POLITICA
Financiamiento Universitario: el Gobierno se prepara para pagar $2,5 billones y dice que “vuelve el déficit”
El Gobierno tiene hasta mañana a las 9.30 horas para acatar el fallo judicial que confirma la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Allí creen que habrá un escenario adverso cuando acudan a la última instancia judicial posible, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es por eso que en la Casa Rosada ya azuzan el mensaje de que “volverá el déficit”.
Y es que desde el Poder Ejecutivo estiman que el regimiento de la legislación sancionada el año pasado ”tendrá un costo” de 2,5 billones de pesos. Es decir, $2.500.000 millones. El oficialismo logró que se rechazara una iniciativa similar impulsada por la oposición en 2024, pero no pudo hacer lo mismo al año siguiente: los bloques que no responden al Gobierno y otros dialoguistas sancionaron la ley y lograron voltear el posterior veto hecho por el Presidente. Luego judicializaron la medida, que fue rechazada en primera y segunda instancia.
Sin mucha esperanza, el Gobierno apelará a una última instancia: un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hay una discusión sobre los tecnicismos del pago entre diversos de los actores involucrados.
En la Casa Rosada ya se están preparando para empezar a pagar de manera dosificada ese monto. “Se estima en 2.5 billones el costo que tendrá que afrontar el Poder Ejecutivo a partir del viernes tras un nuevo revés judicial”, afirmó una fuente inobjetable.
Esto esgrime una fuente de altísimo rango en el Gobierno: “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan». Uno de los principales responsables del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que engloba a los rectores de las universidades nacionales, afirmó ante Infobae que si no se otorga ese efecto suspensivo mañana, el Ejecutivo deberá comenzar a pagar. En otra importantísima casa de estudios marcan lo contrario.
“Estaría bueno que desde mañana se llame a paritarias para que los salarios vayan de acuerdo con la inflación”, afirmó esta fuente, para agregar que lo primero que podría incrementar Nación es el monto destinado a las becas universitarias.
El esquema definitivo sobre el pago debería ser el siguiente, según altísimas fuentes judiciales consultadas por Infobae: “La apelación no va a tener efectos suspensivos, pero lo pueden pedir en el extraordinario porque hay antecedentes de eso”.
“Si rechazan el extraordinario y vienen en queja, la suspensión la tienen que pedir, obviamente, en el recurso de hecho”, agregan.
Y sostienen: ”La interposición no tiene efectos suspensivo. Pero al concederlo la cámara se lo puede dar. Hay tres casos puntuales donde la Corte dijo que la apelación por REF tiene efectos suspensivos: “César Arias”, “Brigadier Estanislao López” y “AEDBA”. Si no le da los efectos o le deniegan el recurso extraordinario vendrán en queja y ahí piden la suspensión de los efectos“.
En ese ínterin entre la presentación y la resolución del recurso por la cámara, habrá un limbo procesal que los obliga a cumplir la cautelar. Por eso desde mañana ya debe comenzar a haber una transferencia de fondos.
No hay ningún actor que considere que el máximo tribunal vaya a realizar un fallo que beneficie al Gobierno; en el sentido de no tener que pagar los montos fijados en la Ley de Financiamiento Universitario.
La nueva iniciativa libertaria propone una recomposición salarial limitada: tres aumentos del 4,1% cada uno, comenzando en marzo de 2026, y solo reconoce la pérdida salarial correspondiente a 2025, omitiendo lo perdido entre 2023 y 2024.
El informe del Centro de Investigación de Economía Nacional y Feduba sostiene que el proyecto oficialista “reduce la obligación de adicionar más de $2,7 billones al presupuesto 2026 a tan solo $187.744 millones”, con una diferencia de $2,5 billones que dejarían de percibir los trabajadores de la universidad pública.
Respecto a las paritarias, el proyecto mantiene la convocatoria trimestral pero elimina el requisito de ajuste mensual de haberes según la inflación del INDEC. Además, el nuevo texto limita la actualización de gastos de funcionamiento solo a casos en que la inflación anual supere el 14,3%.
La ley vigente obligaba al Poder Ejecutivo a actualizar bimestralmente las partidas para el sistema de salud universitario, la ciencia y extensión universitarias desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, siguiendo el índice de precios al consumidor. El nuevo proyecto oficialista reemplaza esa obligación por un aumento fijo de $80 mil millones para el sistema de salud universitario y elimina la actualización periódica.
Según el mismo medio, la modificación más relevante es la eliminación de la recomposición presupuestaria por inflación del año 2024. Lo perdido por el sistema universitario durante ese período no se recuperaría en el nuevo esquema.
Desde la transferencia de las competencias educativas a las provincias realizada décadas atrás, Nación solo tiene potestad en el financiamiento de la educación universitaria. En el marco de la política de recorte del gasto público encabezado por el presidente Javier Milei, los rectores de las Universidades Nacionales, asociaciones estudiantiles y los sindicatos docentes y no docentes han estado reclamando mayores partidas desde principios de 2024.
