El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, habló en Infobae a la Tarde antes de que este viernes se cumpla el plazo para que el Gobierno presente una apelación al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que obligó al Poder Ejecutivo a cumplir con la ley de financiamiento universitario. La medida estima un gasto equivalente a los 2,5 billones de pesos y podrían haber novedades después de varios intentos para no hacer esa erogación.

En diálogo con Infobae en Vivo, Yacobitti señaló que la cifra que debe destinar el Ejecutivo es menor que lo que el Gobierno dejó de percibir al reducir el impuesto a los bienes personales, un tributo que afecta a quienes poseen mayor riqueza. “Cada servicio que brinda el Estado implica una erogación para el Estado, pero también implica una erogación para el Estado cuando uno aprueba rebajas impositivas”.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió a fines de marzo que el Ejecutivo debía ampararse en la ley de financiamiento universitario y transferir los fondos requeridos para el funcionamiento de las universidades nacionales. El fallo, que reafirma la vigencia de la normativa, fue consecuencia de amparos presentados ante la falta de actualización presupuestaria y exige el giro de partidas que permitan asegurar salarios, funcionamiento y actividades de investigación.

De acuerdo con la sentencia, la erogación alcanza los 2,5 billones de pesos para todo el sistema universitario y la decisión judicial resultó determinante ante la ausencia de respuestas a los reclamos de los rectores y gremios docentes. La justicia aclaró que el Gobierno debe cumplir con la ley vigente, aunque la administración nacional optó por agotar todas las vías judiciales antes de acatar el fallo.

La disputa por el financiamiento de las universidades ocurre en medio de tensiones entre el Gobierno y el sistema de universidades públicas. Yacobitti recalcó que, mientras el Estado señala restricciones fiscales, las rebajas impositivas dispuestas desde la asunción de la nueva administración superan el monto exigido por el sistema universitario. “Las rebajas impositivas que aprobó el Gobierno desde que asumieron hasta hoy, el régimen de ganancias, el RIGI y las concesiones; busqué alguno para que sea significativo y parecida la suma. Creo que, independientemente del déficit, acá hay una decisión política de transferencia de recursos”, remarcó el vicerrector, quien apuntó que el ajuste presupuestario afecta directamente a salarios, gastos de funcionamiento y recursos para la investigación en universidades que atienden a más de dos millones de estudiantes.

La falta de actualización de partidas presupuestarias agravó la situación de las universidades públicas en el último año. Según el fallo judicial, el Gobierno está obligado a garantizar los fondos necesarios para salarios y funcionamiento, lo que requiere una transferencia inmediata de recursos. En este sentido, Yacobitti destacó la urgencia de abrir una mesa de diálogo y propuso definir una nueva ley de financiamiento para los próximos períodos: “Lo que es el 2024 y 2025, es lo que está en la ley y eso el Gobierno lo va a tener que cumplir”.

Según dijo Yacobitti: “El Gobierno tomó una estrategia judicial de ir; no solo va a apelar, sino que intentó recusar a un juez y después al otro juez. En el medio, intentó, cuando se aprobó el presupuesto, dar de baja la ley. En el capítulo 11, junto a otros proyectos”.

Hasta ahora, no se han producido instancias de diálogo directo entre el Ejecutivo y las autoridades universitarias. “No hay instancia de conversaciones, pero es necesario. Necesitamos tener la mesa de diálogo con las autoridades, no solamente por el presupuesto; siempre va a estar en agenda porque el ajuste y el recorte salarial deja a la categoría de profesores, que es la que más cobra, 120.000 pesos por encima de la canasta básica. El resto de los profesionales está muy por debajo de eso. Cuanto más tiempo pasa, más son los docentes que se van porque no aguantan”, según el vicerrector.

La situación salarial y laboral en las universidades nacionales ha generado que muchos docentes perciban ingresos por debajo de la canasta básica. Esto ha derivado en la salida de profesionales y en medidas de protesta, como el “paro a la japonesa”, que busca visibilizar el conflicto sin suspender las clases. “Lo que no podemos hacer es perder días de clases, porque estamos en una situación muy difícil. Cada vez que vemos una puerta cerrada de un aula por un paro, sabemos que desde el Gobierno no hay ningún tipo de preocupación por eso. No hay un sentimiento a favor de las universidades públicas”, manifestó Yacobitti.

En las últimas semanas, el Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de financiamiento. Según el vicerrector, dicho proyecto no fue sometido a discusión ni con el sistema universitario ni con el Consejo Interuniversitario Nacional, el órgano que nuclea a las universidades nacionales. “El Gobierno nunca lo sometió a discusión. Cualquier proyecto que el Gobierno quiera presentar lo tiene que someter a discusión de las partes. Lo ideal sería que sea algo consensuado con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional. El Gobierno prefirió no hacerlo y especular que no iba a haber un fallo a favor de las universidades. Pasó todo lo contrario. La propuesta del Gobierno solo recomponía en varias cuotas lo que se había perdido en el 2025, que fue el año de menor inflación”.

En la actualidad, el monto que el Ejecutivo está dispuesto a entregar no ha sido comunicado oficialmente, pero el fallo de la justicia obliga a cumplir con la ley. “Hasta ahora lo que el Gobierno está dispuesto a dar no se sabe. Lo que sí está claro es que está obligado a dar lo que falló la ley. Tendríamos que discutir una nueva ley de financiamiento para las universidades para lo que queda del 2026 y el 2027, para tener un margen de previsibilidad para los profesores universitarios”, enfatizó el vicerrector.

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El Tribunal Oral Federal N° 8 rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas en la causa donde se investiga el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Con esta decisión, el tribunal quedó en condiciones de fijar la fecha de inicio del juicio oral.

Los jueces del TOF 8 consideraron que el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal se ajustó a derecho y que no se verificó un perjuicio concreto para las partes.

De esta manera, desestimaron el principal argumento de las defensas, que sostenían que la instrucción no había quedado agotada porque no se citó a declarar como testigo al ex secretario general de Interpol, Ronald Noble.

El pedido de nulidad fue impulsado por el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, con la adhesión del resto de los imputados.

Además de la falta de testimonio de Noble, las defensas cuestionaron la medida de la Cámara Federal que ordenó investigar a funcionarios de Interpol, al argumentar que gozan de inmunidad diplomática y que solo la Corte Suprema de Justicia podría procesarlos.

El fiscal Marcelo Colombo sostuvo que la eventual imputación de Noble no genera perjuicio para el derecho de defensa de los acusados y recordó que el ex funcionario ya no ocupa cargo en Interpol.

La causa se originó en la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, días antes de su muerte. Nisman aseguró que la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios intentaron encubrir a los iraníes sospechados por el atentado a la AMIA, que causó 85 muertos y más de 300 heridos, a cambio de beneficios comerciales a través del acuerdo firmado en 2013 con Irán.

En una primera etapa, los jueces sobreseyeron a todos los imputados al entender que los hechos descriptos no configuraban delito. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esos sobreseimientos y ordenó continuar el proceso hasta el juicio oral, lo que derivó en la elevación de la causa.

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Entre los procesados figuran, además de la expresidenta y Zannini, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Allan Bogado.

Ahora, el TOF 8 deberá ahora definir la fecha de inicio de las audiencias del juicio oral. Allí se juzgará si existió un plan sistemático para encubrir a los presuntos responsables del atentado mediante el acuerdo diplomático con Irán.

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