POLITICA
La trama detrás del cambio de uno de los veedores de la AFA: el Gobierno niega que se vaya a dilatar la investigación
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya eligió al segundo veedor para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y planea comenzar con el proceso de supervisión, en el marco de las denuncias contra la máxima autoridad de ese organismo, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos.
Si bien todavía no se anunció oficialmente, el funcionario tuvo el miércoles por la noche una reunión en la Casa Rosada con miembros de la cúpula libertaria en la que les habría acercado el nombre de Diego Coste para ese cargo.
Se trata de un abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Dirección de Empresas (MBA) por la Universidad del CEMA, con más de veinticinco años de ejercicio profesional en derecho societario, conflictos corporativos y arbitraje comercial.
Hasta el momento se desempeñaba como presidente del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, puesto al que accedió por concurso, y en abril de 2025 fundó el estudio Moriondo & Coste Abogados, con sede en Mar del Plata.
Además, Coste es docente de posgrado en más de quince programas universitarios a nivel nacional, entre ellos la Universidad Austral, de San Andrés y la Nacional de Mar del Plata. Es autor de un libro sobre derecho de separación del socio editado por Hammurabi y de más de veinte artículos publicados en revistas jurídicas especializadas como La Ley, El Derecho y Abeledo Perrot.
El letrado viene a reemplazar a su colega Agustín Ortiz de Marco, quien había sido seleccionado a principios de este año por el ahora ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo.
Con la llegada de Mahiques al Ministerio, se hizo un recambio de las principales áreas de esa cartera y de todos los organismos que están dentro de su órbita, por lo que se le pidió la renuncia a Vitolo.
No obstante, respecto de los veedores de la AFA se optó por mantener a los mismos que ya estaban en carpeta, según explicaron fuentes del Gobierno, para evitar entorpecer la investigación que ya estaba abierta.
El 16 de marzo, las autoridades nacionales confirmaron en ese cargo al contador Rubén Miguel Pappacena y a Ortíz de Marco, pero este último terminó dimitiendo a los pocos días, lo que generó sospechas.
De acuerdo con lo que aseguraron a Infobae personas cercanas a Mahiques, es falso que se le haya pedido que diera un paso al costado, sino que fue el propio abogado el que declinó el trabajo, luego de varias idas y vueltas.
Al respecto, fuentes al tanto de lo ocurrido relataron que, en un primer momento, el letrado pidió unos días de descanso antes de asumir, debido a que tenía que someterse a una intervención quirúrguca que ya tenía programada.
El ministro se lo concedió y esperó una semana, pero Ortíz de Marco se ausentó en dos oportunidades cuando tuvo que recibir la cédula que lo acreditaba como veedor de la AFA y, finalmente, el 10 de abril último renunció formalmente a través de un mail, alegando que tenía “mucho trabajo”.
“Quiero expresar mi agradecimiento por la designación, sin embargo, me encuentro imposibilitado de aceptarla. Motivan esta decisión, cuestiones profesionales y personales que, me impiden asumir dicha responsabilidad”, escribió.
Una de las figuras importantes que advierte sobre la posibilidad de que la investigación sobre los estados contables de la entidad deportiva se esté demorando fue el propio Vitolo, quien consideró que “está clarisimo” que fue desplazado por su actuación en esta causa.
El ex titular de la IGJ, que controla a los veedores, sostuvo en una reciente entrevista que no tiene “ninguna esperanza de que el nuevo ministro de Justicia tenga interés de avanzar con esto”.
“Hay que explicar 500 millones de dólares en manejos de la Superliga. Esa es una auditoría que hice yo en mis últimos días de gestión y el expediente estaba listo para subir y la información que yo tengo es que el expediente quedó cajoneado”, remarcó.
En el entorno de Mahiques, en tanto, subrayan que no van “a responder públicamente” a estas acusaciones, pero destacan que el viernes pasado Pappacena, “que sí se quedó”, firmó un documento en el que se comprometió a revisar las cuentas no solo de la AFA, sino también del campeonato local, porque “es una de las sociedades” de la casa matriz del fútbol.
Los vínculos del ministro con el mundo del deporte
Por otra parte, Vitolo también apuntó contra la relación que el flamante jefe de la cartera de Justicia tenía desde hace tiempo con diferentes actores involucrados en la causa, como Toviggino, y su rol dentro de organismos sospechados.
En este sentido, el ex funcionario opinó que “es dificil que tenga interés en investigar” a la Universidad de la AFA, que se cree que manejó dinero a pesar de que nunca prestó servicios reales, debido a que “él fue su vicerrector”.