Un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicado el viernes pasado marca que las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026. La gran mayoría del presupuesto que se destina para las casas de estudio corresponde para el pago de personal.
Los salarios universitarios acumulan un incremento del 158% desde la asunción de Milei, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%. “Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023”, informan.
Pese a que la normativa ya se sancionó el año pasado y fue ratificada en primera instancia y en la Cámara Contencioso Administrativo Federal; el Gobierno siguió sin aplicar los fondos presupuestarios correspondientes. Por esa demora, diferentes instituciones del ámbito universitario planeaban una movilización nacional para pedir que el Gobierno activara los fondos para las casas de estudio. El responsable del gobierno en esta materia es el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Según supo Infobae, varios funcionarios consideraron insuficiente su rol para confrontar con las agrupaciones universitarias.
POLITICA
La CGT seguirá con el plan de lucha: cuál es la protesta que podrían hacer antes de la visita del Papa
¿Una nueva movilización de la CGT y de las CTA contra el gobierno de Javier Milei en octubre próximo? Es una alternativa que se discutiría el martes próximo cuando se reúna la versión ampliada de la mesa chica cegetista, en la sede de la UOCRA, en medio de las presiones de distintos sectores para que defina la continuidad del plan de lucha iniciado por las tres centrales obreras.
El encuentro, que comenzará a las 16, fue convocado para realizar “un debate de reflexión y encuadramiento para mantener las estrategias y provocar algo en octubre”, dijo a Infobae uno de los jefes sindicales.
El triunvirato de la CGT, que integran Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), hace malabares para contener a las fracciones más duras que buscan endurecer el plan de lucha iniciado el 22 de julio y, a la vez, conformar a los dirigentes dialoguistas, que prefieren esperar el clima social más propicio para la realización del quinto paro general contra Milei.
Por ahora, la CGT y las dos CTA sostienen un esquema de protestas contra las políticas libertarias, pero la cúpula cegetista mantiene una estrategia moderada y contempla un paro general si no se abre una instancia de diálogo por el deterioro del empleo, el endeudamiento de los hogares y las jubilaciones congeladas.
La semana pasada, en una reunión reservada que anticipó Infobae, los líderes cegetistas y los titulares de las CTA hicieron un balance positivo del plan de lucha conjunto contra el Gobierno y acordaron definir en estos días de qué forma seguirán las medidas de fuerza.
Con la presencia del triunvirato de la CGT, el líder de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy (ATE); el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el secretario de Relaciones Internacionales de esa central, Roberto Baradel (CTERA), se coincidió en que fueron exitosas las protestas conjuntas que comenzaron el 22 de julio con el acompañamiento a la marcha de jubilados frente al Congreso. En este caso, concluyeron, la participación de las centrales obreras amplió la adhesión a las concentraciones que se realizan cada miércoles.
La movilización del 20 de agosto contra el endeudamiento familiar, además, fue evaluada como una instancia para instalar el reclamo y exigir respuestas oficiales.
Las tres centrales obreras habían anunciado protestas “a la francesa”, con paros sectoriales y alternados para aumentar su efecto frente a medidas de fuerza esporádicas. Sin embargo, las movilizaciones posteriores tuvieron una presencia limitada de la CGT.
La dirigencia cegetista tuvo una participación casi testimonial en las marchas al Congreso contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el 6 de agosto; en la movilización por San Cayetano, el 7 de agosto, e incluso en la protesta por las familias y las pymes endeudadas, el 20 de agosto.
La marcha prevista para el 28 de agosto, cuando se reunió el Consejo del Salario Mínimo, fue suspendida porque el encuentro se hizo de forma virtual. Las dos CTA querían concentrarse de todos modos frente a la Secretaría de Trabajo, pero la CGT impuso su negativa con el argumento de que la deliberación sería por Zoom.
Las fracciones de la CTA privilegiaron la unidad con la central cegetista y desistieron de salir a la calle.
La CGT tampoco marchó el 2 de septiembre por el Día de la Industria, aunque esa posibilidad había sido discutida entre las tres centrales. En cambio, en la sede de Azopardo 802 se realizó un acto para debatir “el futuro estratégico de nuestra industria nacional”, con la participación de dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), presidida por Ricardo Pignanelli (SMATA).
Los gremios educativos agrupados en la CGT, por su parte, hicieron protestas sin paros para reclamar una actualización del salario mínimo docente, congelado desde el año pasado en $500 mil. Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), había anunciado clases públicas sobre la crisis del sector, “semaforazos”, volanteadas y una marcha al Palacio Pizzurno.
