El Gobierno cree que la imagen de Javier Milei se vio perjudicada por el impacto del caso Manuel Adorni, pero apuesta a que empiece a recuperarse a medida que se profundice el clima electoral. En el Ejecutivo aseguran que el Presidente absorbió el costo político más fuerte por sostener al jefe de Gabinete, pero consideran que el escenario se estabilizó y que la discusión pública tenderá a desplazarse hacia la economía, la gestión y la comparación de modelos rumbo a las elecciones.

“El impacto fuerte ya lo tuvimos y lo absorbió la imagen de Milei. De acá en adelante es todo para arriba”, expresan en Nación. La frase resume la expectativa que manejan en distintos sectores del oficialismo: que el escándalo patrimonial de Adorni ya tuvo su efecto más profundo sobre la percepción del jefe de Estado y que, sin nuevas derivaciones judiciales de alto impacto, podrá reconstruir parte del terreno perdido.

En la Casa Rosada trabajan con estudios de opinión pública que ubican la imagen de Milei cerca del 34%, la de Karina Milei en torno al 21% y la de Adorni alrededor del 14%. Son números que circulan en la mesa política libertaria a partir de relevamientos de distintas consultoras que en Nación mantiene de forma reservada.

La medición no es leída igual en todos los sectores internos. En el entorno de Karina Milei aseguran que la imagen del Presidente ronda los 34 puntos. En la órbita de Santiago Caputo, en cambio, dicen tenerlo algunos puntos más arriba. La diferencia no modifica la conclusión política que comparten ambos equipos: el caso Adorni golpeó la imagen de Milei, pero no lo dejó por debajo de un piso que en la mesa chica consideran competitivo para una etapa de polarización electoral.

Según reconstruyen en Balcarce 50, hace tres semanas identificaron un piso cercano a los 30 puntos. Después, sostienen, la imagen se estabilizó y comenzó a recuperar entre dos y tres puntos. Los funcionarios de primera línea interpretan ese movimiento como una señal de resistencia del núcleo de apoyo mileísta, aun en medio de la crisis más incómoda que atravesó el oficialismo desde que Adorni pasó de vocero presidencial a jefe de Gabinete.

La lectura interna es que Milei utilizó capital político para sostener a un funcionario propio y que ese costo ya fue asumido. En Nación insisten en que el Presidente no quiere que el Congreso ni la oposición definan la continuidad de su ministro coordinador. También repiten que no avanzará con un desplazamiento mientras no existan novedades judiciales de fondo.

Esa decisión, sin embargo, abrió una discusión interna sobre el límite de la defensa pública. Milei quiere mostrarse con Adorni, como está previsto en Rosario durante el acto por el Día de la Bandera, pero los equipos comunicacionales del Gobierno buscan evitar que el jefe de Estado quede permanentemente pegado a su jefe de Gabinete. La idea es sostenerlo institucionalmente, sin transformar cada aparición presidencial en una nueva señal de blindaje personal.

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En el Ejecutivo reconocen que el caso Adorni generó desgaste, paralizó parte de la agenda legislativa y obligó a negociar con aliados para evitar una derrota en el Congreso. La postergación de la sesión del Senado le dio aire al jefe de Gabinete, pero no cerró el problema: el 25 de junio se votaría su citación y el 2 de julio debería presentarse ante la Cámara alta bajo un formato de interpelación, con preguntas sobre su patrimonio, sus declaraciones juradas y sus explicaciones públicas.

La Casa Rosada también admite que el caso condiciona los próximos movimientos de gestión. En términos políticos, la prioridad es evitar que los anuncios de Milei queden eclipsados por novedades judiciales vinculadas a Adorni. Por eso, en Balcarce 50 quieren bajar la exposición del jefe de Gabinete, ordenar su defensa para el Senado y concentrar la agenda presidencial en temas económicos y de proyección internacional.

La estrategia comunicacional apunta a recuperar iniciativa con indicadores macroeconómicos. En el oficialismo quieren volver a poner en el centro la desaceleración de la inflación, las exportaciones, los anuncios de inversión, el avance del RIGI, el super-RIGI y los datos macroeconómicos. “La idea es correr el eje y poner a Milei en otro plano”, agregan.

