IA desplaza tareas humanas a gran escala.

La IA no solo reordenará la distribución de la riqueza: también puede redefinir el sentido de las horas de trabajo, la identidad y la necesidad de sentirse útil.

Elon Musk propuso una “renta alta universal” financiada por el Gobierno Federal, bajo la premisa de que la productividad de la IA y la robótica generará bienes y servicios en abundancia. En el texto, esa visión se contrasta con la posición de Francisco, para quien el ingreso universal es un derecho ligado a la dignidad humana. Ambas posturas reflejan la dificultad de encontrar respuestas frente a un cambio que amenaza tanto al trabajo manual como al de oficina, al mismo tiempo y a una velocidad inédita.

Quizás el desafío no sea solo económico, sino existencial: cómo construir un mundo donde la prosperidad tecnológica se traduzca en vidas plenas y no en sociedades sin propósito. En ese cruce entre religión y tecnología, el Ingreso Universal Básico se vuelve un concepto que obliga a repensar no solo cómo vivimos, sino por qué vivimos.

En conclusión, el futuro del trabajo y la justicia social ya no se discuten solo en laboratorios de inteligencia artificial ni en templos: se discuten en ambos. Eso abre una oportunidad para pensar un modelo de sociedad más justo, más humano y más inclusivo, en el que la IA se integre a un sistema económico distinto del que hoy conocemos.

El autor es economista, Mg Globalización, Comercio Internacional y Mercados emergentes (Universitat de Barcelona) y consultor

Argentina atraviesa dos realidades económicas que conviven con tensión: una mejora en algunos indicadores macro y sectores puntuales, y un deterioro en la vida cotidiana de empresas y hogares. Los cambios no impactan de la misma manera en todos los actores. La pregunta central es si estos resultados son deseables o esperables, y si el Gobierno puede modificar los efectos no deseados. También cabe preguntarse si la macroeconomía está desconectada de la microeconomía.

Una forma de interpretar la situación actual del país exige retroceder algunos meses. Antes de las elecciones de octubre de 2025, cuyo resultado implicó un triunfo para el Gobierno y sorprendió al mercado, el Poder Ejecutivo adoptó una política fuertemente sesgada para asegurar la continuidad. Eso implicó subir la tasa de interés para sostener estable el dólar.

Las tasas de interés llegaron a niveles muy altos: por ejemplo, el descuento de cheques superó el 80% anual. Ese costo del dinero impacta en toda la economía: en las empresas, al tomar capital de trabajo, invertir, financiar a sus clientes; y en los consumidores, al tomar créditos personales, pagar tarjetas, acceder a pagos mínimos y financiar compras, entre otras decisiones.

Durante varios meses, la economía argentina convivió con esas tasas. El resultado fue una actividad resentida: se encareció vender a plazo, pagar a plazo, comprar a plazo, y tomar y otorgar crédito. Las utilidades de muchas empresas quedaron golpeadas porque el componente financiero del giro se volvió muy costoso y, en numerosos casos, derivó en un virtual corte de la cadena de pagos.

Los consumidores vieron una carga de intereses y valores de cuota mucho más elevados. En muchos casos, eso imposibilitó pagar créditos, obligó a demorar cuotas o directamente a recortar consumos para priorizar necesidades básicas, según los criterios de cada familia. A eso se sumó la caída de los ingresos reales -es decir, del poder adquisitivo del ingreso ajustado por inflación-, que viene retrocediendo desde agosto de 2025 en los sectores formales. El salario nominal creció a una tasa menor que la inflación, que se aceleró desde mayo de 2025.

Lo que se vive en la calle y en el mundo de los negocios -oferentes y demandantes- es heterogéneo. Parecen coexistir realidades opuestas: por un lado, la situación cotidiana de una proporción grande de la sociedad; por el otro, el discurso oficial, con narrativa y datos que subrayan lo positivo del rumbo y proyectan un futuro favorable.

El EMAE de marzo arrojó un crecimiento interanual de 5,5%. La actividad de la construcción mostró en el primer cuatrimestre, medida por el índice Construya, un incremento interanual de 0,6%: leve e incipiente, pero positivo.

En sentido contrario, el Índice de Ventas Minoristas Pyme de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró en abril una caída de 3,2% a precios constantes frente al mismo mes del año anterior, con 12 meses consecutivos de baja.

Desde noviembre de 2023, un mes antes de que iniciara el gobierno del presidente Milei, un informe de la fundación Fundar con datos de la SRT mostró que cerraron 24.437 empresas, un número que representó 4,8% del total. La única provincia que incrementó el número de empresas fue Neuquén.

Además, un informe de la consultora Scentia destacó que, entre abril de 2026 y abril de 2025, el total del consumo masivo disminuyó 3,8%. La medición incluyó categorías como supermercados de cadena y autoservicios independientes, entre otros. El rubro farmacia fue levemente positivo, mientras que el e-commerce creció 40,4 por ciento.

Sin duda, hay ganadores y perdedores. Energía, minería y parte del sector agrícola presentan signos positivos y perspectivas aún más alentadoras. Los sectores que sufren contracción son la industria, el comercio y la construcción, entre otros.

A esta altura se pueden extraer algunas conclusiones:

• Hay una realidad vinculada con la dirección que va tomando la economía y otra vinculada con la transición de ese proceso;
• La dirección es correcta: una economía más libre, con menor intervención del Estado; un Estado más chico y eficiente;
• Un país abierto al mundo y a las inversiones;
• Seguridad jurídica e institucional; tres poderes independientes; y
• Un sector privado pujante, competitivo y eficiente.