Sobre este punto, en el Gobierno se defienden argumentando que, en realidad, Mahiques nunca asumió fomalmente en ese puesto, que le fue ofrecido por Alberto Barbieri, que sí quedó al frente de la casa de estudios.
Según esta versión, fue el mencionado contador, a quien conoce desde hace años, quien lo llamó en noviembre del 2025 para pedirle que se sumara al proyecto, pero el entonces fiscal de la ciudad de Buenos Aires le dijo que le interesaba y que lo iba a pensar, sin darle una respuesta concreta en ese momento.
“Al día siguiente, la AFA sacó un comunicado en el que lo pusieron como vicerrecto de forma totalmente unilateral y sin su concentimiento. Cuando él se enteró, lo primero que hizo fue comunicarse con Barbieri, que le pidió disculpas e inmediatamente modificó el texto. Nunca funcionó de manera tan eficiente la carga de datos», ironizó una persona cercana al funcionario. Actualmente, en el link en cuestión aparece un espacio vacío donde antes estaba su nombre.
En cuanto a sus deberes como parte del cuerpo de la comisión de ética de la Conmebol, entidad que agrupa a las asociaciones de fútbol de América del sur, las autoridades nacionales reconocieron que nunca renunció.
Sin embargo, aclararon que recientemente acordó con la cúpula de ese organismo, y siguiendo el reglamento interno, que “no va a intervenir cuando se trate de una denuncia contra alguna autoriad deportiva de su propio país”.
Esto se terminó arreglando en diciembre del año pasado, cuando la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó una acusación ante ese cuerpo contra Tapia y Toviggino por presuntas maniobras fraudulentas y graves violaciones al Código establecido por la propia Conmebol.
POLITICA
Causa SIRA: un hotel de lujo en Tandil aparece como presunto destino de los millones obtenidos con el dólar oficial
La causa judicial sobre las presuntas maniobras con el sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y el dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández podría abrir una nueva línea de investigación centrada en el destino de los fondos obtenidos a través de esas operatorias.
TN accedió en exclusiva a la declaración de un testigo que aporta nuevas pruebas sobre una presunta segunda etapa de la maniobra investigada por la Justicia: el blanqueo de fondos obtenidos a través de operaciones con el dólar oficial entre 2022 y 2023, una trama que comprometería al menos a exfuncionarios del Banco Central (BCRA).
Este testimonio coincide con Francisco Hauque, el financista y exsocio de Elías Piccirillo, también imputado en esta causa, reveló el viernes en ¿La Ves? (TN) algunos detalles sobre los supuestos vínculos políticos detrás de la causa.
Hauque y el testigo coinciden que un desarrollo turístico iba a ser utilizado para absorber parte de los fondos generados por las maniobras investigadas en la causa del “rulo del dólar”. En ese proyecto aparecen vinculados la exfuncionaria del BCRA Valeria Fernández y el empresario Juan Agra.
“Valeria Fernández ganaba un millón de dólares por día. Iban a lavarla con un proyecto hotelero en Tandil», aseguró el financista.
Otra vez hoteles y bolsos con dólares
El emprendimiento está ubicado sobre la calle Mitre 664, en pleno centro de Tandil, según pudo saber TN. Se trata de una construcción que permanecía abandonada y que habría sido adquirida por Valeria Fernández y Agra, un exfuncionario de la provincia de Buenos Aires y propietario de la agencia de cambio Mega Latina, investigada por la Justicia. Según el expediente, esa financiera retiró por ventanilla, entre 2022 y 2023, al menos $237 millones de dólares en efectivo.
El esquema de blanqueo de ese dinero incluía la compra y remodelación de este hotel de lujo, con el que solo se avanzó hasta la firma del boleto de compra-venta. La escrituración, según esta fuente, quedó pendiente por el cambio de escenario político generado por la derrota electoral del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.
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De hecho, el exministro de economía aparece mencionado como parte de la operatoria. De acuerdo al relato del testigo, Agra “me dijo que trabajaba para Massa”.
Los encuentros se realizaban en una oficina de Agra y Valeria Fernández, ubicada sobre la calle San Martín, frente al Banco Provincia.
“Eran muy desprolijos. Estaban desbordados por la cantidad de dólares que les entraban a través de financieras por el rulo del dólar y las SIRA. Era común ver bolsos con dólares. Un día llegué y había fajos acomodados en el piso porque no había más lugar para guardarlos”, sostuvo el testigo y agregó: “La oficina era muy lujosa, pero nunca había movimiento”.