El Gobierno también buscará apoyarse en la agenda internacional del Presidente. En Nación preparan un nuevo tramo de viajes y actividades en el exterior para las próximas semanas, con la intención de mostrar a Milei como un dirigente global, corrido de la agenda doméstica que quedó atrapada por el caso Adorni. En esa secuencia entran además las conferencias económicas y los encuentros con referentes liberales, como la participación prevista junto a David Friedman, el hijo de Milton Friedman.

En el Ejecutivo creen que el calendario electoral también jugará a favor. “Estamos a mediados de junio. En poco tiempo la sociedad se va a poner a discutir la elección de modelos. No hay mucha vuelta de agenda”, relativizan en el oficialismo. La apuesta es que, cuanto más cerca estén las elecciones, más peso tendrá la polarización entre Milei y sus adversarios, y menos margen habrá para que el caso Adorni ordene por sí solo la conversación pública.

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Esa lectura conecta con la lógica de campaña que ya empieza a preparar la Casa Rosada. El oficialismo buscará presentar la discusión como una elección entre continuidad del programa económico o retorno a esquemas anteriores. En ese marco, la imagen personal de Adorni aparece como un problema, pero no como el eje sobre el que Nación quiere ordenar la competencia. La apuesta es que el Presidente vuelva a absorber la centralidad y que el jefe de Gabinete quede como un costo lateral de la gestión.

El riesgo es que la causa judicial siga produciendo novedades. En Balcarce 50 reconocen que la explicación patrimonial de Adorni pudo haber servido para ordenar una estrategia impositiva y legal, pero no logró resolver el problema político. Las contradicciones públicas, las declaraciones juradas rectificativas, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y las medidas de prueba pendientes siguen siendo factores de desgaste para un funcionario que, según los propios números que miran en la mesa chica, aparece muy por debajo de la imagen presidencial.

En el entorno del jefe de Estado plantean entonces una estrategia de dos tiempos. En el corto plazo, buscan contener el daño, ganar tiempo en el Congreso, preparar a Adorni para el Senado y evitar nuevas escenas de defensa presidencial directa. En el mediano plazo, apuesta a que la polarización electoral, los datos económicos y la agenda internacional le permitan a Milei recuperar iniciativa.

Gobierno, Javier Milei, Manuel Adorni

El Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha el Programa de Seguridad Migratoria mediante la resolución 551/2026 en Boletín Oficial. Se trata de una iniciativa que busca reforzar el control migratorio en el país y combatir los ilícitos.

Mediante una publicación en redes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, contó que “el objetivo es seguir fortaleciendo nuestra política migratoria y nuestra política fronteriza”. A partir de esta iniciativa, se crearon las Unidades de Seguridad Migratoria para reforzar los controles, prevenir delitos y enfrentar a las organizaciones criminales.

El programa tiene siete componentes. El primero apunta a la actualización de la formación del personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), con foco en inspectores, supervisores, jefes de paso y analistas. El segundo extiende esa misma lógica a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, para que puedan cumplir con mayor eficacia su rol de Policía Auxiliar Migratoria. El tercero prevé la mejora de los procesos de prevención, detección e investigación de delitos migratorios. El cuarto apunta a una mayor coordinación operativa entre la DNM y las fuerzas. El quinto es la creación de las Unidades de Seguridad Migratoria, tal como lo mencionó la funcionaria en el video. Los dos restantes contemplan la modernización de equipamiento e infraestructura y la ampliación de la cooperación internacional.

“Hemos venido dando una serie de pasos, planteando este programa de seguridad migratoria y que básicamente apunta a una capacitación especial, a procedimientos específicos de actuación. Muchas gracias a las fuerzas porque, como siempre, serán los que integrarán esta capacitación”, indicó Monteoliva.

De acuerdo con la reciente resolución, las Unidades de Seguridad Migratoria se crean en el ámbito de la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía Federal Argentina (PFA) y la Prefectura Naval Argentina. Según establece la resolución, estas unidades tendrán un rol meramente funcional y no implicarán la creación de nuevas estructuras organizativas. Su misión abarcará la prevención en áreas de control migratorio, el mantenimiento del orden público en zonas de frontera, la detección e investigación de ilícitos y las tareas subsidiarias de control migratorio. El personal que cumpla funciones dentro del programa llevará un distintivo de “Seguridad Migratoria”, independientemente de su dependencia de revista.