No obstante, no considero que el proceso haya sido ordenado o planificado. La vida económica de un país no es una planilla de cálculo ni un cúmulo de informes: funciona con tiempos, fricciones y adaptación. Se trata de pensar un proceso de ajuste y de generar herramientas que permitan a los actores económicos flexibilidad para adaptarse.

Hay que tener en cuenta que el EMAE -un indicador adelantado de la variación del PBI- asigna a sectores como industria, comercio mayorista y minorista, actividades inmobiliarias, construcción, transporte y comunicaciones un peso cercano al 50%. A la vez, son sectores con altas proporciones de empleo dentro de la economía.

Por eso, el Gobierno debería generar condiciones:

• En lo impositivo, bajar la carga de manera significativa para las empresas;
• En lo monetario, sostener un esquema de tasas de interés estables, acordes y razonables para invertir, consumir y ahorrar; y
• En lo laboral, reducir los costos sobre las plantas de personal actuales, no solo sobre nuevas incorporaciones, para que la mayor parte de la sociedad y de los mercados argentinos puedan crecer y competir en igualdad de condiciones.

El autor es Economista, director de Authentica Consulting

El mercado financiero argentino siguió exhibiendo la última semana un tono optimista. El panel S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires anotó una ganancia de 11,2% semanal, en los 3.166.407 puntos, que aproximó al panel líder a su reciente récord nominal de 3.259.829 puntos del 29 de enero.

Acompañaron también los bonos soberanos, que en sus emisiones en dólares -Globales y Bonares- ascendieron un 1,5% respecto del viernes 22. En este sentido, resalto el descenso del riesgo país de JP Morgan, otra vez debajo de los 500 puntos básicos y en un mínimo desde el 2 de febrero. El riesgo país hilvanó siete ruedas operativas en baja.

El sesgo ganador de los activos argentinos se encuadró en un escenario positivo de Wall Street, donde los principales indicadores registraron nuevos máximos históricos, con un panel tecnológico Nasdaq al filo de los 27.000 puntos (+2,2% semanal), el Dow Jones de Industriales en torno a los 51.000 puntos (+1%), y el promedio S&P 500 (+1,4%) cerca de los 7.600 puntos.

La realidad es que todo el mes de mayo se mostró alcista para los activos argentinos. El S&P Merval ganó 11,5% y varias acciones argentinas cristalizaron excepcionales desempeños, como Banco Francés (+28,7%), Banco Macro (+26,4%), Telecom (+23,2%), Grupo Galicia (+22,6%), Supervielle (+18,4%), YPF (+17,5%, a USD 53,04) y Central Puerto (+11,6%).

Un caso particular fue el de la acción de la compañía especializada en satélites Satellogic, que escaló un 53% en mayo y registra en el transcurso de 2026 un salto de 380%, luego haber firmado en marzo un contrato como proveedor de la Armada de Estados Unidos, entre otros proyectos.

Los bonos en dólares redondearon un alza mensual de 2,5%, con un riesgo país que descontó más de 60 puntos básicos, en los 493 puntos básicos.

Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS, afirmó que “lo mejor para la renta fija soberana en dólares pasando por el tramo largo, nuestro favorito. El alto beta de Argentina lo hace sensible a cambios en el temperamento del mercado internacional, y eso se reflejo en fuertes subas para el sector bancario, que venia muy rezagado. Así, el Merval se impone tanto en nivel absoluto como relativo a comparables emergentes desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, cuando había tenido semanas pasadas algo flojas en el relativo».

“En las últimas dos semanas, el riesgo país pasó de 550 puntos básicos a perforar los 500 puntos básicos, impulsado por un mejor contexto global, mejores datos de actividad económica local en los últimos días y señales sobre financiamiento para los vencimientos de este año”, subrayaron los analistas de IEB.

“El contexto internacional volvió a marcar un tono positivo durante la semana con el S&P 500 alcanzando un nuevo máximo histórico impulsado por una sólida temporada de resultados y el entusiasmo sobre inteligencia artificial e infraestructura. A lo que se sumó el avance en las negociaciones de paz entre EEUU e Irán desencadenando una caída en los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense”, añadieron desde IEB.

“La sólida temporada de resultados en las empresas americanas es un espaldarazo para la renta variable en momentos de incertidumbre por la situación en Medio Oriente y el elevado precio del petróleo“, definieron desde Balanz.

A 1.408 pesos, el dólar mayorista terminó la semana con una ganancia de cinco pesos o 0,4%, mientras que en el balance de mayo ascendió 17 pesos o 1,2 por ciento.

Un reporte de la consultora Qualy advirtió que “el segundo semestre llegará con más exigencias: la estacionalidad favorable del ingreso de divisas agrícolas comenzará a reducirse, el FMI aprobó un nuevo desembolso pero exige metas de reservas ambiciosas”.

El Banco Central informó que para la fecha la banda superior del régimen cambiario alcanzó los $1.757,34, de modo que el dólar se ubicó a 349,34 pesos o 24,8% de ese límite para la flotación teórica.

El dólar al público quedó a $1.430 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En la semana el dólar minorista subió cinco pesos o 0,4 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.431,57 para la venta y $1.380,10 para la compra.

El dólar blue también finalizó estabilizado en los $1.430 para la venta, con un incremento de cinco pesos respecto del viernes 22.

El BCRA efectuó compras en las cuatro sesiones operativas por un total de USD 761 millones, para totalizar un saldo positivo por su intervención cambiaria de USD 2.596 millones en mayo. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 1.388 millones, a USD 48.191 millones, tras haber anotado el jueves 28 un máximo desde el 30 de septiembre de 2019 (USD 48.511 millones).