La decisión de no interrumpir las clases responde a la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que reglamenta el derecho de huelga y exige sostener servicios mínimos del 75% en actividades esenciales, como la educación. No es el mismo criterio aplicado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), alineada con la CTA de los Trabajadores, que realizó un paro docente el 3 de agosto por mejoras salariales y contra el desfinanciamiento educativo.
Ahora, tanto los sindicatos educativos de la CGT como la CTERA y otras organizaciones gremiales del sector convocaron a un paro de 48 horas (el 18 y el 22 de septiembre) y a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 23 de octubre, además de 23 días de protestas en todo el país, en defensa de la universidad pública y en contra del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno libertario.
¿La CGT y las dos CTA analizarán sumarse el 23 de octubre a la Marcha Federal Universitaria y tratar de concretar una demostración de fuerza callejera con distintos sectores afectados por las políticas de Milei?
Es una de las posibilidades antes de que comience noviembre, cuando los sindicalistas harán una tregua porque estarán con la mirada puesta en la visita del Papa León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de ese mes, que ya tiene una cita programada, como anticipó Infobae: el lunes 9 de noviembre, en el campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), el sumo pontífice tendrá una reunión con la CGT, las dos CTA, el empresariado y los movimientos sociales.
La agenda papal también contempla actividades en Luján y Córdoba, además de una misa central en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el sindicalismo movilizará a sus afiliados.
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Dos efectivos de la Policía Federal que intervinieron en allanamientos del caso declararon este jueves en una de las audiencias más cortas del juicio oral de los cuadernos de las coimas.
Carlos Gastón Cidre, subcomisario de la Policía Federal, participó del allanamiento realizado en la casa del exfuncionario Roberto Baratta en el country Mapuche. Ante el Tribunal Oral Federal 7, dijo haber secuestrado un disco rígido y recordó que la casa tenía un quincho, una parrilla y un sótano. Su declaración duró apenas 10 minutos. Lo siguió Luciana Sain, oficial inspectora de la Policía Federal, que declaró de forma virtual.
Durante la instrucción, la policía participó en allanamientos, detenciones, constataciones de domicilios y aperturas de bóvedas. En un cuarto de hora, describió que fueron ocho brigadas las que trabajaron en el caso y negó haber intervenido en escuchas.
Ambos fueron parte de un grupo de testigos solicitado por la defensa de Baratta que seguirán declarando el martes próximo.
El exfuncionario, que fue la mano derecha del ministro Julio de Vido, está acusado de ser un engranaje clave en el presunto esquema de recaudación que se montó durante el kirchnerismo.
La acusación contra él y contra otros exfuncionarios, formulada por el fiscal Carlos Stornelli y sostenida en el juicio por Fabiana León, se apoya en los cuadernos de Oscar Centeno y numerosas declaraciones de empresarios y funcionarios arrepentidos.
Con sus preguntas, los abogados de Baratta apuntaron a delimitar el horario en que fueron realizados los allanamientos y sus detalles, pero la mayoría de los efectivos aseguraron tener recuerdos solo generales de procedimientos, que se realizaron hace ocho años.
Vestidor
Una de las declaraciones más ricas fue la del comisario Juan Carlos Barrales, quien lideró el allanamiento en el departamento de Cristina Kirchner de Juncal y Uruguay, en agosto de 2018. Tal como informó , ante el tribunal, el policía confirmó que detrás de la cama de la habitación del matrimonio Kirchner había un vestidor con una puerta blindada.
“Había una puerta blindada en lo que nosotros supusimos que era la habitación matrimonial, o la que ocupaba la señora, porque había almohadones con las iniciales del doctor Néstor Kirchner y de la expresidenta”, dijo el comisario.
Al término de la audiencia de hoy, el juez Enrique Méndez Signori volvió a insistir con su pedido para que las partes comuniquen antes del inicio del debate los desistimientos de testigos para “optimizar” el tiempo de las audiencias.
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POLITICA
Ritondo apuntó contra Kicillof tras el plan de dos presos para matar a una fiscal y reclamó prohibir los celulares en las cárceles
El jefe del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, volvió a cuestionar a Axel Kicillof por la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires y reclamó avanzar con la prohibición del uso de celulares en las cárceles, luego de que se conociera que dos presos organizaron desde prisión un plan para asesinar a la fiscal de San Isidro María Paula Hertrig.
A través de sus redes sociales, el diputado nacional expresó su solidaridad con la funcionaria judicial y sostuvo que el caso confirma una problemática que, según afirmó, el PRO viene denunciando desde hace años.
“Toda mi solidaridad con la fiscal María Paula Hertrig, de San Isidro. El complot para asesinarla se organizó desde dos cárceles bonaerenses, con celulares”, escribió Ritondo.
En ese sentido, cargó contra el gobernador bonaerense: “Mientras Kicillof mira para otro lado y pasea por Nueva York haciendo campaña, los penales de la Provincia funcionan como oficinas del delito”.
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