La norma establece que se deberán actualizar los mecanismos de actuación para que, en forma subsidiaria o ante situaciones de emergencia, esas fuerzas puedan llevar a cabo un control migratorio eficiente, con respeto por las responsabilidades primarias de cada institución. “El trabajo será realizado teniendo en cuenta las responsabilidades primarias de cada entidad, la eficacia, la complementación y el uso eficiente de las capacidades de las citadas instituciones”, reafirmaron en el texto oficial.

“Nuestro propósito es claro, nuestro propósito es firme. Quien no cumple la ley, no entra. Lo venimos diciendo, lo venimos afirmando. Y si entró por alguna circunstancia, lo buscamos y lo encontramos”, aseguró la titular de la cartera de Seguridad horas antes de que se formalice la medida. Bajo este propósito, instruyeron a la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional y la Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional a implementar la formación del personal.

Los refuerzos comenzaron a materializarse luego de que el Gobierno publicó la Reforma Migratoria mediante el decreto 366/2025. La misma endureció los criterios para la residencia de extranjeros y facilitó los procesos de deportación para aquellos que cometan delitos en el país. También estableció mayores controles en las fronteras y regularizó la situación de inmigrantes, entre otros puntos.

Incluso, la puesta en marcha de este nuevo programa se conoció después de que la ministra anunciara la expulsión de 14.000 extranjeros del país en los últimos seis meses.

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El Gobierno adjudicó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, que operará la principal vía de transporte fluvial del país durante los próximos 25 años.

La decisión fue formalizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la resolución que puso fin al proceso licitatorio iniciado a fines de 2025 para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.

La concesión comprende las tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la ruta fluvial que conecta gran parte de la producción argentina con los mercados internacionales y por donde circula alrededor del 80% de las exportaciones nacionales.

Según la documentación presentada por el adjudicatario, el proyecto prevé una facturación promedio anual de US$628,2 millones y un volumen de ingresos estimado en US$15.707 millones a lo largo de toda la concesión.

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Las proyecciones también contemplan un crecimiento del tráfico de embarcaciones durante los próximos 25 años. De acuerdo con la oferta, el movimiento internacional aumentaría un 38,1%, el transporte de cabotaje un 28,2% y el tránsito de buques al norte de Santa Fe un 52,4%.

Desde el Gobierno destacaron que la firma del contrato, prevista para los próximos 30 días, permitirá poner en marcha una nueva etapa de inversiones sobre la vía navegable. Entre las obras previstas figuran trabajos de profundización del canal, mejoras operativas e incorporación de tecnología destinada a fortalecer la seguridad de la navegación y las tareas de control contra el narcotráfico.

El Ministerio de Economía sostuvo además que la nueva concesión generará una reducción del 13,5% en los costos logísticos, lo que permitirá a los buques completar cargas en los puertos de origen y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas.

Según la evaluación oficial, las principales inversiones se concentrarán durante los primeros siete años de la concesión, mientras que la recuperación económica del proyecto comenzaría en la segunda etapa del contrato.

El organismo también destacó que el proceso licitatorio concluyó sin impugnaciones por parte de las empresas participantes. En ese sentido, señaló que la adjudicación contó con el respaldo de distintos actores vinculados a la actividad, entre ellos cámaras exportadoras, entidades empresarias, operadores portuarios y gobiernos provinciales de la región.

Como parte de las condiciones establecidas en el pliego, el adjudicatario deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico, presentar garantías por US$40 millones para asegurar el cumplimiento del contrato y otra garantía especial por US$35 millones antes de la firma definitiva.

La concesión funcionará bajo un esquema de obra pública por peaje y a riesgo empresario, sin financiamiento estatal. El contrato tendrá una duración inicial de 25 años y contempla la posibilidad de una prórroga de hasta cinco años adicionales.

Desde el Gobierno definieron la adjudicación como el cierre del proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal y sostuvieron que la medida marca el inicio de una etapa basada en la inversión privada, mientras que el Estado conservará funciones de regulación y control sobre la infraestructura estratégica.

Hidrovía, Gobierno, Transporte