Por el momento, estas afirmaciones forman parte de declaraciones que deberán ser corroboradas en sede judicial. Sin embargo, la aparición de un desarrollo inmobiliario de gran magnitud como presunto destino de fondos vinculados a la causa incorpora un nuevo elemento a una investigación que busca reconstruir tanto el origen del dinero como su recorrido posterior.
El origen de la causa
La investigación intenta esclarecer los presuntos pagos de sobornos para acelerar la aprobación de las SIRA y posibles irregularidades en el acceso al dólar oficial durante la gestión Fernández y el entonces ministro Massa.
Según los elementos recolectados hasta ahora, se habrían abonado coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener aprobaciones en plazos de 24 horas, cuando los trámites demoraban hasta seis meses.
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La investigación se basa, entre otros elementos, en el análisis del celular de Martín Migueles, dueño de casas de cambio con vínculos con Piccirillo y Hauque.
En conversaciones de 2023 se alude de manera explícita al pago de porcentajes por la gestión acelerada de las SIRA. En paralelo, la causa examina operaciones con dólar oficial bajo el cepo cambiario, en las que intermediarios accedían a divisas a precio regulado para luego venderlas en el mercado paralelo con ganancias significativas.
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POLITICA
El Gobierno modificará por decreto el sistema de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia
El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques firmaron decreto que modifica el régimen de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas.
La medida modifica lo establecido en el decreto 222 de 2003, firmado por Néstor Kirchner, y reduce instancias administrativas previas a la elevación de pliegos al Senado para su aprobación.
Entre los cambios más significativos, se elimina la recomendación de contemplar diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al proponer candidatos, suprime la publicación de antecedentes en el Boletín Oficial y en diarios de circulación nacional, y quita la etapa de recepción de observaciones e impugnaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia.
El objetivo del gobierno es acortar los plazos y evitar superposiciones con el procedimiento que se desarrolla en la Cámara alta. Desde que asumió, Milei no pudo nombrar jueces en la Corte.
Según pudo saber TN, la reforma unifica los requisitos de información patrimonial y de cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, establece un plazo de cinco días para que los postulantes presenten sus declaraciones juradas de bienes conforme a la Ley de Ética Pública y fija un mecanismo específico para que ARCA informe sobre el estado de esas obligaciones.
En lugar de la publicación tradicional en el Boletín Oficial y dos diarios nacionales, los antecedentes se difundirán ahora en la página web oficial del Ministerio de Justicia, con plazos más breves. Desde el Ejecutivo aseguraron que estas modificaciones no afectan los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana.
Cómo será el nuevo proceso
La normativa vigente hasta este decreto establecía un procedimiento que incluía la publicación del nombre y los antecedentes de los postulantes en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional durante al menos tres días. También preveía un plazo de 15 días para que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales presentaran observaciones o impugnaciones fundadas ante el Ministerio de Justicia.
Tras esa etapa de evaluación, el Poder Ejecutivo elevaba el pliego al Senado, donde el candidato debía enfrentar otra ronda de impugnaciones y apoyos, además de una audiencia pública, y obtener el acuerdo de dos tercios de los senadores presentes.
El nuevo decreto elimina la etapa de impugnaciones ciudadanas en el Ministerio de Justicia por considerar que constituye una duplicación con el procedimiento que ya se desarrolla en el Senado. También suprime la obligación de publicar los antecedentes en medios gráficos de circulación nacional y moderniza la difusión de la información, que se realizará exclusivamente a través de la página web oficial del Ministerio de Justicia con plazos más reducidos.
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La Corte Suprema funciona actualmente con tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tras las vacantes generadas por la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la de Juan Carlos Maqueda a fines de 2024.
Los intentos previos del Ejecutivo para cubrir las vacantes, como los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, enfrentaron extensos procesos de impugnaciones y no alcanzaron el respaldo de dos tercios necesario en el Senado. En ese marco, el nuevo decreto busca reducir los tiempos administrativos que, según fuentes oficiales, generaban duplicaciones sin agregar valor sustancial al control institucional.
Gobierno, Corte Suprema de Justicia, decreto
POLITICA
Casanello apela a la “ignorancia deliberada” y vuelve a procesar a dos “facilitadores profesionales” de la corrupción
El juez federal Sebastián Casanello procesó a dos “facilitadores profesionales” uruguayos acusados de intermediar en el lavado de sobornos en una trama de corrupción vial. Luego de tres intentos fallidos revocados por la Cámara Federal, el magistrado adoptó otro camino: reconfiguró el elemento subjetivo del delito y aplicó la doctrina de la “ignorancia deliberada”, que permite inferir el dolo aun sin prueba directa de conocimiento.
Los procesados son los uruguayos Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, que por cuarta vez fueron procesados, acusados de actuar como engranajes técnicos que permitieron que un soborno de un millón de dólares que habría cobrado el titular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) durante el kirchnerismo, Gustavo Gentili, adquirieran apariencia de legalidad.
Tanto Pérez Montero como Ribeiro Ricci permanecerán en libertad, pero deberán afrontar embargos por $900 millones cada uno, a la espera de que la Cámara Federal porteña defina si revoca, por cuarta vez, los procesamientos que dictó Casanello, quien se apoyó en un dictamen del fiscal federal Carlos Rívolo.
Al frente del Occovi, Gentili controló −o debió controlar− los peajes en rutas nacionales durante años. Es decir, un circuito que movía miles de millones de pesos. Y desde allí, según reconstruyó la investigación judicial, habría cobrado retornos en licitaciones de los concesionarios de corredores viales, motivo por el que convocó intermediarios especializados en mover dinero negro.
Con procesamientos confirmados, tanto Gentili como otros acusados deberán sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral, a diferencia de Pérez Montero y Ribeiro Ricci. ¿Por qué? Porque la Cámara Federal consideró, repetidas veces, que no había evidencia directa suficiente para sostener que ambos conocieran el origen ilícito de los fondos.
Para sortear ese escollo, el juez Casanello sostuvo que no es necesario probar que los “facilitadores profesionales” conocían de modo directo el origen espurio del dinero que ayudaron a mover para Gentili cuando existen indicios contundentes de que ambos eligieron no saberlo. Es decir, que actuaron bajo una “ignorancia deliberada”, bajo una suerte de ceguera voluntaria.
Para la defensa de los acusados, el juez no aportó ningún argumento novedoso que justifique que la Cámara Federal cambie de parecer, además de calificar el planteo de la “ignorancia deliberada” como una categoría “experimental e incompatible” con el Derecho Penal y Constitucional argentino, “cuya aplicación al caso requeriría en todo caso de una base fáctica que, simplemente, no existe”.
El antecedente narco
El juez y el fiscal Carlos Rívolo disintieron con esa postura, para lo cual invocaron al antecedente de “Carbón Blanco”. Es decir, una investigación sobre narcotráfico donde la Justicia impuso condenas por lavado de activos con base en el dolo eventual y conocimiento inferido a partir de indicios objetivos.
Aplicado a la operatoria que tuvo a Gentili como protagonista central, Casanello remarcó, por ejemplo, que en julio de 2013, tres días antes de que se acreditaran un millón de dólares, la firma Aspen Trading Corp, que controlaban Pérez Montero y Rebeiro Ricci, firmó un recibo donde reconocía que a otra sociedad vehículo, Febaro SA, que no le adeudaba nada. Es decir, que se reconoció el pago antes de que el dinero existiera, lo que el juez interpretó como la evidencia misma de una simulación dirigida a facilitar el movimiento y blanqueo de fondos delictivos.
Los correos electrónicos secuestrados durante la investigación judicial revelan, además, la mecánica interna del esquema. En ellos, los involucrados hablaban de “la tarasca” y “los alfajores” para referirse al dinero. Y en uno de esos emails, Ricardo López Naón, otro de los acusados que colaboró con las maniobras bajo sospecha, alertó al resto: “Técnicamente es una donación del padre, pero no lo podemos decir porque si se escarba, ¡explota todo!”.
Las inspecciones que el Banco Central del Uruguay desarrolló sobre la sociedad de Pérez Montero y Ribeiro Ricci reforzaron, para el juez Casanello, la hipótesis de la “ignorancia deliberada”. ¿Por qué? Porque Pérez Montero −que trató a Gentili durante más de quince años− se negó en 2023 a entregar sus correos personales a los inspectores del BCU.
Ese no fue un hecho aislado. Años antes, en 2016, la sociedad de los facilitadores profesionales, Aspen Trading Corp, ya había sido sancionada por dificultar tareas de supervisión y carecer de controles antilavado adecuados. Y para Casanello, esa reiteración demuestra un patrón: se abocaron a borrar rastros supervisables como condición de funcionamiento del esquema.
Ahora, la Cámara Federal -con la integración de Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico- deberá definir si acepta el planteo de Casanello, con derivaciones que podrían ser sistémicas para abogados, contadores, financistas, escribanos, entre otros, sospechados de actuar como “sherpas” de la corrupción. La sofisticación técnica ya no protegería a los intermediarios; los expondría.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
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